Habitantes de Eldorado podrán entregar armas de fuego y explosivos que tengan en sus hogares a cambio de incentivos económicos de hasta 15 mil pesos, como parte del programa Desarme Voluntario Sinaloa, que llegará al municipio el próximo lunes 9 de noviembre.

El módulo de recepción se instalará por único día en la plazuela municipal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La dependencia explicó que la entrega será anónima y las personas participantes no serán cuestionadas sobre la procedencia de los artefactos.

El programa tiene como objetivo retirar armas de los hogares y prevenir accidentes relacionados con su almacenamiento, particularmente aquellos que puedan poner en riesgo a integrantes de las familias.

De acuerdo con el Secretariado, la jornada se realiza en coordinación con el Ejército Mexicano y autoridades municipales. Una vez recibidos, los artefactos son destruidos por personal militar.

La dependencia señaló que algunas personas han participado porque conservaban armas por herencia o costumbre, aunque su presencia en casa les generaba temor.

Quienes requieran información sobre el programa pueden comunicarse de manera anónima al teléfono 667 126 3780, mediante llamada o WhatsApp.

Después de dos años y medio sin sesiones formales, en medio de una crisis de seguridad, el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa sigue esperando la renovación de sus representantes ciudadanos, luego de que el Gobierno del Estado abriera el proceso de recepción de propuestas el 30 de septiembre de 2026.

Miguel Calderón Quevedo, actual coordinador general del organismo, señaló que alrededor de 60 personas se registraron para participar en la renovación de los representantes ciudadanos del CESP, de entre quienes se elegirán 18 perfiles.

Calderón Quevedo señaló que la mayoría de las postulaciones provienen de la zona centro y sur del Estado, por lo que consideró importante que la nueva integración también contemple a personas de otras regiones y sectores de la sociedad.

“Esperamos que sean perfiles con real representación ciudadana”, expresó.

La última sesión plenaria del Consejo fue convocada por el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, el órgano no volvió a reunirse, pese a que la Ley de Seguridad Pública estatal establece que debe sesionar al menos una vez cada seis meses.

La ausencia de reuniones se prolongó durante el resto de la administración de Rocha Moya y continuó durante los gobiernos interinos de Yeraldine Bonilla Valverde y el actual de Graciela Domínguez Nava.

Esto significa que el Consejo permaneció sin sesionar cuando, en septiembre de 2024, comenzó la crisis de violencia derivada de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

El proceso de renovación de los representantes ciudadanos también se retrasó, pues sus períodos concluyeron en diciembre de 2025, pero fue hasta el 30 de septiembre de 2026 cuando se publicó la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, ya durante la administración interina Domínguez Nava, quien encabeza el Consejo y tiene la facultad de designar a los representantes.

La selección de los nuevos integrantes corresponde al Poder Ejecutivo estatal, que deberá analizar los perfiles y determinar quiénes ocuparán los 18 espacios de representación ciudadana.

El coordinador general del CESP consideró que el proceso se ha prolongado por la cantidad y diversidad de las propuestas, pues además de revisar los requisitos, se debe valorar la experiencia y formación académica de quienes se registraron.

Confió en que la designación se dé a conocer próximamente y que, una vez renovada la integración ciudadana, el organismo sea convocado de inmediato a una sesión formal.

Consideró importante que se incorporen perfiles de la academia, el sector empresarial y distintas profesiones, pero también representantes de víctimas de violencia, colectivos de madres buscadoras y defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión.

“Que considere criterios geográficos, es decir, sinaloenses, mujeres y hombres de las diferentes latitudes de nuestro estado”, manifestó.

Añadió que el objetivo es que el Consejo no solamente reconozca las acciones de las autoridades, sino que también pueda formular señalamientos y presionar para que se atienda una agenda de seguridad que preocupa a la población.

El coordinador reveló que él mismo se registró en la convocatoria, al igual que otras personas que han participado en anteriores integraciones del organismo. No obstante, dijo desconocer si será seleccionado.

“En mi caso particular, también me postulé, no sabemos las posibilidades que tengamos, pero cumplimos con la consideración del Poder Ejecutivo esa posibilidad”, comentó.

Frente a una de las crisis de seguridad más complejas que ha enfrentado Sinaloa, se necesita un incremento de al menos 5 mil millones de pesos para fortalecer las corporaciones policiales y las instituciones de justicia, estimó Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Consideró insuficiente el aumento de hasta 18 por ciento que se ha planteado para el presupuesto de 2027, pues representaría alrededor de 900 millones de pesos, una cantidad que, dijo, apenas atendería los síntomas de una problemática que requiere cambios estructurales.

“Si la intención es administrar la inercia, eso que nos anunciaron sería suficiente, pero el llamado que hemos hecho nosotros es que llevamos décadas administrando la inercia y que justamente es un factor que hoy está en medio de la problemática”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que el presupuesto debe responder a la dimensión de la crisis de violencia que enfrenta la entidad desde hace más de dos años, en lugar de mantener una distribución de recursos que, consideró, no ha permitido fortalecer las instituciones locales.

Como sustento de su planteamiento, el CESP elaboró el estudio Inversión pública y capacidad policial en Sinaloa, en el que compara los recursos destinados a seguridad en entidades con poblaciones similares.

El diagnóstico señala que durante 2026 Sinaloa destinó 2 mil 476.9 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que Sonora, con una población prácticamente igual, asignó 5 mil 33.1 millones de pesos, más del doble.

Chihuahua, por su parte, destinó 5 mil 713.9 millones de pesos, aunque tiene 23.6 por ciento más habitantes que Sinaloa.

El estudio también documenta que la Policía Estatal Preventiva cuenta con mil 179 elementos registrados, cuando, de acuerdo con la referencia de 1.8 policías por cada mil habitantes del Modelo Óptimo de la Función Policial, la entidad necesitaría 5 mil 449. Esto representa una diferencia estimada de 4 mil 270 policías.

Calderón Quevedo agregó que actualmente la Fiscalía cuenta con alrededor de 430 agentes del Ministerio Público, mientras que la Policía Estatal tiene aproximadamente mil 200 elementos, cifras que consideró insuficientes frente a las necesidades de seguridad y procuración de justicia.

También señaló la reducción de las corporaciones municipales, que pasaron de 5 mil 660 integrantes en 2010 a 3 mil 634 en 2026, una disminución de 35.8 por ciento.

El coordinador del CESP sostuvo que el presupuesto debe contemplar no solamente la contratación de más policías, sino también mejores salarios, prestaciones, formación, equipamiento e infraestructura, como cuarteles para las corporaciones estatales en el norte y sur de Sinaloa.

“Para este desafío, para este problema que hoy tenemos y que no es nuevo, ocupamos al menos 4 mil, 5 mil millones de pesos, es decir, ese preanuncio del 18 por ciento se queda realmente a una quinta parte de la necesidad real”, manifestó.

Indicó que el organismo ya presentó sus consideraciones a la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava y tiene reuniones pendientes con los grupos parlamentarios del Congreso del Estado para exponer los estudios comparativos y solicitar que el presupuesto de 2027 contemple un fortalecimiento de las instituciones.

Aclaró que el aumento de recursos para seguridad debe acompañarse de acciones en educación, cultura e infraestructura en las comunidades, pues consideró que atender la violencia requiere una intervención integral.

“Un requisito mínimo indispensable es tener buenas instituciones de seguridad pública y justicia locales y no depender de la Federación”, expresó.