El Gobierno de Trump emitió una advertencia dirigida a los bancos estadounidenses, solicitando mayor vigilancia sobre las transacciones de empresas y personas vinculadas a clientes indocumentados.

El aviso, emitido este viernes 5 de junio, se produce después de que el presidente Donald Trump firmara en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos que examinen más de cerca la ciudadanía de sus clientes.

De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para reforzar las políticas migratorias y financieras, con el objetivo de detectar esquemas de fraude fiscal y lavado de dinero en Estados Unidos.

La orden instruye a los bancos a identificar movimientos sospechosos relacionados con la contratación y pagos a inmigrantes sin autorización laboral.

El Departamento del Tesoro sostiene que la intervención de las entidades financieras es esencial para combatir redes delictivas y proteger la integridad del sistema financiero de Estados Unidos. La medida no ordena excluir automáticamente a los clientes indocumentados, sino que enfatiza la vigilancia sobre patrones de riesgo identificados por las autoridades.

Riesgos detectados por el gobierno de Trump

La administración Trump atribuye la creación de un ambiente de robo de identidad, evasión de impuestos y transferencias ilícitas a la explotación de trabajadores indocumentados por ciertos empleadores.

Según FinCEN, estas prácticas otorgan ventajas injustas a negocios ilícitos en perjuicio de empresas legítimas, reducen los salarios y desvían fondos que deberían apoyar programas públicos. Para llevar a cabo estas actividades, los empleadores recurren con frecuencia a documentos falsos o al número de identificación fiscal individual (ITIN), lo que permite la apertura de cuentas bancarias y el acceso a servicios financieros sin la retención adecuada de impuestos federales y estatales.

FinCEN reportó la detección de más de 2.500 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas con fraude fiscal y trabajadores sin permiso de empleo, aunque no existen cifras independientes que confirmen este monto.

El aviso también hace referencia a la posible relación entre estos fondos ilegales y la financiación de organizaciones criminales trasnacionales, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas. Se menciona un caso concreto de pérdidas que superan los 38 millones de dólares para el Estado, aunque las autoridades no publicaron documentación específica sobre la asociación directa con redes criminales identificadas.

Reacciones, sectores afectados y detalles prácticos para bancos

El sector bancario fue notificado sobre estas directrices, que no implican la obligación de recopilar información específica sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de todos sus clientes. Associated Press señaló que los bancos estadounidenses nunca han recolectado sistemáticamente estos datos, y que los organismos reguladores, como la FDIC, la OCC y la NCUA, solo recomiendan reforzar los controles en presencia de señales de riesgo, como el uso del ITIN para abrir cuentas o solicitar servicios financieros.

La recomendación de las autoridades es que las instituciones financieras implementen procedimientos mejorados de debida diligencia cuando los clientes presenten un ITIN en lugar de un número de Seguro Social o un permiso válido de trabajo.

Como resalta el aviso oficial, el propósito de este enfoque es identificar señales de alto riesgo, prevenir esquemas ilícitos y garantizar el cumplimiento normativo, sin impulsar una exclusión masiva de usuarios indocumentados. El carácter no obligatorio de la medida surgió tras las presiones del sector financiero, que expuso el impacto en costos y trámites administrativos, según la AP.

El aviso conjunto incluye 18 señales de alerta que los bancos deben monitorear y reportar a las autoridades competentes. Además, se insta tanto a ciudadanos como a empleados bancarios a notificar posibles casos de empleadores que faciliten la contratación irregular de inmigrantes.

En la conclusión de la notificación, la Casa Blanca reafirma su intención de fortalecer todas las acciones necesarias para proteger las instituciones financieras frente al uso fraudulento resultante de la migración sin autorización y la complicidad empresarial, priorizando la defensa del patrimonio público y de quienes operan de acuerdo con la ley.

Un juez federal de Rhode Island anuló el viernes políticas de la administración Donald Trump que habían suspendido el asilo y frenado trámites migratorios para personas de 39 países, al concluir que dejaron a miles de inmigrantes en Estados Unidos en un limbo legal y alteraron su posibilidad de trabajar, regularizar su situación y planificar su permanencia en el país.

En una opinión de 135 páginas, el juez federal John J. McConnell Jr. sostuvo que muchas de las personas afectadas seguían, más de 6 meses después, sin empleo, sin estatus legal y sin una capacidad real de organizar su futuro.

Según CBS News, el magistrado remarcó que los inmigrantes alcanzados “presentaron la documentación correspondiente, pagaron las tasas requeridas, se sometieron a la toma de datos biométricos solicitada y asistieron a las entrevistas presenciales necesarias”.

McConnell invalidó una serie de medidas promulgadas el año pasado y aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Según CBS News, el juez concluyó que, al implementar las políticas, la agencia “reclama autoridad estatutaria y regulatoria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe ofrecer; actúa sin considerar los intereses de quienes dependen del trámite; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que enmascaran sentimientos antiinmigrantes que tiene prohibido dejar que influyan en su toma de decisiones”.

El núcleo de la resolución fue directo: las políticas suspendieron de forma global las solicitudes de asilo presentadas ante USCIS y paralizaron expedientes de beneficios migratorios de personas procedentes de los países alcanzados por la prohibición de viaje del presidente. Eso impidió que los afectados accedieran a la residencia permanente, la ciudadanía estadounidense y otros beneficios.

La decisión judicial se conoció después de que USCIS levantara parcialmente, en marzo, el freno a las decisiones de asilo para la mayoría de las nacionalidades, pero mantuviera el bloqueo para ciudadanos de los 39 países incluidos en la lista vinculada a la prohibición de viaje, según CBS News.

El alcance de las suspensiones y el criterio del juez

McConnell escribió que las medidas para excluir del sistema migratorio a solicitantes de asilo que sí eran elegibles y negar a otros permisos de trabajo temporales habían vuelto casi imposible que una parte amplia de esa población pudiera permanecer en Estados Unidos.

En su resolución, agregó que la restricción “puso en suspenso la vida de innumerables personas, simplemente por el hecho de ser de su país de origen”.

Según el juez, las suspensiones violaron las leyes de inmigración que regulan las responsabilidades de USCIS. También afirmó que la agencia aplicó la ley de manera sistemáticamente desigual bajo esas políticas.

El magistrado incorporó además una crítica al argumento repetido en el debate público. Escribió que se afirma que, si las personas desean inmigrar a Estados Unidos, deben “cumplir la ley” y “hacer las cosas correctamente”, y sostuvo que el expediente mostraba un ejemplo de inmigrantes que actuaron de esa forma y, aun así, quedaron atrapados por un congelamiento general.

El antecedente: un ataque en Washington y el giro en la política migratoria

Las políticas fueron anunciadas en noviembre, poco después de que las autoridades informaran que un ciudadano afgano había disparado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington. Según CBS News, el sospechoso había llegado a Estados Unidos en 2021 y había recibido asilo en 2025.

Según Los Angeles Times, diario estadounidense, tras ese episodio el gobierno impulsó un conjunto amplio de cambios orientados a restringir vías de inmigración legal, con impacto sobre solicitantes de asilo y sobre personas de países clasificados como “de alto riesgo”.

En esa cobertura, el medio citó un mensaje de Joseph Edlow, director de USCIS, quien afirmó: “La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial. La seguridad estadounidense no es negociable”.

Los Angeles Times también citó a Sharvari Dalal-Dheini, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, quien sostuvo: “Creo que la administración tomó un incidente y lo politizó como una forma de cerrar incluso la inmigración legal”.

La demanda y la respuesta de las partes

La demanda fue impulsada por grupos de inmigrantes y sindicatos. La paralización de los expedientes hizo que muchos inmigrantes que ya estaban dentro de Estados Unidos quedaran a la espera indefinida de una decisión sobre sus solicitudes.

Según el fallo, esa demora interrumpió su capacidad para trabajar legalmente y alimentó la incertidumbre sobre si podrían seguir en el país.

Democracy Forward, la organización legal sin fines de lucro que ayudó a representar a los demandantes, celebró la decisión. Su presidenta, Skye Perryman, declaró: “Este fallo reafirma un principio: el gobierno federal no puede cerrar las vías de inmigración legales ni discriminar a las personas por su origen”.

Desde el Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional cuestionó el razonamiento del juez. Según CBS News, James Percival, asesor legal general del organismo, afirmó que la estrategia de atribuir “animadversión” como motivación de políticas migratorias funciona como “sabotaje vestido de ropa legal” y criticó que se use esa lógica para invalidar decisiones de la administración.

La comisión de Coral Gables aprobó el martes, por unanimidad, una propuesta de la vicealcaldesa Rhonda Anderson para imponer nuevas restricciones a los robots de reparto de comida que circulan por las aceras.

La medida avanzó pese a un límite clave: por la ley estatal, la ciudad no puede prohibir estos dispositivos ni fijar cuántos operan, porque en Florida están amparados para transitar por la vereda con derechos equiparables a los de un peatón.

Coral Gables fijó un paquete de reglas que busca reducir riesgos para peatones y, en particular, para personas con discapacidad.

La norma estableció un tope de velocidad de 11 km/h en aceras, la obligación de ceder “siempre” el paso y una restricción para evitar que los equipos conviertan el espacio público en un punto de espera: no podrán permanecer detenidos en aceras, cunetas o vías públicas por más de 30 minutos, salvo durante tareas de recogida o entrega.

La iniciativa recibió el apoyo del alcalde Vince Lago y de los comisionados Melissa Castro, Ariel Fernández y Richard Lara, según la cobertura de Miami Herald y el resumen publicado por Patch.

También quedó abierto un frente adicional: los comisionados debatieron la publicidad exhibida en los robots y plantearon desde restricciones de contenido hasta la posibilidad de eliminarla, una opción a la que la empresa no adhirió.

Un intento de control local en un marco estatal restrictivo

La discusión de fondo, planteada en la reunión, fue hasta dónde puede llegar el municipio sin chocar con la legislación estatal. Anderson sostuvo que el problema ya no es una molestia menor, sino un asunto de seguridad y accesibilidad.

Dijo que los robots avanzan sin apartarse, que dejan poco o ningún margen de paso para cochecitos de bebé, andadores y sillas de ruedas, y que esa dinámica puede empujar a una persona fuera de la acera hacia el tránsito.

“El mayor problema aquí es que estos robots no ceden el paso a los peatones. No se apartan para dejar pasar a las personas con discapacidad”, afirmó Anderson. “Bloquean completamente la acera e incluso cuando la acera es más ancha, se colocan justo en el centro”.

La vicealcaldesa añadió que el peso de estos equipos también implica un riesgo físico: “Son vehículos pesados. Pueden atropellar a un niño, y si no ceden el paso a los adultos, tampoco lo harán a los niños”, sostuvo durante la sesión.

En la misma línea, Stephanie Throckmorton, fiscal adjunta de la ciudad, ubicó el caso en un tablero regional: señaló que Coral Gables se convirtió en la segunda ciudad del condado de Miami-Dade en establecer restricciones de este tipo, después de Miami Beach, mientras la ciudad de Miami estudiaba medidas similares, de acuerdo con lo informado por Miami Herald.

Qué obliga la ordenanza: velocidad, prioridad peatonal y tiempos de detención

El texto aprobado se concentró en reglas operativas. Impuso una velocidad máxima de 11 km/h para el tránsito por aceras y obligó a los robots a ceder el paso a los peatones, una condición que Anderson presentó como central para proteger el desplazamiento de personas con discapacidad y evitar que el peatón sea quien tenga que apartarse.

El tercer punto fue el tiempo de detención. Según lo aprobado por la comisión, los robots no podrán permanecer estacionados en aceras, cunetas o vías públicas por más de 30 minutos, salvo durante tareas de recogida o entrega.

La regla intentó evitar que los equipos queden inmóviles en sectores transitados o que se acumulen como “puntos de espera” en la vía pública.

La ciudad otorgó a Serve Robotics un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas reglas. Con ese esquema, Coral Gables buscó un equilibrio: no bloquear el funcionamiento de una tecnología permitida por la ley estatal, pero imponerle parámetros para que su operación no altere la circulación peatonal.

Como antecedente, Coral Gables Magazine ya había consignado en abril que la comisión votó 5-0 para fijar reglas a los robots de reparto en el área céntrica, con foco en situaciones de bloqueo de veredas y en la obligación de no obstruir rampas vinculadas a accesibilidad.

La posición de Serve Robotics y el choque por la publicidad

En la reunión participó Yariel Díaz, director de accesibilidad y director de relaciones gubernamentales de Serve Robotics, quien defendió el sistema y explicó su operación.

Señaló que los robots son, en su mayoría, autónomos, pero que están bajo supervisión remota constante de un operador humano mediante cámaras y sensores, con capacidad de intervención.

Díaz justificó que los dispositivos se desplacen por el centro de la acera, una práctica que, según dijo, reduce el riesgo de choques con puertas de autos que se abren o con personas que irrumpen desde la calle.

También respondió a la crítica sobre la falta de maniobra ante peatones y describió qué ocurre cuando el robot no puede resolver una situación de forma inmediata.

“Si se encuentra en una situación en la que no puede moverse rápidamente, se detendrá para permitir que el supervisor remoto determine cuál debería ser el siguiente paso”, explicó Díaz. Agregó que, al llegar a un cruce, el robot se alinea y espera “dos o tres ciclos” de semáforo antes de avanzar para asegurar que los peatones crucen primero.

Anderson objetó ese enfoque porque, según planteó, un robot detenido en el medio de la acera puede transformarse en una barrera para una persona en silla de ruedas.

“Eso supone una barrera para la accesibilidad. Claramente viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y debe solucionarse”, dijo al describir un escenario en el que el peatón no tiene margen para seguir avanzando.

No todos los comisionados describieron el mismo comportamiento de los dispositivos. Castro y Fernández manifestaron que preferían postergar la votación para una próxima reunión y dar más tiempo a la empresa para mostrar los equipos y responder preguntas. Fernández indicó que, en su experiencia, los robots sí se detuvieron para dejarlo pasar.

Anderson rechazó una nueva postergación. “Esto ya se ha pospuesto lo suficiente”, afirmó, y sostuvo que llevaba meses de conversaciones con la empresa sin ver mejoras.

El debate incluyó la velocidad. Anderson quería inicialmente fijar un límite de 6 mph (9,66 km/h); la empresa consideró que 8 mph eran necesarias para su eficiencia operativa.

Finalmente, Anderson aceptó 7 mph por sugerencia de Lago, equivalentes a los 11 km/h que se incorporaron al texto aprobado.

La publicidad en los robots también tensó la discusión. Joseph Salzverg, lobista que representó a Serve Robotics, sostuvo ante los comisionados que Coral Gables era una “jurisdicción prioritaria” y se mostró dispuesto a trabajar para reducir problemas de seguridad y accesibilidad, pero descartó renunciar a ingresos publicitarios por lo que calificó como preocupaciones “abstractas” sobre los anuncios.

Según la información expuesta en la reunión, el único anuncio que se vio hasta ahora en robots que operan en Coral Gables fue una pegatina de Desdentado, el dragón de la película de Disney de 2.025 Cómo entrenar a tu dragón. Díaz agregó que la empresa tenía interés en ofrecer publicidad gratuita a ciudades y organizaciones sin fines de lucro.

La contaminación del aire en Estados Unidos volvió a aumentar por el avance del humo de incendios forestales, un cambio que ya empezó a revertir más de una década de mejoras en la calidad del aire y que se asoció con un impacto medible en salud pública.

Un estudio publicado el jueves en la revista Science estimó que, si el humo sigue creciendo al ritmo actual, Estados Unidos podría volver en 20 años a niveles de contaminación similares a los de 2003.

El trabajo, liderado por el científico atmosférico Weizhi Deng, de la Universidad de Iowa, una universidad pública de investigación de Estados Unidos, reconstruyó la evolución nacional del ozono troposférico a nivel del suelo y vinculó el repunte con el aumento del humo.

Según sus cálculos, desde 2013 el deterioro se asoció con 318 muertes adicionales por año en Estados Unidos, atribuibles a la exposición al ozono troposférico a nivel del suelo, un contaminante que irrita las vías respiratorias y daña los pulmones.

El análisis ubicó el quiebre de tendencia después de 2015, cuando incendios cada vez más grandes y persistentes empezaron a alterar el descenso nacional que se había logrado con controles sobre emisiones de origen humano.

Para los autores, el mensaje central es que parte del progreso regulatorio acumulado durante 20 años un factor neutralizó, y no se resolvió solo con límites a centrales eléctricas, vehículos y motores diésel.

El ozono troposférico fue el indicador del retroceso

Entre 2003 y 2015, el nivel nacional de contaminación atmosférica cayó 11%, de acuerdo con el estudio, en un período en el que entraron en vigor regulaciones federales más estrictas sobre fuentes industriales y el transporte.

Esa caída, precisó el trabajo, reflejó un descenso de emisiones de sustancias químicas vinculadas a la contaminación generada por el ser humano y acompañó la expansión de estándares técnicos más exigentes para sectores con alto peso en el inventario de emisiones.

A partir de 2015, el comportamiento cambió: con el aumento del humo de los incendios forestales, el ozono troposférico promedio a nivel del suelo subió 4%, según Deng.

Ese incremento quebró la trayectoria descendente que predominó durante años y, según los autores, se volvió un componente relevante para explicar por qué el promedio nacional dejó de mejorar pese a la continuidad de reglas orientadas a recortar emisiones humanas.

El estudio se concentró en el ozono troposférico porque funciona como un marcador de la calidad del aire a nivel de superficie y porque su presencia cerca del suelo se asocia con efectos respiratorios.

En ese marco, el trabajo vinculó el repunte con un aumento de riesgo sanitario, no como una afirmación abstracta sino a partir de estimaciones construidas con estudios epidemiológicos previos que comparaban mortalidad en contextos de aire más limpio y más contaminado.

Para cuantificar ese impacto, el equipo se basó en literatura epidemiológica existente y aplicó esos resultados a la evolución del ozono estimada para el período analizado.

Incendios y clima: el factor que desordenó el equilibrio regulatorio

La conclusión principal fue que los incendios forestales anularon una parte del beneficio obtenido durante dos décadas de controles sobre emisiones humanas.

El país logró reducir la contaminación asociada a fuentes industriales y al transporte, pero el crecimiento del humo introdujo un componente adicional capaz de revertir el resultado positivo, incluso cuando las políticas se mantuvieron orientadas a limitar los contaminantes que provienen de actividades económicas.

Meng Zhou, coautora del estudio e investigadora de incendios forestales de la Universidad de Iowa, resumió el punto central: “Durante los últimos 20 años, mediante regulaciones, hemos logrado reducir las emisiones de sustancias químicas que provocan la contaminación atmosférica causada por el ser humano. Sin embargo, debido a los incendios forestales, todos esos esfuerzos se vieron anulados”.

Los científicos señalaron que el cambio climático tuvo una responsabilidad importante en el proceso, aunque no toda. En el marco del artículo, esa mención funcionó como un elemento explicativo dentro de un conjunto más amplio de condiciones que favorecieron incendios de mayor escala, temporadas más exigentes y humo más persistente en la atmósfera, con consecuencias sobre la exposición cotidiana al aire contaminado.

Esa estimación, atribuida a Weizhi Deng, colocó el problema en un horizonte temporal que excede una temporada de incendios y obliga a mirar tendencias de largo plazo. En términos prácticos, sugirió que el país podría enfrentar retrocesos sostenidos en indicadores de calidad del aire si el humo mantiene su influencia sobre el ozono a nivel del suelo.

Cómo estimaron la contaminación en todo el país

Los autores subrayaron un límite estructural para medir la calidad del aire: la cobertura parcial de los puntos de monitoreo. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la red de monitores no alcanza a describir con detalle el territorio completo, en parte porque se concentra en áreas urbanas donde históricamente se instalaron más estaciones por densidad de población y demanda regulatoria.

El estudio precisó que esos dispositivos cubren solo el 2% del territorio nacional y están ubicados principalmente en ciudades. Esa distribución deja áreas extensas con menor densidad de medición directa, un problema clave si el objetivo es evaluar cómo se movió el ozono a escala nacional y cómo se relacionó con el humo de incendios.

Para los autores, esa brecha de observación complicó durante años una lectura fina de lo que ocurría fuera de los corredores urbanos.

Para compensar esa limitación, Deng y su equipo combinaron observaciones de los monitores con datos satelitales, información sobre contaminación, registros meteorológicos y modelos, de acuerdo con el artículo publicado en Science.

Después utilizaron inteligencia artificial para construir una base de datos nacional con estimaciones consistentes de niveles de ozono troposférico, integrando variables que ayudan a explicar su formación y dispersión.

Esa reconstrucción permitió estimar la contaminación con una resolución espacial de algo más de medio kilómetro, equivalente a media milla, según el estudio.

Con ese nivel de detalle, los investigadores vincularon el aumento del humo de incendios con el deterioro reciente de la calidad del aire y ubicaron el cambio de tendencia posterior a 2015 como un punto de inflexión en la serie nacional, al mostrar un repunte donde antes había descensos.

A partir de esa base, el trabajo sostuvo que parte de la mejora conseguida entre 2003 y 2015 —reflejada en la caída de 11 %— quedó parcialmente revertida por el aumento posterior del ozono a nivel del suelo —4 %—, en un contexto donde el humo de incendios elevó la exposición a contaminantes. Según los autores, esos avances pueden perderse si el humo sigue influyendo en los promedios nacionales de ozono.

Las ofertas de empleo en Estados Unidos subieron a 7,6 millones en abril, 731.000 más que en marzo y su nivel más alto desde mayo de 2024, según el informe JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El repunte de vacantes no despejó la principal inquietud de los buscadores de empleo: en abril cayeron las contrataciones a 5,12 millones de contrataciones, 419.000 menos que en marzo, con una tasa de contratación de 3,2%, y la mejora en el volumen de avisos no se tradujo en más gente entrando a un puesto.

El informe también señaló que, por primera vez desde junio del año pasado, hubo más vacantes abiertas que personas desempleadas que buscaban trabajo. Ese cruce, que suele leerse como señal de demanda sostenida de personal, coexistió con un mercado menos ágil para cerrar búsquedas: más anuncios no implicaron más altas efectivas en las nóminas.

El salto de abril se concentró en servicios profesionales y empresariales

La Oficina de Estadísticas Laborales detalló que más del 90% del aumento total de vacantes de abril se concentró en un solo sector: servicios profesionales y empresariales, que sumó 668.000 nuevos puestos abiertos.

En ese grupo se incluyen consultorías, firmas de contabilidad, servicios tecnológicos, recursos humanos y marketing, áreas donde la demanda puede responder tanto a proyectos específicos como a necesidades permanentes de soporte y operación.

Otros rubros ampliaron su demanda laboral con incrementos menores. Salud y servicios sociales agregaron 37 mil vacantes, con una mayor necesidad de personal en cuidado residencial y atención de salud a domicilio, según el BLS.

Transporte y almacenamiento incorporó 30 mil puestos abiertos, impulsados por mensajería, logística y paquetería.

El informe también registró avances en construcción, en un contexto vinculado al desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial en distintos estados, de acuerdo con el texto fuente. En comercio minorista, el BLS informó un incremento de 22 mil vacantes.

La distribución sectorial mostró el tipo de demanda que creció con más fuerza: ocupaciones asociadas a servicios, cuidado, logística y tecnología. El texto fuente indicó que, históricamente, la participación de trabajadores hispanos fue alta en varios de esos segmentos, un punto para medir el impacto social de la evolución del empleo.

Contrataciones a la baja y procesos más lentos para cubrir puestos

La caída de las contrataciones en abril funcionó como el principal contraste frente a la suba de vacantes. Con 5,12 millones de incorporaciones y una tasa de contratación de 3,2%, el mercado mostró señales de continuidad en una dinámica que prioriza la publicación de búsquedas sin el mismo ritmo para cerrarlas.

En la práctica, ese desajuste puede estar asociado a decisiones empresariales más cautelosas, con procesos de selección más extensos, filtros más exigentes y revisiones presupuestarias que demoran la confirmación de una vacante, en un mercado donde la demanda existe pero la contratación opera con fricción.

Nick Bunker, director de investigación económica de Indeed, dijo a CNBC: “El informe pinta un mercado laboral caracterizado por bajas contrataciones y bajos despidos, una tendencia que ha persistido desde principios de 2025”.

Salarios: avance nominal y retroceso real frente a la inflación

En materia de ingresos, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el salario promedio por hora llegó a USD 37,41 en abril de 2026, un aumento interanual de 3,6%. Con una semana laboral estándar de 34,3 horas, esa cifra equivale a unos USD 1.283 por semana antes de impuestos.

El BLS indicó además que, ajustado por inflación, el salario real cayó 0,3%.

Ese dato permitió poner en contexto la lectura del mercado: incluso con vacantes en alza, la capacidad de compra del ingreso promedio mostró un deterioro en la comparación anual.

El texto fuente agregó que, en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, una familia de cuatro necesita más de USD 7.000 al mes para cubrir gastos básicos. En ese marco, una suba nominal del salario puede resultar insuficiente para modificar la situación cotidiana de los hogares si el costo de vida sigue presionando.

El mismo material también precisó la evolución reciente de la variación anual: 3,7% en enero, 3,8% en febrero y 3,5% en marzo. La secuencia mostró cambios en el ritmo de crecimiento salarial y reforzó la idea de un escenario donde los ingresos no avanzaron de forma lineal.

Desempleo hispano en 5,0% y expansión del trabajo parcial involuntario

La tasa general de desempleo se mantuvo en 4,3% en abril de 2026, pero el desempleo hispano subió a 5,0%, según el informe del BLS. El texto fuente atribuyó esa brecha a dos factores.

Por un lado, señaló la concentración de trabajadores hispanos en empleos del sector público. En esa línea, el texto fuente sostuvo que el gobierno federal eliminó cerca de 271 mil puestos desde octubre de 2024, una caída del 9%, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, describió la expansión del trabajo parcial por razones económicas. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que cerca de 4,7 millones de personas trabajaron a tiempo parcial sin haberlo elegido, una situación que afecta con mayor intensidad a quienes dependen de ocupaciones de bajos ingresos y no logran acceder a empleos de jornada completa.

American Airlines anunció que cancelará temporalmente 6 rutas en agosto y septiembre por el alza del combustible para aviones, un incremento que la compañía vinculó con la guerra en Irán.

En declaraciones a la cadena estadounidense CBS News, la aerolínea aclaró que se trata de un ajuste en “rutas selectas” y que no habrá suspensiones permanentes dentro de este recorte.

El cambio afectará conexiones domésticas específicas y, según la empresa, busca contener costos operativos en un momento en el que el jet fuel volvió a ocupar el centro de la ecuación financiera del sector.

Analistas citados por CBS News estiman que el combustible representa entre el 25% y el 30% de los costos totales de una aerolínea. Una suba sostenida suele forzar decisiones rápidas: ajustes de capacidad, revisión de rutas con menor demanda o medidas comerciales para sostener márgenes.

Un portavoz de American Airlines sostuvo en un comunicado que la medida tiene carácter estacional y no supone un repliegue definitivo. “No suspenderá ninguna ruta de forma indefinida como parte de este ajuste”, señaló.

Las 6 rutas que se suspenderán

De acuerdo con la información difundida por la aerolínea, las cancelaciones temporales abarcan los siguientes vuelos sin escalas:

Los Ángeles–Cleveland

Los Ángeles–Columbus

Los Ángeles–Pittsburgh

Los Ángeles–Washington Dulles

Charlotte–Ontario

Charlotte–Sacramento

La empresa indicó que los recortes serán temporales y no implican la eliminación definitiva de esos servicios; para los pasajeros, el impacto principal será la pérdida de la opción directa en esos tramos durante el período afectado, con posibilidad de viajar mediante conexiones o reprogramaciones, según disponibilidad.

Qué hará American con los pasajes ya emitidos

La aerolínea afirmó que ofrecerá opciones a quienes ya compraron tickets para los vuelos alcanzados por el recorte. Entre las alternativas, prevé reubicar a los pasajeros en otro vuelo o realizar un reembolso, en línea con su política de cambios de horario.

Para el viajero, eso puede traducirse en una reprogramación con escalas, en una modificación de horarios o en la necesidad de elegir un aeropuerto alternativo.

Combustible más caro y presión sobre la industria

La guerra en Irán alteró el mercado energético y añadió tensión sobre el precio del petróleo y sus derivados, con impacto en el costo del combustible aeronáutico.

Ese encarecimiento se refleja en indicadores del mercado: la serie de precios spot de combustible tipo queroseno en la costa del Golfo de Estados Unidos ubicó ese valor en USD 3,817 por galón estadounidense (3,785 litros) para el 26 de mayo de 2026.

El impacto también fue cuantificado por el gobierno federal. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés; Departamento de Transporte) informó que las aerolíneas del país gastaron poco más de USD 5.060 millones en combustible para aviones en marzo, frente a USD 3.230 millones en febrero, un aumento del 56,4%.

El informe también registró un costo de USD 3,13 por galón estadounidense (3,785 litros) en marzo, USD 0,74 más que en febrero.

Para las compañías, el salto del combustible no es solo una suba de costos: cambia la lógica de cada ruta. Tramos con tarifas bajas o con ocupación insuficiente pueden pasar rápidamente de ser sostenibles a volverse deficitarios, especialmente si compiten con aerolíneas de bajo costo o si no tienen tráfico corporativo que pague tarifas más altas.

Medidas similares en otras aerolíneas

American Airlines no quedó sola en la lista de ajustes. En Estados Unidos, Delta Air Lines incrementó sus tarifas de equipaje, según informó CBS News.

En Europa, KLM Royal Dutch Airlines y Lufthansa también comunicaron recortes de rutas por el mismo motivo, en una señal de que la presión del combustible no se limita a un mercado.

El patrón es consistente: cuando el jet fuel se encarece, el sector suele responder combinando decisiones comerciales con recortes de capacidad. Algunas aerolíneas optan por subir precios; otras eligen proteger su operación principal y recortar rutas más expuestas.

Los jubilados de Estados Unidos que cobran la Seguridad Social podrían sufrir un recorte promedio de USD 500 al mes si el fondo fiduciario de jubilación del programa entra en insolvencia a fines de 2032 y el Congreso no aprueba una reforma, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

El centro de estudios estimó que el ajuste equivaldría a un recorte del 24% en el pago típico y que afectaría entre el 10% y el 23% de la población de cada estado.

La advertencia llegó a días de la publicación del próximo informe anual de los fideicomisarios de la Administración del Seguro Social, el documento técnico que actualiza las proyecciones de solvencia del sistema.

Una insolvencia no implicaría que los beneficiarios dejen de cobrar por completo. El fondo fiduciario funciona como una reserva que cubre la diferencia entre los ingresos del programa y sus obligaciones de pago; cuando se agota, el sistema continúa recaudando el impuesto sobre la nómina y puede seguir pagando, pero con prestaciones reducidas, salvo que una ley modifique el esquema de financiamiento.

Según el informe, “ningún estado se libraría de los efectos potencialmente devastadores de la insolvencia”. Calculó que los mayores recortes mensuales promedio se concentrarían en Connecticut (USD 556), Nueva Jersey (USD 554) y Nuevo Hampshire (USD 553).

También figuran Delaware (USD 549), Maryland (USD 541), Washington (USD 531), Minnesota (USD 530), Massachusetts (USD 527), Míchigan (USD 523) y Utah (USD 523), según el mismo análisis.

Qué presiona al fondo y qué sucede cuando se agota

La brecha entre ingresos y egresos del programa se amplió a medida que se retiró la generación del "baby boom" (el auge de natalidad de la posguerra) y aumentó la cantidad de beneficiarios. Ese proceso elevó el gasto anual y obligó a usar la reserva del fondo fiduciario para sostener el pago completo de prestaciones.

El punto de inflexión llega cuando la reserva se termina. En ese escenario, el sistema no queda sin fondos, pero pierde el colchón que permite pagar el 100% de los beneficios programados. Según el comité, el recorte sería automático porque, por diseño, el programa no puede desembolsar más de lo que recauda una vez agotadas las reservas.

La referencia técnica de este debate es el informe de fideicomisarios. En su último reporte anual disponible, publicado el 18 de junio de 2025, la Administración del Seguro Social proyectó que el fondo OASI quedaría sin reservas en 2033 y que, desde entonces, el programa podría pagar el 77% de las prestaciones con sus ingresos dedicados.

La fecha 2032 en la discusión pública

El nuevo análisis del comité se difundió antes de la salida del próximo reporte de fideicomisarios, que debe actualizar el cronograma de solvencia.

Según informó CBS News, la Administración del Seguro Social movió la fecha de agotamiento de OASI a fines de 2032 y atribuyó el cambio al efecto de la Ley One Big Beautiful Bill sobre la tributación de las prestaciones.

Esa diferencia de fechas es relevante por su impacto político: acorta el margen para que el Congreso discuta medidas e instala un horizonte de recorte automático si no hay acuerdo legislativo. El comité subrayó ese punto al remarcar que la reducción prevista no sería selectiva, sino generalizada.

La variación entre estados se explica por el nivel promedio de prestaciones. Un recorte porcentual uniforme se traduce en montos distintos: en los estados con cheques promedio más altos, la pérdida mensual estimada es mayor. El informe ubicó a Connecticut, Nueva Jersey y Nuevo Hampshire en la parte alta de la tabla, con recortes promedio superiores a USD 550.

El comité también estimó la penetración territorial del impacto: entre el 10% y el 23% de la población de cada estado quedaría alcanzada, un rango que refleja diferencias demográficas y el peso del programa en la estructura de ingresos de los hogares.

Dependencia del ingreso y opciones sobre la mesa

La posible reducción llegaría a un universo de beneficiarios que, en muchos casos, organiza su economía doméstica alrededor de ese pago mensual. Según una encuesta de la Liga de Ciudadanos Mayores, el 73% de los jubilados depende de la Seguridad Social para obtener más de la mitad de sus ingresos y el 39% la señaló como su fuente total de ingresos.

El debate sobre cómo evitar el ajuste automático vuelve a girar sobre cambios en ingresos, gastos o ambos. Una de las propuestas mencionadas en el análisis es eliminar el tope de ingresos sujeto al impuesto sobre la nómina, que hoy exime de tributar a la Seguridad Social cualquier ingreso que supere los USD 184.500.

Al describir el escenario, según retomó The Independent, el deterioro del vínculo entre trabajadores aportantes y retirados que cobran es una de las tensiones estructurales que explican por qué el fondo se acerca al límite.

A una semana del comienzo de la Copa Mundial 2026, estafadores duplicaron intentos de robo vinculados con la compra de entradas mediante páginas falsas y mensajes con supuestas promociones, según Check Point Technologies, firma de ciberseguridad que monitorea campañas de fraude digital.

La empresa informó que, desde el arranque de la venta de entradas, la cifra de sitios clonados detectados pasó de 4.300 al doble y “sigue en aumento”.

El salto se concentró en el registro de tres nuevos dominios solo en las primeras dos semanas de mayo, de acuerdo con Check Point Research, la unidad de investigación de la compañía.

El FBI, a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), emitió una alerta pública el 27 de mayo de 2026 sobre actores que suplantan sitios vinculados a FIFA para robar información personal y vender entradas o paquetes de hospitalidad falsos.

Según Check Point Research, la preparación de estas campañas se reflejó en el volumen de dominios vinculados a palabras clave del torneo: en abril de 2026 se registraron nueve dominios con referencias a “FIFA” o “World Cup”, y a inicios de mayo la proporción llegó a uno de cada 41 dominios confirmados como sospechosos o maliciosos. El informe sostuvo que la infraestructura fraudulenta se monta con anticipación y se activa cuando la demanda se intensifica.

Qué advierten los especialistas

Augusto Morales, de Check Point Technologies, explicó que los cibercriminales apelan a la misma fórmula: descuentos, boletos de acceso a estadios, mercancía, plataformas de apuesta y supuestos servicios de pago. El objetivo, remarcó, es “robar información y los datos personales de los usuarios”.

Sitios clonados, dominios parecidos y ofertas que apuran

La primera capa del engaño suele ser un dominio que “parece” oficial. El FBI advirtió que los atacantes imitan la dirección legítima con una letra cambiada o con extensiones distintas, y que también registran variantes que incluyen palabras como “ticket”, “jobs” o “career” para aprovechar búsquedas de entradas o empleo asociado al torneo. El riesgo aumenta cuando el usuario llega desde anuncios o resultados patrocinados y no desde una ruta verificada.

La segunda capa aparece en el contenido: páginas con estética profesional, logotipos, menús y flujos de compra que simulan un proceso real. En ese recorrido, el usuario termina en formularios que piden nombre completo, correo, teléfono, dirección y datos de pago.

En otras variantes, el objetivo son credenciales: el sitio induce a “iniciar sesión” o “verificar la cuenta” y captura contraseñas u otros datos de acceso.

En su monitoreo, Check Point Research identificó ejemplos de dominios que imitaban tiendas asociadas al torneo y ofrecían rebajas agresivas, como “80% off” y “free shipping (envío gratis)”. En esos casos, el descuento funciona como gancho y el apuro como presión: “últimos cupos”, “últimas horas” o “compra ya”.

El resultado es el mismo: lograr que la persona entregue información antes de chequear si el dominio pertenece a un canal oficial.

Qué buscan robar y qué puede pasar después

Morales sostuvo que el robo no siempre se expresa como un cargo fraudulento inmediato. Parte de las campañas apunta a datos personales, que luego se reutilizan en ataques dirigidos o intentos de suplantación. Otras buscan credenciales para tomar control de cuentas, cambiar contraseñas y bloquear al titular.

En informes citados por el sitio especializado TechRadar, especialistas describieron campañas que atraen víctimas con anuncios en redes sociales y las conducen a páginas falsas con botones de compra y pantallas de pago diseñadas para capturar información financiera.

La advertencia del FBI también advirtió que los sitios suplantados pueden usarse para múltiples fines: desde venta de entradas inexistentes hasta recolección de datos bancarios.

La agencia señaló que el repertorio incluye variantes que copian el dominio con mínimos cambios, un método típico de typosquatting (suplantación por error tipográfico) que depende de un error de escritura o de una lectura apurada de la URL.

IA, volumen y velocidad de las campañas

Morales advirtió sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en estas operaciones: “Esto significa que los cibercriminales están activamente utilizando la IA para aprovecharse de sus capacidades y expandir los ciberataques a otras fronteras que antes hubieran tomado muchísimos recursos”.

El cambio es de escala. La automatización permite multiplicar versiones de un mismo mensaje, adaptar textos por cada país y montar dominios con rapidez. Check Point Research describió este punto como un acelerador: más páginas, más variaciones, más intentos. En la práctica, eso eleva la tasa de exposición del público y reduce el margen de reacción entre la aparición del sitio y su eventual baja.

Cómo protegerse: rutas oficiales y dudas ante la urgencia

Como medida de prevención, Morales recomendó recurrir a canales oficiales: “Hay varias maneras. La más importante es irse a estos canales oficiales de la FIFA, por ejemplo, de las ciudades también”. La recomendación coincide con la del FBI: para bajar el riesgo, conviene escribir la dirección oficial directamente en el navegador y evitar rutas indirectas desde anuncios o enlaces no solicitados.

El especialista también sugirió desconfiar de mensajes que llegan por aplicaciones de mensajería con ofertas o tono de urgencia. “Es mejor dudar si recibimos mensajes de Telegram, WhatsApp, iMessage que nos están diciendo que hay promoción”, dijo, y agregó que los textos suelen incluir frases como “80% compra ya” y “free shipping (envío gratis)”.

En términos prácticos, el primer control es revisar el dominio completo antes de cargar datos. El segundo es desconfiar de descuentos extremos en mercancía supuestamente oficial o de ofertas que exigen pagar por fuera de un canal validado. El tercero es frenar la presión: si el mensaje insiste en que “se termina ya”, ese apuro suele ser parte del engaño.

La alerta del FBI también pidió evitar compartir información sensible si no hay certeza sobre la legitimidad del sitio y recomendó usar marcadores (favoritos) para ingresar a páginas de inicio de sesión.

Con el torneo en cuenta regresiva, Check Point sostuvo que la cifra de sitios clonados detectados pasó de 4.300 al doble y que “sigue en aumento”.

Casi 100 médicos de Nueva York enviaron una carta a legisladores estatales en Albany para que el estado obligue a las cadenas de restaurantes a incluir advertencias visibles en los menús cuando un plato supere los límites diarios recomendados de sodio o de azúcares añadidos.

En el mismo pedido, reclamaron a la gobernadora Kathy Hochul que firme la Ley de Advertencia de Sodio (S428A/A5207A), que, según los médicos, quedó a la espera de su aprobación final, y solicitaron que la Legislatura avance con la Ley del Dulce Veredicto (S427/A5305), que continuaba en comités, de acuerdo con el seguimiento legislativo del Senado estatal.

La propuesta plantea un formato operativo único: iconos de advertencia junto al nombre del plato o combo en menús impresos, pantallas de autoservicio y carteles en el mostrador.

Los firmantes argumentaron que el objetivo es que el consumidor vea la información antes de comprar y pueda comparar opciones sin recurrir a tablas extensas. La carta fue difundida por el Center for Science in the Public Interest(Centro para la Ciencia en el Interés Público, CSPI), una organización de salud pública con sede en Estados Unidos que impulsa políticas de transparencia alimentaria.

En su argumentación, los médicos ligaron la medida al peso de las enfermedades crónicas. Señalaron que 4,9 millones de adultos del estado —31%— tienen diagnóstico de presión arterial alta y que el gasto anual asociado a tratamientos por diabetes e hipertensión supera los USD 40 millones.

También apuntaron al consumo fuera del hogar: indicaron que un menú combinado estándar en cadenas promedia 2.110 mg de sodio, frente a un umbral diario recomendado de 2.300 mg, y que sándwiches, hamburguesas y tacos representan el 71% del sodio consumido en ese contexto.

El antecedente en la Ciudad de Nueva York

El reclamo se apoyó en el antecedente de la Ciudad de Nueva York, donde existe un sistema de advertencias por sodio para cadenas desde 2015. La regla local exige que restaurantes con 15 o más locales a nivel nacional coloquen un icono junto a los ítems con 2.300 mg o más de sodio y exhiban una leyenda de advertencia en el punto de compra, según el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad.

Para el caso de azúcares añadidos, los médicos mencionaron que la Ciudad de Nueva York ya puso en marcha una regla similar que marca con un icono los productos que alcanzan el valor diario de referencia de 50 g de azúcares añadidos en una dieta de 2.000 calorías, de acuerdo con el Departamento de Salud e Higiene Mental local.

Medios como CBS News, cadena estadounidense de noticias, informaron que la señal se aplica a determinados ítems de cadenas, en especial productos envasados y equivalentes no envasados, y que prevé sanciones por incumplimiento.

El argumento territorial y el trámite legislativo

La carta también enmarcó el debate en términos territoriales. Afirmó que las cadenas de comida rápida se concentran en vecindarios de bajos ingresos y en comunidades de color, con menciones como el Bronx y East Harlem, y sostuvo que la advertencia en menú funcionaría como una política de equidad sanitaria al ofrecer una señal directa, independiente del nivel educativo del consumidor.

Las iniciativas estatales siguen carriles distintos. La ley centrada en sodio quedó pendiente de definición del Ejecutivo, mientras que la propuesta sobre azúcares añadidos continuaba su trámite legislativo.

Los médicos sostuvieron que se trata de una herramienta de bajo costo regulatorio que no prohíbe la compra ni restringe la oferta, pero introduce una advertencia visible en el punto de venta para reducir el consumo excesivo asociado a hipertensión y diabetes.

También remarcaron que el sistema facilita decisiones informadas en segundos, sin exigir que el cliente lea tablas nutricionales extensas, y que puede impulsar comparaciones entre opciones antes de pagar, especialmente en cadenas con alto volumen de ventas y combos estandarizados en todo el estado