El comité municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán denunció que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, está recurriendo al ocultamiento y la reclasificación de delitos para intentar maquillar la violencia que dejó un saldo de 164 muertes violentas durante el mes de mayo.

En rueda de prensa encabezada por el presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que las cifras de mayo sitúan a la entidad en niveles críticos similares a diciembre pasado, representando un incremento del 24 por ciento respecto al mes de abril.

“Ahora la novedad es que el Gobierno trata de encubrir los homicidios y las muertes violentas”, señaló Ortiz Hernández.

Ortiz Hernández acusó directamente a las autoridades de manipular la información oficial para evitar que los homicidios se contabilicen como tales.

Mencionó el caso de las siete personas que perdieron la vida de forma violenta dentro de un penal, las cuales, según el dirigente, la Fiscalía intentó registrar bajo otros términos para no incluirlas en las estadísticas de violencia.

“Estas siete personas que perdieron la vida de manera violenta dentro del penal, las ponen ahora como riña y no las quieren sumar. La Fiscalía, lo que hizo al momento de mandar a la Secretaría federal, le cambian los nombres para que no se ponga”, informó.

El balance presentado por el PAN detalla que, en los últimos 680 días de violencia en Sinaloa, se han acumulado 3 mil 300 homicidios, 3 mil 900 privaciones de la libertad y el robo de 11 mil 400 vehículos.

El PAN arremetió contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el Alcalde de con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes acusó de estar escondidos ante la crisis de seguridad y los procesos judiciales que involucran a figuras cercanas, como el caso del ex Secretario de Seguridad de Sinaloa en, Gerardo Mérida Sánchez, en una corte de Nueva York, donde se ha mencionado evidencia abundante en su contra.

Según Ortiz Hernández, existe una observación de la Auditoría Superior de la Federación por 37 millones de pesos en obras adjudicadas a dos empresas que comparten los mismos socios y representantes legales.

En la misma mesa, el activista Fernando Gómez Bórquez destacó que, ante la inoperancia de las autoridades, el acceso a la información pública se ha convertido en la única vía para que los ciudadanos obtengan soluciones a problemas cotidianos como fugas de drenaje, pavimentación y falta de alumbrado.

Gómez Bórquez relató casos de servicios públicos al momento de atender una fuga de aguas negras en escuelas, solo fueron atendidos tras interponer solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

El PAN hizo un llamado enérgico a la Fiscal del Estado para que deje de manipular las cifras y clasifique los delitos de manera exacta, respetando el derecho de los ciudadanos a conocer la realidad de la seguridad en Sinaloa.

Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en personas que sufrieron actos de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El reporte indica que la entidad registró una tasa de 19 mil 836 personas víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que colocó a Sinaloa solo por debajo de Hidalgo y Oaxaca.

La encuesta mide a las personas que experimentaron al menos un acto de corrupción durante trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos u otros contactos con autoridades.

Además, Sinaloa superó ampliamente la media nacional, que se ubicó en 15 mil 642 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los resultados también muestran que en la entidad hubo un incremento respecto a 2023, cuando la tasa fue de 17 mil 728 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a incidencia, es decir, el número total de actos de corrupción registrados, Sinaloa reportó 31 mil 995 actos por cada 100 mil habitantes, nuevamente por encima de la media nacional de 27 mil 438.

En percepción ciudadana, 88.6 por ciento de la población sinaloense consideró que los actos de corrupción en la entidad son frecuentes o muy frecuentes, cifra superior al promedio nacional de 84.1 por ciento.

Asimismo, el estudio indicó que 65.1 por ciento de la población en Sinaloa considera a la corrupción como uno de los principales problemas de la entidad, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia, mencionada por el 82 por ciento de los encuestados.

La percepción más alta de corrupción se concentró en las corporaciones policiacas, ya que 90.2 por ciento de la población consideró que estas prácticas son frecuentes dentro de la policía. En segundo lugar se ubicaron los gobiernos estatales, con 84.8 por ciento.

Pese a ello, la encuesta mostró altos niveles de satisfacción en la realización de trámites y servicios públicos en la entidad. El 90.3 por ciento de los usuarios manifestó sentirse satisfecho al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, porcentaje superior al promedio nacional de 82.3 por ciento.