El 9 de julio de 2026 entró en vigencia un nuevo reglamento que simplifica y facilita los procesos de registro y autorización sanitaria para micro y pequeños empresarios dedicados a la elaboración y comercialización de productos comestibles, de higiene y cosméticos en El Salvador. La medida, destacada por la radio YSKL, responde a una necesidad histórica del sector, donde la normativa previa solo contemplaba a grandes y medianos empresarios.

Noé Geovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria, explicó -según el medio radial-que el reglamento fue diseñado para dotar de herramientas a los micro y pequeños empresarios, permitiendo que estos puedan formalizarse y acceder a la autorización sanitaria para sus productos. De acuerdo con García, el proceso inicia con la gestión del registro MYPE a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), y posteriormente, los solicitantes se presentan ante la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que determina los requisitos mínimos necesarios.

García detalló que el reglamento exige a los pequeños comercios solo lo esencial para lograr la regularización y autorización de los productos fabricados en sus establecimientos. “Les exigimos lo esencial a estos pequeños comercios con el propósito de poderlos regularizar y autorizarles el establecimiento, así como los productos que están fabricando, para que los puedan comercializar a nivel nacional”, puntualizó.

El titular de la Superintendencia subrayó, según YSKL, que para iniciar el trámite, las micro y pequeñas empresas deben primero obtener el registro MYPE. Este paso se realiza ante CONAMYPE, que acompaña a los empresarios para completar su inscripción. Con el registro en mano, pueden acercarse a la Superintendencia de Regulación Sanitaria o al personal de CONAMYPE, quienes los orientan en la gestión de la autorización sanitaria. García precisó que, una vez verificado el registro MYPE, se aplican menores aranceles y se exigen únicamente los requisitos indispensables para cada tipo de producto, ya sea cosméticos, productos higiénicos o alimentos.

Actualmente, 20 establecimientos han sido autorizados bajo este nuevo reglamento, lo que demuestra el impacto inmediato de la medida. García enfatizó a YSKL que el propósito es acercar la información y el acompañamiento a todos los micro y pequeños empresarios, para que puedan disponer de sus productos en el mercado nacional bajo condiciones reguladas y seguras.

En paralelo a la implementación de este reglamento, García también confirmó al mismo medio la realización del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario en El Salvador, los días 18 y 19 de agosto. El evento tiene como objetivo contribuir a la profesionalización y difusión del derecho sanitario en la región, abordando temas de alta relevancia para la protección de la salud pública y el desarrollo de nuevas áreas de especialización académica y profesional.

El superintendente explicó en declaraciones para la radio que este congreso posiciona a El Salvador como referente en derecho sanitario y farmacéutico, una especialidad que abre nuevas oportunidades tanto para profesionales jurídicos como de la salud. El encuentro, que se celebrará en un hotel capitalino, incluirá temas novedosos sobre regulación de medicamentos, alimentos y productos veterinarios, y está dirigido a abogados y profesionales de la salud interesados en especializarse en esta disciplina emergente.

García concluyó ante la YSKL que el evento servirá de plataforma para que los participantes puedan posicionarse junto a la institución y al país como referentes regionales en derecho sanitario y farmacéutico.

Familiares del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes Sánchez reclamaron información al régimen de Nicaragua sobre el paradero y estado de salud de Brenes y su esposa, tras un año sin contacto desde su detención. Según datos de la agencia EFE, los allegados advirtieron que ambos permanecen incomunicados y alertaron sobre condiciones precarias, ausencia de atención médica y posibles malos tratos en prisión, contexto que revive la preocupación por la reciente muerte bajo custodia del exdiputado indígena, Brooklyn Rivera.

En una rueda de prensa virtual, Thelma Brenes, hija del excoronel, expresó preocupación por la integridad de sus padres. “No queremos otro caso como el de Brooklyn Rivera”, afirmó, recordando que el exdiputado miskito falleció mientras se encontraba desaparecido forzadamente, sin que las autoridades permitieran a su familia verlo antes de su muerte. EFE reportó que Rivera murió el pasado 30 de mayo tras un periodo de aislamiento, y que su cuerpo nunca fue entregado a los familiares.

Carlos Brenes Sánchez, de 71 años, y Salvadora Martínez, de 68, fueron arrestados el 15 de agosto de 2025 por la Policía Nacional de Nicaragua. “Desde ese entonces no tenemos ninguna información sobre el paradero ni el bienestar de nuestros familiares”, señaló Thelma Brenes durante la conferencia, acompañada por representantes de organizaciones humanitarias que respaldan la exigencia de respuestas al Estado.

La familia subrayó que tanto Brenes como su esposa son adultos mayores y requieren atención médica constante. Brenes Sánchez enfrenta problemas de diabetes, hipertensión y movilidad reducida debido a una afección en la columna. La hija del excoronel denunció que el Sistema Penitenciario de Nicaragua niega medicación a presos políticos y mantiene políticas de aislamiento prolongado, además de restringir el acceso a la luz solar y condiciones mínimas de salubridad en las celdas. En palabras de Thelma Brenes, “tampoco hay colchones en las celdas. No tienen las condiciones mínimas de salud, mucho menos para personas enfermas de la tercera edad”.

La esposa de Brenes, Salvadora Martínez, fue detenida a pesar de no tener filiación política ni antecedentes de activismo, salvo su denuncia pública ante la detención de su esposo. La familia exigió a las autoridades que informen sobre su paradero y permitan visitas, recordando que el Estado ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos que obligan a garantizar la protección e integridad de las personas privadas de libertad.

La agencia EFE detalló que la detención de Brenes Sánchez y su esposa se produjo en el contexto del 46 aniversario de la revolución popular sandinista, conmemorado el 19 de julio de 2025. Durante ese periodo, el presidente Daniel Ortega ordenó la captura y procesamiento de personas señaladas de conspirar contra el régimen. El excoronel y su esposa habrían sido condenados a 15 años de prisión por delitos considerados como “traición a la patria”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Carlos Brenes Sánchez fue fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados y participó en el Frente Amplio por la Democracia, organizaciones desde las cuales criticó la concentración de poder y el deterioro democrático bajo el régimen de Ortega. Además, apoyó las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. Durante ese periodo, Brenes leyó un comunicado público en el que exigió la renuncia de Ortega “por la sangre derramada de los jóvenes” y llamó al Ejército a “proteger al pueblo y no a la dictadura”.

Tanto Brenes Sánchez como su esposa cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque, de acuerdo con la familia, el Estado nicaragüense incumple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “Quiero decirle al Estado de Nicaragua que tienen el deber de decirnos dónde están, cómo están, de permitir visitas y de regresarlos con vida”, insistió la hija del excoronel en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Las organizaciones humanitarias y familiares reiteraron su llamado a la comunidad internacional para vigilar el cumplimiento de los derechos de los detenidos políticos en Nicaragua y evitar que se repita el desenlace ocurrido con Brooklyn Rivera. La situación de desaparición forzada y falta de protección jurídica vuelve a colocar a la administración de Ortega ante cuestionamientos en materia de derechos humanos.

Las calles de la ciudad nicaragüense de León, al noroeste de Nicaragua, se llenaron este viernes de cantos, rezos y altares marianos con motivo de la tradicional Gritería Chiquita, una celebración que cada 14 de agosto recuerda la promesa hecha por los vecinos de ese lugar en medio de una de las erupciones más violentas registradas por el volcán Cerro Negro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo un diálogo con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, centrado en la cooperación en seguridad y el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre ambos países, según informó la agencia EFE en base a un comunicado oficial del Departamento de Estado.

El encuentro, realizado de forma virtual, se enmarca en la consolidación de las alianzas estratégicas en la región bajo la actual administración estadounidense.

Durante la conversación, Marco Rubio reafirmó la disposición de Estados Unidos para profundizar el trabajo conjunto con Costa Rica en materia de combate a la criminalidad y cooperación económica. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó a EFE que ambos funcionarios identificaron nuevas oportunidades para ampliar la colaboración bilateral y el intercambio comercial, que en 2025 superó los 13,000 millones de dólares, consolidando a Costa Rica como uno de los socios más estables de la región.

Según datos de EFE, la presidenta Laura Fernández, politóloga de 40 años, asumió el cargo tras obtener el 94.61 % de los votos en las elecciones de febrero pasado, postulada por el partido de centroderecha Pueblo Soberano.

Con experiencia previa como ministra de la Presidencia y de Planificación, Fernández se ha presentado como continuadora de la gestión de Rodrigo Chaves, prometiendo políticas firmes contra la inseguridad y el narcotráfico.

Costa Rica integra el denominado Escudo de las Américas, una coalición regional de seguridad y defensa impulsada por Estados Unidos con la participación de 18 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá. El acuerdo fundacional del Escudo de las Américas se firmó durante una cumbre extraordinaria en Washington, en marzo pasado, a la que asistió el entonces presidente Rodrigo Cháves (Costa Rica), Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras), invitados personalmente por el presidente Donald Trump.

El Escudo de las Américas ha establecido como prioridad la cooperación regional contra el crimen transnacional y el tráfico de drogas, con el respaldo logístico y tecnológico de Estados Unidos. El brazo operativo de esta alianza, la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), llevó a cabo su más reciente reunión en Panamá, con la presencia del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Este encuentro abordó estrategias conjuntas para la detención de líderes criminales y la mejora en los procesos de extradición.

De acuerdo con EFE, el gobierno de Laura Fernández ha intensificado en los últimos meses los operativos policiales en zonas identificadas como corredores de tráfico de drogas. Entre los casos de mayor impacto figura la captura de alias Diablo, presunto cabecilla de una red de narcotráfico con ramificaciones en Nicaragua y Colombia. Las autoridades costarricenses también concretaron la extradición a Estados Unidos de Macho Coca, solicitado por la justicia estadounidense por delitos de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Estos resultados han sido presentados por la administración Fernández como prueba del compromiso de Costa Rica con la seguridad regional. El Ministerio de Seguridad Pública ha reportado la incautación de más de 24 toneladas de cocaína en lo que va de 2026 y la desarticulación de al menos ocho bandas criminales, datos confirmados por EFE a partir de informes oficiales.

El fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos se refleja en el acceso de Costa Rica a sistemas de inteligencia compartida, capacitación de fuerzas policiales y dotación de tecnología para el control fronterizo. Fuentes diplomáticas citadas por EFE señalan que el flujo comercial entre ambos países continúa creciendo, con especial énfasis en productos tecnológicos, dispositivos médicos y café.

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2025, Estados Unidos ha priorizado la articulación de políticas de seguridad regional con gobiernos afines en América Central, como los de Nayib Bukele en El Salvador y Nasry Asfura en Honduras. En ambos casos, Washington ha ofrecido respaldo logístico y político para el combate a estructuras criminales, consolidando un eje de colaboración que incluye a Costa Rica.

El diálogo bilateral de esta semana se suma a una serie de contactos de alto nivel orientados a reforzar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y comercio.

La República Dominicana atraviesa un momento de auge en el turismo internacional y el mercado argentino ha sido uno de los grandes protagonistas de este crecimiento.

Durante julio de 2026, el país caribeño recibió 48,438 turistas procedentes de Argentina, una cifra que representa un aumento del 14% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron 42,601 llegadas.

Este desempeño no solo reafirma el atractivo del destino para los argentinos, sino que también lo posiciona entre los mercados emisores más relevantes a nivel global.

El crecimiento de la llegada de turistas argentinos se enmarca en un contexto de expansión sostenida del turismo en República Dominicana. En julio, el país alcanzó un nuevo récord histórico con la llegada de 921,718 turistas por vía aérea, lo que significó un incremento del 7% respecto al mismo mes del año anterior.

Entre enero y julio de 2026, la cifra acumulada de visitantes argentinos alcanzó los 321,645, lo que representa también una variación positiva del 14% respecto al mismo periodo de 2025.

Argentina se consolida como el tercer mercado emisor de turistas hacia República Dominicana a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Además, se mantiene como el principal mercado latinoamericano en volumen de viajeros hacia el destino, superando a otros países de la región.

Este flujo constante contribuye de manera significativa al posicionamiento internacional de República Dominicana como un destino preferido por los turistas sudamericanos.

El éxito del destino caribeño no es casual. La expansión de la infraestructura hotelera, el desarrollo de nuevos polos turísticos y la diversificación de la oferta de servicios han sido factores determinantes para atraer a un mayor número de visitantes.

Zonas como Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, Miches, Samaná, Santiago y Juan Dolio–Boca Chica reflejan una distribución cada vez más equilibrada del turismo a lo largo del territorio nacional, lo que permite que los beneficios del sector lleguen a más comunidades.

Los turistas argentinos valoran especialmente la calidad y variedad de la oferta dominicana. En julio, otorgaron una calificación promedio de 4,4 sobre 5 a su experiencia, y el 91% manifestó su intención de recomendar el destino, destacando la excelencia en el servicio y la diversidad de actividades disponibles.

El turismo de República Dominicana apuesta a experiencias de mayor calidad, diversidad y sostenibilidad, respondiendo así a las tendencias globales y a las expectativas de los viajeros internacionales más exigentes.

Además de los atractivos naturales y la infraestructura renovada, República Dominicana ha fortalecido su cadena de valor turística con la generación de empleos y oportunidades para pequeñas y medianas empresas locales.

El impacto del turismo se traduce en la creación de puestos de trabajo y en el fortalecimiento de las economías regionales, permitiendo que miles de familias dominicanas se beneficien directamente de la actividad turística.

Los datos de julio de 2026 reflejan también la confianza de los inversionistas en el destino. La construcción de nuevos hoteles y la expansión de la oferta de servicios son parte de una estrategia para responder a la creciente demanda internacional. El Ministerio de Turismo, entidad catalizadora del sector, continúa su labor de planificación, promoción y regulación para asegurar que el crecimiento turístico sea sostenible y equitativo en el largo plazo.

El flujo de turistas procedentes de Argentina y de otros mercados emisores mantiene a República Dominicana como un referente en la región del Caribe. Algunos mercados destacados incluyen países europeos como España, Francia y Alemania, así como Brasil y Chile en Sudamérica, lo que evidencia la diversidad de la demanda internacional.

En suma, julio de 2026 marcó un nuevo hito para el turismo dominicano, con cifras récord y una oferta en constante evolución. El país se consolida como un destino turístico líder, capaz de atraer a visitantes de múltiples nacionalidades y de brindar experiencias memorables, sostenibles y de alta calidad.

Guatemala recibió 1,915,874 visitantes entre enero y julio de este año, según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) difundidos por la agencia EFE. Este avance, aunque moderado respecto a años previos, refleja el impacto de una estrategia gubernamental orientada a diversificar los mercados emisores y captar viajeros con mayor capacidad de gasto.

Durante el mes de julio, Guatemala recibió alrededor de 288,700 visitantes, lo que representa un aumento del 2 % frente a los 283,091 turistas registrados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras del Inguat citadas por EFE.

El organismo atribuyó este comportamiento a la recuperación de mercados clave y a eventos regionales que impulsaron la movilidad hacia el país centroamericano.

El mercado salvadoreño mostró una recuperación relevante en julio, con un incremento del 5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Según datos de EFE y basados en fuentes oficiales, la llegada de 71,075 visitantes procedentes de El Salvador se concentró en la temporada de las Fiestas Agostinas, que motivaron una derrama económica estimada en 21.6 millones de dólares entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

Por su parte, Estados Unidos se mantuvo como el segundo mayor emisor de turistas hacia Guatemala, aportando 73,593 visitantes durante julio. El Inguat destacó, según EFE, la estabilidad de este flujo, con un leve incremento del 0.1 % pese a la reducción de la capacidad aérea, el encarecimiento de los boletos y el aumento de los costos operativos de las aerolíneas.

El reporte también señala que el crecimiento general del turismo se ve respaldado por el dinamismo de otros mercados emisores. Países como Australia experimentaron un aumento del 50 % en el flujo de visitantes, mientras que México subió un 39 %, Panamá un 30 %, Nicaragua un 26 %, Colombia un 25 % y Países Bajos un 20 %, según datos de EFE.

El plan gubernamental implementado desde 2024 busca posicionar a Guatemala como un destino sostenible y atractivo dentro de Centroamérica. Las medidas incluyen la promoción de la oferta turística, el fortalecimiento de la conectividad y la captación de viajeros que extiendan su permanencia y gasto en el país.

Durante 2025, Guatemala recibió un total de 3,361,843 visitantes, lo que supuso un incremento del 11 % respecto a los 3,037,282 turistas contabilizados en 2024. Para el cierre de 2026, el Inguat proyecta alcanzar los 3.6 millones de visitantes, en línea con el objetivo de llegar a cuatro millones para el año 2027, según información de EFE.

Países de origen de los turistas anualmente

El flujo turístico hacia Guatemala está liderado por visitantes provenientes de El Salvador y Estados Unidos, que en los últimos años han alternado posiciones como principales mercados emisores. Según datos consolidados de la Organización Mundial del Turismo y del Inguat, los países que históricamente aportan mayores volúmenes de turistas al territorio guatemalteco son El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica.

El Salvador destaca por la proximidad geográfica, la afinidad cultural y las festividades compartidas, factores que impulsan el turismo fronterizo y de corta estancia. Estados Unidos, por su parte, aporta un flujo constante de viajeros, muchos de ellos de origen guatemalteco residentes en ese país, que visitan familiares o realizan turismo de negocios y ocio.

Honduras y México también figuran entre los principales emisores, con flujos que se ven favorecidos por acuerdos regionales y una oferta turística diversificada que incluye destinos arqueológicos, naturales y urbanos. Costa Rica, aunque en proporción menor, mantiene una presencia relevante, especialmente en el segmento de turismo de naturaleza y aventura.

El crecimiento de mercados como Australia, Países Bajos y Colombia revela la efectividad de la diversificación emprendida por el Inguat, que ha enfocado parte de sus campañas en nichos como el ecoturismo, el turismo comunitario y la promoción de destinos menos tradicionales.

La evolución de estos indicadores es monitoreada de forma constante por el Instituto Guatemalteco de Turismo, que prevé la consolidación de estos mercados y el incremento progresivo de la llegada de visitantes internacionales en los próximos años.

El régimen de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, ha solicitado 687,710 dólares al Fondo Verde para el Clima con el objetivo de fortalecer la capacidad estatal en materia de cambio climático.

La petición ocurre en un contexto de reiteradas denuncias internacionales sobre el otorgamiento de concesiones mineras y el despojo de territorios indígenas, mientras persiste la afectación a los bosques del país.

Según un documento oficial firmado por el ministro Javier Gutiérrez Ramírez y la directora de proyectos Vanessa Molina Cruz, la iniciativa pretende ejecutar sus actividades a lo largo de 24 meses, enfocándose en la capacitación de funcionarios, la elaboración de instrumentos de política climática y el desarrollo de proyectos que puedan acceder a financiamiento internacional.

De acuerdo con datos publicados por Artículo 66, la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia (SCCP) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) estarán a cargo de la gestión del proyecto. La propuesta incluye capacitaciones presenciales y virtuales, talleres destinados a diseñar estrategias de adaptación y mitigación, así como la creación de una plataforma educativa en línea para funcionarios estatales.

También se prevé el intercambio de experiencias con otros países de América Latina y la elaboración de una hoja de ruta para una estrategia climática nacional de largo plazo.

La solicitud actual contrasta con el antecedente inmediato del proyecto Bio-CLIMA, un programa financiado previamente por el Fondo Verde para el Clima con 116.6 millones de dólares, cuyo propósito era reducir la deforestación y aumentar la resiliencia de las reservas de Bosawás y Río San Juan.

En marzo de 2024, el Fondo Verde canceló este proyecto tras recibir denuncias sobre posibles afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes, así como incumplimientos de salvaguardas ambientales y sociales. Según la investigación interna realizada por el mecanismo independiente de rendición de cuentas del Fondo, las denuncias incluían la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.

A pesar de este precedente, el gobierno de Ortega volvió a presentar una solicitud de fondos, esta vez dirigida exclusivamente a fortalecer capacidades estatales para formular proyectos climáticos y captar recursos internacionales. De acuerdo con Artículo 66, el nuevo documento no se refiere a acciones directas de restauración de bosques ni a la protección de comunidades, puntos que habían sido señalados como críticos por organismos internacionales.

La propuesta oficial identifica cinco obstáculos principales para la gestión climática en Nicaragua: limitaciones en el diseño de proyectos y acceso a financiamiento, carencias técnicas, ausencia de una estrategia climática de largo plazo, falta de una plataforma de capacitación integral y escasa integración del cambio climático en los programas educativos. Entre las actividades programadas figuran la capacitación de funcionarios públicos, el desarrollo de materiales técnicos y la realización de talleres sobre adaptación y mitigación climática.

Según Artículo 66, el documento oficial menciona a los pueblos indígenas y afrodescendientes entre los grupos que se beneficiarían de las políticas climáticas previstas. No obstante, no identifica a organizaciones indígenas concretas como participantes en el diseño de la solicitud ni define mecanismos de consulta directa con estas comunidades. El texto incluye referencias a derechos sobre la tierra en algunos materiales educativos, pero omite detalles sobre la implementación de procesos de consulta.

El contexto en el que se presenta esta solicitud está marcado por cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y ambientales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado suspender la aprobación de concesiones mineras, forestales y de monocultivos en territorios indígenas y afrodescendientes hasta garantizar procesos de consulta previa, libre e informada.

Un monitoreo realizado por el medio Artículo 66 reporta que 83 lotes mineros afectan a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, abarcando más de 1,276,347 hectáreas. Además, se documentó el encarcelamiento de ocho guardabosques mayangnas, condenados por defender sus territorios frente a actividades extractivas.

A pesar de incluir a los pueblos indígenas entre los potenciales beneficiarios, la propuesta no contempla acciones dirigidas a la restauración de bosques ni a la protección directa de comunidades. En el diseño de la plataforma educativa y de las actividades previstas, la participación de sectores vulnerables aparece de manera general, sin precisar mecanismos de consulta ni integración de representantes de las comunidades en el desarrollo del proyecto.

El gobierno de Nicaragua sostiene que la propuesta busca fortalecer la institucionalidad para cumplir con compromisos internacionales en materia de cambio climático y ampliar la participación de sectores vulnerables. Sin embargo, organismos internacionales y grupos de la sociedad civil mantienen sus advertencias sobre el avance de concesiones mineras, la afectación ambiental y la falta de consulta efectiva a las comunidades indígenas y afrodescendientes.

La nueva solicitud de fondos al Fondo Verde para el Clima se produce en un escenario donde persisten denuncias de despojo ambiental y cuestionamientos a la coherencia de la política climática oficial frente a la situación real en los territorios indígenas del país.

La Policía Nacional de la República Dominicana detuvo a Justin Esteban Peguero, conocido como “Polote”, de 21 años, señalado por su presunta participación en una serie de robos mediante arrebatos en la vía pública.

El operativo, llevado a cabo por la División de Investigación (DICRIM), C-2, adscrita al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, permitió la recuperación de 17 carteras con documentos personales, tarjetas bancarias y otras pertenencias de ciudadanos afectados.

La aprehensión se produjo tras un proceso de seguimiento y análisis de cámaras de seguridad, lo que facilitó la identificación de Peguero y su posterior localización en la intersección de la calle Vicini y París, en el sector San Carlos del Distrito Nacional.

Al momento de la captura, el sospechoso se desplazaba en una motocicleta marca HAOJUE, modelo XPRESS, color rojo, sin placa visible, y en su poder se halló una cartera tipo mariconera que contenía cinco teléfonos celulares de diferentes marcas.

Durante el proceso de investigación, Peguero habría admitido su implicación en los hechos y explicó que, tras cometer los arrebatos, solía deshacerse de las carteras y documentos sustraídos en terrenos baldíos cercanos. Esta confesión dirigió a los agentes a la calle 27 esquina Francisco Carvajal, donde se realizó la recuperación de las pertenencias robadas.

Entre los objetos incautados se encontraron pasaportes haitianos, cédulas de identidad, documentos de identidad de extranjeros, permisos de trabajo, tarjetas bancarias, tarjetas del Metro de Santo Domingo, carnés laborales, llaves y otros efectos personales.

El detenido, junto con la motocicleta y las evidencias ocupadas, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará la imputación formal y las acciones legales pertinentes.

Penas establecidas en el Código Penal de República Dominicana para el delito de robo

El Código Penal de la República Dominicana considera el robo como la sustracción fraudulenta de efectos o bienes ajenos, y contempla diversas sanciones en función de la modalidad y circunstancias del delito. Según el artículo 379 del Código Penal, el robo simple se castiga con una pena de reclusión menor de tres a diez años, cuando el hecho se comete con violencia o fractura, o si el valor de lo sustraído supera determinados montos.

Por su parte, el artículo 384 aumenta las sanciones cuando el delito se realiza con agravantes, como el uso de armas, violencia contra las personas o en circunstancias que demuestren mayor peligrosidad social. En estos casos, la pena puede incrementarse hasta veinte años de reclusión mayor, especialmente si concurren elementos como reincidencia, participación de varias personas o el uso de vehículos para facilitar la huida.

El artículo 381 contempla penas accesorias, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la prohibición de portar armas y la obligación de devolver los bienes sustraídos o reparar el daño causado a las víctimas. A su vez, el Código establece que la reincidencia se considera un agravante que puede aumentar la duración de la pena impuesta.

En casos en que el robo se comete en la vía pública y mediante arrebato, como se imputa en el caso de “Polote”, las autoridades suelen aplicar la máxima rigurosidad en la investigación y persecución del delito, dada la alarma social que este tipo de hechos genera en la ciudadanía.

El Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentar las pruebas y solicitar la imposición de medidas de coerción, como la prisión preventiva, mientras se desarrolla el proceso judicial. El avance de la investigación y la tipificación final del delito determinarán la pena que podría enfrentar el imputado, conforme a lo dispuesto en el Código Penal dominicano.

La Policía reiteró su compromiso de continuar los operativos para prevenir delitos contra la propiedad y garantizar la seguridad en los espacios públicos del país.

La estrategia de Nicaragua en el mercado regional de energía eléctrica ha tomado un nuevo rumbo durante los últimos años, marcando una intensificación en la compra y venta de electricidad que beneficia al sector empresarial y amplía el alcance de sus exportaciones, principalmente hacia Honduras.

Según reportó La Prensa, el país centroamericano destina crecientes recursos a la importación de energía, mientras revende parte de ese suministro a precios superiores, sin lograr una reducción en las tarifas que pagan los consumidores locales.

De acuerdo con datos oficiales publicados por La Prensa, Nicaragua destinó cerca de 130 millones de dólares a la compra de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) durante 2025.

En los primeros meses de 2026, el desembolso ya alcanzó 65.77 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN). Esta estrategia permite a las empresas del sector eléctrico adquirir energía a precios más bajos en países vecinos y luego venderla tanto en el mercado interno como externo.

Especialistas citados por La Prensa califican el modelo como “contradictorio”, ya que los márgenes de ganancia para las empresas aumentan, pero los usuarios nicaragüenses continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más altas de la región. Los datos de GlobalPetrolPrices, difundidos por el mismo medio, indican que el precio residencial promedio de la electricidad en Nicaragua se ubica en 0.176 dólares por kilovatio hora y para el sector industrial en 0.211 dólares, superando los promedios regionales y globales.

En el plano internacional, Honduras se ha consolidado como un nuevo destino para la energía nicaragüense. Desde el año pasado, Nicaragua suministra 30 megavatios a Honduras a un precio inferior al costo de generación local, mientras que el Congreso Nacional hondureño ratificó contratos para la compra de 80 megavatios a través del MER, parte de los cuales provienen del mercado nicaragüense.

Según declaraciones del presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de Honduras, Héctor Corrales, el precio de compra ronda los 8 centavos de dólar por kilovatio, frente a los 16 centavos que cuesta generarlo localmente.

La Prensa detalla que el acuerdo con Honduras responde a la necesidad de aliviar los problemas de abastecimiento en ese país y reducir las pérdidas derivadas de un sistema de distribución obsoleto. Los diputados hondureños consideran que el trato resulta favorable y han exhortado a su sector eléctrico a fortalecer las fuentes renovables y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Por su parte, el régimen de Daniel Ortega destaca la transformación de la matriz energética nacional. Según los datos recopilados por La Prensa, la capacidad instalada de generación eléctrica en Nicaragua pasó de 754 megavatios en 2006 a 1,718 megavatios en 2026, de los cuales 54.4% corresponde a fuentes renovables.

El ministro de Energía, Salvador Mansell, subrayó que el país genera casi la mitad de su electricidad con renovables, aunque omitió el papel de las inversiones privadas extranjeras en ese avance.

Pese al incremento de la capacidad instalada y la cobertura eléctrica cercana al 100%, la importación de energía casi se duplicó en los últimos cinco años, lo que evidencia dificultades para que la producción local cubra la demanda y reduzca los precios internos. El informe de La Prensa señala que el Estado apostó por megaproyectos hidroeléctricos como Tumarín, pero estos no se concretaron, lo que mantiene la dependencia de la importación y de la modernización pendiente del sistema eléctrico.

El modelo nicaragüense ha generado cuestionamientos entre usuarios y especialistas, quienes advierten que los principales beneficiarios son empresarios del sector eléctrico y figuras vinculadas al gobierno de Ortega, como la familia Murillo. En ese contexto, la población continúa sin percibir una reducción en los costos de la electricidad ni una mayor transparencia en las operaciones de compra y venta de energía.

La investigación de La Prensa concluye que, mientras Nicaragua amplía su presencia en el mercado energético regional y obtiene ganancias por la exportación de electricidad, los hogares y empresas nacionales siguen enfrentando tarifas elevadas, en contraste con los argumentos oficiales sobre transformación y progreso en el sector.

Los precios de regalos para el Día de la Madre en Costa Rica registran diferencias de hasta 140%, según un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) divulgado este jueves, una variación que se detectó en productos idénticos y que se complementa con hallazgos sobre incumplimientos en publicidad digital y ventas a crédito durante la misma temporada comercial.

El informe también concluyó que el 43.5% de los comercios revisados en publicidad digital presentaba al menos una infracción a la normativa de protección al consumidor.

En paralelo, el 73% de los negocios fiscalizados en ventas a crédito incurrió en incumplimientos en la información entregada a los clientes.

Según CRHoy.com, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio monitoreó entre el 13 y el 16 de julio de este año los precios de 12 artículos de línea blanca y electrodomésticos en 24 comercios, entre cadenas y negocios independientes. El análisis abarcó 55 marcas y 216 modelos.

La mayor diferencia entre artículos idénticos fue de 140%, equivalente a ¢22.432 (USD 49.96), en una olla arrocera de 10 tazas, de 1.8 litros, modelo RC5200M. Para establecer estas brechas, la institución comparó precios de productos iguales disponibles en dos o más comercios.

En los artículos similares, es decir, aquellos que cumplen la misma función pero cambian de marca o de características, el estudio encontró diferencias de hasta 437%. El caso señalado fue una olla arrocera de 10 tazas.

Ese dato responde al núcleo de la advertencia oficial: un mismo tipo de regalo para el Día de la Madre puede costar varias veces más según el comercio, incluso cuando se trata de bienes comparables para el consumidor.

El estudio incorporó además la participación del Observatorio de Comercio Electrónico para revisar la información incluida en publicidad digital dirigida al consumidor. La fiscalización se centró en plataformas como sitios web con carrito de compra y redes sociales como Facebook e Instagram, pertenecientes a empresas que venden ropa, zapatos, perfumes, joyería, artículos electrónicos, flores y alimentos.

La revisión alcanzó a 23 comercios entre el 24 y el 31 de julio de 2026. Se analizó un anuncio por establecimiento, seleccionado de forma aleatoria y correspondiente a ofertas que estaban disponibles para los consumidores en el momento de la evaluación.

Como resultado, 10 comercios acumularon 15 incumplimientos. Por esas faltas, el ministerio prevendrá a esos negocios para que corrijan sus anuncios en un plazo de 10 días hábiles y dará seguimiento al cumplimiento de esa disposición.

Ocho de 11 comercios incumplieron reglas en ventas a crédito

La publicación indicó que el MEIC también fiscalizó las ventas a crédito en 11 comercios que, en conjunto, suman 554 puntos de venta en todo el país. Para verificar el cumplimiento normativo se analizaron 68 colillas de crédito, 138 recibos de pago, 65 estados de cuenta y 55 expedientes de crédito.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, las tasas anuales máximas para el primer semestre de 2026 fueron de 51.21% para microcréditos y de 36.65% para créditos regulares y tarjetas de crédito en colones. El Banco Central publica esas tasas semestralmente.

Los resultados mostraron que ocho de los 11 comercios presentaron algún incumplimiento en la información entregada a los consumidores. El ministerio indicó que esas irregularidades fueron corregidas y que, tras la prevención emitida a los ocho negocios, el 100% realizó los ajustes correspondientes.

Para consultas o denuncias, el MEIC mantiene habilitado el número 800-CONSUMO, 800-266-7866, el asistente digital PACO te Asesora por WhatsApp en el 6140-9657 y su sitio web, donde también puede consultarse el informe completo.

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó oficialmente que Erick Dowson Prado no continuará al frente de la selección nacional Sub 20, luego de finalizar la participación del combinado juvenil en la reciente eliminatoria mundialista y clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, la FESFUT detalló que la decisión se adoptó tras una evaluación integral del proceso y de los resultados obtenidos, y abarca también la salida de los integrantes del cuerpo técnico Mario Villatoro y Adolfo Menéndez.

La Federación remarcó que desde el inicio de su gestión ha sostenido que los procesos deben primar sobre los resultados deportivos, y que un resultado, ya sea favorable o adverso, no puede ser el único elemento que determine la continuidad de un proyecto. No obstante, la FESFUT subrayó que respaldar los procesos implica evaluarlos en todos sus aspectos, incluyendo la conducción de grupo, la cohesión, el respeto, el sentido de pertenencia y la construcción de una identidad común alrededor de las selecciones nacionales.

Durante la última eliminatoria, la Sub 20 de El Salvador no logró avanzar a la instancia final del clasificatorio mundialista de la CONCACAF. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos, en un contexto marcado por derrotas ante selecciones rivales del área y una única victoria que no resultó suficiente para asegurar el boleto a la siguiente ronda. El balance deportivo de la participación dejó en evidencia dificultades tanto en el rendimiento colectivo como en la generación de oportunidades de gol, sumando también desafíos en el aspecto defensivo.

De acuerdo con el comunicado, en el desarrollo de la eliminatoria se presentaron situaciones internas que generaron una ruptura en la cohesión del grupo, lo que resultó incompatible con la filosofía y los principios que la actual administración busca establecer.

La FESFUT evitó individualizar responsabilidades, pero enfatizó que no permitirá ni normalizará divisiones dentro de una selección nacional, mucho menos aquellas que puedan generar señalamientos o diferencias entre jugadores por su origen o trayectoria futbolística.

El documento advierte expresamente que no se aceptarán conceptos como “los de aquí” y “los de allá” dentro de los equipos nacionales.

La Federación insistió en que portar la camiseta de El Salvador debe significar representar a un solo país, sin importar el lugar de nacimiento, residencia o el club en el que milita el jugador. “Aquí no debe haber grupos ni categorías de jugadores.

Aquí todos somos El Salvador”, puntualizó la FESFUT, al tiempo que se comprometió a proteger la unidad y fomentar ambientes en los que prevalezcan el respeto, la disciplina, la convivencia y el compromiso colectivo.

En su mensaje final, la FESFUT agradeció al cuerpo técnico saliente por el trabajo desempeñado y el tiempo dedicado durante el proceso, deseándoles éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Al mismo tiempo, la federación reiteró su apuesta por procesos de desarrollo y por una identidad de selección basada en la unidad y el sentido de pertenencia por encima de intereses individuales.

El cierre de este ciclo abre un nuevo capítulo para la selección Sub 20 de El Salvador, que deberá afrontar una reestructuración de cara a futuros torneos juveniles y clasificatorios de la región. La federación adelantó que continuará priorizando la formación integral de sus futbolistas y la consolidación de un modelo de trabajo que permita fortalecer la identidad azul y blanco en todas las categorías nacionales.

El 21 de septiembre de 2010, El Salvador despidió a Manyula, la única elefanta que habitó el Parque Zoológico Nacional durante 55 años. Su fallecimiento marcó a generaciones de visitantes y trabajadores del emblemático recinto de San Salvador, que funcionó hasta 2022.

A propósito del Día Mundial del Elefante, que se celebra cada 12 de agosto, se recuerda hoy el impacto que tuvo este paquidermo en el país y el recuerdo que aún se conserva en la memoria colectiva salvadoreña.

Manyula llegó a El Salvador el 25 de junio de 1955, cuando apenas era una cría, procedente de Alemania tras un traslado desde la India. El gobierno salvadoreño la adquirió por 50,000 colones, desembarcando en el puerto de La Unión antes de instalarse en la finca Modelo, espacio donde se ubicó el zoológico nacional.

Tres días después de su llegada, fue presentada al público, convirtiéndose desde entonces en un símbolo para el parque y una de las atracciones más queridas, según consta en la página de Facebook de “Historia de El Salvador”.

De acuerdo con La Prensa Gráfica, Manyula fue la única elefanta en la historia del Parque Zoológico Nacional de El Salvador. Su presencia resultó central para la identidad del lugar, no solo por su tamaño y longevidad, sino por el vínculo que estableció con los visitantes y cuidadores. “Tristeza, nada más tristeza. No puedo decir otra cosa porque dan ganas de llorar”, expresó Carlos Estrada, uno de los asistentes al homenaje póstumo que se realizó tras su muerte en 2010.

La ceremonia incluyó ofrendas de empleados, cuidadores y funcionarios como Norman Quijano, ex alcalde de San Salvador quien actualmente cumple condena de 13 años de prisión por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Manyula falleció tras varios meses de lucha contra una enfermedad renal. Según los reportes de La Prensa Gráfica, su deceso ocurrió a las 5:50 de la tarde del 21 de septiembre de 2010, a causa de un paro cardíaco.

Sus restos fueron depositados en una zanja que, años atrás, había sido su estanque cuando recién llegó al país. El acto funerario reunió a decenas de personas, entre adultos y niños, quienes manifestaron el afecto que sentían por el animal y la importancia que tuvo en sus vidas cotidianas.

“Una gran tristeza, pues, porque uno ya se había acostumbrado a los domingos que la venía a ver, los días de semana, con sus nietos y sus hijos juntos”, compartió Dora Salegio, visitante habitual del zoológico, en declaraciones recogidas por La Prensa Gráfica en septiembre de 2010.

El Parque Zoológico Nacional de El Salvador, donde vivió Manyula, abrió sus puertas en 1953 y operó durante casi siete décadas hasta su cierre definitivo en mayo de 2022. A lo largo de su historia, albergó especies como leones, tigres, jaguares, monos, aves exóticas, reptiles y venados, formando parte del acervo educativo y recreativo del país.

El recinto, ubicado en el corazón de San Salvador, se constituyó en punto de encuentro para familias y centro de aprendizaje para estudiantes de distintas generaciones. Según testimonios recopilados por La Prensa Gráfica, la presencia de la elefanta fue un eje central para la visita de miles de personas, quienes aún sonríen con su nombre, pues forma parte de sus recuerdos infantiles.

Manyula fue considerada la consentida del zoológico por muchas generaciones, como reseñó el perfil “El Salvador, Fotos y Música del Recuerdo”.

Su historia, desde su arribo en barco hasta su entierro en el mismo recinto donde vivió, está ligada al devenir del zoológico y al afecto de un país entero. Hoy, a 16 años de su fallecimiento, su figura continúa evocando nostalgia entre quienes la conocieron, y dimensionan los nuevos significados sobre el cuidado de la fauna silvestre.

La conmemoración del Día Mundial del Elefante refuerza la importancia de recordar la vida de Manyula y el legado del Parque Zoológico Nacional, cuyo cierre representó el fin de una era para la capital salvadoreña. Su historia ilustra la conexión entre los animales y las comunidades urbanas, así como la huella que pueden dejar en la memoria social.