La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Congreso de Baja California Sur se presentó una iniciativa para fortalecer las facultades municipales para implementar programas de regularización territorial y certeza jurídica patrimonial, así como establecer disposiciones que impidan que la ausencia del título registral constituya un obstáculo para acceder a permisos de construcción cuando existan elementos suficientes que acrediten posesión legítima o derechos agrarios.  

“La falta de un título formal de propiedad sigue siendo, para muchas familias sudcalifornianas, una barrera al momento de construir o mejorar su vivienda”, argumentó la iniciadora, diputada Teresita Valentín Vázquez.  

La legisladora se refirió particularmente a comunidades rurales donde históricamente el crecimiento urbano y habitacional ha superado los procesos institucionales de regularización de la tenencia de la tierra como localidades del municipio de Mulegé. 

“La iniciativa propone que los ayuntamientos cuenten con mayores herramientas para coordinar procesos de regularización territorial y brindar acompañamiento administrativo a personas que acrediten posesión legítima sobre predios destinados a vivienda”, destacaron.   

Valentín Vázquez acreditó que no pretende fomentar ocupaciones irregulares ni sustituir facultades agrarias o registrales, sino generar mecanismos institucionales más sensibles a la realidad territorial y social.  

Quienes buscan tramitar permisos o licencias de construcción se enfrentan a requisitos, condicionamientos o criterios administrativos que afectan directamente su derecho a una vivienda. Establece que los ayuntamientos no podrán exigir requisitos o cargas distintivas a las previstas en la ley.  

La reforma plantea la creación de programas municipales de Regularización Territorial y Patrimonial, orientados a ordenar asentamientos humanos, facilitar la incorporación de servicios públicos y avanzar en procesos de certeza jurídica.  

Finalmente, se contempla la coordinación con ejidos, el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad para impulsar mecanismos que permitan a las familias acceder a documentos legales que acrediten la tenencia de la tierra.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Poder Legislativo de Baja California Sur aprobó la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.  

Tras el análisis realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, los integrantes de la XVII Legislatura aprobaron por mayoría, con los votos en contra de las representaciones del PAN y el PRI, la minuta.  

“El Congreso sudcaliforniano participa en el proceso constitucional mediante el cual las legislaturas estatales analizan y votan las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión”, destacaron.  

El principal cambio de la reforma constitucional es el establecimiento de una nueva fecha para la elección judicial federal, el primer domingo del mes de junio de 2028, la homologación de los procesos de elección judicial en las entidades federativas, el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y la selección de candidaturas.  

Asimismo, se abordan medidas orientadas a simplificar el voto ciudadano y garantizar la paridad de género en las postulaciones.  

Se contemplan acciones para fortalecer la función jurisdiccional con programas de capacitación para personas juzgadoras, además de ajustes en la organización y funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia.  

También plantea mecanismos para hacer más eficiente la operación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y establece criterios que deberán observar los poderes judiciales locales en sus procesos de elección.  

Finalmente, en la discusión del tema, la diputada Lupita Saldaña (del Partido de Acción Nacional) y el diputado Fabrizio del Castillo (Partido Revolucionario Institucional) consignaron sus votos en contra; en tanto que el legislador Eduardo Van Wormer defendió el voto favorable de las fracciones de la cuarta transformación.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por mayoría los dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Asuntos Comerciales y Turísticos, para incorporar las modalidades de turismo comunitario y turismo regenerativo, orientadas al desarrollo sostenible, la participación comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural.  

Las iniciativas fueron presentadas por la diputada Cristina Contreras Rebollo (Morena), y dictaminadas en sentido positivo por la Comisión antes mencionada, considerando que representa avances normativos importantes para actualizar el marco jurídico en materia turística.  

“Se reconoce y diferencia al turismo comunitario del turismo rural, al establecerlo como una modalidad turística autónoma, gestionada de manera colectiva por comunidades organizadas, pueblos originarios o núcleos agrarios”, señaló el Poder Legislativo.  

Las comunidades anfitrionas participarán directamente en la planeación, toma de decisiones, operación y distribución equitativa de los beneficios derivados de la actividad turística.  

En el capítulo “Del Turismo Comunitario”, se establecen bases para su promoción, acompañamiento institucional, capacitación, asistencia técnica, comercialización, certificación y evaluación.  

También se incorporó a la ley el concepto de turismo regenerativo, entendido como una actividad que no solo procura reducir impactos negativos, sino generar beneficios positivos mediante acciones de restauración de ecosistemas, revitalización de comunidades locales y promoción de prácticas sostenibles.  

Esta modalidad plantea una visión contemporánea del turismo, en la que participan de manera coordinada los sectores público, privado y social para fortalecer la resiliencia de los destinos.  

“Estas iniciativas aprobadas sientan las bases para avanzar hacia un modelo más incluyente, responsable y equilibrado, en el que la actividad turística contribuya no solo al crecimiento económico, sino también al bienestar de las comunidades, la conservación ambiental y la protección del patrimonio biocultural”, dijo la legisladora. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó una reforma constitucional que permitirá anular elecciones de cargos públicos cuando se compruebe la intervención extranjera en los procesos electorales. La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria realizada el 29 de mayo de 2026. 

De acuerdo con el dictamen avalado, la medida forma parte de una minuta enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Esta reforma adiciona un inciso a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección electoral. 

El documento señala que la intervención extranjera incluye cualquier acción que comprometa la equidad de la contienda, la libertad del voto o la veracidad de los resultados, siempre que se demuestre de manera objetiva. En el texto se indica que “la intervención extranjera podrá incluir actos que afecten la equidad de la contienda electoral”. 

La reforma busca fortalecer la integridad de los procesos democráticos, así como proteger la soberanía nacional. También pretende garantizar que la renovación de los poderes públicos derive únicamente de la voluntad ciudadana expresada mediante elecciones libres y auténticas. 

Durante la discusión legislativa, el dictamen fue respaldado por la mayoría de las y los diputados, aunque también hubo posturas encontradas. Mientras algunas legisladoras manifestaron su apoyo a la iniciativa, otras expresaron su desacuerdo, reflejando la diversidad de opiniones en torno a la medida y sus implicaciones. 

Con esta aprobación, el Congreso estatal emitió su voto favorable como parte del Constituyente Permanente, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución federal, avanzando así en el proceso de validación de la reforma. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa para institucionalizar el 2 de abril como el “Día Estatal de Concienciación sobre el Autismo”, con el objetivo de promover la inclusión y el reconocimiento de la diversidad en la entidad. La propuesta, presentada por el diputado Sergio Guluarte Ceseña, busca generar mayor visibilidad sobre esta condición y fomentar una cultura de respeto en la sociedad.  

De acuerdo con el legislador, la iniciativa parte de la necesidad de abordar el autismo desde un enfoque de derechos humanos. En ese sentido, afirmó que “el autismo debe entenderse desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente desde enfoques clínicos o asistencialistas”, subrayando la importancia de romper paradigmas tradicionales que limitan la comprensión de esta condición. 

El proyecto contempla la realización de jornadas informativas y de sensibilización dirigidas a diversos sectores de la población, incluyendo escuelas, familias, personal de gobierno y ciudadanía en general. Estas actividades deberán implementarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, con el propósito de fortalecer la detección temprana y favorecer entornos más inclusivos. 

Asimismo, la propuesta se enfoca en combatir prejuicios y barreras sociales que enfrentan las personas dentro del espectro autista. Según se expone, muchos de los obstáculos provienen del desconocimiento y de la falta de adecuaciones en los espacios educativos, sociales e institucionales, lo que limita la participación plena de este sector de la población.  

El diputado también destacó que la iniciativa se fundamenta en principios internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, inclusión y no discriminación. Añadió que este tipo de acciones contribuyen a visibilizar problemáticas históricamente ignoradas, sin requerir nuevos recursos públicos, ya que las actividades se realizarían con la infraestructura y presupuestos ya existentes. La propuesta fue turnada a la Comisión de Cultura y Artes para su análisis y dictamen.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Poder Legislativo presentó una iniciativa para crear mecanismos de protección dirigidos a trabajadores del transporte público en Baja California Sur y sus familias; contempla un programa permanente de seguro de vida para los concesionarios.  

La propuesta plantea reformas a la Ley de Transporte del Estado de Baja California Sur con el propósito de establecer un programa estatal de Apoyo Asistencial y un Seguro de Vida Permanente para concesionarios del servicio de transporte público en sus distintas modalidades.   

“Miles de trabajadores del volante laboran actualmente sin acceso a prestaciones como seguridad social, aguinaldo, vacaciones pagadas, Infonavit o mecanismos de protección ante accidentes, invalidez o fallecimiento”, indicó el legislador.  

La iniciativa establece que el Ejecutivo estatal podrá instituir un programa permanente de seguro de vida que otorgue respaldo económico a las familias de transportistas que pierdan la vida durante o fuera de la prestación del servicio, así como en casos de invalidez comprobada médicamente.  

También plantea que la Dirección de Transporte gestione programas asistenciales de apoyo económico y alimenticio inmediato para las familias afectadas por estas contingencias.  

“El transporte público representa una actividad esencial para la movilidad de estudiantes, trabajadores, personas adultas mayores y turistas en toda la entidad, por lo que consideró necesario avanzar hacia esquemas de mayor justicia social y protección laboral”, argumentó.  

Finalmente, se contempla que el ejecutivo estatal realice adecuaciones presupuestales y reglamentarias para poner en operación los programas planteados.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos de Los Cabos, La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé a actualizar o, en su caso, elaborar sus respectivos Atlas de Riesgos Municipales.  

“El Poder Legislativo solicitará a los 5 ayuntamientos del estado, a cumplir con la normatividad vigente en materia de protección civil, desarrollo urbano y cambio climático, además de utilizar y difundir públicamente la información contenida en dichos atlas”, señaló el exhorto. 

El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes destacó que Baja California Sur enfrenta de manera recurrente fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales y sismos, además de los efectos derivados del cambio climático, lo que hace indispensable “fortalecer los mecanismos de prevención y planeación territorial”.  

El crecimiento urbano acelerado, en algunos casos desordenado, ha propiciado asentamientos humanos en zonas de riesgo, incrementando la exposición de la población ante fenómenos perturbadores.   

“Los Atlas de Riesgo municipales constituyen herramientas técnicas fundamentales para identificar amenazas naturales y antropogénicas; en algunos municipios de la entidad, estos instrumentos se encuentran desactualizados o inexistentes, lo que limita la capacidad institucional para responder ante emergencias y realizar una adecuada gestión integral de riesgos”, indicó.  

Por último, se solicitó que se trabaje en coordinación con el Gobierno del Estado y se reporte al Congreso, los avances y acciones realizadas en materia de protección civil, así como la creación de un fondo estatal de emergencias a petición del legislador.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa que busca ampliar el acceso a vivienda para la población joven de la entidad. La propuesta fue presentada por el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, con el objetivo de incluir a este sector como prioridad dentro de los programas públicos habitacionales. 

Durante su intervención, el legislador destacó que actualmente independizarse representa un reto para miles de jóvenes, debido a factores económicos y estructurales. Señaló que “para miles de jóvenes sudcalifornianos, independizarse y acceder a una vivienda propia se ha convertido en un desafío marcado por bajos ingresos, rentas elevadas y limitaciones para acceder a créditos habitacionales”. 

La iniciativa contempla reformar la Ley del Instituto de Vivienda de Baja California Sur mediante la incorporación de una nueva atribución. Esta modificación permitiría impulsar políticas y estrategias dirigidas específicamente a facilitar que personas mayores de edad puedan acceder a una vivienda digna en el estado. 

El diputado subrayó que las juventudes enfrentan desigualdades importantes que dificultan la construcción de un patrimonio propio. En ese sentido, señaló que este grupo poblacional debe ser reconocido como vulnerable ante las brechas económicas, por lo que es necesario crear mecanismos legales que atiendan sus necesidades. 

De acuerdo con datos presentados, en Baja California Sur existen más de 223,000 personas de entre 12 y 29 años. Además, una proporción significativa de los hogares encabezados por jóvenes depende de viviendas rentadas o prestadas, lo que evidencia las dificultades para adquirir una propiedad. 

Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, donde será analizada para su posible aprobación. Con ello, se busca avanzar en la creación de políticas más inclusivas que garanticen el acceso equitativo a la vivienda en la entidad. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Una iniciativa para modernizar las sesiones del Congreso del Estado fue presentada por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez; se contempla la incorporación formal de herramientas tecnológicas y mecanismos de ilustración parlamentaria.  

“La actividad parlamentaria debe evolucionar conforme lo hace la sociedad, aprovechando nuevas herramientas que permitan comunicar de manera más clara y accesible los temas públicos que se discuten en el Congreso”, argumentó.  

Para lograr este cambio, se plantea adicionar los artículos 96 Bis y 138 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  

Se regularía el uso de materiales audiovisuales, presentaciones digitales, gráficos, imágenes, vídeos y otros recursos visuales durante las sesiones del pleno. Contempla también la posibilidad de auxiliarse de mamparas, gráficos impresos, documentos y otros elementos visuales, previa autorización de la presidencia de la mesa directiva.  

Por ello, se establece que diputadas y diputados podrán auxiliarse de materiales multimedia en la presentación de iniciativas, posicionamientos y proposiciones, siempre que dichos archivos sean entregados previamente a la Dirección de Informática en formatos compatibles para su reproducción.  

La propuesta fija límites respecto al contenido que podrá proyectarse durante las sesiones, prohibiendo material explícitamente violento, degradante, discriminatorio, ofensivo o ajeno al asunto parlamentario debatido.  

Por último, la iniciadora sostuvo que modernizar el Congreso no solamente implica digitalizar procesos administrativos, sino fortalecer la deliberación democrática y facilitar que la ciudadanía comprenda mejor el trabajo legislativo.  

Entre tanto, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y futura dictaminación.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante el Poder Legislativo se presentó una iniciativa con proyecto de decreto, con el que se busca tipificar el delito de “Corrupción Inmobiliaria” en Baja California Sur, así como incorporar la conducta como falta administrativa grave en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.  

“El alcance de la iniciativa es el de adicionar un artículo 291 Bis al Código Penal para el Estado de Baja California Sur, con el único fin de sancionar a servidores públicos o particulares que induzcan, faciliten o gestionen alteraciones documentales relacionadas con construcciones, uso de suelo, comercialización de inmuebles o edificaciones fuera del marco legal”, explicó el diputado Venustiano Pérez Sánchez.  

El promovente señaló que la propuesta surge ante el incremento de prácticas ilegales vinculadas al sector inmobiliario, como ventas fraudulentas, construcciones irregulares, despojos y actos de corrupción relacionados con autorizaciones, permisos y cambios de uso de suelo, acciones que afectan directamente el derecho de las familias.  

La reforma contempla sanciones de 10 a 20 años de prisión y multas económicas para quienes incurran en estas conductas, así como prever agravantes cuando existan beneficios económicos directos o indirectos para funcionarios públicos, familiares, socios o terceros relacionados, e incluso la cancelación definitiva de licencias y registros para agentes inmobiliarios involucrados.  

Se plantea adicionar un artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para considerar la corrupción inmobiliaria como una falta administrativa grave.  

Por último, el legislador destacó el crecimiento poblacional y la demanda de vivienda en la entidad, las cuales urgen fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio de las familias, principalmente para mujeres jefas de familia y adultos mayores, combatiendo ilegalidades que generan desigualdad, desplazamiento y afectaciones al ordenamiento territorial.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una explicación detallada sobre el aumento reciente en las tarifas de energía eléctrica. La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Olivas, quien planteó la necesidad de brindar certeza a la ciudadanía ante el alza en los cobros. 

La medida responde a diversas inconformidades expresadas por habitantes de la entidad, quienes han manifestado su molestia principalmente en redes sociales. Según lo expuesto, numerosos usuarios han reportado incrementos significativos en sus recibos de luz, incluso en comparación con el mismo periodo de años anteriores, lo que ha generado preocupación en la economía familiar.  

Con la aprobación de este exhorto, el Poder Legislativo busca que la CFE proporcione información clara sobre los criterios utilizados para fijar los costos del servicio. Además, se pretende asegurar que las tarifas aplicadas sean equitativas, entendibles y acordes a la realidad de los usuarios en la entidad. 

Durante su intervención, la diputada Karina Olivas subrayó la importancia de atender esta problemática, señalando que se trata de una demanda ciudadana legítima. “Las y los ciudadanos merecen saber con claridad por qué están pagando más por un servicio tan indispensable como la energía eléctrica”, expresó.  

Asimismo, la legisladora enfatizó que el Congreso debe ser un canal para atender las inquietudes sociales, por lo que reiteró su compromiso de continuar promoviendo acciones orientadas a proteger el bienestar económico de las familias sudcalifornianas ante situaciones que impacten directamente su calidad de vida. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas de Baja California Sur; esto, con el objetivo de fortalecer el derecho humano al agua y armonizar la legislación estatal con la nueva Ley General de Aguas impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.  

La propuesta responde a una realidad que viven miles de familias sudcalifornianas, particularmente en municipios como Los Cabos, donde persisten problemas de escasez, tandeos y largos periodos sin acceso regular al agua potable.  

“Podemos hablar de reglas administrativas o de cobranza, pero jamás podemos perder de vista que el agua es indispensable para cocinar, asearse, cuidar la salud y vivir con dignidad. El acceso al agua no puede convertirse en un privilegio para quien pueda pagar y una condena para quien atraviesa dificultades económicas”, expresó.  

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable y saneamiento por falta de pago, garantizando al menos una cantidad mínima para el consumo humano.  

Montoya Terrazas señaló que la propuesta también busca reconocer legalmente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en aquellas zonas donde no existe cobertura de organismos operadores, permitiendo fortalecer modelos de organización social.  

Finalmente, la iniciativa incorpora mecanismos de captación de agua pluvial para consumo doméstico, fortalece la participación ciudadana en la gestión del agua y plantea la capacitación.  

“Esta iniciativa no resolverá por sí sola todos los retos hídricos de Baja California Sur, pero sí representa un paso firme para construir un marco legal más justo, más humano y más cercano a las necesidades de nuestra gente”, concluyó.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) participaron en la actividad “Incubadora de Legisladores 2026: Voces del Futuro”, iniciativa organizada por el Congreso del Estado, en coordinación con las asociaciones Líderes por BCS y Voces del Futuro BCS.  

La actividad está orientada a fortalecer la formación cívica y el conocimiento del proceso legislativo entre las juventudes sudcalifornianas. 

El ejercicio fue realizado en el recinto legislativo estatal, reunieron a jóvenes de los diferentes municipios del estado, los cuales asumieron de manera simultánea el papel de diputadas y diputados.  

Los integrantes de la comunidad estudiantil de la UABCS participaron en dinámicas relacionadas con el funcionamiento parlamentario, el análisis de propuestas y la construcción de iniciativas enfocadas en problemáticas sociales de interés público.  

Entre los universitarios que participaron por parte de la Máxima Casa de Estudios en Sudcalifornia, se encuentran estudiantes de los programas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, Historia y Turismo Alternativo, reflejando el interés de las juventudes por involucrarse.  

Las y los participante desarrollaron propuestas legislativas vinculadas con temas como regulación de la inteligencia artificial y redes sociales, protección del medio ambiente y bienestar animal, salud mental, acceso a servicios de salud.  

Finalmente, de acuerdo con la jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, Brenda Ramírez Díaz, la actividad tuvo como propósito fortalecer habilidades de liderazgo, argumentación, análisis crítico y participación social, además de generar un espacio de acercamiento con instituciones públicas.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVII Legislatura realizó la entrega del donativo recaudado del torneo de pesca “Unidad Laboral”, mismo que realizó el Congreso en coordinación con el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), el Instituto Sudcaliforniano de Inclusión de Personas con Discapacidad (ISIPD) y patrocinadores.  

La entrega formal se desarrolló este lunes 25 de mayo, mismo que fue recibido por el director del Centro de Atención Múltiple (CAM Laboral) número 13 “María Dolores Cervantes Atilano”.  

Se trató de un cheque por un monto de 75,250 pesos que será de gran utilidad para el arreglo y actualización de aulas y talleres, destacaron los legisladores participantes, Sergio Guluares Ceseña y Sergio Polanco Salaices.  

La institución atiende a más de 40 alumnos con algún tipo de discapacidad y los prepara para que puedan acceder a algún tipo de trabajo propio de su condición.  

En la ceremonia, maestros y directivos entregaron reconocimientos a los 2 integrantes de la XVII Legislatura, por su apoyo a la institución.  

Por otro lado, se informó que el torneo fue patrocinado por un gran número de empresas sudcalifornianas, juntando a 215 pescadores y pescadoras del municipio de La Paz y Los Cabos.  

Finalmente, el director del ISIPD, Jorge Alberto Vale Sánchez, enfatizó que cada vez más empresas buscan personas con discapacidad para que sean parte de su personal; mientras que, el director del CAM informó que el donativo será aplicado transparentemente bajo la supervisión del personal docente, administrativo y padres de familia.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer la austeridad, la transparencia y la igualdad dentro de las instituciones públicas. El proyecto pretende ajustar la normativa estatal a las recientes modificaciones aprobadas a nivel federal, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los órganos de gobierno. 

La propuesta fue impulsada por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia y expuesta por el diputado Eduardo Van Wormer Castro, quien subrayó la necesidad de actualizar el marco legal local. Durante su presentación, destacó que el propósito es “responder a las nuevas disposiciones nacionales en materia de austeridad, igualdad sustantiva y eficiencia institucional”.  

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación obligatoria de principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en el Poder Legislativo y en los ayuntamientos. Con ello, se busca garantizar una participación más equitativa en la toma de decisiones y en la integración de los órganos de gobierno del estado.  

La iniciativa también plantea una reducción significativa en el número de regidurías en los cinco municipios, pasando de 48 a 35 espacios. Esta medida representa una disminución del 27 % y tiene como objetivo generar administraciones municipales más eficientes, además de promover un uso responsable de los recursos públicos.  

En materia financiera, se propone establecer un límite al gasto del Congreso estatal, que no deberá superar el 0.70 % del Presupuesto de Egresos. Asimismo, los recursos ahorrados serán destinados a proyectos de infraestructura pública. La reforma también contempla restricciones a prestaciones de servidores públicos, prohibiendo beneficios no contemplados en la ley, con el fin de asegurar un manejo transparente y austero del presupuesto. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó remitir al Congreso de la Unión una iniciativa que busca adicionar el artículo 56 Ter a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de impulsar nuevas condiciones laborales en México. La propuesta fue presentada por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez ante el pleno de la XVII Legislatura. 

La iniciativa plantea la incorporación de medidas de flexibilidad laboral dirigidas a personas con responsabilidades familiares, procurando que estas se implementen sin afectar el funcionamiento de los centros de trabajo. Según se expone en el documento, se busca avanzar hacia esquemas más equilibrados entre la vida laboral y personal. 

Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que la reforma pretende “incorporar a la ley mecanismos razonables de flexibilidad laboral y corresponsabilidad familiar que permitan avanzar hacia condiciones laborales más humanas y acordes con las necesidades actuales”. Esta perspectiva, dijo, responde a los cambios sociales y a la necesidad de reconocer las dinámicas familiares contemporáneas. 

Asimismo, se subrayó que la propuesta atiende particularmente la situación de las mujeres, quienes dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta condición, respaldada por datos del INEGI, limita sus oportunidades laborales y profundiza desigualdades, por lo que la reforma busca contribuir a su reducción. 

Entre los mecanismos propuestos se encuentran horarios flexibles o escalonados, ajustes en la jornada laboral, modalidades híbridas, permisos autorizados y la reorganización de cargas de trabajo. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y enviada al Congreso de la Unión para su análisis. 

En la discusión, el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda reconoció el impulso de la propuesta y subrayó la importancia de equilibrar los derechos laborales con la realidad de las pequeñas y medianas empresas, destacando que el cambio debe considerar tanto a trabajadores como a empleadores. 

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el propósito de mejorar la vigilancia interna y el acceso a la información pública, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal. La propuesta fue expuesta ante el pleno de la XVII Legislatura.  

El planteamiento busca establecer con claridad el derecho de las y los legisladores a solicitar información administrativa específica a diversas áreas del Congreso. Entre los datos que podrían requerirse se contemplan inventarios, adquisiciones, contratos, presupuesto y actividades de comunicación social, todos relacionados con el uso de recursos públicos. 

Además, la iniciativa contempla que las áreas administrativas estén obligadas a entregar información completa, documentada y verificable dentro de plazos definidos. Esto, de acuerdo con la legisladora, permitiría contar con herramientas más sólidas para evaluar el manejo interno del Congreso y atender posibles inconsistencias.  

Otro de los puntos relevantes consiste en fortalecer la supervisión técnica y presupuestal. La propuesta permitiría que integrantes de la Comisión de Cuenta y Administración participen como observadores en sesiones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política cuando se discutan temas financieros o administrativos.  

Durante la presentación, Valentín Vázquez subrayó que “la transparencia institucional debe ejercerse con el mismo rigor con el que el Poder Legislativo exige rendición de cuentas a otros entes públicos”, al tiempo que enfatizó el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos del Congreso.  

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis, donde se determinará su viabilidad y eventual avance en el proceso legislativo.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa para sancionar de manera más severa los fraudes relacionados con programas sociales en Baja California Sur. La propuesta busca frenar el aumento de engaños que se difunden principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, donde los delincuentes utilizan identidades institucionales para obtener beneficios económicos indebidos.  

De acuerdo con la legisladora, estas prácticas han ido en aumento y afectan a ciudadanos que confían en supuestos apoyos gubernamentales. Los responsables simulan ofrecer inscripciones o beneficios de programas oficiales y solicitan pagos o datos personales, aprovechando la necesidad de la población.  

La iniciativa plantea modificar el Código Penal estatal para incluir este tipo de fraude como un delito específico. También propone aumentar las sanciones cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o ciudadanos de bajos recursos.  

El documento establece que se sancionará “a quien, por sí o por interpósita persona, a través de plataformas digitales, simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales… obtenga un beneficio económico indebido o datos sensibles”. Esta medida también considera casos donde se utilicen logotipos oficiales para engañar a la población.  

Además, se mencionan otras modalidades comunes de fraude, como falsas inversiones en empresas públicas, ofertas de empleo en el extranjero o venta de productos básicos a bajo costo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, donde será analizada antes de su posible aprobación.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el Congreso del Estado se turnó una iniciativa mediante la cual se busca inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la sala de sesiones “General José María Morelos y Pavón” en las instalaciones del poder legislativo de Baja California Sur, la leyenda “Ciclón Liza: 30 de septiembre de 1976”. 

Con la develación de la leyenda de honor, dedicada a las víctimas y los héroes anónimos del 30 de septiembre de 1976, se consigue un primer paso que implicará un gran salto en la toma de conciencia ante los riesgos cada vez más severos por la presencia amenazante de los fenómenos naturales.  

El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, añadió que la inscripción de las letras doradas, toma mayor relevancia en una época en la que la toma de conciencia respecto a los fenómenos naturales se debería convertir en prioridad, dado a los registros de los comportamientos en años recientes.   

Los comportamientos de los últimos años están marcados por un rápido aumento en la intensidad de los mismos, una generación más temprana en sus zonas de origen, un incremento en su frecuencia y, en general, un panorama más complejo evidenciado en los efectos del cambio climático.  

“Se trata de un acto paradigmático, una aportación modesta al trabajo que han emprendido todos los días investigadores y científicos de todas las instituciones del país y del mundo para generar un marco teórico y metodológico, así como bases de datos y consulta para diseñar políticas públicas que permitan reducir las vulnerabilidades”, indicó Agúndez Cervantes.  

Asimismo, se permite atenuar las amenazas y los riesgos, hacer más efectivas las intervenciones ante emergencias, diseñar señaléticas de riesgo oportunas y eficientes, y crear ambientes de resiliencia en las comunidades afectadas para restablecer las actividades cotidianas con una menor dimensión traumática hacia la población.  

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el poder legislativo se propuso tipificar el abuso de confianza tecnológica e invasión de la intimidad digital, castigando a quien —aun con autorización de acceder a un dispositivo móvil con fines de realizar revisiones técnicas— extraiga o se apropie de cualquier contenido personal o íntimo en Baja California Sur.  

La finalidad de la iniciativa es evitar casos que han ocurrido en otros lugares y, principalmente, proteger la dignidad, intimidad y seguridad de las mujeres sudcalifornianas, por lo que se propone que el delito se persiga de oficio.  

“La legislación de Baja California Sur ya contempla la violación a la intimidad sexual y la obtención no autorizada de contenido desde dispositivos móviles; no obstante, carece de una previsión específica cuando el acceso ilícito derive del abuso de una autorización previa”, explicó la diputada promovente Teresita Valentín Vázquez.  

La iniciativa busca aumentar hasta en un 50 % la pena actual del delito de violación a la intimidad sexual —que va de 3 a 6 años de cárcel y de 1,000 a 2,000 días de multa—, cuando el agresor recurra al engaño, la intimidación, el abuso de confianza o exija desactivar contraseñas y candados biométricos.  

“El hecho de que una persona entregue temporalmente su dispositivo móvil para una revisión técnica, reparación o migración de información, no implica autorización para explorar su contenido personal, revisar galerías privadas, acceder a archivos sensibles o extraer información íntima”, manifestó Valentín Vázquez.  

La iniciativa tipifica también la violencia digital como: acceso, revisión, extracción, copia, transferencia, retención o aprobación no autorizada de contenido íntimo contenido en dispositivos electrónicos entregados temporalmente bajo relaciones de confianza técnica, comercial o prestación de servicios.  

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