MEXICALI, NOVIEMBRE 3, 2026.- El Pleno de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó una reforma para fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales, garantizando que las decisiones consideren las necesidades, la edad y el desarrollo de las personas menores de edad.

La reforma, impulsada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero y avalada mediante el Dictamen número 35 de la Comisión de Justicia, adiciona el artículo 81 BIS a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, para establecer que las autoridades judiciales apliquen la perspectiva de infancia y adolescencia en todos los juicios donde sus derechos estén involucrados, de manera directa o indirecta.

Asimismo, la modificación obliga a observar y aplicar los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de asegurar procedimientos adecuados a las condiciones de cada niña, niño o adolescente y fortalecer su acceso a una justicia que reconozca sus necesidades particulares.

Durante el análisis legislativo se destacó que, si bien las autoridades judiciales ya cuentan con herramientas para juzgar con perspectiva de infancia, incorporar expresamente esta obligación en la legislación estatal permite reforzar su aplicación y brindar mayor certeza jurídica.

Entre los principales beneficios de esta reforma destaca el derecho de las infancias y adolescencias a ser escuchadas, expresar sus opiniones y participar en los procesos judiciales que les afecten, así como recibir información clara y comprensible de acuerdo con su edad y madurez.

De igual manera, se fortalece el principio del interés superior de la niñez, para que las autoridades prioricen su integridad física, emocional y social al momento de resolver controversias, sin que los procedimientos legales representen obstáculos para la protección de sus derechos.

Con esta aprobación, se promueve una impartición de justicia más accesible, sensible y respetuosa de los derechos humanos. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

MEXICALI, B.C, NOVIEMBRE 01, 2026.- Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica en la aplicación de multas y actualizar las disposiciones que regulan las casas de empeño en Baja California, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Baja California.

Esta iniciativa impulsada por Araceli Geraldo Núñez, modifica los artículos 25, 40 y 47, sustituye las referencias al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como base para calcular las sanciones administrativas aplicables a estos establecimientos.

Con esta medida, las multas por presentar las solicitudes de revalidación de permisos fuera de plazo, se calcularán desde 50 hasta 100 veces el valor diario de la UMA vigente, mientras que las sanciones por incumplir las disposiciones de la ley en comento, podrán establecerse entre 50 y 500 veces dicho valor.

Asimismo, la reforma actualiza la denominación de la autoridad encargada de hacer efectivas las multas, al sustituir las referencias a la extinta Secretaría de Planeación y Finanzas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, conforme a la actual estructura de la administración pública estatal.

La propuesta responde a la necesidad de armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal de 2016, mediante la cual el salario mínimo dejó de utilizarse como referencia para determinar multas y otras obligaciones legales.

El dictamen número 04, presentado por la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, establece que estas modificaciones permiten actualizar el marco jurídico estatal y dar claridad sobre las disposiciones aplicables a las casas de empeño, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su cumplimiento.

Durante el análisis, se determinó que la iniciativa resulta jurídicamente procedente y congruente con las disposiciones constitucionales federales y estatales, por lo que fue aprobada por unanimidad de las diputaciones presentes.

En ese sentido, las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.