MEXICALI, JUNIO 4, 2026.- En un acto de memoria histórica para reconocer a mujeres que han transformado la historia de Baja California desde la lucha social, la academia y la defensa de los derechos humanos, el Congreso del Estado aprobó la inscripción de seis ciudadanas destacadas en el Muro de Honor de las Mujeres de Baja California.

Desde la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Michel Sánchez Allende, impulsó este reconocimiento para honrar a mujeres que durante años abrieron camino para otras, muchas veces desde espacios históricamente invisibilizados.

Las mujeres galardonadas en esta XXV Legislatura son: Rita Morales Palmas, Irma Leyva Sosa, María del Carmen Rioseco Gallegos, Martha Patricia Medellín Martínez, Silvia Lorena Arámbula Zazueta y Telma Artemisa Montaño Navarro (reconocimiento póstumo), quienes son reconocidas por sus aportaciones sobresalientes en ámbitos como la inclusión social, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la promoción de la igualdad de género, el desarrollo científico y tecnológico, la cultura y la participación ciudadana.

La selección se realizó a través de un proceso abierto y transparente en el que se recibieron 18 postulaciones ciudadanas. Para la evaluación de las trayectorias participaron instituciones académicas y especializadas como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la Secretaría de las Mujeres.

Con este acto, el Congreso del Estado da cumplimiento a la Ley del Muro en Honor de las Mujeres, buscando que niñas, adolescentes y juventudes encuentren referentes femeninos de lucha, liderazgo y transformación social.

“Agradezco a todas las diputadas y diputados que formaron parte de este importante acto de reconocimiento a las mujeres que hoy nos acompañan, así como a aquellas que ya no están con nosotras, pero que dedicaron su vida a la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. Su legado sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones”, expresó la congresista.

Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a las mujeres que, desde distintos espacios, contribuyen diariamente al desarrollo de la sociedad: aquellas que trabajan desde las comunidades y en los hogares, así como quienes realizan labores de cuidado y crianza, desempeñando un papel fundamental sin dejar de lado el bienestar de sus familias.

MEXICALI, MAYO 21, 2026.- Para identificar y corregir fallas institucionales que ponen en riesgo a las infancias, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó un exhorto de urgente resolución impulsado por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, exigiendo al Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Sistema DIF una revisión profunda de sus mecanismos de protección familiar.

Tras la dolorosa pérdida de Vicente, un niño de tres años que falleció el pasado 2 de mayo por exposición prolongada al calor al interior de un vehículo, la legisladora llevó el caso a la máxima tribuna del Estado donde advirtió que, más allá de las responsabilidades penales, esta tragedia obliga a las instituciones a revisar las redes de apoyo y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias.

«En el debate público se ha dejado en segundo plano lo realmente importante: la precarización de los cuidados, la salud mental y la sobrecarga emocional y económica de quienes cuidan; reducir este doloroso caso únicamente a la condena social invisibiliza las condiciones estructurales y nos impide generar cambios reales para proteger a la niñez», sentenció Sánchez Allende.

El acuerdo legislativo solicita formalmente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la titular de la FGE y a la presidenta del DIF Baja California, un informe detallado sobre el estado de los procedimientos de custodia, convivencias y medidas de protección infantil.

La diputada precisó que estas dependencias deberán transparentar sus tiempos promedio de atención, su carga de trabajo actual y los posibles rezagos existentes en la aplicación de pruebas periciales, valoraciones psicológicas y estudios de trabajo social, áreas clave para dictaminar entornos seguros.

Finalmente, Sánchez Allende hizo un llamado a que toda actuación judicial y gubernamental se ejecute bajo una perspectiva de género y de derechos de las infancias. Subrayó que el objetivo de esta auditoría institucional es garantizar que la justicia funcione como un escudo preventivo y no solo reaccione frente a la tragedia, apostando por reconstruir el tejido social desde la empatía y la corresponsabilidad.