Tras la reunión sostenida en el Palacio de San Carlos entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y representantes del sector de la construcción, el jefe de Estado anunció un plan extraordinario para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el reciente terremoto, que, de acuerdo con las cifras oficiales, ya deja 281 muertos, 3.971 heridos, 348 desaparecidos y, en total, 102.105 ciudadanos afectados.
En el encuentro, al que asistieron las principales empresas y gremios del ramo, se definieron medidas excepcionales para atender a los damnificados y restaurar la infraestructura dañada. Junto al jefe de Estado compareció el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y entre ambos dieron luces de cuál será la hoja de ruta que se seguirá para avanzar en la reconstrucción de las estructuras colapsadas y averiadas.
“Convoqué a las empresas más importantes de la construcción en Colombia, también a los gremios que hacen parte del sector. Este es un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos. Esta tragedia no la vamos a superar solos como gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos”, expresó De la Espriella.
El mandatario colombiano confirmó que se coordina un plan de acción junto al sector privado, para lo cual le pidió al ministro Beltrán que diseñe un cronograma con las acciones que deben adelantarse. Sobre todo cuando existen 10.677 viviendas que fueron destruidas por el terremoto y 127 edificios colapsados; a lo que se suman las afectaciones en 236 centros de salud, 2.136 centros educativos y 1.168 centros comunitarios.
“Debo reconocer públicamente que han acudido todos de manera muy clara y muy comprometida tan pronto fueron convocados. Y le hemos propuesto un plan al sector, un plan que vamos a articular juntos para reconstruir a Colombia”, dijo el jefe de Estado.
Por su parte, el ministro Beltrán reveló cuáles fueron las primeras determinaciones tomadas tras la reunión, en la que se valoró la articulación entre los diferentes sectores. “En unión con los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones y los empresarios aquí presentes, vamos a enfrentar esta crisis en tres momentos”, detalló el titular de la cartera, que explicó cómo se adelantará el proceso de reconstrucción.
Así pues, se confirmó que se entregará un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo, hasta por tres meses. Del mismo modo, Beltrán informó que en las próximas horas se firmará un decreto que permitirá el alivio para el pago de servicios públicos a las familias damnificadas; y las empresas del sector se unirán con maquinaria para la remoción de escombros y la creación de un banco de materiales,
Este banco será distribuido por alcaldías y gobernaciones, con el fin de generar soluciones oportunas. Así, partir de la semana del 17 de agosto, el Gobierno desplegará un equipo de profesionales para adelantar un diagnóstico sobre el estado de las viviendas. “Vamos a tener un ejército de profesionales levantando un diagnóstico real de cuántas casas necesitan mejoramiento y cuántas definitivamente hay que reconstruirlas”.
La reconstrucción se desarrollará en dos fases. La primera, centrada en mejoramientos habitacionales articulados entre empresa privada, Estado y entes territoriales; y la segunda, enfocada en la entrega de subsidios y la generación de créditos con tasas bajas y soluciones rápidas por parte de aseguradoras, para que las familias puedan volver a tener vivienda, con el gran desafío de darles soluciones a todos los afectados.
“A largo plazo, presidente, es que las más de 44.000 familias que perdieron su casa puedan volver a sentir que Colombia no les dio la espalda ni las dejó solas”, agregó el ministro.
En su intervención, De la Espriella dirigió un mensaje a las familias afectadas y a la ciudadanía en general.
“Mi corazón está con los familiares de las víctimas y con los familiares de aquellas personas que siguen desaparecidas y que espero podamos encontrar con vida, con la ayuda de Dios. Sin duda, compatriotas, son momentos aciagos y duros, pero los colombianos estamos acostumbrados a renacer como el ave fénix desde las cenizas. Nunca la hemos tenido fácil. Siempre hemos afrontado desafíos muy fuertes”, expresó.
En sus palabras, “esta es una oportunidad para demostrar una vez más de qué estamos hechos los colombianos, de qué somos capaces, cómo nos crecemos en la adversidad. Porque la adversidad es al ser humano lo que el fuego al hierro: forja. Y nosotros, los colombianos, estamos forjados en la adversidad. Dios nos pone en los lugares que debemos estar y le entrega a sus mejores soldados las batallas más complejas”.
El Sindicato Colombiano de Periodistas (Síncope) denunció en la jornada del jueves 13 de agosto de 2026 que se implementó por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella la primera “censura” a la información pública sobre la emergencia causada por el terremoto, luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) restringiera el acceso a la plataforma de evaluación situacional en tiempo real.
La decisión de la unidad no solo causó molestia entre el gremio de comunicadores; también despertó la preocupación por lo que sería el impacto en el cubrimiento de la crisis que afronta el país por cuenta de un evento que se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto y que ha causado, de acuerdo con cifras oficiales, la muerte de 281 colombianos, heridas a 3.971 y la desaparición de 348 personas.
Tras el terremoto, la Ungrd mantuvo habilitada una herramienta que permitía el acceso a datos actualizados por municipio y departamento, en el que se incluían cifras sobre fallecidos, heridos, desaparecidos, viviendas destruidas y daños en infraestructuras. No obstante, el tablero fue restringido apenas 42 minutos después “de que su existencia y contenido fueran dados a conocer por el periodista Ronny Suárez Celemín”.
A su vez, la organización gremial aseguró que el periodista, especializado en información sobre salud y reconocido por su experiencia en coberturas de emergencias, alertó sobre la utilidad de la plataforma, pero, poco después, la información dejó de estar disponible y “se encuentra censurada”, agregó Síncope, que rechazó esta decisión del Ejecutivo cuando los colombianos demandan conocer información inmediata.
En ese sentido, el sindicato recordó que, según el decreto 1171 de 2026, la información pública es considerada parte de la respuesta ante desastres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene la función de consolidar y difundir estos datos. Además, la ley 1712 de 2014 establece la máxima publicidad como regla y solo permite restringir información por disposición constitucional o legal.
“No hemos encontrado disposición legal alguna que establezca reserva sobre los datos oficiales ni los reportes situacionales respecto de las afectaciones y cifras del terremoto”, reiteró el sindicato. “De hecho, el Índice de Información Clasificada y Reservada de la propia Ungrd identifica como pública, total e ilimitada información relacionada con el Sistema Nacional de Información en Gestión del Riesgo”, se añadió.
Esto incluye los informes de monitoreo, los reportes diarios y desde el resguardo y consolidado generado a partir de fuentes oficiales.
Para Síncope, la decisión de centralizar la información en ruedas de prensa no resulta suficiente. “Estas no sustituyen el acceso a la información pública al que tienen derecho los periodistas y la sociedad en general, especialmente en situaciones de emergencia y desastre”, indicó la organización, que remarcó que hay reporteros en las regiones más afectadas que carecen de acceso a canales de comunicación oficial.
“La censura del tablero de reporte en tiempo real equivale a un acto de censura, pues una cosa es centralizar y verificar la información y otra muy distinta es monopolizarla y restringir su acceso”, se reiteró en el extenso el comunicado, con el que se insistió a las autoridades nacionales en que la transparencia es fundamental para que la población pueda “apoyar, fiscalizar y ser agente activo de su propio cuidado”.
En consecuencia, Síncope le exigió a la Ungrd restablecer el acceso público e irrestricto a la plataforma de información y garantizar la disponibilidad universal, oportuna y verificable de los datos sobre la emergencia. Con ello, la agrupación gremial reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Constitución Política y resaltó el rol del periodismo en la cobertura de crisis, como la que atraviesa el país.
“El Sindicato Colombiano de Periodistas nació con el decidido propósito de defender la libertad de informar y recibir información y el derecho de acceder a los documentos públicos, garantías fundamentales reconocidas por los artículos 20 y 74 de la Constitución Política, que establece de manera expresa: ‘No habrá censura’”, puntualizó la organización frente a la necesidad de acceder a la información de manera oportuna.
De esta forma, lanzaron un claro mensaje al Estado. “Recordamos que el periodismo es fundamental no solo en situaciones de aparente normalidad, sino muy especialmente en momentos como el actual, cuando miles de personas enfrentan una emergencia y, en muchos territorios afectados, permanecen aisladas, con redes de comunicación precarias, intermitentes o inexistentes”, sostuvo el sindicado en su pronunciamiento.
Por último, la organización también transmitió su respaldo a los periodistas desplegados en zonas afectadas, que han afrontado toda clase de dificultades en su labor. “Como sindicato, aplaudimos y abrazamos fraternalmente a nuestros colegas en terreno, varios de ellos afiliados a Síncope, que desde hace ya 72 horas trabajan incansablemente para brindar información confiable a las y los colombianos”, concluyó.
Rodrigo Lara, ministro del Interior, acusó en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 al gobierno del expresidente Gustavo Petro de haber desviado recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); todo esto en medio de la polémica por la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a la tragedia derivada del terremoto del lunes 10 de agosto, que ya deja 281 muertos.
Lara, con un corto, pero vehemente mensaje en X, sostuvo sin titubeos que el dinero que debía llegar a las víctimas no estaría disponible porque “se robaron la plata” de la entidad encargada de la gestión del riesgo. Así le salió al paso a la revelación por parte del exmandatario de un supuesto mensaje de Javier Pava, exdirector encargado de la Ungrd, que estuvo en los primeros dos días de la emergencia.
“Esto lo dice el Presidente de un gobierno que se robó la Ungrd. Es decir: se robaron la plata que en este preciso momento debería estar llegando a las víctimas del terremoto”, señaló el titular de la cartera política, que ha visitado las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, de magnitud 7,4 y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó), con una profundidad de 103 km.
De acuerdo con Lara, excongresista, excandidato a la Alcaldía de Bogotá e hijo del asesinado exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, discusión con el anterior Gobierno ya no es solo administrativa o judicial, sino operativa, porque el faltante en las arcas de la Ungrd ha influido en la capacidad de atender a los afectados por la emergencia, en la que se han reportado cerca de 3.971 heridos y un número de 348 desaparecidos.
El mensaje atribuido a Pava que Petro compartió, se afirmaba que durante las primeras horas de la respuesta al sismo trabajó en actividades operativas urgentes “para salvar vidas”, pero dijo que era “imposible” seguir bajo el nuevo esquema por diferencias “abismales” con la nueva dirección; en un cargo que fue asumido desde el 12 de agosto por David Santiago Tamayo, el designado por De la Espriella.
En las afirmaciones del saliente funcionario, replicadas por Petro, el exdirector encargado habría señalado que el martes 11 de agosto, en medio del PMU nacional, se enteró de que su gestión había finalizado, al designarse a David Santiago Tamayo como el encargado de asumir lo que se venía. Añadió que alcanzó a trabajar con el funcionario y su equipo durante las primeras horas, para sacar adelante acciones urgentes.
Después de esa referencia inicial, Pava habría dicho que debía definirse “el modelo de respuesta, las prioridades, los aliados y esquema de financiación”, pero afirmó que era “imposible trabajar con ellos”, refiriéndose al equipo de Abelardo de la Espriella, porque las diferencias eran “abismales”. También habría atribuido a la nueva conducción, desde su óptica, un “interés político fundamentalista y neofascismo”.
El supuesto mensaje agregó un señalamiento sobre la ayuda internacional, pues según la aparente declaración de Pava, la asistencia de Israel, El Salvador, Perú, Ecuador y Estados Unidos se dio para fortalecer alianzas del nuevo Gobierno, por encima de “las necesidades concretas de los territorios”; y habló de un país “sobre endeudado” y con un esquema que obligaría a los ciudadanos a asumir gastos con graves impactos.
Frente a esto, Petro cuestionó la decisión, según él, de “no recibir ayuda de la humanidad” y, al mismo tiempo, “pagarla con deuda pública que recae sobre toda la población colombiana” y elevó su advertencia al mencionar que “se acerca la insostenibilidad de la deuda” con organismos como el FMI lo que, según dijo, la encarecería aún más si el Banco de la República no baja la tasa de interés; siendo esta una crítica constante.
El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, anunció en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 una ayuda de USD 1 millón y un envío de asistencia humanitaria para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto, que de acuerdo con los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya deja 281 víctimas, 3.971 heridos y 348 desaparecidos.
“En solidaridad con el pueblo colombiano, China ofrecerá una ayuda financiera de 1 millón de dólares y lote de insumos de asistencia humanitaria por valor de 15 millones de yuanes (USD 2,2 millones), para atender a las necesidades más urgentes de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto”, expresó el diplomático, que mostró desde un primer momento la disposición de gestionar recursos.
De esta manera se han ido superando una serie de malentendidos en relación con el supuesto rechazo de la ayuda del país asiático hacia Colombia, originada justamente por un mensaje del embajador, que fue utilizado para atacar al entrante Gobierno; como pudo verse con la reacción de algunos de miembros de la bancada del Pacto Histórico, que apuntaron hacia el Ejecutivo por su manejo frente a la crisis.
“Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto. Ayúdennos a transmitir este mensaje, por favor, ¡es urgente!”, dijo aquel entonces el diplomático, que horas después confirmó que estableció contacto con el canciller Omar Bula Escobar.
El anuncio de la ayuda se conoció mientras Jingyang también informaba sobre una reunión con el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, en la que abordaron temas relacionados con el desarrollo regional en la costa norte del país. “Sin buenas infraestructuras y logística de calidad, no hay progreso. Sin visión estratégica, no hay buenas infraestructuras”, expresó el embajador chino.
Es importante precisar que empresas chinas como XCMG Group, considerado un gigante de la maquinaria pesada y que provee equipos para construcción, infraestructura, minería y agroindustria, participó en las labores de rescate de Pereira. “¡Fuerza hermano pueblo colombiano, no está solo!“, remarcó el diplomático, que remarcó el respaldo de China a las labores de remoción y reconstrucción.
El canciller Bula Escobar afirmó que el Ejecutivo no ha rechazado ni excluido la ayuda internacional tras el terremoto que estremeció al país. “Estamos trabajando con todas las naciones sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró el jefe de la diplomacia desde el Palacio de San Carlos, y agradeció cada ofrecimiento recibido por parte de los países interesados en Colombia.
En consecuencia, confirmó la llegada de asistencia humanitaria, al remarcar que “han arribado aviones con ayuda”, entre ellos un envío de 100 toneladas de insumos desde El Salvador y otro de 58,5 toneladas procedente de México. Con ello, agregó que la ayuda internacional sí está llegando y que se priorizan insumos médicos, alimentos y donaciones materiales para evitar el caos logístico.
Asimismo, Bula también se refirió sobre la necesidad de mantener la organización. “Una ayuda mal organizada no es ayuda”, señaló el canciller, al explicar que la saturación de rescatistas sin coordinación podría generar problemas de abastecimiento en las zonas afectadas; por lo que junto con la Ungrd exigió a los grupos extranjeros contar con la certificación Insarag, avalada por la ONU.
Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un centro de llamadas permanente y protocolos de ayuda humanitaria junto a la Unión Europea, que permitirá la coordinación directa con cancilleres de todo el mundo. Según Bula, países como Alemania, España, Israel, Japón, Turquía, Chile y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han puesto recursos y personal técnico a disposición.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia en la mañana del 10 de agosto. De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo deja al menos 281 muertos, 3.971 heridos y al menos 348 desaparecidos.
“La Administración Trump continúa apoyando al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella mientras responden al terremoto de esta semana en Colombia. Animamos a las personas interesadas en apoyar los esfuerzos de respuesta al terremoto a revisar estas mejores prácticas sobre cómo ayudar al pueblo colombiano”, expresó el despacho norteamericano, que ya destinó USD 15,5 millones.
Y es que en respuesta a esta tragedia, el gobierno norteamericano inició el despliegue de asistencia humanitaria a través de socios de confianza, sumando un Equipo de Respuesta ante Desastres (DART) y dos equipos técnicos de apoyo para búsqueda y rescate urbano (USAR), que colaboran con la Ungrd para hacer presencia en los puntos considerados críticos, en especial Cali y el Eje Cafetero.
“La seguridad de los estadounidenses es nuestra mayor prioridad”, enfatizó el Departamento de Estado, que en su comunicación indicó que proporciona asistencia consular a ciudadanos estadounidenses afectados y mantiene canales de comunicación abiertos las 24 horas del día; lo anterior, tras conocerse la alerta naranja por posibles víctimas mortales norteamericanas en el país.
Según el Departamento de Estado, los ciudadanos que requieran ayuda pueden contactar al +1-202-501-4444, mientras que familiares en suelo americano pueden llamar al +1-888-407-4747 para informarse sobre sus seres queridos en Colombia. A su vez, el organismo recomendó inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (Step) y así mantener al tanto de las alertas.
Sobre las formas de colaboración internacional, el organismo recalcó que “las donaciones económicas a organizaciones de ayuda humanitaria ya establecidas son la forma más eficiente y eficaz de apoyar la respuesta ante desastres”. Aunque advirtió sobre el riesgo de estafas y organizaciones fraudulentas tras desastres naturales, por lo que recomendó siempre “verificar la legitimidad antes de donar”.
Entre las entidades que reciben apoyo financiero público figuran Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y World Vision. De esta forma, aclararon que las donaciones en especie deben coordinarse siempre con organizaciones reconocidas y siguiendo trámites logísticos previos, para no obstruir la cadena de suministros.
Para los que tengan dudas de la legalidad del destino de sus recursos, recomendó utilizar los recursos tecnológicos dispuestos por Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, en pro de asegurar la transparencia de las donaciones, que quieran ser destinadas para contribuir a las víctimas de la catástrofe en Colombia.
En cuanto a la participación del sector privado, Estados Unidos instó a las empresas con capacidades logísticas, tecnológicas o de productos especializados a coordinar sus aportes con los gobiernos y agencias humanitarias, y sugirió el portal de proyectos del Banco Mundial y la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos como vías para canalizar iniciativas de recuperación y reconstrucción.
“Las empresas con capacidades únicas deben coordinarse con los países anfitriones y las agencias de ayuda para garantizar que sus contribuciones sean adecuadas y eficaces para subsanar las deficiencias en la respuesta y acelerar la recuperación económica a largo plazo”, puntualizó el Departamento de Estado, que no recomendó el voluntariado no especializado en zonas de desastre.
Por último, en lo referente al apoyo a la infancia afectada pidió que esta se canalice de manera exclusiva a través de organizaciones autorizadas. “La mejor manera de ayudar a los niños en situación de crisis es mediante una donación económica a una organización de ayuda y protección infantil ya establecida”, puntualizó esta dependencia, cuyo titular es Marco Rubio; vinculado con Colombia.
Con un corto, pero fuerte pronunciamiento en las redes sociales, el expresidente de la República Andrés Pastrana pidió el jueves 13 de agosto de 2026 que no se le permita al exmandatario Gustavo Petro abandonar el país mientras “no aclare sus asuntos pendientes con el Congreso”; y de esta manera unió a las voces que están en desacuerdo con que se le conceda esta posibilidad.
La controversia tuvo su punto más álgido en la plenaria del Senado del 12 de agosto, cuando la cámara alta aprobó la autorización con 73 votos a favor y 11 en contra, pero le impuso informar con fecha y lugares específicos cada desplazamiento. Contrario a lo que propuso el exmandatario, que quería que se tramitara una solicitud general que le diera plena libertad de salir del territorio nacional.
En la aprobación del órgano legislativo quedó explícito un apartado que buscó blindar a los senadores ante la decisión: si un exmandatario sale sin esa autorización, el hecho puede considerarse “abandono del cargo”. Esa restricción surge de lo dispuesto en la Constitución, que obliga a los expresidentes a pedir permiso durante el año siguiente a dejar la jefatura del Estado.
Con una misiva dirigida a la secretaría del Senado, Petro había solicitado la autorización en una carta enviada el lunes 10 de agosto. Allí explicó que busca atender compromisos de “carácter personal, social, político y académico”, aunque no precisó el destino ni dio más detalles sobre los motivos de los viajes que pretende hacer mientras exista la obligación de informar al Congreso de sus salidas.
Después de la decisión del Congreso, el exmandatario rechazó la interpretación de que pretendiera ausentarse de Colombia durante un año. “Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo”, afirmó el expresidente, que intentó defender la legitimidad de su gestión frente a las fuertes críticas que causó la aprobación en el legislativo.
Petro sostuvo que el trámite ante el Senado buscaba una habilitación previa para desplazamientos durante los próximos 12 meses. “He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el senado, eso es muy diferente, pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X el expresidente que no tuvo al parecer éxito en su petición.
Y es que durante el debate, el senador del partido de la U Alfredo Deluque pidió que “cada vez que salga, pida autorización”, una fórmula que terminó alineada con el texto que prosperó en la votación; incluso con el apoyo del Centro Democrático, en contraste con el rechazo de Cambio Radical, Salvación Nacional y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández.
En efecto, en la sesión también intervinieron legisladores que pidieron negar la autorización, pues defendió esa postura como “un control constitucional” en el legislativo. “¿Dónde está Carlos Ramón González? Está prófugo de la justicia; ¿dónde está César Manrique? Prófugo de la justicia (...) Gustavo Petro tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación”, reiteró el senador.
Así pues, el cambio final surgió de una proposición alternativa radicada por el Centro Democrático y firmada por Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meissel. Ese documento obligó a Petro a especificar fechas, lugares y destinos en cada salida del país; en una situación que quizá en la víspera no imaginó y en la que tendrá que compartir con el Senado los motivos de cada desplazamiento al exterior.
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó a través de sus redes sociales en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 que sostuvo una reunión con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y adelantó que su administración buscará coordinar acciones con el ente acusador, sin interferir en su autonomía; con lo que empezó a marcar distancia de la administración anterior.
“Sostuve una reunión muy fructífera con la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad. ¡Firme por la Patria!”, expresó el jefe de Estado en el escueto mensaje que compartió de este encuentro, acompañado de una postal de este diálogo.
En esta reunión, que se llevó en las instalaciones del Palacio de San Carlos, el jefe de Estado fue acompañado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, y el vicefiscal General Gilberto Javier Guerrero. Es oportuno reiterar que De la Espriella no está gobernando desde la Casa de Nariño, con lo que rompió con la tradición de más de cuatro décadas de sus antecesores y despacha desde la sede de Cancillería.
Minutos después, Camargo también entregó su balance de la reunión y agradeció el interés del mandatario en abordar los principales retos de la política criminal, “en un marco de pleno respeto por la autonomía y la independencia”. Lo anterior, teniendo en cuenta que a Camargo le restarán dos años más en el cargo, en los que coincidirá con el entrante presidente, con el que espera trabajar de la mano.
Antes de este importante encuentro, la única reunión entre el organismo investigador y el equipo del presidente se había efectuado el 29 de julio, antes de la toma de posesión, como detalló El Espectador. En aquella jornada participaron el ministro Cancino, la fiscal Camargo, el vicefiscal Guerrero, la delegada para la seguridad territorial Deisy Jaramillo y el director del CTI, José Luis Ramírez.
“Se analizaron asuntos estratégicos para el fortalecimiento del sistema de justicia y se reafirmó el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo articulado entre las instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía”, fue la conclusión transmitida por los representantes del ente investigador, en ese primer acercamiento con el entrante Gobierno, en una especie de empalme exprés con la entidad.
Luego de su escogencia por el órgano legislativo, el contralor Jorge Laverde sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en las instalaciones del Palacio de San Carlos. El Gobierno nacional afirmó que su objetivo es colaborar para combatir la corrupción en los diferentes sectores del Estado, en un breve acto en el que el mandatario aprovechó para felicitarlo.
“Felicitaciones al dr. Jorge Laverde por su elección como contralor General de la República”, expresó el jefe de Estado a través de sus redes sociales, en la que compartió una postal con el nuevo titular del ente de control: que obtuvo una victoria arrasadora en el legislativo, con el voto de 269 parlamentarios, de ellos 95 en el Senado y 174 más en la Cámara de Representantes, en una votación abrumadora.
En el encuentro con Laverde estuvieron presentes los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil y, según el recuento oficial del Gobierno, la reunión se planteó como un primer acercamiento tras la elección del nuevo jefe del control fiscal, que será el sucesor del vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez, cuyo periodo se vio afectado por decisiones judiciales.
A través de su perfil de X, desde el cual empezó a hacer oposición a su sucesor, Abelardo de la Espriella, el expresidente de la República Gustavo Petro rechazó que el Ejecutivo pueda habilitar por sí solo operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en Colombia y sostuvo que cualquier autorización para el ingreso de fuerzas extranjeras depende del Senado o, en receso, del Consejo de Estado.
La respuesta del exmandatario se conoció después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó a Washington a actuar en suelo colombiano “para combatir el terrorismo”; lo anterior, en el acto de adhesión del país como parte de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (ACCC, por sus siglas en inglés), siendo el miembro 19.
“Quien autoriza no es el presidente según la constitución, quien autoriza es el senado de la república y en su defecto el Consejo de Estado”, expresó el ex jefe de Estado, que, acto seguido, indicó que la cooperación contra el narcotráfico no equivale a permitir acciones armadas extranjeras en territorio colombiano, como lo habría autorizado el presidente a través de su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.
“Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos, por eso no me niego a la colaboración de lucha mundial contra el narco y otras formas de crimen internacional que no se pueden superar sino en común con muchos países del mundo, pero eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”, denunció el exgobernante, en su quinto día fuera del palacio presidencial.
Aunque Hegseth presentó el anuncio como un paso ya acordado entre ambos gobiernos, sus afirmaciones desataron toda una tormenta política en el país; justo cuando la prioridad es atender la emergencia derivada del fuerte terremoto vivido por el país en la jornada del 10 de agosto, que ya deja al menos 265 muertos y 3.494 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales. En especial, reacciones de la oposición.
“A del recién inaugurado presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para eliminar a los terroristas y a las redes de terror”, dijo el funcionario estadounidense, que valoró la intención de la administración entrante de sumarse a esta iniciativa.
Y es que como era de esperarse, la declaración causó un punto de fricción inmediato sobre qué organismo puede conceder ese permiso y bajo qué procedimiento. Al respecto, Petro respondió que la Constitución no entrega esa facultad al presidente y que el trámite corresponde al Congreso o, en determinadas circunstancias, al Consejo de Estado, el encargado de resolver lo que sería un dilema jurídico.
Con ello, Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, reforzó esa misma lectura con una enumeración de requisitos institucionales. “Debo recordarle al presidente Abelardo De la Espriella y al gobierno de los Estados Unidos que las operaciones militares conjuntas en territorio colombiano requieren el cumplimiento de los siguientes requisitos constitucionales”, señaló el extitular de la cartera.
Y agregó en su exposición que el primer filtro es legislativo. “Permiso del Senado: El artículo 173, numeral 4, de la Constitución establece que es función del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional”, dijo el también exsenador, al explicar que una segunda exigencia de control previo sería el Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 237, que define sus funciones, en su numeral 3.
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene listo al que será el encargado de liderar el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una de las dependencias del Estado que jugará un papel clave en la reconstrucción que deberá adelantarse tras la tragedia que enluta al país, por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al Eje Cafetero y al Pacífico, en la jornada del lunes 10 de agosto de 2026.
El jefe de Estado escogió al economista Carlos Eduardo Sepúlveda para que se desempeñe como el titular del DNP, la entidad encargada de estructurar políticas públicas y coordinar la estrategia de inversión estatal. En otras palabras: la que funciona como el cerebro que diseña, prioriza y financia la estrategia de inversión pública que requiere cualquier administración; más aún en tiempos de emergencia.
Sepúlveda es doctor en Economía por la Universidad de Boston y actualmente se desempeña como docente principal en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Además, el nuevo director tiene experiencia previa dentro del DNP, pues fue coordinador territorial durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2014-2018, de cara al segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
El anuncio de su nombramiento estuvo acompañado por mensajes de respaldo desde el sector público, en los que se destacó su perfil académico y su idoneidad técnica para asumir la dirección de la entidad. Uno de ellos provino del exdirector del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que destacó las virtudes académicas y profesionales de Sepúlveda para desempeñarse en el cargo.
“Felicitaciones a Carlos Sepúlveda, un excelente economista. Planeación Nacional queda en muy buenas manos. Muchos éxitos en esta importante tarea”, dijo Mejía.
Con la oficialización, Sepúlveda queda a cargo de dirigir el DNP y coordinar los proyectos estratégicos de inversión del Estado.
En desarrollo...
El Centro Democrático que sus 47 congresistas gestionarán ayudas para las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4, registrado el lunes 10 de agosto de 2026 con un plan que apunta a dos frentes que merecen atención inmediata: la adquisición de antenas para recuperar conectividad en los territorios y la recolección de materiales de construcción para atender las necesidades urgentes de las familias damnificadas.
La decisión se conoció en medio del saldo preliminar consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ya da cuenta de cerca de 265 fallecidas en Colombia, 3.494 heridos y 496 más que se encuentran desaparecidas; siendo esta una de las tragedias más fuertes de las últimas dos décadas en el país, como consecuencia del evento que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó.
De esta manera, la bancada oficialista, compuesta por 17 senadores y 30 representantes a la Cámara, presentó la iniciativa como una movilización de su bancada para brindar apoyo directo a las poblaciones damnificadas. La meta es “restablecer la conectividad e impulsar la atención de las necesidades más urgentes de las familias”, para lo cual esperan actuar de forma rápida, conscientes de la premura.
El anuncio del partido fijó que gestionarán la compra de equipos de comunicación satelital y la recolección de insumos para las obras para así llegar a las comunidades afectadas. La intención no solo es apoyar la contingencia derivada del fuerte sismo, sino acompañar a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que hay decenas edificios colapsados, cientos de heridos y problemas de comunicación en los territorios afectados.
Y es que de acuerdo con el más reciente reporte del presidente Abelardo de la Espriella, que se pronunció desde el Palacio de San Carlos, sede de Gobierno, en Colombia se han registrado cuantiosas pérdidas: no solo en materia de vidas humanas, sino en materia de infraestructura, lo que obliga a una pronta intervención de los organismos del Estado para brindarles soluciones a los más golpeados por la tragedia.
El reporte indica que se han reportado:
Por tal motivo, el jefe de Estado declarará el estado de emergencia en todo el país. “Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, refirió el presidente, que agradeció las iniciativas que se han gestado alrededor de esta catástrofe, como la que promueve la segunda bancada más grande del Congreso.
En consonancia, el Centro Democrático retomará lo que denominó el “espíritu de solidaridad y trabajo comunitario demostrado durante la pandemia del COVID-19 y otros momentos complejos de país; sumándose a iniciativas de índole individual de algunos de sus miembros, como el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui, que ha estado al frente de la recolección de ayudas en la capital de la República.
“Con el corazón puesto en las familias afectadas, esta noche enviamos desde Bogotá un camión con ayudas hacia el Eje Cafetero. Gracias a cada persona, empresa, fundación y voluntario de nuestro equipo de la seguridad que aportó desde la solidaridad. Esperamos llegar en la madrugada y llevar estas ayudas hasta las comunidades que más las necesitan. En momentos difíciles, Colombia se abraza y se ayuda”, expresó.
El Congreso, en su sesión plena, eligió en la jornada del miércoles 12 de agosto a Jorge Eliécer Laverde Vargas como el nuevo contralor General de la República para el periodo 2026-2030; una escogencia que no causó sorpresas, pues fue decantándose tras recibir en la víspera el apoyo de cinco partidos, integrantes de la coalición de Gobierno, a la que se sumaron otras colectividades, en un respaldo mayoritario.
Con un total de 269 votos, de ellos 95 obtenidos en el Senado y 174 en la Cámara, Laverde fue escogido para el cargo, en una jornada en la que superó por amplio margen a otros de los aspirantes, como Andrés Castro y Luis Enrique Abadía. El respaldo del Centro Democrático, los partidos Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical fue determinante para generar, en consecuencia, un efecto ‘cascada’ que terminó dándole el triunfo.
Jorge Laverde Vargas es un abogado con una amplia trayectoria en el sector público. Con su elección, el nuevo titular del entre de control fiscal tendrá la responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos públicos y asegurar que se utilicen de manera adecuada en todo el país; en una escogencia que se dio en medio de la tragedia ocasionada por el terremoto del lunes 10 de agosto, de magnitud 7,4 y con epicentro en Chocó.
“Es un momento muy especial aquí en mi casa, el Congreso de la República”, expresó el nuevo contralor, que dijo estar conmovido por este masivo respaldo. Agradeció a los congresistas por la confianza y envió un abrazo fraterno a las víctimas del fuerte movimiento telúrico que estremeció al país.
“Nuestra misión empieza hoy mismo, garantizando que los recursos lleguen con celeridad”, destacó el nuevo contralor.
A lo largo de su carrera, el nuevo contralor ha ocupado distintos cargos de relevancia. Se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, célula legislativa en la que adquirió experiencia en el funcionamiento legislativo y, del mismo modo, fue diputado en la Asamblea de Caldas y trabajó con la Procuraduría, lo que le permitió conocer de cerca la gestión regional y los procesos de control y vigilancia.
“La Contraloría no será un carrete político. Como hombre de provincia, criado en el rigor del esfuerzo y la grandeza de los sueños, les digo a los jóvenes de Colombia: sí es posible. Hoy pongo mi trayectoria al servicio del país”, acotó el nuevo jefe del órgano de control fiscal, para que la transformación que necesita la entidad se lleve a cabo. “No los defraudaré”, destacó en su primera declaración como titular del cargo.
Su perfil técnico y su conocimiento en temas jurídicos y administrativos del Estado le han dado a este liberal el reconocimiento dentro del sector público, en una aspiración que fue consolidándose a medida que pasaron los días, pues de la lista de 10 finalistas fue el que pudo convencer a las diferentes colectividades.
“El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, y los funcionarios de la Contraloría General de la República reconocen y felicitan al doctor Laverde por su elección y le desean éxitos en el ejercicio de sus funciones al frente del máximo órgano de control fiscal del país”, se leyó en los canales oficiales de la entidad, en la que se le dio la bienvenida al nuevo jefe de la entidad.
Laverde es originario de La Dorada, Caldas. En su departamento es visto como un ejemplo de superación, ya que proviene de una familia trabajadora de provincia y ha construido su carrera profesional a partir del esfuerzo, el estudio y la disciplina; y ahora tendrá el gran desafío de administrar uno de los entes más importantes del organigrama estatal, que tendrá la responsabilidad de fiscalizar los recursos de la tragedia.
Luego de su escogencia por el órgano legislativo, el contralor Jorge Laverde sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en las instalaciones del Palacio de San Carlos. El Gobierno nacional afirmó que su objetivo es colaborar para combatir la corrupción en los diferentes sectores del Estado, en un breve acto en el que el mandatario aprovechó para felicitarlo.
“Felicitaciones al dr. Jorge Laverde por su elección como contralor General de la República”, expresó De la Espriella, que estuvo al lado del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y el titular de la Cámara, Nicolás Barguil.
Con un duro mensaje en sus redes sociales, el senador Iván Cepeda acusó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de comprometer la soberanía de Colombia después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó durante la jornada del miércoles 12 de agosto de 2026 que el Gobierno colombiano autorizó operaciones militares conjuntas en territorio nacional para combatir el terrorismo.
Para el congresista, que ejerce como tal gracias al Estatuto de Oposición ―tras haber sido el segundo en la contienda electoral que eligió al nuevo jefe de Estado―, ese anuncio abre una etapa en la que el país corre el riesgo de dejar de ejercer plenamente el control sobre su territorio y de convertirse en una plataforma de acción militar estadounidense en la región; motivo por el cual lanzó toda clase de advertencias.
“Lo advertimos: el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos”, afirmó Cepeda, que presentó el episodio a sus seguidores como una cesión política y jurídica por la nueva administración, que lleva apenas cinco días en el cargo y afronta la emergencia del terremoto en el país.
En su análisis, el senador invocó el artículo 173 de la Constitución Política, que asigna al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio. Y sostuvo que ninguna autoridad puede disponer del territorio colombiano ni admitir presencia militar extranjera al margen de ese procedimiento institucional, por lo que conminó al jefe de Estado a someter la consideración bajo las vías institucionales.
Por su parte, Hegseth aseguró que Colombia autorizó esas acciones “para eliminar a los terroristas y a las redes de terror”. En la misma intervención, el funcionario de Estados Unidos agregó que el país se convertirá en el miembro número 19 de la A triple C; es decir, de la Coalición Americana contra los Cárteles (ACCC, en inglés), que forma parte de la iniciativa de seguridad regional de EE. UU., el Escudo de las Américas.
En ese sentido, el senador enfocó su crítica en la legalidad interna y no solo en la disputa política. Según planteó, la autorización de tropas u operaciones extranjeras no puede resolverse por decisión unilateral del gobierno ni por invitaciones formuladas fuera de los cauces institucionales. “Corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”, reiteró en su declaración.
Así pues, sostuvo que cualquier aval a presencia o tránsito militar de otro país requiere control democrático y autorización expresa del Congreso. Y describió el hecho como “un acto de extrema gravedad política y una renuncia inadmisible al principio de soberanía nacional”, pues afirmó que Colombia no puede permitir la presencia o el tránsito de tropas extranjeras “al margen de la Constitución y de las instituciones”.
La declaración que originó la polémica fue formulada por Hegseth al presentar un nuevo nivel de cooperación con Colombia. Allí dijo que, a través del “recién inaugurado presidente”, al que identificó como “el presidente El Tigre”, Colombia pidió que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo y valoró el alcance de esta decisión en ese propósito.
De esta forma confirmó que la administración De la Espriella está “autorizando operaciones militares conjuntas para eliminar a los terroristas y a las redes de terror”. En respuesta, Cepeda advirtió que, con ese anuncio, Colombia podría convertirse en “un laboratorio geopolítico y en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para toda la región”, sin los controles democráticos y constitucionales.
En el apartado final de su mensaje, el líder de la oposición en el legislativo reafirmó su postulado de que la soberanía no admite negociación ni delegación ante una potencia extranjera. “La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera”, afirmó el congresista, que relacionó esta defensa con la dignidad nacional, la independencia republicana y la facultad de la sociedad colombiana de decidir sobre su territorio.
Desde el Palacio de San Carlos, sede presidencial en Bogotá, el jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció en la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026 que declarará la emergencia económica para atender, por las facultades que le entrega este mecanismo excepcional, la tragedia que enluta a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que se sintió en la mañana del lunes 10 de agosto.
“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, expresó el mandatario, que indicó que esa medida permitirá la creación de un fondo especial: el Fondo Milagro, con el que espera canalizar los aportes nacionales e internacionales y que se destinará a la reconstrucción de la infraestructura.
“Esta crisis que ha generado esta tragedia o este fenómeno natural tiene un impacto absolutamente terrible para nuestro país y nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal: la más compleja de toda la historia republicana de nuestro país, porque tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos de tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado”, dijo.
En consecuencia, De la Espriella señaló que la emergencia “deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas”. El anuncio lo hizo acompañado de la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, que está encargada de coordinar las ayudas provenientes del sector privado.
“Con la declaratoria, el Gobierno nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la patria. Nuestro corazón, nuestro sentimiento de solidaridad están con las víctimas. No están solas. Aquí hay un gobierno que va a ayudarles y que les va a dar la mano”, puntualizó.
En su declaración, De la Espriella anunció la adopción de mecanismos legales especiales, relacionados con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno, subsidios de arrendamiento para los que perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario y financiero y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios, entre otras iniciativas que se están estructurando.
De acuerdo con el primer mandatario de los colombianos, con base en el reporte de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), se han registrado 265 muertos y 3.494 heridos, mientras que 496 personas más se encuentran desaparecidas. Frente al fuerte impacto que causó este suceso, confirmó que usará este instrumento legal para disponer de recursos de manera inmediata en pro de la atención de los damnificados.
Además de las víctimas mortales y los heridos derivados de este terremoto, el jefe de Estado reportó:
En ese orden de ideas, el jefe de Estado hizo énfasis en la magnitud de la tragedia. “Con corte al último balance oficial que les acabo de leer, la afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno para, por una parte, hacer las inversiones que se requieren en ese territorio, recuperar las viviendas, apoyar a las víctimas y darle paliativos a tantos colombianos”, expresó.
Por su parte, Pineda destacó la gestión de ayuda gracias a la articulación entre el Gobierno, el sector privado y organizaciones sociales. “Hemos gestionado alrededor de más de 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria”, afirmó la primera dama, que destacó el papel del Banco de Alimentos, la Fundación Minuto de Dios y diferentes empresas en la recolección y distribución de insumos a los más afectados con la tragedia.
En cuanto a la logística, Pineda señaló que esas ayudas se han enviado a los territorios afectados a través de las aerolíneas Avianca, Latam y vuelos que han gestionado con apoyo de iniciativas privadas. Además, mencionó la entrega de “más de 120.000 litros de agua entre botellas y carrotanques y el apoyo en combustible, plantas de energía, internet satelital y contenedores refrigerados para Medicina Legal.
La mujer resaltó la labor en el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales. “Hemos contado con donación de medicamentos que hemos llevado a distintos hospitales y también en este momento estamos llevándole apoyo a la Cruz Roja Colombiana”, remarcó Pineda, que mencionó la entrega de cobijas, colchonetas y carpas a los albergues habilitados por las alcaldías para las familias damnificadas.
Finalmente, reiteró la atención a rescatistas y la extensión de la campaña a nivel nacional e internacional, con más de 150 toneladas en kits de emergencia para apoyar a los rescatistas. “Toda esta ayuda ha sido distribuida en los municipios de las zonas más afectadas por los terremotos, porque hemos estado en comunicación constante con los municipios y con las primeras damas de cada uno de ellos”, remarcó.
La Fiscalía General de la Nación dio el paso para llevar a Ricardo Roa, expresidente de la estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, en 2022, a juicio por delitos electorales al parecer cometidos durante el proceso que llevó al líder de izquierda a la Casa de Nariño; en una determinación que se sumaría a la sanción que en su momento impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra.
De acuerdo con la información divulgada por Semana, un fiscal anticorrupción radicó el escrito de acusación ante jueces de conocimiento y formalizó la búsqueda de una condena por presunta violación de topes, a partir de irregularidades detectadas en la información financiera que debía llegar a la autoridad electoral. De esta manera, el proceso en contra del exfuncionario avanza ante los organismos de justicia.
Frente al particular Roa no había aceptado el cargo que ya le había sido imputado; sin embargo, en el expediente reseñado, la acusación se apoya en dos informes entregados por la propia campaña al CNE, en el que se demostraría que hubo un sobrecosto en la campaña de más de $5.000 millones por diferentes conceptos que no pudieron, por lo visto, ser desvirtuados por la defensa del exgerente.
La Fiscalía sostuvo que en la contabilidad de la campaña hubo maniobras para modificar, alterar u ocultar facturas que debían ser reportadas. Ese punto se convirtió en el aspecto central de la acusación penal, que será revisado y discutido en la siguiente fase del proceso. De esta forma, el exdirectivo de Ecopetrol está a puertas de enfrentar una nueva etapa judicial, en la que irá a los estrados a responder por este caso.
En efecto, tras radicarse la acusación en su contra tendrá que dar explicaciones por la presunta comisión del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas. Al no tener fuero, a diferencia del exjefe de Estado Petro, su caso no está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino que irá al Juzgado 26 Penal del Circuito, que será la autoridad encargada de dirigir las audiencias del juicio.
El señalamiento del ente acusador también incluyó presuntas irregularidades en la manera en que la campaña reportó su información, a través facturas que habrían sido modificadas, alteradas o escondidas antes de su presentación a la autoridad electoral. Entre los aportes que están bajo lupa se destacan los hechos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la USO y el Polo Democrático Alternativo.
En consecuencia, el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 y exdirectivo de Ecopetrol afrontará la petición de la Fiscalía de una condena por lo que, según el ente acusador, ha sido la forma en que se reportaron y soportaron gastos de campaña. El implicado podría evitar un largo proceso si decide colaborar con la justicia y contar lo que sabe en relación con la manera en que se habrían superado estos topes.
Es válido precisar que el CNE ya había investigado la campaña y la había sancionado por superar los topes de gastos permitidos por la ley. Además del castigo a Roa, también fueron objeto de multas Lucy Aideé Mogollón Alfonso, que se desempeñaba como la tesorera oficial de la campaña; y María Lucy Soto, que ejerció las funciones de auditora de los informes financieros de la aspiración de Gustavo Petro en 2022.
Ese antecedente, es oportuno precisar, no reemplaza el proceso penal, aunque parece explicar por qué la Fiscalía concentró su caso en la presunta violación de topes y el ocultamiento de recursos de financiación. Lo llamativo es que mientras la acusación ya fue radicada, en las últimas semanas se conoció que Roa estaría buscando una salida negociada; e incluso, cuando le consultaron sobre este escenario no lo negó.
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