MEXICALI, NOVIEMBRE 8, 2026 .- Con el aval del Dictamen No. 2 de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en sesión de Pleno, no se podrá despedir en instituciones públicas a una mujer por el hecho de estar embarazada o encontrarse en periodo de lactancia.

Dicho dictamen contiene una reforma al artículo 57 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, presentada por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.

Otra de las bondades de la reforma es que una trabajadora o trabajador que adopte a un menor tendrá protección laboral durante los primeros 90 días para poder adaptarse a esta nueva etapa familiar, salvo causa justificada conforme a la ley.

La inicialista enfatizó que es una medida de protección no solamente a los padres, sino también al nuevo hijo o hija, para fortalecer su protección en los primeros días al incorporarse a la nueva dinámica familiar.

En su exposición de motivos, mencionó que las mujeres embarazadas que laboran en instituciones públicas enfrentan situaciones de vulnerabilidad que muchas veces se traducen en despidos injustificados, presiones para renunciar o la negación de condiciones adecuadas para ejercer su derecho a la maternidad.

Por ello, la aprobación de esta reforma generará un precedente de gran importancia en Baja California, alineando la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y laborales.

Además de brindar certeza jurídica a las trabajadoras, promoverá una cultura institucional que valore y respete la maternidad, eliminando prejuicios y conductas discriminatorias.

El presente Dictamen No. 2 de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que contiene la iniciativa de la diputada Gloria Miramontes y fue aprobado por el Pleno, obtuvo 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en la sesión de este jueves.

Al referirse a su iniciativa, Gloria Miramontes enfatizó que se esclarece que: “nadie debe perder su trabajo por convertirse en mamá o papá. Y estamos protegiendo a las mujeres durante el embarazo y lactancia, y también, a quienes deciden formar una familia mediante la adopción”.

MEXICALI, OCTUBRE 26, 2026.- Con el propósito de proteger el trabajo de las y los artistas locales, así como garantizar decisiones transparentes sobre las obras culturales en espacios públicos, el Congreso del Estado emitió un atento exhorto al XXV Ayuntamiento de Tijuana para que establezca criterios claros que regulen su conservación, modificación, retiro o sustitución.

El punto de acuerdo, presentado por la diputada Gabriela Ponce Velázquez, busca que las autoridades municipales consideren la autoría de las obras, los derechos de sus creadores, las condiciones en que fueron realizadas y las razones que justifiquen cualquier intervención, con el fin de brindar certeza a la comunidad artística.

La legisladora señaló que esta propuesta surge a partir de la sustitución de un macro mural ubicado en las instalaciones del Instituto Municipal para la Juventud (IMJUV) de Tijuana, realizado por los artistas Carolina Muñoz Gil y Mode Orozco, como parte del proyecto denominado «Explanada de las Juventudes», inaugurado en enero de 2024.

Explicó que una de las artistas manifestó públicamente su inconformidad por el retiro de la obra original, cuya elaboración representó cinco semanas de trabajo, situación que puso de manifiesto la importancia de contar con procedimientos institucionales que reconozcan y respeten el esfuerzo creativo de quienes contribuyen al patrimonio cultural de la ciudad.

En ese sentido, la inicialista destacó que el arte urbano fortalece la identidad de las comunidades, promueve la participación de las juventudes y contribuye a la recuperación de los espacios públicos, por lo que resulta fundamental que las decisiones relacionadas con estas expresiones culturales respondan a criterios objetivos y profesionales.

Asimismo, precisó que el exhorto no pretende limitar la renovación de los espacios públicos ni establecer que las obras deban permanecer indefinidamente, sino garantizar que cualquier modificación o sustitución cuente con una justificación clara, respeto a los derechos de autor y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Como parte del acuerdo legislativo, también se solicita al director del IMJUV, Gabriel García Delgado, informar al Congreso las circunstancias que motivaron la sustitución del mural, comunicar las razones de esta decisión a los artistas involucrados y evitar que situaciones similares ocurran sin procedimientos previamente establecidos.

La diputada Gabriela Ponce reiteró la importancia de fortalecer la relación entre las instituciones públicas y la comunidad artística, mediante mecanismos que permitan renovar los espacios de convivencia sin dejar de reconocer el esfuerzo y las aportaciones culturales para la ciudad.