Buscan frenar trabas que afectan a familias en predios sin regularización, en Baja California Sur
La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Congreso de Baja California Sur se presentó una iniciativa para fortalecer las facultades municipales para implementar programas de regularización territorial y certeza jurídica patrimonial, así como establecer disposiciones que impidan que la ausencia del título registral constituya un obstáculo para acceder a permisos de construcción cuando existan elementos suficientes que acrediten posesión legítima o derechos agrarios.
“La falta de un título formal de propiedad sigue siendo, para muchas familias sudcalifornianas, una barrera al momento de construir o mejorar su vivienda”, argumentó la iniciadora, diputada Teresita Valentín Vázquez.
La legisladora se refirió particularmente a comunidades rurales donde históricamente el crecimiento urbano y habitacional ha superado los procesos institucionales de regularización de la tenencia de la tierra como localidades del municipio de Mulegé.
“La iniciativa propone que los ayuntamientos cuenten con mayores herramientas para coordinar procesos de regularización territorial y brindar acompañamiento administrativo a personas que acrediten posesión legítima sobre predios destinados a vivienda”, destacaron.
Valentín Vázquez acreditó que no pretende fomentar ocupaciones irregulares ni sustituir facultades agrarias o registrales, sino generar mecanismos institucionales más sensibles a la realidad territorial y social.
Quienes buscan tramitar permisos o licencias de construcción se enfrentan a requisitos, condicionamientos o criterios administrativos que afectan directamente su derecho a una vivienda. Establece que los ayuntamientos no podrán exigir requisitos o cargas distintivas a las previstas en la ley.
La reforma plantea la creación de programas municipales de Regularización Territorial y Patrimonial, orientados a ordenar asentamientos humanos, facilitar la incorporación de servicios públicos y avanzar en procesos de certeza jurídica.
Finalmente, se contempla la coordinación con ejidos, el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad para impulsar mecanismos que permitan a las familias acceder a documentos legales que acrediten la tenencia de la tierra.
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