La senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, pidió que se lleve a cabo una auditoría inmediata de los resultados electorales de los comicios del 31 de mayo de 2026, en los que compitieron once candidatos y candidatas presidenciales, junto con sus fórmulas vicepresidenciales.

De acuerdo con los datos del preconteo recopilados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, logró obtener 10.361.499 votos, que representan el 43,74% del total de los sufragios. Por su parte, el aspirante Iván Cepeda Castro, de la izquierda, alcanzó 9.688.361 votos, equivalentes al 40,90% de los sufragios.

Valencia puso en duda los resultados atribuidos al candidato del Pacto Histórico y pidió que se investigue la validez de los votos registrados en 218 mesas de votación. Según un comunicado que emitió, esas mesas se ubicaron en zonas del país con antecedentes de conflicto armado y en donde hay presencia de grupos armados: Pacífico, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo (Norte de Santander).

De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, el aspirante Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos en esas 218 mesas. “Es inaceptable que el Gobierno siga hablando de fraude en la Registraduría cuando el fraude lo estamos viendo en las mesas donde la gente tuvo que votar por Iván Cepeda y el candidato obtuvo el 100% de los votos”, aseveró Valencia.

De ese total, la legisladora afirmó que más de la mitad de las mesas corresponden a municipios en los que se aplican Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). “168 de esas mesas están en municipios Pdet, donde grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) ejercen control territorial. Allí el Estado brilla por su ausencia y la población vive bajo presión”, explicó la excandidata presidencial, citada en el comunicado.

A su juicio, el hecho de que Cepeda haya alcanzado más de 15.500 votos “unánimes” no debe considerarse una casualidad. Recordó que durante el periodo electoral previo a la primera vuelta hubo denuncias sobre presuntas presiones e intentos de incidencia en el voto del electorado por parte de estructuras armadas ilegales que operan en algunas regiones.

“Lo grave es la presión armada sobre los colombianos. Lo grave es que ahora están movilizando su gente para generarle miedo a los colombianos. Con el famoso estallido social quieren doblegar la libertad de los colombianos”, señaló.

En consecuencia, solicitó a las autoridades electorales, a los organismos de control y a las entidades de observación que hagan una revisión exhaustiva de las actas y los registros de esas mesas.

Valencia argumentó que la verificación debe efectuarse antes de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio, para despejar dudas sobre la libertad del sufragio y la transparencia del proceso electoral.

“Estas son las señales de fraude, sin dejar de lado la participación abiertamente ilegal e inconstitucional del presidente y la mayoría de sus funcionarios tratando de elegir a Iván Cepeda. Es abrupto, es horrible, es asqueroso”, concluyó la exaspirante a la Presidencia.

Presiones de organizaciones criminales para incidir en el voto ciudadano

En su momento, el candidato Iván Cepeda reveló que, según información suministrada por organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, en algunas regiones del país se denunció la presión ejercida por grupos armados sobre los votantes para direccionar su decisión electoral.

Afirmó que estaban intentando incidir en el voto de la ciudadanía para garantizar que votaran a favor de ciertas candidaturas o que no las apoyaran, pero no especificó de qué aspirantes se trataba.

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”, escribió en X.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó un alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo de 2026. De acuerdo con los datos que presentó, la variación mensual fue del 0,47%, mientras que la variación anual (mayo de 2025 a mayo de 2026) fue del 5,84% y la variación del año corrido (enero a mayo de 2026) se ubicó en un 4,36%.

El crecimiento en la variación anual fue de 0,79 puntos porcentuales en comparación con la inflación documentada en mayo de 2025, periodo en el que la variación del IPC fue del 5,05%. Eso mismo pasó con la variación mensual, que en 2025 fue del 0,32%, y con la variación del año corrido, que en ese año fue del 3,63%.

“El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y recreación y cultura (0,77%)”, precisó el Dane en su informe.

Otras divisiones también se ubicaron por encima del promedio nacional, entre ellas está la de muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con un 0,53%, y la de salud, con un 0,52%.

Incremento de precios en el año corrido

El comportamiento del IPC entre enero y mayo de 2026 (año corrido), que se incrementó en 0,73 puntos porcentuales con respecto a 2025, se explicó principalmente por las variaciones de dos divisiones: la de alimentos y bebidas no alcohólicas y la de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Ahora bien, la división de restaurantes y hoteles registró la mayor variación del periodo analizado, ubicándose en un 6,02%. Dentro de ese grupo, el mayor incremento de los precios en mayo de 2026 quedó documentado así:

• Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,30%)
• Bebidas calientes, como tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (6,05%)
• Gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (5,68%)

“La división Educación registró una variación año corrido de 5,89%, siendo esta la segunda mayor variación año corrido. En mayo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: otros gastos en educación superior (7,48%), inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (6,37%) y educación preescolar y básica primaria (6,07%)”, indicó el Dane.

Las divisiones que más contribuyeron al comportamiento anual del IPC

Con respecto a la variación anual del IPC, el Dane indicó que la división que registró una mayor variación fue la de restaurantes y hoteles, cuyo dato fue del 6,62%, y el comportamiento de la inflación se explicó principalmente por las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.

La segunda mayor variación anual que se registró entre enero y mayo de 2026 fue la de la salud, que fue del 8,35%, cuyas subclases se comportaron de la siguiente manera:

• Consulta médica general con médico particular (11,48%)
• Consulta médica con médico especialista particular (9,59%)
• Servicios odontológicos con odontólogos particulares (9,01%)
• Elementos implementos médicos (4,00%)
• Servicios médicos menores (6,11%)
• Artefactos y equipo terapéutico y su reparación (7,03%)

“La división Prendas de vestir y calzado registró una variación anual de 2,70%, siendo esta la menor variación anual. En mayo de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: lavado y planchado de ropa (9,64%), uniformes (6,04%) y prendas de vestir para hombre (2,78%)“, añadió el Dane en el boletín técnico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el país cuenta con varios aliados en el hemisferio occidental, que se alinearon con el Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en frentes comunes en materia de seguridad y economía. Sin embargo, sacó de la ecuación a países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y, “en cierta medida”, Colombia, debido a problemas con la administración del presidente Gustavo Petro.

“Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en los temas de seguridad que compartimos, sino también en la prosperidad económica, que van de la mano. Es un caso notable que, básicamente, salvo (...) el actual Gobierno de Colombia también, al menos, el presidente ha sido problemático”, dijo el funcionario.

El primer mandatario colombiano reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano a través de una publicación en X, en la que rechazó la idea de que Latinoamérica comparta una misma postura.

“Una América Latina con un solo pensamiento político como pensamiento único, es una América Latina muerta. Le propuse al presidente Donald Trump que el gran trato entre América Latina y los EEUU se construye como un Pacto por la Vida y la Libertad”, precisó el jefe de Estado en la red social.

A su juicio, hacer que todas las administraciones latinoamericanas tengan las mismas posiciones que “Miami” significaría “matar la libertad en toda la América Latina”. “Sin Libertad no habrá soberanía, no seremos pueblos libres, dejaremos de ser repúblicas democráticas”, añadió.

No es la primera vez que Rubio critica al presidente de Colombia. En octubre de 2025, durante una rueda de prensa, el secretario de Estado de Estados Unidos llamó “lunático” a Gustavo Petro y se refirió a las elecciones presidenciales de Colombia, mediante las cuales se elegirá a un nuevo mandatario.

En sus declaraciones también afirmó que la desaprobación de la gestión del presidente en el país era alta y que, para entonces, una buena parte del Legislativo no compartía la postura que tenía Petro con respecto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“El único problema en Colombia es un lunático, ese tipo es un lunático. Es un lunático y no está bien. Y todo el mundo lo sabe. Es muy impopular en Colombia. No sé si han visto que hoy el Congreso colombiano ha votado —creo que por 72 votos contra 20— designar al régimen venezolano como organización narcoterrorista. Esto solo demuestra que es una pena que el pueblo colombiano tenga que lidiar con este tipo hasta mayo del año que viene", dijo Marco Rubio en su momento.

Relaciones diplomáticas: de la crisis al desescalamiento

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos durante los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, respectivamente, se han caracterizado por ser difíciles. Los jefes de Estado están distanciados en más de una postura, lo cual ha derivado en críticas, señalamientos y hasta advertencias sobre una intervención militar por parte del Gobierno Trump.

Las tensiones entre los países llegaron a su punto más alto en diciembre de 2025, pero en enero de 2026, los mandatarios conversaron por primera vez en una llamada telefónica que sirvió para desescalar la situación. El presidente Petro solicitó entonces el restablecimiento de las comunicaciones.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, dijo el jefe de Estado en su momento, durante un evento realizado en la plaza de Bolívar de Bogotá.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el país cuenta con varios aliados en el hemisferio occidental, que se alinearon con el Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en frentes comunes en materia de seguridad y economía. Sin embargo, sacó de la ecuación a países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y, “en cierta medida”, Colombia, debido a problemas con la administración del presidente Gustavo Petro.

“Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en los temas de seguridad que compartimos, sino también en la prosperidad económica, que van de la mano. Es un caso notable que, básicamente, salvo (...) el actual Gobierno de Colombia también, al menos, el presidente ha sido problemático”, dijo el funcionario.

El primer mandatario colombiano reaccionó a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano a través de una publicación en X, en la que rechazó la idea de que Latinoamérica comparta una misma postura.

“Una América Latina con un solo pensamiento político como pensamiento único, es una América Latina muerta. Le propuse al presidente Donald Trump que el gran trato entre América Latina y los EEUU se construye como un Pacto por la Vida y la Libertad”, precisó.

A su juicio, hacer que todos los gobiernos latinoamericanos tengan las mismas posiciones que “Miami” significaría “matar la libertad en toda la América Latina”. “Sin Libertad no habrá soberanía, no seremos pueblos libres, dejaremos de ser repúblicas democráticas”, añadió.

En desarrollo...

Carlos Carrillo presentó oficialmente su renuncia a la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cargo que ocupó desde el 11 de marzo de 2024, luego de que su antecesor, Olmedo de Jesús López, fuera salpicado en el que sería uno de los casos más grandes de corrupción del Gobierno nacional.

De acuerdo con El Tiempo, el presidente Gustavo Petro recibió la renuncia de Carrillo, pero todavía no ha decidido si aceptarla o no, por lo que su salida de la entidad sigue siendo una incertidumbre. El funcionario asumió la responsabilidad de restablecer el orden en la Ungrd después de que fuera objeto de hechos de corrupción, entre ellos, el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. Además, es un acérrimo defensor del Gobierno Petro.

Previo a la presentación de su renuncia, el director de la entidad fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación política. El organismo estableció la medida debido a unas declaraciones que dio el servidor público ante los medios de comunicación, en las que se refirió a las elecciones presidenciales que se aproximan (segunda vuelta presidencial-21 de junio).

En diálogo con la prensa, Carlos Carrillo rechazó la decisión del organismo de control. Aseguró que en ningún momento expresó su respaldo hacia alguno de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán en la segunda vuelta: Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).

“Una entidad que ha venido actuando siempre de manera honesta, con apego a la ley, rechaza categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyan una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña. Como funcionario público reconozco y respeto los límites establecidos por la Constitución y la ley”, dijo a los medios.

Las declaraciones que pusieron a Carrillo bajo la lupa de la Procuraduría

El director de la Ungrd causó polémica debido a la respuesta que dio ante una pregunta de un periodista en relación con una presunta participación indebida en política por parte del presidente Gustavo Petro. Carrillo afirmó que el mandatario siente cariño por la población colombiana y que por eso es natural que se preocupe por los resultados de las elecciones en primera vuelta, que ubicaron a Abelardo de la Espriella como el candidato favorito.

Carrillo no mencionó directamente al aspirante de la derecha, pero sí se refirió a la cantidad de votos que alcanzó en los comicios y catalogó su proyecto político como “fascista”.

“Entiendo la preocupación de que un proyecto abiertamente fascista esté ascendiendo en Colombia. Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente. Ahora, considero que hay que mantenerse dentro de los límites de esa participación debida en política”, dijo.

En consecuencia, la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez Beltrán decidió suspenderlo hasta la fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones de segunda vuelta.

“SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo a Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m. Contra la orden de suspensión provisional no procede recurso alguno”, se lee en el auto del organismo de control.

El funcionario cuestionó la determinación de la Procuraduría, al advertir que fue sumamente rápida; se expidió apenas dos horas después de que dio sus declaraciones ante la prensa. Aclaró, además, que su plan no era abordar el tema de electoral en la rueda de prensa, simplemente se limitó a responder una inquietud.

“Yo no propicié el tema. La pregunta fue formulada a una periodista durante una rueda de prensa convocada para informar”, indicó.

El congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, reveló que será expulsado del partido Alianza Verde. De acuerdo con una publicación que hizo en su cuenta de X, un integrante del movimiento político presentó una solicitud formal al Consejo de Control Ético de la colectividad para que se apruebe su salida.

“SERÉ EXPULSADO DEL PARTIDO VERDE! He sido informado que el senador Fabián Díaz radicó una solicitud para que me expulsen del partido. Ayer me negaron la escisión y hoy saldré por la puerta de atrás”, informó el senador, que también funge como presidente de la Comisión de Ética de la corporación.

Según indicó, aunque se declare su expulsión, continuará expresando su postura política y su rechazo hacia el congresista y candidato presidencial de la izquierda Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico). A su juicio, el aspirante representa un “peligro” para Colombia.

En su publicación, compartió el documento que allegó el senador Fabián Díaz al partido Alianza Verde para solicitar su expulsión. El texto no expone los motivos por los cuales se debería aceptar la petición.

“EDWING FABIÁN DÍAZ PLATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.363.825, en mi calidad de miembro y militante del Partido Alianza Verde, me permito solicitar respetuosamente que se adelanten las actuaciones correspondientes y se imponga la EXPULSIÓN al Senador JONATHAN FERNEY PULIDO HERNÁNDEZ. Conforme a sus competencias y a las disposiciones estatutarias aplicables”, se lee en el documento que adjuntó.

El congresista Díaz se pronunció a través de su cuenta de X al respecto. Dio a conocer su solicitud y argumentó que la postura política de Jota Pe Hernández es completamente diferente a la del partido.

“He solicitado formalmente al @PartidoVerdeCoL la expulsión de @JotaPeHernandez. ​La visión de país que tenemos en el partido es muy diferente a la suya“, precisó el legislador.

El divorcio “pacífico” que quiere Jota Pe Hernández

El senador Hernández presentó la escisión, que consiste una especie de separación del partido, debido a que no está de acuerdo con algunas de sus posturas, entre ellas, el respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda y a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

La colectividad emitió un comunicado el 4 de junio en el que informó que se llevó a cabo una reunión ordinaria para adelantar el procedimiento correspondiente para atender la solicitud del congresista.

Luego de que se efectuara una votación sobre el tema, la Dirección Nacional del partido envió los resultados al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tome una decisión al respecto.

Según advirtió el legislador en una publicación en X, la votación que se realizó no fue suficiente para aprobar su escisión. De acuerdo con su explicación, congresistas afines al Gobierno y al aspirante Iván Cepeda la rechazaron.

“NO ES CIERTO QUE MI SALIDA DEL PARTIDO FUE APROBADA! Hoy líderes de izquierda del verde, hundieron mi escisión y no me permitieron salir del partido. Necesitaba 42 votos y los seguidores de Cepeda votaron negativo. Pero ahora más que nunca, voy firme contra los bandidos!“, escribió Jota Pe Hernández.

En conversación con Caracol Radio, el senador confesó que siente que “sobra” en la colectividad debido a sus posiciones y a que no enarbola las banderas del partido. De igual manera, aclaró que la decisión de separarse del movimiento político no tiene como objetivo crear un nuevo partido, su plan es acudir a una figura legal que le permita divorciarse pacíficamente de la Alianza Verde para que también pueda reconfigurarse.

“Creo que el Partido Verde últimamente se ha dado a conocer como un partido de diferentes tendencias, pues está buscando una reorganización, una reestructuración, un reencuentro con su identidad ideológica y no está muy lejano de esto (...) sencillamente hoy hay una disputa porque hay unos candidatos sobre la parrilla y los congresistas quieren apoyar a X o Y candidato”, dijo al informativo citado.

Por medio del Decreto 0575 del 4 de junio de 2026, la Presidencia de la República estableció que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, asuma algunas funciones presidenciales mientras el mandatario Gustavo Petro esté fuera del país.

El jefe de Estado viajará el 9 de junio de 2026 a Nueva York, Estados Unidos, con el fin de participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Regresará a Colombia el 11 de junio. Durante el tiempo en el que se ausente, el jefe de la cartera tomará algunas de sus responsabilidades:

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléguense en el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”, detalla el decreto.

Entre las funciones que le fueron atribuidas al ministro de Hacienda está la posibilidad de que sea revestido con precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija, según se indica en el artículo 150 de la Constitución Política, en su numeral 10.

También le es aplicable lo establecido en el artículo 129 de la Constitución, que indica que el Gobierno debe dar su autorización para que los servidores públicos puedan aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales.

El decreto indica que el ministro de Hacienda también podrá convocar sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, en caso de que así se requiera. “En el curso de ellas sólo podrá ocuparse de los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo”, precisa el artículo 138 en el inciso 5.

De igual manera, tendrá permitido nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, conservar el orden público en el país y restablecerlo en caso de ser necesario, sancionar las leyes, expedir decretos, resoluciones y órdenes para dar cumplimiento a la normativa vigente, entre otros.

Colombia asume Presidencia del Consejo de Seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, desde el 1 de junio de 2026, Colombia asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puesto que ocupará durante un mes. Según la Cancillería, en ese rol, el Gobierno colombiano dirigirá reuniones formales e informales del órgano. De igual manera, coordinará el programa de trabajo mensual e impulsará una agenda enfocada en paz, multilateralismo, solución pacífica de controversias y defensa del derecho internacional.

En cumplimiento de las responsabilidades delegadas al país, Colombia convocará un debate abierto de alto nivel sobre Medio Oriente. El encuentro se llevará a cabo el 10 de junio y será presidido por el presidente Gustavo Petro. El Gobierno colombiano también convocará otros dos debates:

• 17 de junio: debate sobre Mujer, Paz y Seguridad, que será encabezado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio
• 24 de junio: debate sobre Niñez y Conflicto, que será dirigido por la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata.

De acuerdo con el ministerio, el país fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2026-2027 con el respaldo de 180 Estados miembros de la Asamblea General. "Esta es la octava ocasión en que el país integra el Consejo y, en esta nueva membresía, aporta su experiencia en construcción de paz y resolución pacífica de conflictos, especialmente a partir de los aprendizajes derivados del Acuerdo de Paz de 2016 y su implementación", precisó la cartera en un comunicado.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la sentencia condenatoria contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por la conformación y dirección del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, desató una discusión en redes sociales. Tomás Uribe Moreno, hijo del exmandatario, criticó la determinación de la Corte en una publicación en X en la que mencionó al actual jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro.

En el mensaje que compartió, rechazó el hecho de que el presidente ahora esté en libertad, pese a que fue integrante del M-19, y comparó su caso con el de su tío. "Mancuso, Petro, Cepeda, Timochenko, Tornillo... todos libres, recibiendo seguridad y pago del Estado. Santiago Uribe: preso político en proceso donde el abogado de la contraparte es el abogado personal de Petro y ex M19, Daniel Ernesto Prado Albarracín”, aseveró el hijo del exmandatario.

La respuesta del mandatario a Tomás Uribe

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la crítica de Tomás Uribe a través de un largo comentario en el que afirmó que, en varias oportunidades, dijo que tanto Santiago Uribe como Álvaro Uribe tendrían garantías de respeto por la vida, la honra y los bienes durante su Gobierno. Además, aseguró que jamás dejaría que el exmandatario fuera juzgado por la justicia extranjera o extraditado.

También recordó las denuncias que hizo en su momento sobre el paramilitarismo en Colombia y, con base en eso, pidió que no sea comparado con Santiago Uribe.

"No me confunda con su tío. Yo fui el que hizo el debate sobre el narco paramilitarismo en Antioquia en el año 20027 en el Congreso y mostré el desenvolvimiento de la gobernanza paramilitar en Santa Rosa de Osos y mostré al país la existencia de los “12 apóstoles”, ahora quienes heredan esa cultura política y criminal quieren vengarse de mi y lo han anunciado (sic)”, señaló.

En ese sentido, afirmó que es necesario que Colombia deje atrás la gobernanza paramilitar en la que estuvieron implicados los criminales del grupo de ‘Los doce apóstoles’. Según explicó, la violencia que ejercieron en el departamento de Antioquia dejó un largo rastro de delitos, entre ellos, al menos 700 homicidios, siendo varias de sus víctimas integrantes del partido político Unión Patriótica (UP).

El presidente recalcó que su objetivo es lograr un acuerdo nacional que permita garantizar que los hechos de violencia perpetrados por los grupos paramilitares en Colombia no vuelvan a repetirse.

Así las cosas, haciendo alusión a la sentencia condenatoria que pesa sobre Santiago Uribe, afirmó que las acciones criminales que se ejecutaron en el grupo paramilitar que conformó no deben retomarse nunca en el país. “Las diferencia entre los colombianos no se resuelven destripando al otro sino construyendo una senda segura y permanente de convivencia. Los métodos de Santiago Uribe Vélez no se deben repetir más en Colombia”, añadió.

Abogado de Santiago Uribe se pronunció

La defensa de Santiago Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, informó por medio de un comunicado que rechaza la confirmación de la condena en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El jurista aseguró que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia en segunda instancia y la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no se ajustan a la realidad de los hechos.

Por eso, indicó que tomarán las acciones legales que correspondan, aunque la Corte fue clara en advertir que contra su determinación no procede recurso alguno.

“Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Sin embargo, a través de los mecanismos jurídicos consagrados en el ordenamiento jurídico, seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”, explicó Jaime Granados en el comunicado.

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reaccionó con rechazo a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la condena contra Santiago Uribe, hermano del exmandatario, por el caso de ‘Los doce apóstoles’. La sentencia, que fue proferida en su contra por nexos con el paramilitarismo, establece una pena de 28 años y 3 meses de privación de la libertad.

La Corte lo halló culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, así como también lo hizo el Tribunal Superior de Antioquia en un fallo proferido el 25 de noviembre de 2025.

Tomás Uribe publicó en su cuenta de X una crítica por la determinación de la Corte Suprema de Justicia, comparando a Santiago Uribe con otros políticos y criminales que ahora gozan de libertad, pese a la presunta comisión de distintos delitos. Entre ellos, mencionó al presidente Gustavo Petro, que hizo parte del M-19, y al candidato presidencial Iván Cepeda, que no tiene ninguna investigación en contra, pero que ha sido señalado de tener nexos con guerrillas.

“Mancuso, Petro, Cepeda, Timochenko, Tornillo...todos libres, recibiendo seguridad y pago del Estado. Santiago Uribe: preso político en proceso donde el abogado de la contraparte es el abogado personal de Petro y ex M19, Daniel Ernesto Prado Albarracín”, aseveró.

El abogado Jaime Granados, que encabeza la defensa de Santiago Uribe ante la justicia, emitió un comunicado en el confirmó la notificación de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia sobre la situación jurídica del hermano del expresidente. Aseguró que, con su equipo de juristas, verificarán qué acciones pueden tomar en este punto para buscar la absolución del hoy condenado.

De acuerdo con Granados, el largo proceso judicial que enfrentó Santiago Uribe no debía culminar en una sentencia condenatoria. Insistió en que su cliente es inocente de los cargos que se le endilgan.

“Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Sin embargo, a través de los mecanismos jurídicos consagrados en el ordenamiento jurídico, seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado”, precisó el profesional en Derecho en la comunicación.

De igual manera, informó que, luego de que la defensa estudie en detalle el contenido completo del fallo de la Corte y de los salvamentos de voto, emitirá un nuevo pronunciamiento.

El abogado Víctor Mosquera se unió a la postura de la defensa de Santiago Uribe. En un comentario compartido en X, aseguró que el proceso penal que se surtió en su contra estuvo lleno de irregularidades. Hubo inconsistencias denunciadas y anomalías en la actuación de la justicia sobre su situación jurídica.

Por eso, calificó la ratificación de la condena como una determinación injusta, arbitraria y contraria a los principios más importantes del debido proceso, derecho del cual gozan todos los investigados. Desde su perspectiva, Santiago Uribe fue víctima de una persecución judicial durante años.

“A mi juicio, este caso constituye uno de los episodios más graves de lawfare en Colombia. Durante años se denunciaron actuaciones irregulares, decisiones cuestionables y una estrategia de persecución judicial impulsada desde la época de Eduardo Montealegre contra @AlvaroUribeVel (...). El Tribunal y ahora la Corte han optado por una conclusión que desconoce esa realidad procesal”, precisó el jurista.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó la decisión de la Corte Suprema y aseguró que constituye un golpe para toda la familia.

“El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, escribió el ex jefe de Estado en X.

El expresidente Juan Manuel Santos dio a conocer los retos que el próximo Gobierno en Colombia deberá enfrentar desde el 7 de agosto de 2026. La administración del país se define entre dos candidatos presidenciales: Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que representa a la derecha política colombiana, e Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que promueve una continuación del Gobierno actual de izquierda de Gustavo Petro.

La ciudadanía votará por alguno de los aspirantes en la segunda vuelta de las elecciones, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026. Por ahora, algunas encuestas de intención de voto ubican a De la Espriella como el posible vencedor, así como pasó en la primera vuelta (31 de mayo), en la que alcanzó 10.361.499 votos, frente a 9.688.361 que logró Cepeda.

Así las cosas, de acuerdo con el exmandatario Juan Manuel Santos, el candidato que sea elegido como presidente de Colombia tendrá que asumir la responsabilidad de solucionar los problemas que tiene el país en materia de seguridad, fiscalidad, salud y energía, pero aclaró que el desafío central será la gobernabilidad: lograr acuerdos con actores con posturas políticas distintas para poder sacar adelante las propuestas que se requieran desde el inicio del mandato.

El ex jefe de Estado planteó que el Gobierno entrante deberá “poder conciliar a las diferentes corrientes políticas para lograr acuerdos, para lograr reformas que solucionen esos retos”. En su diagnóstico, esa tarea será la más difícil de cumplir “apenas se posicione”.

Al referirse a su experiencia como jefe de Estado (2010-2018), el exmandatario aseguró que “tender puentes” fue clave cuando llegó al poder, y que, para lograr los resultados que esperaba, invitó a quienes habían sido sus rivales durante las elecciones presidenciales a integrar su Gobierno.

Santos aclaró que la llegada de otros políticos a su administración no se quedó en una simple invitación o en pocas charlas. Tuvo en cuenta algunas de sus propuestas, aquellas que consideró acertadas para el país, y las incluyó en sus objetivos de Gobierno para ponerlas en marcha.

Según explicó, ese trabajo en conjunto sirvió para conseguir importantes resultados en varios sectores, entre ellos, el de la seguridad y la economía.

“Adopté muchas de sus iniciativas, de sus propuestas, y de esa forma logramos aprobar las leyes y poner en marcha las políticas que obtuvieron los mejores resultados en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales, en materia de infraestructura de cualquier Gobierno en este siglo”, concluyó.

La seguridad en Colombia: uno de los puntos clave a resolver

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido fuertemente criticado por distintas falencias y escándalos que se han presentado en casi cuatro años. Uno de los puntos más álgidos en ese debate es la seguridad.

Según el informe “El poder armado en expansión. Entre el fortalecimiento y la fragmentación de los grupos armados en Colombia” de la Fundación Conflict Responses (Core), el crecimiento de los grupos armados no se detuvo durante la administración Petro. De hecho, entre 2018 y 2025, lograron un amplio fortalecimiento en el país.

Entre las organizaciones criminales que más han crecido está el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC o Clan del Golfo), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Para finales de 2025, estas estructuras armadas superaban los 27.000 miembros.

El informe indica que la política de Paz Total del Gobierno Petro incidió parcialmente en el fortalecimiento de los grupos armados, gracias a los ceses al fuego y a la falta de presión por parte del Ejército Nacional en determinados periodos.

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) se enfrentarán el 21 de junio de 2026 en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, luego de que ambos obtuvieran la mayor votación en la primera vuelta, llevada a cabo el 31 de mayo.

Las encuestas de intención de voto siguen mostrando cómo se están moviendo los apoyos entre el electorado de cara a la segunda vuelta. La más reciente encuesta, elaborada por la encuestadora CB Global Data, ubica a De la Espriella como el posible vencedor de las elecciones de junio.

De acuerdo con la medición, realizada entre el 1 y 4 de junio de 2026, el aspirante de la derecha cuenta con un respaldo del 46,7%, cifra que representa a las personas que definitivamente votarían por él en la segunda vuelta. A estos números se suma un 5,2% que podría apoyarlo en las urnas, aunque son personas que todavía no tienen definida su decisión electoral.

Por otro lado, el candidato Iván Cepeda contaría con un 41,9% de los votos de la población colombiana, que representa a quienes definitivamente votarían por él. Otro 5,9% de los electores considera al aspirante como una posible opción.

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Ante los medios de comunicación, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) aseguró que el salario mínimo que actualmente tienen los colombianos no puede reducirse. El Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció un importante incremento en el salario mínimo, ubicándolo en $1.750.000, al que se le añaden $250.000 por concepto de auxilio de transporte, lo que quiere decir que el ingreso total básico es de $2.000.000.

La medida fue muy criticada en su momento, sobre todo por el sector empresarial y por algunos expertos, que advirtieron serias consecuencias para los empresarios y emprendedores, que no podrían responder a ese incremento salarial.

Al respecto, el aspirante presidencial de la derecha indicó que no es posible reducir el salario mínimo actual, debido a que la población que recibe ese ingreso por su trabajo ya cuenta con ese monto para sus gastos. “El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo”, precisó De la Espriella ante la prensa.

A su juicio, la solución ante el impacto negativo que estaría teniendo el aumento del salario mínimo entre el empresariado es la reducción de los impuestos que deben pagar los empleadores. De esta manera, sería posible nivelar las cargas de los empresarios, sin afectar el ingreso que mensualmente perciben los trabajadores.

“Todos ponemos un poquito, yo no tengo problema con eso, lo pago con gusto. Pero vamos a buscar la solución en donde no se revienten las empresas. El salario hay que mantenerlo”, dijo.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a las declaraciones de De la Espriella a través de una publicación en su cuenta de X. Aseguró que el problema alrededor del salario mínimo no está en decidir si debe reducirse o no, está en permitir que siga incrementando.

De acuerdo con su explicación, el no aumentar el ingreso que reciben los trabajadores terminaría disminuyendo su salario real. Hizo esta aclaración refiriéndose específicamente a la propuesta de implementar el trabajo por horas, iniciativa que no hace parte de las ideas que tiene De la Espriella de cara a la Presidencia de Colombia.

“El problema no es que baje el salario mínimo, el problema es que no suba más, lo cual significa bajar el salario real. Toda contratación por horas es empeorar la condición laboral de las trabajadoras y trabajadores. ¿Para qué sirve un salario mínimo vital si se va a contratar por horas?”, cuestionó el jefe de Estado.

Contrario a lo expuesto por De la Espriella ante los medios de comunicación, hay personas que aseguran que sería conveniente bajar el salario mínimo. Así lo explicó en una grabación divulgada en redes sociales un empleado de una empresa de seguridad privada que trabaja en un conjunto residencial. En ella, aseguró que el salario mínimo “está muy alto”.

“¿Por qué no? La verdad, que lo bajen. La verdad, y sí, tienes razón. El salario mínimo está muy alto, dos millones de pesos. Hay vigilantes que trabajan, se ganaban el año pasado 2.200.000 - 2.300.000, ahora les quedan tres millones y hay unos vigilantes que ganan hasta cuatro millones”, dijo.

Desde su perspectiva, es injusto que una persona que trabaja 12 horas reciba esa cantidad de dinero. Afirmó que el salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República y no por el Gobierno de turno. Esa es una propuesta que el mismo De la Espriella expuso en su momento, en diálogo con la revista Semana.

"Yo creo que en el futuro el salario mínimo debería ser fijado por el Banco de la República para evitar que el populismo sea lo que determine eso", dijo el candidato presidencial en su momento.

El excandidato presidencial y empresario Santiago Botero reaccionó en sus redes sociales a varios montajes que fueron elaborados luego de que fuera denunciado por su exesposa Manuela Echeverri Hoyos por presunta violencia intrafamiliar. El 30 de mayo de 2026, la Comisaría de Familia de Cartagena adelantó un desalojo en el apartamento de Botero y se tomaron medidas de protección para la expareja del excandidato y para su hijo de 10 meses, tras avocar conocimiento de la denuncia.

“Se denuncia por parte de la señora Manuela Echeverri Hoyos hechos de violencia en el contexto familiar por parte del señor Raúl Santiago Botero Jaramillo, advirtiendo como fecha de los últimos hechos el día 28 de mayo de 2026″, se lee en el auto judicial en el que se establecen las medidas de protección.

Luego de esto, en las redes, aparecieron publicaciones en las que se menciona a una supuesta amante de Botero y se asegura que el empresario se encerró en su casa con ella. El exaspirante rechazó la divulgación de información falsa sobre él e hizo aclaraciones sobre los hechos que involucran a su exesposa.

Según indicó, se separó de Manuela Echeverri Hoyos hace tres meses, aproximadamente, algo que tanto su familia como sus empleados sabían. Además, aseguró que estuvo en terapia con su expareja y que la psicóloga que llevó su proceso puede dar cuenta de que Echeverri fue la que tomó la decisión de finalizar la relación. “Yo soy a prueba de peligro. ¿Será que ella también lo será?”, indicó.

Así las cosas, el empresario condenó la realización de los montajes y advirtió que las investigaciones que adelante la justicia sobre su situación terminarán por evidenciar “la verdad”.

“¡Qué montaje tan bravo esto de la política y usar a mi hijo en eso! No tiene perdón de Dios, y más con tanta premeditación. Pero la justicia llegará y que caiga todo el peso de la ley cuando salga la verdad a la luz pública”, escribió en X.

Adicionalmente, señaló como presuntas responsables a su exesposa y a su exsuegra Victoria Hoyos, aunque no proporcionó pruebas de ello. También mencionó al abogado Guillermo Baquero, al que acusó de estar actuando de manera irregular para presuntamente favorecer al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Estas personas son las responsables de todo este montaje: Victoria Hoyos y Manuela Echeverri, junto con su abogado, el señor Vaquero, para favorecer a su amigo y socio Abelardo de la Espriella en apoyo de medios de comunicación! Yo de este tema no vuelvo a hablar porque mi vida personal es personal!!”, aseguró.

Santiago Botero se defendió tras operativo desalojo: “No tienen una sola evidencia”

Por medio de un comunicado, el empresario y excandidato presidencial afirmó estar siendo víctima de ataques provenientes de una política “sucia”. Negó tener problemas con su expareja, pero aseguró que ella se estaba “dejando utilizar” por candidatos que se beneficiarían del escándalo que surgió por la denuncia de violencia intrafamiliar. Señaló directamente al aspirante Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, concluyó que se trataría de una estrategia con fines políticos y no de un tema personal, la cual no podría sostenerse de ninguna manera debido a la carencia de pruebas. “No tienen una sola evidencia que sustente todo lo que están diciendo”, indicó el empresario en la comunicación oficial.

“A Manuela le digo que entiendo que esto no es personal y que jamás guardaré rencor en mi corazón por esta situación. A los boteristas, a los grupos de trabajo, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general les digo que un proceso de separación nunca es fácil, pero siempre me he presentado ante la ley y siempre he dado la cara”, añadió Botero.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre la investigación que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. Uno de los investigadores concluyó que la indagación debería cerrarse y que el jefe de Estado no debería ser llamado a indagatoria.

“Se ordena proferir resolución inhibitoria en materia penal a favor de Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente, y abstenerse de abrir investigación formal en su contra por atipicidad de la conducta”, se lee en el documento, al que tuvo acceso El Tiempo.

Sin embargo, los representantes Gloria Elena Arizabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo, que también hicieron parte del triunvirato investigador, no estuvieron de acuerdo con esa postura y radicaron ante la Comisión de Investigación y Acusación una solicitud para que el presidente sea llamado a indagatoria. Así lo expusieron en el salvamento de voto que presentaron frente al auto mediante el cual se profirió la decisión inhibitoria en materia penal.

“El Triunvirato Investigador debe disponer de la vinculación formal al proceso del ciudadano GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, mediante la recepción de indagatoria. La diligencia deberá ser citada en los términos del artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y se garantizará al investigado el ejercicio pleno de los siguientes derechos: derecho a la defensa técnica, derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, prohibición de derivar de tal silencio indicios en su contra, derecho a ser informado de los hechos y de la calificación jurídica provisional, y derecho al traslado del expediente para la preparación de su defensa”, detalla el salvamento de voto.

El primer mandatario reaccionó asegurando que no ha cometido ningún crimen y que, pese a ello, estarían tratando de privarlo de la libertad. “Ya amenazaron encarcelarme sin cometer un solo delito. Ya sabemos que viene si no se detiene la época oscura de Colombia”, aseveró el jefe de Estado en X.

Los hallazgos de la Comisión de Investigación y Acusación

Los investigadores advirtieron que en la campaña Petro-Presidente de 2022 hubo financiación con fuentes prohibidas. Entre ellas se incluye un cheque de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por $500 millones. Según indicaron, la organización sindical es una persona jurídica de derecho privado que “tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”.

También hubo un aporte de la Unión Sindical Obrera (USO), que, al igual que Fecode, no está habilitada para destinar recursos a campañas presidenciales, pero allegó $600 millones a la campaña del hoy mandatario. La decisión se aprobó mediante una proposición interna de “reforzar” la segunda vuelta electoral a la que se enfrentaría Petro.

Por otro lado, la Comisión también confirmó que se superaron los topes de financiación de la campaña mediante el “ocultamiento de facturación aeronáutica”. En ese apartado se menciona a la sociedad Sadi S.A.S, de transporte aéreo, con la que la campaña suscribió contratos de fletamento para las dos vueltas presidenciales.

“El CNE evidenció una discrepancia sustancial entre los valores reportados por concepto de transporte aéreo y los valores reales de los fletamentos. La sociedad Sadi S.A.S expidió facturas originales y, con posterioridad, las anuló mediante las notas crédito NC31 y NC32, emitiendo facturas sustitutivas por valores sustancialmente menores”, se lee en el documento de salvamento de voto.

La violación de topes de gasto en la campaña fue de $3.042.997.101, desagregados de la siguiente manera:

• Primera vuelta: superación de $2.459.568.112 por encima del tope legal.
• Segunda vuelta: superación de $583.428.989 por encina del tope legal.

La Comisión también encontró que hubo una omisión masiva de pagos a testigos electorales en la campaña y casos de fraude procesal mediante la presentación de informes adulterados.

En entrevista con la revista Semana, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, de cara a las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, correspondientes a la segunda vuelta, se están empezando a mover maquinarias para la presunta compra de votos a favor del contendiente Iván Cepeda Castro.

Aunque no proporcionó pruebas al respecto, aseguró que, presuntamente, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, estaría siendo contactado para fraguar la supuesta compra “masiva” de sufragios. “Están llamando a Benedetti porque Benedetti es un comprador de votos consuetudinario (...). Benedetti es un delincuente de la peor calaña”, dijo el aspirante de la derecha al medio de comunicación citado.

La información que recibió sobre el tema indica que, al parecer, se busca garantizar apoyos de manera irregular y, para ello, se cuenta con $60.000 millones que serían destinados a ese objetivo en el Caribe. Según De la Espriella, ya tiene un listado de nombres de personas que podría estar involucradas en estos hechos. “Tengo a los políticos y a los empresarios que, por departamento, se van a prestar para esa vagabundería”, aseveró.

Por un lado, afirmó que en Soledad, Atlántico, el supuesto comprador de votos sería el abogado y exsenador Eduardo Pulgar, mientras que en el Cesar estaría implicado el representante Ape Cuello. Por otro lado, un exsenador y primo de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, también estaría inmerso en ese plan de compra de votos.

“Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer”, dijo.

Daniel Briceño respaldó denuncia de De la Espriella

En conversación con la misma revista, el exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño reveló que, luego de que el candidato presidencial de la derecha informara sobre la presunta compra de votos, empezó a recibir denuncias al respecto. De acuerdo con las declaraciones que dio, la información que recibió involucra al primo de la primera dama del país.

“Desde que Abelardo puso ayer esto encima de la mesa y puso el nombre de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, la primera dama, me han comenzado a llegar muchas denuncias”, detalló.

Aseguró que los hechos irregulares se estarían presentando en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el departamento de Sucre. Hay personas que lo han contactado para decirle que, presuntamente, el grupo político de Mario Fernández Alcocer ejerce control en la institución y en la entidad del Estado.

Al parecer, las personas que integran ese grupo político estarían incidiendo en el despido de algunos trabajadores, poniendo cuotas y ejerciendo presión para que los ciudadanos voten por el candidato presidencial Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Además, algunos de los denunciantes alertaron sobre anomalías en otras entidades como el Banco Agrario y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“Mucha gente me llamó esta mañana a decirme: ‘Daniel, revisemos lo que está pasando en el Banco Agrario’. El Banco Agrario está controlado por el grupo político de Mario Fernández Alcocer, pero también me dijeron: ‘Controle la que ya comenzó a pasar en la ANI’, que también tiene como tal una incidencia y una influencia”, precisó.

Briceño aclaró que las denuncias no señalan como responsable directo a Fernández Alcocer, pero sí al grupo político que lo respalda. En consecuencia, le llamó la atención a Verónica Alcocer, a su primo y al presidente Gustavo Petro.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, el congresista electo celebró la decisión de Abelardo de la Espriella de denunciar los hechos.

“Gran acierto de Abelardo de la Espriella al denunciar sin filtros y públicamente a los politiqueros Pulgar, Mario Fernández Alcocer; la familia Calle, Ape Cuello y al Clan Torres, personajes a los que yo también he denunciado. Hay que apretarlos y quitarles el oxígeno”, señaló.

La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar se refirió a la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Su nombre figura en el listado desde octubre de 2025, por decisión del Gobierno de Donald Trump por contribuir con sus decisiones al fortalecimiento del narcotráfico. “Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, precisó el Departamento de Estado en su sitio web oficial.

La decisión de la administración Trump no gustó al presidente colombiano y las tensiones en los países se recrudecieron hasta que, en enero de 2026, los mandatarios conversaron por teléfono y posteriormente se reunieron en Washington D. C. El presidente de Estados Unidos aseguró que fue un “honor” haber dialogado con su homólogo colombiano y las relaciones bilaterales mejoraron, pero Gustavo Petro sigue estando en la Lista Clinton.

El presidente de Colombia ha solicitado en varias oportunidades que se le excluya del listado, advirtiendo que su aparición en él es injusto. Sin embargo, sus llamados no han surtido ningún efecto y, según explicó María Elvira Salazar, no generarán el resultado que espera.

“El presidente (Trump) es muy simpático y a veces utiliza palabras que se pueden interpretar de una manera u otra. Usted me acaba de decir que (Petro) está en la lista de la Ofac y a la misma vez lo recibieron en la Casa Blanca. Pero está en la lista de la Ofac y no lo van a quitar”, aseveró la legisladora norteamericana, en diálogo con el periodista de W Radio Juan Esteban Silva y otros medios de comunicación.

Asimismo, compartió la postura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de rechazar una supuesta injerencia del mandatario Gustavo Petro en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de junio en Colombia (segunda vuelta).

“Le están enviando un mensaje muy claro, el secretario de Estado, el señor Rubio, de que no interfiera con las elecciones de las próximas tres semanas. Eso es todo, más nada”, aclaró.

Gustavo Petro explicó por qué fue incluido en la Lista Clinton

En mayo de 2026, el primer mandatario colombiano se refirió a su inclusión en la lista de la Ofac, que le ha causado problemas en materia económica, con el fin de exponer lo que según él sería el motivo real por el que fue añadido al listado. Según indicó, la decisión del Gobierno de Donald Trump fue un acto de represalia por declaraciones que dio en su momento.

En ese pronunciamiento, explicó al jefe de Estado norteamericano que luchar por la equidad humana, el respeto a la diferencia y la diversidad cultural no implica la supresión de la cultura occidental. “Esa reacción violenta de quienes creen que se está aboliendo la cultura occidental porque surgen las inmensas diversidades culturales del mundo, y esa reacción violenta se traduce en misiles y en bebés muertos y en genocidios como el de Gaza”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que su forma de pensar y la expresión de sus ideas fueron suficientes para que Trump lo incluyera en la lista, bajo el argumento de que ha contribuido de alguna manera al fortalecimiento del tráfico de estupefacientes. “Y por eso estoy en la lista Ofac. No es por más, por decir estas palabras, pero en las Naciones Unidas y en Nueva York”, precisó.

Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se pronunció luego de que la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes concluyera su investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.

En la indagación preliminar se identificaron indicios sobre gastos que, al parecer, no fueron reportados debidamente por la campaña y anomalías en la destinación de recursos para testigos electorales. La corporación propuso cerrar el caso mediante una decisión inhibitoria, pero dos de los investigadores salvaron su voto, argumentando que hay elementos probatorios suficientes para llamar al jefe de Estado a indagatoria y para decretar la práctica de pruebas nuevas.

La expareja del hijo del presidente reaccionó en su cuenta de X, en la que informó que recurrirá a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara, a una de las altas cortes y a un organismo de control, con el fin de que se le permita rendir un testimonio. Aseguró que tiene información importante qué revelar en relación con la financiación de la campaña de Gustavo Petro.

“Le solicitaré a la a la comisión de acusaciones, Corte Suprema De Justicia, y Procuraduría que me escuchen para brindarles toda información sobre la campaña 2022″, escribió. Aseguró que también acudirá a Estados Unidos.

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