El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntas afectaciones ecológicas derivadas del proyecto de construcción de una planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El documento fue recibido este 2 de junio de 2026 por la Oficialía de Partes de la Profepa y está dirigido a la titular de la dependencia federal, Mariana Boy Tamborrell.

En el escrito, Álvarez Máynez señala que la denuncia se presenta “contra quien resulte responsable” por hechos, actos y omisiones que, afirma, han generado y continúan generando desequilibrio ecológico, daños al ambiente y afectaciones a los recursos naturales en la zona de Topolobampo.

La denuncia está relacionada con el proyecto de construcción de una planta de amoniaco impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la compañía Proman, que contempla la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco.

El dirigente emecista argumenta que el proyecto presuntamente contraviene diversas disposiciones legales en materia ambiental, incluyendo artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Bienes Nacionales.

De acuerdo con el documento, la obra representaría un riesgo crítico para la Bahía de Ohuira, ecosistema ubicado en la zona costera de Topolobampo, considerado de importancia ambiental por su biodiversidad y actividad pesquera.

Como parte de los argumentos expuestos en la denuncia, se hace referencia a un análisis elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el que se advierte sobre posibles impactos ecológicos relacionados con la instalación y operación de la planta.

En el escrito también se solicita a la Profepa investigar los hechos denunciados y, en su caso, actuar conforme a las facultades que le otorgan las leyes ambientales federales.

La planta de amoniaco en Topolobampo ha sido motivo de controversia durante los últimos años debido a los señalamientos de organizaciones ambientalistas, pescadores y grupos ciudadanos que han advertido posibles riesgos para la Bahía de Ohuira y el ecosistema marino de la región.

El proyecto también ha enfrentado procesos legales y consultas públicas relacionadas con su viabilidad ambiental y el impacto en comunidades indígenas y pesqueras de la zona norte de Sinaloa

Actualmente en la zona de Topolobampo también se desarrolla la construcción de una planta de metanol, de la compañía Pacífico Mexinol, que ha reavivado las manifestaciones de pueblos originarios contra empresas extranjeras que puedan contaminar la región.

La familia de Jatniel Neftalí Valenzuela Montoya denunció retrasos por parte de la Fiscalía General del Estado en la emisión de la ficha de búsqueda y en las diligencias para localizar al joven, desaparecido desde el sábado por la tarde cuando salió a bordo de un vehículo Corolla azul modelo 2015.

Un familiar del joven señaló que desde las 15:15 horas del sábado no han tenido comunicación con él ni han podido ubicar el automóvil en el que viajaba, por lo que desde el domingo comenzaron a buscarlo por hospitales, comunidades y municipios cercanos.

“Ya buscamos en Villa Juárez, Eldorado, El Salado y no hemos tenido realmente una respuesta por parte de la Fiscalía como para nosotros tener el rastreo de las llamadas o dónde quedó su teléfono. A partir de ahí nosotros podemos empezar a buscar, pero así estamos a ciegas”, expresó.

Este reclamo fue llevado por la familia a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, pues la mandataria estatal encabezó un evento en Villa Juárez este martes.

De acuerdo con el testimonio, la denuncia fue presentada un día después de la desaparición; sin embargo, la ficha de búsqueda fue entregada hasta el martes, luego de que la familia acudiera nuevamente ante las autoridades.

“Fue el sábado en la tarde y ya teníamos más de dos días y medio sin que nos dieran la ficha. Apenas ayer nos la entregaron porque volvimos a ir”, comentó.

La familia criticó además la lentitud en las investigaciones y aseguró que no han recibido acompañamiento directo de la Comisión de Búsqueda.

“Están muy lentos, muy lentos. La muchacha que nos tomó la declaración es muy lenta”, reclamó el familiar.

Indicó también que solicitaron información relacionada con el rastreo telefónico del joven, conocido como “sábana de llamadas”, pero les informaron que ese procedimiento puede tardar de uno a dos meses.

“Eso es mucho tiempo. Entre más pasen los días son menos las esperanzas de encontrarlo”, lamentó.

Los familiares acudieron este martes a un evento encabezado por la Gobernadora de Sinaloa para solicitar apoyo directo y acelerar las investigaciones. Según relataron, la mandataria estatal se comprometió a revisar el caso y les proporcionó contacto con personal de apoyo para dar seguimiento.

Hasta el momento, la familia continúa difundiendo la ficha de búsqueda en redes sociales mientras mantienen recorridos y búsquedas por cuenta propia.

El actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, promovió un amparo desde la semana pasada contra cualquier “orden de aprehensión y ejecución en su contra”.

La denuncia fue hecha por Jenny del Rincón el pasado 13 de mayo y admitida el día 14 de mayo, y apareció en la lista de acuerdos este lunes 18 de mayo en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa.

La fecha del expediente señala que la denuncia por el amparo es contra acciones del titular de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.

Tras la petición y estos días que pasaron tras el ingreso, el juzgado señaló las 11:05 horas del 21 de mayo de 2026 para realizar una audiencia incidental.

“Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple del escrito inicial, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 581/2026-III-B, promovido por (...), contra actos del Titular de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades”, dice la resolución.

“SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión provisional”.

La acción jurídica de parte de Ricardo Jenny del Rincón, titular del SESESP, se realizó después de conocerse que la empresa ganadora del fallo de la Licitación Pública Nacional SESESP 01/2023 en la que se adquirieron 18 vehículos y 48 pick up (46 de ellas equipadas como patrullas) el 27 de septiembre de 2023, tenía como socios indirectos a dos empresarios que eran parte del Gabinete estatal como funcionarios de primer nivel y esto fue denunciado por un partido político local en el año 2024.

Según el Secretariado Ejecutivo como instancia convocante de la licitación “revisó cada una de las propuestas conforme a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Sinaloa”, mismo que habría incluido los documentos presentados por cada empresa participante en la convocatoria pública.

Tras la revisión de documentos, se determinó que en términos de ley no había ningún impedimento para la participación de Grupo Premier.

“... y no se advirtió ningún tipo de conflicto de interés, pues dentro de lo presentado por la empresa participante no se observó como socios directos a funcionarios estatales, Enrique Díaz Vega o Javier Gaxiola Coppel”, aclara el SESESP.

Según la licitación y el SESESP, las dos empresas realizaron propuestas en esa licitación, Premier Chevrolet hizo la oferta de menor precio, siendo 1.2 millón de pesos más económica que la otra empresa ofertante, por lo que fue la de mayor beneficio para las finanzas del Estado.

“Sobre un presunto conflicto de interés debido a que el Secretario Ejecutivo reportó en sus declaraciones patrimoniales una relación laboral pasada con una empresa presuntamente relacionada con el proveedor adjudicado, se precisa que la relación con esa empresa concluyó antes de ingresar a Gobierno del Estado, lo que quedó asentado en las declaraciones 2022 y 2023”, explicó el SESESP.

“El Secretario Ejecutivo no ha tenido ingresos de alguna actividad con una empresa independiente al empleo o cargo desde que entró a la presente administración”.

El 17 de noviembre de 2021, Ricardo Jenny del Rincón rindió protesta como nuevo titular del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa ante el propio Gobernador Rocha Moya.

Antes, Jenny del Rincón fue Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública y regidor por el Partido Acción Nacional.

La Intercamaral denunció presuntos actos de extorsión hacia empresas afiliadas a distintas cámaras empresariales en Sinaloa, señalando que personal de dependencias del Gobierno del Estado estarían solicitando pagos indebidos para agilizar trámites y revisiones.

Daniel Félix, vicepresidente de Canadevi, señaló que una de las áreas reportadas pertenece al departamento de Medio Ambiente de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, donde algunos afiliados indican que presuntamente se les solicitan alrededor de 20 mil pesos para que sus trámites puedan avanzar.

“Ya tenemos varios casos. En el caso de la cámara de vivienda, contamos con tres empresas que ya han sido afectadas. Y hay que dejarlo claro: no estamos accediendo a este tipo de extorsión, porque no queremos dar pie a que esta situación continúe. Hay otras cámaras que enfrentan el mismo problema; es un tema que ya preocupa y al que habrá que prestarle atención”, señaló.

Indicó que existen reportes formales de empresarios que aseguran haber recibido este tipo de solicitudes por parte de personal de Sebides, por lo que solicitaron al titular de la dependencia, Omar López Campos, para que se investiguen los señalamientos.

“Hacemos un llamado a nuestro Secretario, Omar López, para que revise estos casos al interior de la Secretaría y verifique las denuncias, porque ya son varios los afiliados afectados y no únicamente de una cámara, sino de diversas cámaras y asociaciones que presentan la misma queja, donde incluso estos mismos funcionarios están solicitando referidos para acudir a visitar las empresas”, expresó.

Ante esta situación, la Intercamaral reiteró la necesidad de sostener una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, con el objetivo de exponer directamente estos casos y solicitar acciones concretas para frenar posibles actos de corrupción.

Los representantes empresariales consideraron urgente que las autoridades atiendan esta problemática, ya que aseguraron que este tipo de prácticas afectan la operación de las empresas y generan incertidumbre en el sector productivo.