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Crece la oposición contra planta de amoniaco en Topolobampo Sinaloa ante riesgo de megaecocidio
La oposición a la construcción de una megaplanta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, ubicada en Topolobampo, Sinaloa, se ha intensificado de forma drástica luego de que colectivos ambientalistas e integrantes de las comunidades indígenas Yoreme-Mayo reactivaran un plantón permanente.
Los manifestantes exigen al gobierno federal y a las autoridades internacionales frenar de forma definitiva las obras del proyecto impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), argumentando que el desarrollo industrial provocará un megaecocidio sin precedentes y un etnocidio cultural para los pueblos originarios de la zona.
El conflicto escaló tras el arribo de cargamentos con equipamiento pesado al puerto, lo que detonó la movilización de los defensores del territorio, quienes denuncian que la operación del complejo petroquímico colapsará las actividades productivas de la región. De concretarse el proyecto a cargo de la firma suizo-alemana Proman AG, la infraestructura se convertirá en la planta comercial de amoniaco más grande de Latinoamérica, produciendo unas 2 mil 200 toneladas diarias del químico enfocado en el sector agrícola.
La fuerte oposición social ha trasladado sus reclamos al plano internacional, entregando misivas a la presidenta Claudia Sheinbaum y organizando manifestaciones frente a la Embajada de Alemania en la Ciudad de México aprovechando la visita del ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul. El motivo central es el financiamiento de miles de millones de euros otorgado a la obra por el banco de desarrollo gubernamental alemán Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW), institución a la que acusan de violar sus propios lineamientos internos de protección comunitaria y de biodiversidad.
Antecedentes y riesgos ambientales en la Bahía de Ohuira
Para dar un contexto claro del conflicto en Topolobampo, es vital entender que el sistema lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María está catalogado internacionalmente como un sitio Ramsar, un ecosistema protegido por convenios globales desde 1986. Los opositores técnicos señalan que el proceso productivo de la planta requiere el uso masivo de agua marina y la posterior descarga de 2 mil metros cúbicos de agua caliente por hora directamente a la bahía, lo que elevaría la temperatura ambiental del agua en tres grados centígrados, poniendo en peligro de extinción a especies como el emblemático delfín de nariz de botella conocido localmente como “Pechocho”.
El historial legal de este conflicto ambiental en Sinaloa registra antecedentes desde 2014 y 2018, años en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó las primeras autorizaciones ambientales. En 2018 los activistas obtuvieron amparos federales que paralizaron la edificación temporalmente debido a la falta de consulta indígena previa, obligando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ordenar consultas públicas en 2022; no obstante, las comunidades costeras de Topolobampo acusaron fraude en el proceso al incluirse localidades ajenas al impacto ambiental directo.
Actualmente, las dependencias federales como la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) mantienen procesos de supervisión sobre el cumplimiento normativo. Por su parte, la empresa defiende el megaproyecto argumentando que reducirá el 80% de las importaciones de fertilizantes en México, mientras que la oposición comunitaria ya acumula más de un millón 300 mil firmas de rechazo en la plataforma Change.org.
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