Un grupo de vendedores de playa de Mazatlán organizados y con permisos vigentes se manifestó este miércoles en el Monumento a la Familia en contra de los vendedores que no cuentan con permiso para realizar dicha actividad y pidieron la intervención de las autoridades correspondientes.

Fue a la altura del parador turístico de Las Letras de Mazatlán donde tuvo lugar esta movilización la cual busca llamar la atención de los distintos a los niveles de Gobierno ante la presencia cada vez mayor de personas que realizan actividades comerciales en la playa sin contar con los permisos correspondientes.

“Es un grito desesperado por parte de los vendedores organizados y con permiso para que la autoridad haga algo en contra de los vendedores piratas”, dijo el secretario general del Sindicato de Vendedores en Zona Federal de Playa en Mazatlán, Gilberto Lizárraga.

“En el verano y aún ahorita estamos sufriendo la invasión masiva de vendedores sin permisos, nos está generando caos dentro de la playa, entonces de un padrón de mil 200 permisos en temporada alta se convierten en 3 mil, 4 mil personas”.

De acuerdo con el representante de los vendedores, esta situación genera desorden en las playas y afecta tanto a quienes cuentan con autorización para trabajar como a la experiencia de los visitantes que acuden al destino turístico.

En entrevista en la manifestación realizada cerca de las 9:00 horas, agregó que en grupos de Whatsapp se está invitando a gente Guerrero, Puebla, el Estado de México a que acudan a vender a Mazatlán, por lo que los vendedores de este puerto están esperando esa invasión en el próximo periodo vacacional, lo que va agravar más la situación crítica que viven desde hace dos años los vendedores que sí cuentan con permiso.

“Tenemos casi dos años en situación crítica, pero eso va ser el detonante, ahorita hay agresiones verbales, pero en un detonante de ese tipo podríamos llegar a la agresión física”, dijo.

De acuerdo con el representante de los vendedores, esta situación genera desorden en las playas y afecta tanto a quienes cuentan con autorización para trabajar como a la experiencia de los visitantes que acuden al destino turístico.

“No estamos en contra de que trabajen, pero lo que nosotros pedimos es que haya un orden. Si la capacidad de Mazatlán es para 10 mil turistas, no puede haber 20 mil vendedores”, declaró.

“La autoridad pone un orden y da espacios de trabajo de acuerdo con la cantidad de visitantes”, agregó.

Lizárraga destacó que la capacidad de atención de la zona turística debe responder a la demanda real de visitantes, ya que una sobreoferta de vendedores puede provocar molestias entre los turistas y afectar la imagen del destino.

Además, advirtió que la problemática ha comenzado a generar tensiones entre comerciantes, registrándose ya algunos incidentes verbales, por lo que consideró urgente la intervención de las autoridades antes de que la situación escale a conflictos mayores.

Asimismo, señaló que actualmente existe una falta de coordinación institucional para atender el problema, pues mientras algunas dependencias cuentan con facultades limitadas, otras carecen del personal suficiente para realizar labores de inspección y vigilancia en las playas.

Por esta razón, los manifestantes solicitaron la implementación de un esquema permanente de supervisión enfocado en quienes operan sin autorización y no en los vendedores que cumplen con los requisitos establecidos.

“En este momento hay un vacío de autoridad y lo que estamos buscando es que ellos se pongan de acuerdo y nos ayuden a solucionar este problema de manera real, efectiva y permanente”, dijo.

“Queremos que la vigilancia sea para las personas que no tienen permiso y no en contra de nosotros”, añadió.

Durante la manifestación, representantes del grupo sostuvieron acercamientos con funcionarios municipales con el objetivo de concretar una reunión en la que participen autoridades de los tres niveles de gobierno para analizar posibles soluciones.

El líder de los vendedores aseguró que la prioridad del movimiento es encontrar acuerdos y evitar confrontaciones, aunque reconoció que existe inconformidad entre muchos trabajadores de playa, especialmente en sectores como Playa Camarón y Playa Gaviotas, donde afirman que la presencia de vendedores irregulares se ha vuelto más evidente.

Reiteró que el objetivo de la protesta es lograr una solución efectiva y duradera que permita mantener el orden en las playas de Mazatlán, garantizando condiciones equitativas para quienes trabajan legalmente y una mejor experiencia para los visitantes.

“Estamos haciendo esto de manera pacífica y buscando una solución, una alternativa, por lo que ya tenemos una cita donde van a estar, al parecer, los tres niveles de gobierno para buscar una solución, que es lo que queremos, una solución, no una confrontación”, puntualizó.

Por presuntas irregularidades en diversos procesos de compra realizados por la administración municipal, la Regidora por el PRI, Maribel Chollet Morán, informó que presentó una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control contra todos los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

En rueda de prensa, señaló que la denuncia no se limita a la reciente adquisición de cuatro camiones recolectores de basura, sino que además involucra otros procedimientos relacionados con la compra de medicamentos, pintura, aires acondicionados y la asignación de obras públicas.

“Acabo de presentar la denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control contra todos y cada uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones por las compras irregulares que se han venido realizando”, comentó.

La Regidora acusó al comité de conducir los procesos de contratación mediante mecanismos que, desde su perspectiva, vulneran la libre competencia y favorecen decisiones previamente definidas.

Como parte de la denuncia, anunció que solicitará una auditoría general a todas las adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento de Mazatlán, al considerar que existen elementos suficientes para revisar la legalidad de los procedimientos y el manejo de los recursos públicos.

Además, adelantó que la próxima semana presentará formalmente estas acusaciones ante la Auditoría Superior del Estado y ante la Unidad de Fiscalización y Transparencia de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se investiguen las presuntas irregularidades.

“Es un abuso, es un atropello que de manera permanente y reiterada el Ayuntamiento ha venido cometiendo. Los recursos del erario público no pueden estar siendo sujetos de mala administración”, declaró.

“Pediremos una auditoría general a todas y cada una de las adquisiciones”, agregó.

Chollet Morán comentó que uno de los principales señalamientos se relaciona con la compra de cuatro camiones recolectores de basura, donde señala que antes de que se emitiera el fallo oficial de la licitación se conoció la existencia física de las unidades, lo que, a su juicio, evidencia que la adquisición ya estaba definida con anticipación.

“Los camiones ya existían, la compra ya estaba garantizada y con ello sabemos que no hay libre competencia, por lo que hay una violación reiterada y sistemática con la que se está conduciendo este comité”, expresó.

Chollet Morán aseguró que esta situación forma parte de una práctica recurrente que, según dijo, también se ha observado en otros procesos de compra y contratación del gobierno municipal.

Asimismo, sostuvo que existen denuncias relacionadas con la adquisición de medicamentos y otros bienes, algunas de ellas en instancias administrativas, civiles e incluso penales, aunque afirmó que varias no han avanzado debido a la falta de seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.

También expresó que existe desconfianza hacia el Órgano Interno de Control, pero afirmó que decidió presentar la denuncia para cumplir con la ruta institucional que establece la ley.

“No confío en el Órgano Interno de Control porque pertenece a la misma rama, a la misma familia de corruptos y corrupciones que se vienen realizando desde el Ayuntamiento de Mazatlán”, comentó.

“Tengo una formación institucional y estamos obligados a seguir cada uno de los procedimientos”, añadió.

En este sentido, declaró que su intención es que las instancias fiscalizadoras revisen el actuar del Comité de Adquisiciones y determinen si existieron responsabilidades administrativas o legales por las decisiones tomadas durante la actual administración municipal.

De esta forma, Chollet Morán rechazó que los señalamientos tengan un trasfondo político y aseguró que su actuación responde a la obligación de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Esto no es politiquería, esto es exigir que se cumpla con estricto apego lo que marca la ley, No permitiremos que se sigan dando este tipo de excesos, es simple y sencillamente cumplir y hacer cumplir el derecho constitucional por el que protestamos”, puntualizó.