A más de una década de haber sido separado de la Secretaría de Salud de Sinaloa tras una investigación por presunto desvío de recursos y falsificación de firmas, Cuitláhuac González Ortega volvió a aparecer en la administración pública estatal, ahora como proveedor y contratista de distintas instituciones gubernamentales.

Documentos públicos, contratos y registros oficiales muestran que, entre 2016 y 2025, el ex funcionario de la Secretaría de Salud de Sinaloa acumuló adjudicaciones y obras por más de 16 millones de pesos, pese a que en 2012 autoridades estatales reconocieron públicamente irregularidades relacionadas con su desempeño dentro del Gobierno estatal.

El caso de González Ortega salió a la luz en junio de 2012, durante la administración del Gobernador Mario López Valdez, cuando la Secretaría de Salud estatal confirmó una investigación en su contra por la presunta falsificación de firmas en contratos de obra.

En ese momento se desempeñaba como jefe del área de Mantenimiento de la Secretaría de Salud.

El entonces Secretario de Salud estatal, Ernesto Echeverría Aispuro, informó públicamente que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas investigaba el presunto desvío de más de 10 millones de pesos mediante documentos con firmas apócrifas.

“Lamentablemente se encontraron documentos con firmas apócrifas en diversos contratos de obras”, declaró el funcionario estatal en junio de ese año de acuerdo a registros periodísticos de Noroeste, durante 2012.

Tras darse a conocer el caso, el Gobierno estatal le limitó funciones y posteriormente confirmó su salida de la dependencia, mientras se le aplicaban sanciones administrativas.

Sin embargo, lejos de desaparecer del ámbito gubernamental, años después comenzó a figurar nuevamente, esta vez como contratista y proveedor de instituciones públicas de Sinaloa.

El regreso como proveedor

Los registros oficiales muestran que desde 2016, cuatro años después del caso de presunta corrupción, González Ortega comenzó a obtener contratos relacionados con mantenimiento, remodelaciones y obra pública.

Ese año obtuvo dos contratos para acondicionamiento de locales del Hospital Civil de Culiacán, por montos de 66 mil 700 pesos y 133 mil 400 pesos.

En 2017 aparece un contrato para trabajos de tablaroca en el Instituto Sinaloense del Deporte por 90 mil 068 pesos con 20 centavos. Aunque existe evidencia del procedimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, el documento fue retirado posteriormente de la red.

Durante 2018 acumuló varios contratos con la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Sinaloa, incluyendo obras de construcción, remodelación y mantenimiento.

Tan solo ese año aparecen: 433 mil 434 pesos en construcciones para la ASE; 221 mil 884 pesos en mantenimiento; 46 mil 980 pesos en trabajos adicionales de mantenimiento; y una remodelación en el Congreso del Estado por 276 mil 756 pesos.

Para 2020 continuó recibiendo adjudicaciones de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso local, incluyendo trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, adecuaciones y desazolve de drenaje.

En 2021 también obtuvo un contrato para reparación de falso plafón en la ASE por casi 50 mil pesos.

Contratos millonarios

Los montos crecieron de manera importante en los años recientes.

En 2024 obtuvo un contrato por 73 mil 080 pesos para elaboración de planos en el Hospital Civil de Culiacán.

Ese mismo año consiguió la adjudicación más alta en la revisión documental: un contrato por 13 millones 028 mil 285 pesos con 16 centavos para construir una parte del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, conocido como panteón forense, de Los Mochis.

En dicho procedimiento registró como domicilio fiscal una propiedad ubicada en Valle Alto 5308, sobre la calle Valle de Piaxtla.

En 2025 también aparece relacionado con la construcción del panteón de Batequitas, lugar de origen del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, obra financiada por el Gobierno de Sinaloa por un millón 793 mil 628 pesos con 12 centavos.

Además, intentó obtener la licitación para el malecón de Guamúchil, en Salvador Alvarado, en asociación con las empresas Inmobiliaria Vieca y Ake Irrigación. El proyecto superaba los 50 millones de pesos, pero la propuesta fue desechada a falta de un documento.

Presencia en padrones oficiales

Pese a los antecedentes administrativos documentados desde 2012, González Ortega continuó apareciendo en registros oficiales de proveedores gubernamentales.

En 2023 figuró dentro del padrón de proveedores y contratistas de la Secretaría de Obras Públicas.

En 2025 también apareció en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Culiacán.

Y en enero de 2026 fue dado de alta en el padrón de proveedores del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, utilizando como domicilio fiscal una dirección ubicada en Cerrada Justo Sierra número 1359, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Más de $16 millones en contratos

La suma de los contratos y adjudicaciones detectadas en documentos oficiales suma 16 millones 546 mil 225.24 pesos.

Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en personas que sufrieron actos de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El reporte indica que la entidad registró una tasa de 19 mil 836 personas víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que colocó a Sinaloa solo por debajo de Hidalgo y Oaxaca.

La encuesta mide a las personas que experimentaron al menos un acto de corrupción durante trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos u otros contactos con autoridades.

Además, Sinaloa superó ampliamente la media nacional, que se ubicó en 15 mil 642 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los resultados también muestran que en la entidad hubo un incremento respecto a 2023, cuando la tasa fue de 17 mil 728 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a incidencia, es decir, el número total de actos de corrupción registrados, Sinaloa reportó 31 mil 995 actos por cada 100 mil habitantes, nuevamente por encima de la media nacional de 27 mil 438.

En percepción ciudadana, 88.6 por ciento de la población sinaloense consideró que los actos de corrupción en la entidad son frecuentes o muy frecuentes, cifra superior al promedio nacional de 84.1 por ciento.

Asimismo, el estudio indicó que 65.1 por ciento de la población en Sinaloa considera a la corrupción como uno de los principales problemas de la entidad, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia, mencionada por el 82 por ciento de los encuestados.

La percepción más alta de corrupción se concentró en las corporaciones policiacas, ya que 90.2 por ciento de la población consideró que estas prácticas son frecuentes dentro de la policía. En segundo lugar se ubicaron los gobiernos estatales, con 84.8 por ciento.

Pese a ello, la encuesta mostró altos niveles de satisfacción en la realización de trámites y servicios públicos en la entidad. El 90.3 por ciento de los usuarios manifestó sentirse satisfecho al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, porcentaje superior al promedio nacional de 82.3 por ciento.