La Fiscalía General de la Nación estableció un nuevo modelo para la recepción de denuncias y la gestión inicial de los casos, mediante la Directiva 0002 de 2026, suscrita el 12 de agosto.

La disposición modifica la ruta que sigue la información desde el momento en que es recibida por la entidad, al establecer que todas las denuncias, noticias o informaciones deberán ser sometidas a una verificación y análisis inicial antes de que se cree una noticia criminal y se asigne el caso a un despacho fiscal.

La medida busca que la información llegue registrada de manera completa, clara y estructurada y que, desde las primeras etapas, pueda ser direccionada hacia la dependencia que tenga competencia. El documento también plantea como objetivos evitar investigaciones duplicadas, identificar relaciones entre actuaciones y detectar de manera temprana posibles patrones delictivos.

La directiva establece un modelo compuesto por cuatro etapas: recepción, ingreso y clasificación de la información; análisis; creación de la noticia criminal o asociación con un caso existente; y comunicación de las decisiones adoptadas. De esta manera, la asignación a un fiscal se produce después de que la información haya superado las fases iniciales de revisión.

Así funcionará el nuevo filtro antes de asignar una denuncia

La información puede llegar a la Fiscalía a través de diferentes canales, entre ellos la Red Privada Virtual para reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Ventanilla Única de Correspondencia, la página web de Denuncia Fácil, los Centros de Atención de Fiscalías, Casas de Justicia, Puntos de Atención de Fiscalías y líneas telefónicas. El documento precisa que el correo electrónico institucional y el sistema de gestión documental no son, por sí mismos, canales formales de recepción de denuncias; si por esos medios llega una denuncia, deberá ser incorporada al sistema institucional destinado para su recepción.

Una vez recibida la información, la Fiscalía le asignará un número de radicado. Este registro acredita que la entidad tuvo conocimiento del caso y que comenzó su trámite, pero el número de radicado tiene una función administrativa interna y se genera antes de la eventual creación de una noticia criminal. La directiva señala que sirve para garantizar control, trazabilidad y seguimiento durante las etapas de ingreso y análisis, y que no limita ni condiciona los derechos del denunciante ni la obligación de la entidad de actuar.

Posteriormente se realiza el ingreso y clasificación. En esta fase se revisará que los hechos estén suficientemente descritos y se determinarán aspectos como la posible tipificación de la conducta, el tipo de ingreso, la temática, la fecha y el lugar de ocurrencia. También se verificará información relacionada con los sujetos involucrados y la descripción de los hechos.

Si la información resulta insuficiente, la denuncia podrá ser ampliada. Los funcionarios deberán solicitar al usuario los datos que hagan falta cuando estos sean necesarios para caracterizar la conducta o realizar correctamente su clasificación. Entre los elementos que pueden requerirse están los relacionados con los sujetos, el lugar, la fecha y las circunstancias de lo ocurrido.

También existe la posibilidad de inadmitir una denuncia cuando no cumpla los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal. La directiva contempla, entre otros supuestos, que la descripción de los hechos sea genérica, vaga o confusa; que no exista suficiente motivación o información para inferir que los hechos ocurrieron, o que lo relatado no tenga características de delito conforme al Código Penal.

Otra decisión posible será remitir la información a una dependencia especializada. La Fiscalía deberá revisar si el asunto corresponde a una dirección o unidad con competencia específica. Si no existe esa competencia especializada, el caso será dirigido a las Direcciones Seccionales de acuerdo con su competencia residual.

Además, cuando los hechos no tengan relevancia jurídica penal, correspondan a otra jurisdicción o, aun siendo ciertos, no constituyan una conducta punible, la información deberá ser enviada a la autoridad competente. En esos casos, no se iniciará una actuación penal y se orientará al usuario sobre la remisión correspondiente.

El análisis determinará si se abre un nuevo caso o se incorpora a otro

Superada la verificación inicial comienza el análisis de la información. Uno de los primeros objetivos será determinar si existe una investigación anterior por los mismos hechos. La Fiscalía deberá consultar sus sistemas para identificar posibles duplicidades. Cuando se encuentre que los hechos ya son investigados, no se creará una nueva noticia criminal y la información será remitida al fiscal que ya conoce la actuación.

La directiva también incorpora la búsqueda de asociaciones entre casos. Para ello se podrán considerar elementos como el modus operandi, la identidad de víctimas o indiciados, la naturaleza de la conducta y la georreferenciación. La relación puede establecerse incluso cuando no exista una coincidencia exacta entre los hechos.

Cuando los analistas encuentren esa relación, elaborarán un informe de orientación estratégica que será enviado junto con la denuncia al fiscal correspondiente. En estos casos se contempla la creación de una sola noticia criminal para los hechos relacionados, de manera que sean investigados dentro de un mismo radicado.

La propuesta de asociación no es automática. El fiscal que conoce el caso deberá informar al grupo de analistas si acepta o no la recomendación dentro del término que establezca cada Dirección Seccional o Especializada, de acuerdo con el volumen de denuncias que reciba. Si la acepta, los nuevos hechos se investigarán dentro del proceso existente.

Si el fiscal no está de acuerdo con la asociación, deberá dejar una constancia escrita y motivada con las razones de su decisión y enviarla al director o superior jerárquico. Si transcurre el plazo sin que haya respuesta, el asunto será remitido igualmente al director o superior para que adopte las medidas administrativas correspondientes.

El análisis también permitirá identificar casos relacionados con los planes de priorización de las Direcciones Seccionales o Especializadas. Cuando esto ocurra, el analista elaborará un informe dirigido al director para que se determine la actuación correspondiente. Asimismo, durante esta fase se podrán consultar bases de datos de la Fiscalía, fuentes abiertas y sistemas de otras entidades para verificar hechos, identificar preliminarmente posibles responsables y orientar la acción penal.

¿Cuándo llegará finalmente la denuncia a un fiscal?

La Directiva 0002 establece que solo después de verificar que los hechos denunciados reúnen características de delito, descartar duplicidades y establecer que no procede una asociación con otra actuación, se creará la noticia criminal. A partir de ese momento, el caso será remitido para su asignación a fiscales de intervención temprana, grupos de gestión inicial de casos o fiscales de conocimiento, según corresponda.

Entre las actuaciones previstas están solicitar ante un juez de control de garantías medidas de protección o de restablecimiento del derecho cuando sean necesarias para detener los efectos del delito, evitar que continúe y procurar la restitución de las cosas al estado anterior a la conducta.

También se podrán realizar actividades investigativas destinadas a obtener o preservar elementos materiales probatorios cuya pérdida pueda dificultar posteriormente la investigación. La directiva menciona, entre otros ejemplos, cámaras de seguridad, datos telefónicos y datos bancarios.

El archivo también queda regulado dentro de esta etapa. La directiva establece que solo procederá cuando los hechos no constituyan delito, no hayan existido, el querellante carezca de legitimidad o se haya configurado la caducidad de la querella. Para los casos relacionados con extinción de dominio, se aplicará el artículo 124 de la Ley 1708 de 2014 bajo las condiciones establecidas en la directiva.

La Fiscalía también estableció un esquema de seguimiento en dos niveles. Los directores y delegados deberán controlar el proceso de recepción e intervención temprana, especialmente en casos estructurales, asociados o que involucren múltiples hechos o víctimas. En un segundo nivel, los despachos de la Fiscal y del Vicefiscal General harán seguimiento a la implementación mediante el sistema de indicadores de la entidad.

La directiva dispone además que, mientras se realizan los ajustes tecnológicos necesarios para automatizar el direccionamiento y reparto de los asuntos, las Secciones de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de las Direcciones Seccionales deberán efectuar manualmente la verificación y remisión de las denuncias e informaciones a las dependencias competentes, conforme a los criterios de conocimiento vigentes.

El sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, generó reacciones emocionales entre personas que estuvieron directamente expuestas al fenómeno y otras que, aunque no sufrieron daños, manifestaron preocupación por la posibilidad de que ocurra un nuevo movimiento telúrico.

Ante este escenario, la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana elaboró un policy brief dirigido a la población general, con recomendaciones basadas en evidencia científica para afrontar el impacto emocional del terremoto.

El documento fue elaborado por la doctoras Diana Obando, PhD., quien explica que después de un evento de esta magnitud es posible experimentar miedo, angustia, tristeza, irritabilidad, preocupación o dificultades para dormir. Estas respuestas, de acuerdo con la guía, no significan necesariamente que una persona tenga un trastorno mental, pues en la mayoría de los casos disminuyen gradualmente cuando se recuperan las condiciones de seguridad, las rutinas, el acceso a información confiable y el apoyo social.

La especialista señaló que las reacciones pueden presentarse incluso entre quienes no estuvieron directamente expuestos a las consecuencias del terremoto. El temor puede estar relacionado con la preocupación de que ocurra un fenómeno similar en el lugar donde vive la persona o que afecte a familiares y personas cercanas.

“Vamos a encontrar también que personas que no hayan sido expuestas directamente a las implicaciones o a las consecuencias del desastre pueden experimentar un miedo. Este miedo puede ser debido a la preocupación que se presente un fenómeno similar a este en su lugar de vivienda o con las personas cercanas. Este miedo suele pasar con el tiempo y la persona suele tomar, retomar rápidamente su rutina o sus actividades diarias. Es importante saber que no todos reaccionan de la misma manera, pero también es posible encontrar personas que no han sido directamente afectadas o a través de sus familiares, reacciones de impotencia, miedo, temor e incluso pánico”, señaló la especialista.

¿Cuándo el miedo después de un sismo se convierte en una señal de alerta?

Una de las principales recomendaciones de la guía es diferenciar las respuestas esperadas después de una emergencia de aquellas que pueden requerir acompañamiento profesional. Según Obando, el miedo es una reacción habitual ante una situación de esta magnitud, pero debe disminuir progresivamente y permitir que la persona recupere sus actividades cotidianas.

“Cuando se viven eventos de esta magnitud, es muy normal presentar miedo. Una señal que nos indica que este miedo es normal o es aquel que es esperado después de una situación tan compleja, es que prontamente ese miedo va bajando en su intensidad, permitiéndole a la persona recuperar su dinámica o sus actividades diarias. Sin embargo, cuando esas emociones no van bajando a medida que pasa el tiempo, sino por el contrario, se mantienen o incrementan, es una señal de que el impacto fue más intenso de lo esperado. Y esto también hace que las personas no puedan recuperar rápidamente su cotidianidad y las actividades diarias”, apuntó.

La experta explicó que la dificultad persistente para dormir, comer o retomar las actividades habituales es una señal para considerar la consulta con un profesional. En el contexto de la contingencia, agregó, universidades y centros de atención psicológica están ofreciendo primeros auxilios psicológicos a las personas afectadas.

La doctora señaló que: “Es común que algunas personas experimenten miedo, temor, preocupación. Estas emociones deben ir cediendo mientras pasa el tiempo. Pero ante la dificultad para dormir, comer y retomar las actividades, es importante consultar a un experto. En este momento, dada la contingencia, las universidades y centros de atención psicológica se encuentran brindando primeros auxilios psicológicos a la población afectada. Aprovechar estos recursos es clave”.

La percepción de que “en cualquier momento volverá a temblar” también puede aparecer después de una emergencia. La especialista indicó que las respuestas varían de acuerdo con factores como las experiencias previas, la forma en que cada persona enfrenta las dificultades y el nivel de afectación propio o de familiares y personas cercanas.

“Es importante conocer que después de una catástrofe natural, no todas las personas van a tener las mismas reacciones. Estas reacciones emocionales suelen variar según, por ejemplo, la experiencia previa que haya habido de estar expuesta a este tipo de circunstancias. También a la manera en que solemos reaccionar ante dificultades. Tiene que ver mucho con el nivel de afectación propio o de las personas cercanas, pero usualmente las personas experimentan temor, pánico, miedo, preocupación y hay algunas personas que llegan a presentar un estrés agudo o preocupación excesiva. Estas variaciones hacen que las decisiones que se tomen en términos de salud mental y el acompañamiento también sean diferentes”, agregó.

Prepararse sin permanecer en estado de alerta permanente

La guía también establece una diferencia entre la preparación ante una eventual emergencia y la hipervigilancia. Revisar las rutas de evacuación, establecer puntos de encuentro con familiares y preparar un kit de emergencia son acciones de prevención. Sin embargo, sentir angustia constante ante cualquier ruido, mantenerse en alerta de manera permanente o suspender actividades cotidianas pese a encontrarse en un lugar seguro pueden ser manifestaciones de una respuesta emocional que requiere atención.

Frente a la preocupación por la posibilidad de un nuevo terremoto, Obando plantea identificar aquello que puede estar bajo control de cada persona y establecer medidas concretas para protegerse y proteger a quienes están cerca: “Un punto importante es: no puedo controlar la posibilidad de una nueva ocurrencia de un desastre de este tipo. Lo que puedo hacer en este caso es identificar dónde tengo el control. Puedo evaluar cuáles son mis mayores preocupaciones y generar estrategias para protegerme y proteger las personas cercanas, buscar formas de comunicarme rápidamente, ponerme de acuerdo con mi pareja, con mi familia, quién puede recoger a los niños en una eventualidad, ponerme de acuerdo también en espacios seguros de la casa, identificar estrategias que garanticen la seguridad mía y de las personas que quiero”.

De esta manera, la preparación propuesta incluye acordar previamente con familiares mecanismos de comunicación, definir quién podría encargarse de los niños en una eventual emergencia e identificar espacios seguros dentro de la vivienda.

El documento también aborda el impacto que puede tener la exposición repetida a noticias, videos y alertas relacionadas con el terremoto. La recomendación planteada por la especialista consiste en observar qué efecto tiene ese contenido en cada persona.

“En este momento donde la exposición a noticias acerca de las consecuencias del terremoto es tan alta, es importante saber qué efecto tiene esa información en nosotros. Por un lado, evaluemos si esto lo que hace es incrementar la ansiedad, la angustia, el temor, es mejor evitar este tipo de contenidos, de tal forma que nos recuperemos más rápido de las emociones que estamos percibiendo y podamos recuperar nuestras actividades diarias. Por el contrario, si esta información te resulta útil para activar estrategias de apoyo a otros, como replicar información que permita la, la ubicación o el brindar información sobre la ayuda a la que tienen disponible las personas, es importante que te mantengas activo en redes y atento a la información continua que aparece”, indicó la doctora Obando.

Primeros auxilios psicológicos y acompañamiento

La Universidad de La Sabana también incluyó recomendaciones para quienes buscan acompañar a familiares, amigos o personas afectadas emocionalmente por la emergencia. De acuerdo con Obando, los primeros auxilios psicológicos pueden ser proporcionados por personas que hayan recibido formación para hacerlo y que sepan identificar las necesidades de quienes atraviesan una situación de crisis.

Según la especialista: “Primero hay que entrenarse, por supuesto. Busquen en Internet páginas oficiales como la del Colegio Colombiano de Psicólogos, que les permiten aprender a cómo apoyar a las personas que la están pasando mal en este momento. Estén atentos a sus familias, estén observando si estos síntomas o estas emociones de las que hablábamos se reflejan continuamente: alta preocupación, no poder dormir, dificultades para comer y retomar las actividades y apóyenlos a identificar la ayuda necesaria”.

El policy brief también contempla las posibles reacciones de niños y adolescentes después de enfrentar momentos críticos y entrega un semáforo para ayudar a identificar comportamientos que pueden indicar la necesidad de solicitar ayuda profesional. Asimismo, plantea la importancia de contar con formación previa en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

La guía fue construida con base en recomendaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se prepara para debatir una ponencia que plantea imponer una medida de aseguramiento al actual alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, dentro de una investigación por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con esas actividades criminales.

La ponencia fue elaborada por el magistrado César Reyes y, de acuerdo con información conocida por Infobae Colombia, propone ordenar la privación de la libertad de Acuña mientras avanza el proceso judicial. El debate sobre la medida ya había quedado sin una decisión definitiva debido a que la votación de los magistrados terminó empatada durante una de las discusiones, por lo que fue necesario recurrir a un conjuez para definir la posición de la Sala.

El caso se relaciona con los señalamientos realizados por el exparamilitar y fundador de la estructura conocida como “Los Rastrojos”, Juan Manuel Borré Barreto, quien aseguró haber tenido comunicación con Acuña y lo señaló de mantener relaciones con organizaciones criminales que operaban en la región Caribe.

La investigación de la Corte no corresponde al único proceso judicial que enfrenta el actual mandatario de Sincelejo. Acuña también ha sido investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por posibles irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los señalamientos que originaron la investigación

Uno de los principales elementos incorporados al expediente corresponde a las declaraciones de Borré Barreto. En el proceso quedó registrado un testimonio de 2012 en el que el exintegrante de grupos paramilitares hizo referencia a Acuña y aseguró tener información sobre sus actividades y sus presuntos vínculos con estructuras armadas.

“Juan Manuel Borré Barreto, el 29 de octubre de 2012, dijo conocer y mantener comunicación con Yahir Fernando Acuña. Además, aseguró saber de él cosas que ‘lo pondrían preso’ y afirmó que ‘está influyendo en la Costa con las bandas nuevas, está presionando a los políticos y les está votando; yo soy la competencia de él’”, señala el expediente.

El proceso se originó a partir de una compulsa de copias ordenada por la propia Sala de Instrucción del alto tribunal dentro de otro expediente. Esa investigación estaba relacionada con presuntos delitos de concierto para delinquir, soborno en actuación penal y amenazas a testigos.

De acuerdo con la información suministrada en el expediente, esos hechos habrían ocurrido entre 2003, 2005, 2007 y 2009 y estarían relacionados con integrantes del bloque Héroes de los Montes de María. También se investigaron presuntas entregas de dádivas o intimidaciones dirigidas contra dos personas con el propósito de evitar que declararan en contra de Acuña.

Como parte de los documentos entregados junto con esa denuncia estaba un video correspondiente al interrogatorio que Borré Barreto rindió en 2014. En esa diligencia, el exparamilitar señaló a Acuña de recibir recursos de origen ilícito para financiar su campaña a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014.

También lo acusó de ser responsable de varios asesinatos en el departamento de Sucre y de financiar con más de $1.500 millones a la estructura criminal denominada “Los Rastrojos Costeños”. Con base en esos elementos, el 23 de junio de 2020 la Corte Suprema decidió abrir formalmente una investigación contra Acuña.

Dentro de las actuaciones judiciales también fue citado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que rindiera testimonio sobre el caso, debido a que su nombre había sido mencionado por Borré.

El testimonio de Borré y la posición de Acuña

En una de sus declaraciones, Borré Barreto hizo referencia a su relación con Mancuso y explicó por qué consideraba que podía aportar información sobre las estructuras paramilitares y sus integrantes.

“Todo el mundo sabe que yo era una persona de muy alta confianza de Salvatore Mancuso y que le sé muchas cosas. Si ustedes se dan cuenta, jurídicamente, las declaraciones que hizo (Mancuso) en el mes de mayo en Estados Unidos, todo lo que habló al inicio y de los nexos de los militares con las autodefensas en su momento, si se dan cuenta, es por lo que yo estoy condenado en los procesos que hemos tenido en Justicia y Paz”, aseguró Borré.

Mancuso fue mencionado en el expediente como una persona que podía aportar información sobre los señalamientos formulados contra Acuña. Su eventual declaración fue considerada dentro de las actuaciones adelantadas por la Corte para establecer las circunstancias relacionadas con los hechos investigados.

Acuña, por su parte, ha negado las acusaciones y ha sostenido que los señalamientos en su contra no corresponden a la realidad. Durante el interrogatorio que rindió ante la Corte el 28 de noviembre de 2023, afirmó que alrededor de su nombre se había construido una versión que, según él, estaba sustentada en testimonios falsos.

El alcalde señaló que no podía determinar quién estaría detrás de las acusaciones, aunque planteó que podrían estar relacionadas con personas que consideraba sus adversarios políticos y que, según su versión, estarían preocupadas por el alcance que podría tener su liderazgo.

“Hoy creo que eso da resultados porque hoy soy alcalde de la ciudad de Sincelejo”, agregó Acuña durante esa diligencia.

El Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá aprobó, el viernes 14 de agosto, la prórroga por un año del principio de oportunidad otorgado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de las investigaciones por el entramado de corrupción relacionado con esa entidad.

La decisión permite que Pinilla continúe bajo el mecanismo de colaboración con la justicia. La solicitud de extensión fue presentada por la Fiscalía General de la Nación y avalada por el juez tras considerar que se encontraban cumplidos los requisitos establecidos para mantener vigente el principio de oportunidad.

En un comunicado divulgado tras la decisión, el abogado penalista Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló que la determinación judicial constituye una ratificación del proceso de colaboración adelantado por su representado.

“Esta decisión confirma, una vez más, que el proceso de colaboración de Sneyder Pinilla con la justicia colombiana ha sido sustentado en información y elementos materiales probatorios que han sido verificados y contrastados por las autoridades y entes encargados de la investigación”, afirmó.

Juez avaló la continuidad de la colaboración

Durante la audiencia, el juez destacó el aporte de los testimonios entregados dentro del proceso y su relación con el esclarecimiento de los hechos investigados.

En su intervención, señaló que la colaboración constituye un mecanismo para avanzar en la identificación de los responsables y en la obtención de decisiones judiciales: “El esclarecimiento de los hechos y la obtención de sentencias condenatorias contra toda la red criminal, a través de estos testimonios de cargo, es el vehículo idóneo y necesario para alcanzar la verdad completa y propiciar los respectivos incidentes de reparación integral. Así las cosas, al encontrarse cabalmente satisfechos los requisitos legales y advertir que la prórroga resulta absolutamente imperiosa para que el postulado pueda cumplir con su colaboración eficaz, esta judicatura imparte aprobación a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación”.

De esta manera, el juzgado declaró legal la solicitud y autorizó que el principio de oportunidad continúe bajo la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba durante un periodo adicional de 12 meses. El mecanismo implica que Pinilla deberá continuar atendiendo los compromisos adquiridos dentro del proceso de colaboración y comparecer ante las autoridades cuando sea requerido.

Más de 25 investigaciones relacionadas con el caso

De acuerdo con el pronunciamiento de su abogado, la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra altos funcionarios del gobierno saliente, excongresistas y otras personas relacionadas con los hechos investigados alrededor de la Ungrd y aseguró que la información aportada por el exfuncionario ha impulsado otros principios de oportunidad dentro del mismo expediente. Entre las personas mencionadas se encuentran Olmedo López Martínez, María Alejandra Benavides, Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Andrés Rodríguez Melo.

El caso de la Ungrd ha involucrado diferentes investigaciones judiciales relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración anterior de la entidad. Dentro de esos procesos, la Fiscalía ha recopilado testimonios, documentos y otros elementos de prueba para establecer las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en los hechos investigados.

Según el balance entregado por Moreno Rivera, como resultado de las investigaciones se han obtenido más de 12 sentencias condenatorias y se logró la recuperación de $10.000 millones relacionados con los hechos investigados.

El abogado también indicó que, a partir del proceso, se desarrolló una operación con agentes encubiertos que permitió detectar un presunto soborno superior a $13.000 millones. De acuerdo con su versión, ese dinero habría tenido como propósito presionar a Pinilla para que modificara su versión de los hechos y guardara silencio.

La operación mencionada por la defensa derivó en la captura de Edgar Riveros Rey y otras personas. El procedimiento hizo parte de las actuaciones adelantadas para determinar si existieron intentos de interferir en las investigaciones y en la colaboración que Pinilla había iniciado con las autoridades.

Pinilla continuará entregando información a la justicia

Tras conocerse la decisión judicial, la defensa reiteró que el exsubdirector de la Ungrd continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades y cumpliendo las obligaciones establecidas dentro del principio de oportunidad. “Sneyder Pinilla seguirá cumpliendo a cabalidad sus compromisos con la justicia cada vez que sea requerido”, manifestó Moreno Rivera.

Agregó que la prórroga permitirá que Pinilla mantenga su participación en las actuaciones judiciales derivadas de la información que ha entregado.

“La verdad y la recuperación de los recursos de todos los colombianos deben prevalecer ante los intentos de desprestigio, desacreditación y silencio que pretenden algunos imponer al señor Sneyder Pinilla Álvarez”, concluyó el abogado penalista.

El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá amparó los derechos de Helicol y ordenó realizar una diligencia preliminar para resolver la solicitud de desarchivo de una investigación relacionada con Ecopetrol, Ricardo Roa y un presunto favorecimiento a Helistar en procesos de contratación.

La decisión judicial se produjo luego de que Helicópteros Nacionales de Colombia S. A .S. (Helicol) acudiera a la acción de tutela ante la falta de una decisión de fondo sobre la solicitud que había presentado ante la Fiscalía para reabrir la investigación. La compañía había solicitado el desarchivo del expediente en octubre de 2025, al considerar que existían elementos que debían ser revisados en relación con actuaciones que, según su planteamiento, habrían favorecido a su competidora Helistar.

De acuerdo con la información expuesta ante el juez, la solicitud fue radicada el 30 de octubre de ese año. Desde entonces, la empresa buscó que la petición fuera estudiada judicialmente mediante una audiencia preliminar. Sin embargo, entre febrero y mayo de 2026 se frustraron seis oportunidades para abordar el asunto, por diferentes circunstancias relacionadas con la asistencia de las partes o intervinientes.

La falta de una decisión de fondo llevó a Helicol a presentar una acción de tutela en la que alegó la afectación de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al plazo razonable. El juzgado encontró que, aproximadamente nueve meses después de presentada la solicitud, esta continuaba sin una determinación judicial sobre su contenido.

Helicol cuestionó el archivo de la investigación

La controversia tiene como antecedente una investigación relacionada con procesos de licitación para el transporte de helicópteros. Helicol solicitó a la Fiscalía revisar las actuaciones que, según la empresa, estarían relacionadas con un presunto favorecimiento a Helistar.

La compañía sostuvo que el procedimiento mediante el cual se decidió archivar el caso fue “superficial, sesgada y prematura”. También cuestionó el tiempo en que se produjo esa determinación y afirmó que existió una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.

La solicitud de desarchivo fue presentada ante la Fiscalía y posteriormente, Helicol buscó que un juez de control de garantías analizara la petición, pero las audiencias convocadas para abordar el asunto no llegaron a concretarse.

El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá señaló que la situación había impedido que la empresa obtuviera una respuesta judicial sobre su solicitud. En particular, el despacho tuvo en cuenta que las audiencias preliminares innominadas habían sido convocadas en varias oportunidades, pero terminaron frustrándose.

La decisión judicial precisa: “a la fecha de presentación de la acción constitucional la solicitud de desarchivo radicada el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) no ha recibido decisión de fondo, pese a haber transcurrido aproximadamente nueve (9) meses”.

Según el fallo, las solicitudes fueron devueltas por los jueces de control de garantías al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao sin que se resolviera el fondo de la petición. Entre las circunstancias que llevaron a esa situación estuvo la inasistencia de alguna de las partes o de los intervinientes.

El juzgado consideró que la manera en que se estaba tramitando la solicitud podía impedir que Helicol obtuviera una decisión judicial. De acuerdo con la providencia, en lugar de instalar las audiencias, los despachos judiciales dejaron constancias secretariales relacionadas con las inasistencias y posteriormente devolvieron la carpeta.

Para el Juzgado 49 Penal del Circuito, esa dinámica podía extenderse en el tiempo si la solicitud continuaba siendo repartida entre distintos jueces de control de garantías.

“No de accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías, durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, sostuvo el despacho en la decisión.

El juez también señaló que esa situación afectaba los derechos fundamentales invocados por Helicol, debido a que la falta de una decisión impedía a la sociedad controvertir mediante los recursos ordinarios las determinaciones que se adoptaran respecto de la realización de la audiencia.

En ese contexto, determinó que era necesario adoptar una medida para garantizar el acceso efectivo de Helicol a la administración de justicia y evitar que la petición permaneciera sin respuesta. “Por lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la sociedad Helicópteros Nacionales De Colombia S. A. S.”, señaló el despacho.

La tutela, de esta manera, no establece en sí misma que haya existido un favorecimiento a Helistar ni determina responsabilidad de Ricardo Roa, Ecopetrol u otras personas vinculadas a los hechos materia de investigación. Su alcance está relacionado con la necesidad de que la solicitud de desarchivo sea tramitada y reciba una decisión judicial.

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con la definición de los candidatos que serán postulados por los partidos políticos y con el cumplimiento del cronograma establecido para que el Congreso de la República elija a los nueve magistrados que integrarán el organismo durante el próximo periodo.

Los partidos políticos han comenzado a concretar sus decisiones internas y ya se conocen varios de los nombres que aspiran a ocupar una de las nueve magistraturas. Las colectividades deberán formalizar sus postulaciones dentro del proceso de inscripción establecido y sus candidatos tendrán que pasar por la revisión de la Comisión de Acreditación antes de llegar a la votación en plenaria.

El CNE es el organismo encargado, entre otras funciones, de investigar las campañas políticas y los recursos utilizados durante estos procesos, además de intervenir en asuntos relacionados con las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos. Con la llegada de un nuevo Gobierno, la composición del tribunal electoral también cambiará.

La elección de los nuevos magistrados se desarrolla mediante un procedimiento en el Congreso de la República, en el que participan las colectividades políticas con la presentación de sus candidatos. El proceso comenzó el 6 de agosto con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos, fecha en la que también fue expedida la resolución que dio inicio formal al procedimiento para escoger a los nueve integrantes del CNE.

Los candidatos que han sido definidos por los partidos

En el Partido Conservador quedó consolidada la candidatura de Juan Carlos Wills, exrepresentante a la Cámara, abogado y quien durante varios años se desempeñó como secretario de esa colectividad.

El nombre de Wills logró imponerse dentro de la bancada conservadora, donde cuenta con respaldo para aspirar a una de las magistraturas del CNE. Su escogencia dejó por fuera de la carrera al exsenador Germán Blanco, quien también había manifestado su intención de llegar al tribunal electoral y posteriormente renunció a esa aspiración.

En Cambio Radical, la colectividad anunció oficialmente la postulación del excongresista Gersel Pérez, quien es considerado ficha del grupo político de los Char. Con esta decisión quedó descartado el nombre del exsenador Carlos Fernando Motoa, que también había sido mencionado entre los posibles aspirantes del partido.

En un comunicado oficial, Cambio Radical explicó que “la decisión responde a la trayectoria profesional, experiencia y conocimiento del sistema electoral colombiano del candidato, así como a sus condiciones para asumir con independencia, responsabilidad y rigor técnico las funciones propias de la magistratura”.

Por el Pacto Histórico, hasta el momento se han mencionado dos nombres que cuentan con fuerza dentro de la colectividad: el exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe y Cielo Rusinque, quien recientemente dejó la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Centro Democrático también adelanta su proceso interno y ya cuenta con varios nombres postulados. Entre elos se encuentran Nubia Stella Martínez, quien fue directora del partido; el exsenador Jaime Amín y Amalia Salgado.

Además, el Partido de La U decidió postular al exsenador Juan Felipe Lemos Uribe para el cargo de magistrado del CNE. De acuerdo con el comunicado, la colectividad señaló que “con esta decisión respalda la trayectoria y experiencia del exsenador y presenta formalmente su nombre para el proceso de elección”, destacando sus capacidades como ciudadano y jurista.

Así avanza el cronograma de elección

El proceso formal comenzó el jueves 6 de agosto, con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos. En esa misma fecha se expidió la resolución que dio inicio al procedimiento para seleccionar a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral y se realizó la convocatoria formal al Congreso de la República.

La siguiente fecha establecida es el lunes 10 de agosto, cuando se abrió la inscripción de las hojas de vida de los aspirantes. El proceso comenzó a las 8:00 a. m. y permite que los candidatos de las distintas colectividades sean inscritos dentro de los mecanismos establecidos por el Congreso.

Las hojas de vida pueden ser presentadas de manera presencial en la Secretaría del Senado de la República o en la Secretaría de la Cámara de Representantes. También se habilitó un correo electrónico para realizar la inscripción.

Posteriormente, el viernes 14 de agosto está previsto el traslado de las hojas de vida a la instancia encargada de su revisión. Este paso permitirá que la documentación de los candidatos inscritos sea analizada antes de la elaboración del informe correspondiente.

Entre el 15 y el 19 de agosto se llevará a cabo la revisión de las hojas de vida por parte de la Comisión de Acreditación. Durante este periodo se verificará la documentación presentada por los aspirantes y el cumplimiento de las condiciones requeridas dentro del procedimiento de elección.

El jueves 20 de agosto está previsto que se conozca el informe de la Comisión de Acreditación, una vez termine la revisión de las hojas de vida de los candidatos. Este documento antecederá la etapa definitiva del proceso, que estará a cargo del Congreso reunido en pleno.

La fecha central del proceso será el martes 25 de agosto de 2026, cuando se realizará la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral durante una sesión plenaria del Congreso de la República. Para ese momento deberán haberse cumplido las etapas de inscripción, traslado y revisión de las hojas de vida, además de la presentación del informe de la Comisión de Acreditación. Los nombres que lleguen a la etapa definitiva serán sometidos al procedimiento de elección establecido por el Congreso.