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Gerardo Mérida es nuevamente citado ante la corte de NY para hablar del caso Rocha Moya

1 Junio 2026 at 12:40

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, compareció hoy formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York  tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos, donde una jueza federal calificó la evidencia presentada como “abundante”.

La comparecencia marca un punto crítico en las investigaciones internacionales que vinculan a los más altos niveles del gobierno de Sinaloa con el Cartel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, en particular al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Los medios internacionales que cubrieron la audiencia han señalado que Gerardo Mérida Sánchez acudió ante la corte de Estados Unidos encadenado de pies, manos y cintura, con el uniforme penitenciario color kaki. Mientras que su semblante lucía cavisbajo. Asimismo, se asignó una nueva audiencia a quien fuera el encargado de seguridad en Sinaloa para el próximo martes 4 de agosto de 2026.

Durante la audiencia judicial celebrada este lunes, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron los primeros paquetes de pruebas que vinculan de manera directa las operaciones de seguridad pública estatales con la protección de las redes de narcotráfico de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La valoración de la jueza encargada del caso, Katherine Polk, ha dejado claro que el proceso penal cuenta con un robusto sustento de grabaciones, testimonios y registros financieros que complican la situación legal del militar mexicano en retiro. Asimismo, sobre los diez funsionarios señalados de haber facilitado las operaciones del Cartel de Sinaloa y “Los Chapitos” la jueza dijo: “vendrán olas de acusados” en referencia a posible entrega de más funcionarios, mismos que podrían fungir como testigos protegidos.

La entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez ocurrió tras semanas de negociaciones discretas entre su equipo de defensa y las agencias federales, buscando presuntamente lagunas de cooperación que aminoren una condena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Este acontecimiento fractura la narrativa oficial en el estado de Sinaloa y añade una presión sin precedentes sobre la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, cuya licencia al cargo coincide con el endurecimiento de las acusaciones en el extranjero.

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