La polémica por las tarifas del gas natural en Colombia sigue abierta. Aunque el Gobierno anunció que los usuarios recibirán descuentos en sus próximas facturas tras detectar cobros indebidos, las empresas encargadas de transportar el gas niegan que haya existido algún sobrecosto y advierten que podrían acudir a los tribunales si se insiste en obligarlas a devolver dinero.

Por ahora, la discusión gira alrededor de una pregunta clave: ¿quién asumirá los cerca de 150.000 millones de pesos que, según el Ejecutivo, deberían regresar a los usuarios?

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El origen del conflicto está en un indicador técnico que tiene impacto directo en el valor del servicio: el Wacc, sigla en inglés para la tasa de descuento del costo de capital. Este indicador define la rentabilidad que el regulador permite a las empresas de infraestructura por las inversiones realizadas en gasoductos.

En la práctica, ese porcentaje influye en la tarifa final. Cuando el Wacc aumenta, también lo hacen los ingresos autorizados para las empresas transportadoras y, en consecuencia, los costos que terminan reflejándose en las facturas de los hogares y negocios.

La controversia comenzó en 2023, cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió la Resolución 102 002. Con esa medida, el regulador elevó el Wacc de 10,94% a 11,88%. Ese ajuste permitió a las transportadoras incrementar el valor del componente de transporte dentro de la tarifa del gas. Dicho incremento fue trasladado a los distribuidores, las empresas que llevan el servicio hasta los hogares, y terminó impactando el valor que pagan los usuarios.

Fue precisamente ese punto el que generó el desacuerdo. Las empresas distribuidoras presentaron recursos de reposición ante la Creg al considerar que el aumento no debía aplicarse mientras no estuvieran definidos los nuevos cargos tarifarios definitivos. Tras analizar los recursos, la comisión decidió revertir el incremento. La Creg ordenó regresar el Wacc a 10,94% y dispuso la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023.

Según los cálculos del Gobierno, esa medida implicaría reintegrar cerca de 150.000 millones de pesos a los usuarios del servicio. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la decisión y aseguró que el objetivo es proteger a los consumidores. “Aquí estamos defendiendo a los usuarios. No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”.

El Gobierno también explicó que la devolución no se hará mediante transferencias directas de dinero. En cambio, la Creg definirá un mecanismo para que esos montos se reflejen como descuentos en las facturas del servicio durante los próximos meses. Sin embargo, las empresas transportadoras tienen una lectura completamente distinta del caso.

Las cinco compañías involucradas Promigas, TGI (filial del Grupo Energía de Bogotá), Promioriente, Transmetano y Transoccidente rechazaron las acusaciones y sostienen que actuaron conforme a la regulación vigente. “Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y no hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones”, señalaron en un comunicado conjunto.

Además, las empresas afirmaron que, hasta el momento, no recibieron notificación oficial de una decisión administrativa que ordene el reintegro de esos recursos. “Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde”, indicaron. En medio de la disputa, las transportadoras también mencionaron un reciente laudo arbitral que consideran clave para respaldar su posición.

El 11 de febrero de este año, un tribunal de arbitramento resolvió una controversia entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) relacionada con la tasa de descuento aplicable al transporte de gas. En su decisión, el tribunal concluyó que Transmetano había actuado de acuerdo con la regulación vigente y que aplicó correctamente la tasa correspondiente.

Para las empresas transportadoras, ese fallo representa un precedente jurídico importante. Aunque el laudo solo vincula a las partes involucradas en ese proceso, las compañías consideran que su razonamiento podría servir de referencia para otros casos similares.

Mientras tanto, el pulso entre el Gobierno y las transportadoras continúa. De un lado, el Ejecutivo insiste en que los usuarios deben recibir compensaciones en sus facturas. Del otro, las empresas mantienen su postura y no descartan acudir a instancias judiciales para defender su interpretación de las normas.

El inicio de 2026 dejó señales positivas para el comercio exterior colombiano, con un crecimiento en las exportaciones y un papel protagónico del mercado estadounidense. Las cifras más recientes confirman que la relación comercial entre ambos países continúa siendo clave para la economía nacional.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos colombianos. En enero, las exportaciones hacia ese país alcanzaron USD1.356,9 millones, lo que representó un aumento de 17% frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron ventas por USD1.159,3 millones. El dato fue reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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En general, las ventas externas del país también crecieron. Durante enero, Colombia exportó bienes al mundo por USD4.252,6 millones, un incremento de 13% frente a los USD3.776,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. De ese total, el mercado estadounidense concentró cerca del 32%.

Para la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), estos resultados reflejan la relevancia estratégica de ese socio comercial. La presidenta del gremio, María Claudia Lacouture, destacó el peso de ese destino dentro del comercio internacional del país. “Con este resultado, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Colombia, al concentrar 32% del total de las exportaciones colombianas al mundo”, señaló.

Uno de los principales impulsores del crecimiento fue el sector no minero-energético. Las ventas de este segmento hacia Estados Unidos alcanzaron USD975,9 millones en enero, lo que significó un incremento de 28% frente al mismo mes de 2025, cuando sumaron USD764,9 millones.

Este resultado evidencia el avance en la diversificación de la canasta exportadora colombiana. Además, el sector representó el 35% del total de bienes no minero-energéticos que el país vendió al mundo durante el periodo analizado.

Dentro de este grupo, el sector agropecuario tuvo un desempeño destacado. Las exportaciones de productos del campo hacia Estados Unidos alcanzaron US$561,9 millones, lo que equivale a un crecimiento de 24,1% frente a enero del año anterior. Ese mercado absorbió además el 40% de todas las exportaciones agropecuarias del país.

El aumento estuvo impulsado por varios productos. Las exportaciones de pescados alcanzaron USD11,9 millones, con un crecimiento de 123,1%. A su vez, las ventas de animales y sus derivados sumaron USD13,3 millones, con un incremento de 99,2%.

También se destacó el grupo de café, té y especias, que registró exportaciones por USD276,3 millones hacia Estados Unidos. Esta cifra representó un crecimiento de 52,6% frente al mismo periodo del año pasado. Otros productos del sector agropecuario también presentaron aumentos. Las exportaciones de frutas crecieron 29,6%, mientras que las ventas de alimentos y bebidas aumentaron 11,7%, según los registros citados por AmCham Colombia.

El sector manufacturero también mostró resultados positivos. Durante enero, las exportaciones de bienes industriales hacia Estados Unidos alcanzaron USD413,8 millones, con un crecimiento de 33% frente al mismo mes de 2025. Este mercado concentró además el 59% de las ventas externas de manufacturas colombianas.

No obstante, algunos segmentos registraron caídas. El subsector de confecciones, por ejemplo, reportó exportaciones por USD10,4 millones hacia Estados Unidos, lo que significó una disminución de 30,7% frente al mismo mes del año anterior. En contraste, el sector minero-energético presentó una leve reducción en sus ventas hacia ese país. Durante enero, las exportaciones de este segmento se ubicaron en USD381 millones, con una caída de 3,4% frente al mismo periodo de 2025.

A nivel global, el crecimiento exportador del país estuvo marcado por el dinamismo del sector no minero-energético. Este segmento alcanzó ventas por USD2.797 millones en enero, lo que representó un aumento de 27% frente a los USD2.208,8 millones registrados un año atrás. Dentro de ese total, el sector agropecuario reportó exportaciones por USD1.408,1 millones, con un crecimiento de 23%. Por su parte, las manufacturas sumaron USD702,2 millones, lo que representó una disminución de 4,4%.

La Plaza de Bolívar será el escenario del acto oficial que dará apertura a la jornada electoral del domingo 8M en Colombia. Allí se espera la presencia de varias autoridades nacionales y distritales, en un evento que marcará el inicio formal de las elecciones legislativas en el país.

Entre los asistentes estará el presidente Gustavo Petro, que confirmó a última hora su participación en la ceremonia y su intención de votar una vez regrese al país. El mandatario se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto retornar en las próximas horas para ejercer su derecho al voto en Bogotá.

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Desde la Presidencia informaron que el jefe de Estado tomará un vuelo de regreso desde Chicago, ciudad a la que viajó para asistir al funeral de Jesse Jackson, reconocido activista por los derechos civiles en Estados Unidos, fallecido el pasado 17 de febrero a los 84 años.

El mandatario votará en el Congreso de la República, donde habitualmente ejerce su derecho al sufragio. Según explicó días atrás, en esta ocasión solo marcará los tarjetones correspondientes al Senado y la Cámara de Representantes. La decisión se alinea con la postura del Pacto Histórico frente a las consultas presidenciales. El movimiento político del presidente optó por no participar en esas votaciones tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Iván Cepeda, que aparece en las encuestas junto a Abelardo de la Espriella. En ese contexto, Petro explicó cuál será su participación en la jornada electoral. “Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara”.

A la ceremonia también asistirán el registrador nacional, Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz. Mientras se ultiman los detalles de la jornada electoral, el presidente mantuvo un tono crítico frente al sistema de votación. Cuatro días antes de los comicios, el mandatario intervino en una alocución que se extendió por más de 20 minutos y en la que cuestionó nuevamente el proceso electoral.

Durante su intervención, Petro pidió a los testigos electorales de su movimiento político prestar especial atención al preconteo de votos, el mecanismo utilizado por la Registraduría para informar de manera preliminar los resultados de las elecciones. Aunque este procedimiento no tiene carácter oficial, ya que los resultados definitivos provienen del escrutinio realizado por los jueces, el preconteo se basa en los datos registrados en cada mesa de votación.

El proceso se apoya en el formulario E-14, documento en el que los jurados consignan el número de votos obtenidos por cada candidato o lista. Una vez completado, ese formulario se digitaliza y se publica en las plataformas oficiales poco después del cierre de las mesas.

Según el presidente, su llamado busca reforzar la vigilancia sobre el proceso electoral. De acuerdo con su explicación, la instrucción a sus bases políticas pretende “mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos”, en referencia a los sistemas utilizados para consolidar los resultados.

No obstante, el mandatario volvió a mencionar la participación de la empresa Thomas Greg en este tipo de procesos, una relación que desde las autoridades electorales han señalado como incorrecta. En cualquier caso, Petro insistió en que los testigos electorales deben utilizar los mecanismos legales disponibles si consideran que existe alguna irregularidad en una mesa de votación.

“Lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades. Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, pero si se impugna son los jueces de la República los que volverán a abrir las urnas para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no”, indicó.

Hace una semana, el mandatario ya había planteado la necesidad de contar con al menos 60.000 testigos electorales “entrenados” para vigilar las mesas de votación ante posibles inconsistencias. Sin embargo, algunos expertos en materia electoral han cuestionado la viabilidad técnica de esa propuesta.

El exregistrador Alfonso Portela explicó que el preconteo no es un proceso que pueda impugnarse formalmente. “El preconteo no es impugnable, es un proceso de información que tiene su origen en el E-14, los jurados sí o sí deben contar los votos y consignar los resultados. El recuento procede una sola vez y tiene que tener fundamento, los jurados reciben las reclamaciones y las envían a la comisión escrutadora”.

El 8 de marzo los colombianos acudirán a las urnas para elegir a quienes ocuparán las curules del Congreso durante el período 2026–2030. En esa jornada quedará definida la composición del Senado y la Cámara de Representantes, las dos corporaciones que tendrán la responsabilidad de legislar y ejercer control político en los próximos cuatro años.

En total, estarán en juego 285 escaños. No obstante, la cifra final podría variar ligeramente por cuenta del estatuto de la oposición, que contempla una curul adicional en determinadas circunstancias.

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En el Senado se elegirán 102 integrantes por voto popular. De ellos, 100 corresponden a la circunscripción nacional, es decir, listas que compiten en todo el territorio y en las que figuran más de 3.000 aspirantes. Las dos curules restantes están reservadas para las comunidades indígenas.

Además, existe la posibilidad de que se sume un escaño adicional. El candidato que obtenga la segunda votación más alta en la elección presidencial siguiente al período legislativo tiene derecho a ocupar una curul en el Senado. Si ese escenario se concreta, la corporación podría quedar integrada por 103 miembros.

La Cámara de Representantes tendrá 183 curules disponibles. La mayoría, 161, se distribuyen entre los departamentos y Bogotá, según criterios poblacionales. A ese bloque se suman 16 escaños destinados a las víctimas del conflicto armado, como parte de las circunscripciones especiales de paz.

También hay representación específica para distintos grupos poblacionales: dos curules para comunidades afrodescendientes, una para comunidades indígenas y una para la comunidad raizal de San Andrés. A esto se añade una silla para los colombianos en el exterior y otra que corresponde a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en la elección presidencial.

En comparación con el período legislativo 2022–2026, el Congreso tendrá diez curules menos. Esto se debe a que ya expiraron las disposiciones transitorias que garantizaban diez escaños al partido Comunes, conformado por exintegrantes de las Farc-EP, como parte de los compromisos derivados del acuerdo de paz. Esas sillas, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, ya no estarán vigentes para el próximo cuatrienio.

Los congresistas elegidos ejercerán funciones entre el 20 de julio de 2026 y el 19 de julio de 2030. Durante ese tiempo, asumirán tareas que van más allá del debate político cotidiano. De acuerdo con la Constitución Política y la normativa que regula el funcionamiento del Legislativo, al Congreso le corresponde reformar la Carta Política mediante actos legislativos.

También tiene la facultad de elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y los códigos en todos los ramos de la legislación, lo que lo convierte en un actor central en la definición del marco jurídico del país.

En materia de control político, la Constitución establece que el Congreso puede citar y requerir a los ministros y demás autoridades, así como conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. De estos procesos pueden derivarse instrumentos como la moción de censura o la moción de observaciones. De manera excepcional, también tiene competencia para juzgar a altos funcionarios por responsabilidad política, en los términos previstos por la ley.

Su ámbito de acción incluye, además, la elección de altos dignatarios del Estado. Entre sus atribuciones está elegir al contralor general, al procurador general, a magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al defensor del Pueblo y al vicepresidente de la República en caso de falta absoluta.

Asimismo, la normativa le permite establecer su propia organización y funcionamiento, tanto del Congreso en pleno como del Senado y la Cámara de Representantes. A través de sus comisiones, también puede citar a cualquier persona natural o jurídica para que rinda declaraciones, orales o escritas, relacionadas con investigaciones que se adelanten.

Las calles de Bogotá comenzaron a llenarse de pancartas, consignas y actividades culturales en la antesala del Día Internacional de la Mujer. Aunque la conmemoración mundial se celebra el 8 de marzo, varios colectivos feministas decidieron adelantar algunas de sus movilizaciones en la ciudad, en parte por la coincidencia de la fecha con las elecciones legislativas programadas para este fin de semana.

En distintos puntos de la capital se realizaron encuentros, marchas y actividades comunitarias que buscaban visibilizar las demandas del movimiento feminista. La jornada incluyó espacios culturales, ollas comunitarias y concentraciones en diferentes localidades, como parte de una agenda más amplia que continuará durante los próximos días.

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Sin embargo, una de las movilizaciones que recorrió el centro de la ciudad generó afectaciones en la movilidad sobre la avenida calle 26, uno de los corredores viales más importantes de Bogotá. Allí se registraron bloqueos temporales que obligaron a suspender la operación de algunas estaciones del sistema TransMilenio mientras las autoridades acompañaban la manifestación.

El tramo comprendido entre el Concejo de Bogotá y el Cementerio Central fue uno de los puntos donde la circulación vehicular resultó más afectada. Durante varias horas, los carriles exclusivos y mixtos permanecieron ocupados por manifestantes que avanzaban hacia el oriente de la ciudad.

La Secretaría de Gobierno informó que el Distrito mantuvo presencia institucional a través de los equipos de Diálogo Social, encargados de acompañar este tipo de jornadas y mediar entre los manifestantes y las autoridades. Según el reporte oficial, en medio de la movilización se presentaron algunos daños materiales en el sector. Entre las afectaciones reportadas figuran pintas y grafitis sobre un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), así como daños en paraderos y marcas con aerosol en muros del Cementerio Central y del Parque Centro Memoria.

También se registraron afectaciones en la fachada de un edificio privado cercano al recorrido de la protesta. Las autoridades indicaron que en algunos momentos se observó a personas portando objetos contundentes. La situación generó momentos de tensión cuando grupos aislados intentaron lanzar aerosoles contra personal institucional que acompañaba la movilización. Pese a estos episodios, el Distrito decidió priorizar el diálogo para evitar una escalada de la situación.

Durante la jornada se evaluó la posibilidad de activar la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). No obstante, la medida fue descartada debido a la presencia de bebés y mujeres embarazadas dentro de la concentración.

Desde el Distrito explicaron que la prioridad fue proteger a la población más vulnerable presente en la marcha, incluso si eso implicaba prolongar el cierre temporal de la vía mientras avanzaban los procesos de mediación.

La afectación en la movilidad también impactó la operación del sistema TransMilenio. Como medida preventiva, el sistema suspendió temporalmente el servicio en las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá, mientras se normalizaba la situación en la avenida calle 26.

Al mismo tiempo, los equipos de Diálogo Social coordinaron la evacuación de vehículos particulares que habían quedado atrapados entre las marchas. Con el paso de las horas, el flujo vehicular comenzó a restablecerse de manera gradual. Las autoridades confirmaron que actualmente se está recopilando material audiovisual, incluyendo registros de cámaras de seguridad, con el fin de identificar a las personas responsables de los daños en bienes públicos y privados.

Mientras tanto, otras actividades relacionadas con el 8M se desarrollaron sin alteraciones. En la localidad de Bosa, por ejemplo, el Parque Metropolitano El Porvenir fue escenario de una olla comunitaria acompañada de actividades culturales. De forma similar, en San Cristóbal se llevaron a cabo encuentros en la Casa del Pensamiento Común La Chingaza, donde colectivos feministas realizaron espacios de diálogo y reflexión sobre derechos de las mujeres.

La decisión de adelantar algunas movilizaciones al sábado respondió, en gran parte, al calendario electoral. Varias organizaciones feministas expresaron su inconformidad por la coincidencia entre el Día Internacional de la Mujer y la jornada de votación. Según señalaron, la coincidencia de ambas fechas podría restar visibilidad a las agendas de las organizaciones sociales. Por esa razón, algunos colectivos optaron por trasladar las protestas presenciales a este fin de semana y programar otras movilizaciones para el 15 de marzo.

La protección social se convirtió en uno de los indicadores más reveladores para entender cómo los Estados priorizan el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, las diferencias entre economías desarrolladas y emergentes siguen siendo amplias, especialmente cuando se analiza cuánto destinan los gobiernos a este tipo de políticas.

Un reciente análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) muestra que el gasto social público promedio entre los países miembros del organismo ronda el 21% del producto interno bruto (PIB). Aunque esa cifra sirve como referencia general, el panorama es bastante desigual, algunos países superan con creces ese nivel, mientras otros permanecen muy por debajo.

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En Colombia, el gasto público destinado a protección social representa cerca del 14% del producto interno bruto (PIB), una cifra que, aunque significativa dentro del presupuesto nacional, todavía se mantiene por debajo del promedio de los países de la Ocde. Según los datos más recientes del organismo, el promedio entre sus miembros ronda el 21% del PIB.

La diferencia refleja una brecha importante frente a las economías más desarrolladas, donde los sistemas de bienestar tuvieron décadas de consolidación. En el caso colombiano, el gasto social incluye programas de transferencias, servicios públicos y beneficios fiscales dirigidos principalmente a poblaciones vulnerables, como adultos mayores, hogares de bajos ingresos y personas desempleadas.

Dentro de esa estructura, dos áreas concentran la mayor parte de los recursos, las pensiones y los servicios de salud. De acuerdo con la Ocde, estos rubros representan cerca de dos tercios del gasto social en los países miembros, lo que explica su peso dentro de las finanzas públicas y su importancia en el diseño de las políticas sociales.

El contraste se vuelve más evidente cuando se compara a Colombia con los países que lideran el ranking de gasto social. Varias economías europeas se ubican en la parte más alta de la clasificación con niveles que superan ampliamente el promedio del organismo.

Austria, Finlandia y Francia encabezan la lista con niveles de gasto cercanos o incluso superiores al 30% del PIB. En estos países, el apoyo estatal a través de pensiones, servicios de salud y otros programas sociales constituye uno de los pilares centrales del presupuesto público.

Detrás de ellos aparecen economías como Alemania, Italia y España, donde el gasto en protección social también ocupa una proporción considerable de las finanzas públicas. Estos sistemas reflejan décadas de desarrollo institucional orientado a fortalecer los llamados Estados de bienestar.

En América Latina, el panorama es distinto. Varios países de la región registran niveles de gasto social menores, lo que evidencia las diferencias estructurales frente a las economías avanzadas.

Además de Colombia, países como Chile, Costa Rica y México también aparecen en la parte baja de la clasificación. En algunos casos, el gasto social no supera el 12% del PIB, lo que limita el alcance de los programas de protección social.

Las brechas no solo responden al nivel de desarrollo económico, sino también a la forma en que cada país ha construido su sistema de bienestar. En economías con mayor capacidad fiscal, los gobiernos cuentan con más margen para financiar programas amplios de pensiones, salud y transferencias sociales.

En Colombia, el reto consiste en ampliar la cobertura de estos programas mientras se mantiene la sostenibilidad de las finanzas públicas. La presión sobre el gasto social tiende a crecer en la medida en que aumentan las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos y mayor protección frente a los riesgos económicos.

Este desafío se vuelve aún más relevante ante los cambios demográficos que empiezan a observarse en varios países. A medida que la población envejece, los sistemas de pensiones y salud enfrentan mayores exigencias presupuestales, lo que obliga a los gobiernos a replantear la forma en que financian estas políticas.

Para economías emergentes como la colombiana, encontrar ese equilibrio es una tarea compleja. El objetivo es avanzar hacia sistemas de protección social más amplios y efectivos sin comprometer la estabilidad fiscal. En ese contexto, la comparación internacional funciona como una referencia útil. Los datos de la Ocde permiten dimensionar la distancia que aún existe frente a los países con Estados de bienestar más robustos, pero también ofrecen un marco para evaluar el progreso de las políticas sociales.

Las decisiones del Banco de la República frente a la inflación ya empiezan a sentirse con claridad en el bolsillo de quienes ahorran, y también en el de quienes buscan crédito. En las últimas semanas, varias entidades financieras han ajustado sus tasas, especialmente en productos de renta fija como los Certificados de Depósito a Término (CDT).

Este movimiento responde al contexto económico actual. El banco central mantiene una postura monetaria restrictiva con el objetivo de contener las presiones inflacionarias que aún afectan a la economía colombiana. Como resultado, los bancos elevaron las tasas que ofrecen para captar recursos y mantenerse competitivos dentro del mercado financiero.

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En este escenario, los CDT volvieron a posicionarse como una alternativa atractiva para quienes buscan opciones de inversión relativamente seguras. Sin embargo, antes de abrir uno es clave comparar las condiciones, ya que las tasas pueden variar dependiendo de la entidad financiera y del plazo elegido.

“La forma de aprovecharlas es comparando plazos, con las expectativas de inflación para 2026 que están de acuerdo con la última encuesta del Banco de la República en 6,4% para el cierre del año. A mayor plazo, mayor debe ser la tasa porque el dinero se debe dejar más tiempo invertido”, afirmó Gregorio Gandini, analista de mercados financieros a el diario La República.

Las cifras de la Superintendencia Financiera, con corte al 4 de marzo, muestran que los plazos más largos siguen ofreciendo las rentabilidades más altas. En el segmento de 360 días, por ejemplo, varias entidades destacan con tasas competitivas. Entre ellas, aparece Banco Falabella con una tasa de 13,25%. También figuran Banco Davibank con 13%, Banco de Occidente con 12,72%, Banco Santander con 12,36% y Bancamía con 12,33%.

Cuando el horizonte de inversión es más corto, el panorama cambia. En los CDT a 90 días, las tasas más altas corresponden al Banco de Occidente con 11,55%, seguido por Mibanco con 11,53%. En la lista también están Banco Finandina con 11,07% y Banco Davibank con 10,62%. Para quienes buscan plazos intermedios, el comportamiento vuelve a modificarse. En el segmento de 120 días, el Banco de Occidente lidera nuevamente con una tasa de 11,89%, mientras que Banco Davibank registra 10,74%.

El aumento de las tasas tiene efectos claros en la economía. Para los ahorradores representa una oportunidad de obtener mayor rentabilidad por su dinero. Sin embargo, el impacto es diferente para quienes necesitan financiación.

“Estas mayores tasas de interés favorecen a los ahorradores que invierten en CDT y, obviamente, perjudican a aquellas personas o empresas que quieren sacar créditos porque salen más costosos los créditos. Esto se debe principalmente a que aumentaron las expectativas de inflación en Colombia, debido al fuerte aumento en el salario mínimo y al fuerte incremento en el gasto fiscal del Gobierno colombiano”, explicó Omar Suárez, analista de Aval Casa Bolsa al medio antes mencionado.

Además de los bancos tradicionales, las cooperativas financieras también ofrecen opciones para invertir en CDT. Aunque sus tasas suelen ser menores, pueden resultar atractivas dependiendo del plazo. En los CDT a 360 días dentro de este sector, la tasa más alta corresponde a JFK Cooperativa Financiera con 9,38%. Le siguen Cotrafa con 9,21% y la Cooperativa Financiera de Antioquia con 8,34%.

En plazos más cortos, el panorama cambia nuevamente. Para los CDT a 90 días, Confiar registra la tasa más alta con 10,64%. En el plazo de 120 días, JFK Cooperativa Financiera vuelve a destacar con 9,21%. El comportamiento de estas tasas también está ligado a la dirección que ha tomado la política monetaria del país. Algunos analistas consideran que el ciclo de aumentos podría continuar en los próximos meses.

“Estamos en una coyuntura en la que el Banco Central está comenzando a subir las tasas de interés y es probable que continúen al alza en medio de las presiones inflacionarias. En ese contexto, las tasas de la economía, tanto de captación como de colocación, también empiezan a moverse en esa dirección. En la medida en que el Banco Central siga incrementando sus tasas, es probable que veamos ajustes al alza en las tasas que ofrecen las entidades financieras”, señaló David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente.

Además del sistema bancario y cooperativo, otras entidades financieras también participan en el mercado de CDT. Según la Superintendencia Financiera, en el plazo de 360 días se destaca Tuya con una tasa de 13,48%, seguida por KOA con 12,34%, Credifamilia con 12,26% y Coltefinanciera con 11,96%.

En plazos más cortos, las tasas también varían. Para los CDT a 120 días, Iris registra 9,97%, seguida por Financiera Juriscoop con 9,92% y Crezcamos con 9,78%. En el segmento de 90 días, Coltefinanciera lidera con 11,04%, seguida por Tuya con 10,97%, Crezcamos con 10,31% e Iris con 9,12%.

El comportamiento de las finanzas públicas en el inicio de 2026 muestra señales mixtas, aunque con un balance que, por ahora, resulta favorable para las cuentas del Estado. Las cifras más recientes indican que los ingresos tributarios arrancaron el año con un ritmo sólido, mientras el gasto público avanza con mayor moderación frente a lo programado.

Durante febrero, el recaudo de impuestos alcanzó los $18,8 billones. La cifra representa un aumento del 12,8% frente al mismo mes del año pasado. Con este resultado, el acumulado entre enero y febrero llegó a $56,1 billones, lo que equivale a un crecimiento anual de 13,3%.

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Este desempeño fue analizado por el Grupo Cibest en el informe Pulso Fiscal Bancolombia de marzo. Según sus cálculos, el avance observado en los primeros dos meses del año ya cubre el 17,9% de la meta oficial de recaudo fijada para 2026, que asciende a $312,8 billones.

Las estimaciones elaboradas a partir de información transaccional sugieren que incluso podría presentarse un ligero sobrecumplimiento frente a la meta proyectada para este momento del calendario fiscal. De acuerdo con el análisis, ese margen positivo rondaría los $2,2 billones.

Detrás de ese comportamiento hay algunos impuestos que tienen un papel determinante. El informe señala que el impuesto de renta se mantiene como uno de los principales motores del recaudo. A este se suman el IVA externo y el IVA interno, tributos que también registran aportes relevantes al crecimiento observado en los ingresos del Gobierno.

No todos los gravámenes, sin embargo, muestran la misma dinámica. Algunos impuestos presentan retrocesos en comparación con el año anterior, lo que introduce matices en la lectura del panorama fiscal.

Entre los tributos que registran caídas destacan los asociados a los combustibles. El gravamen a la gasolina y al Acpm mostró descensos pronunciados durante el último año. A esa tendencia se suma el impuesto al patrimonio, que también perdió peso dentro de la estructura del recaudo reciente.

Mientras los ingresos avanzan con dinamismo, el comportamiento del gasto público ofrece otro ángulo del análisis. Durante febrero, el Gobierno habría comprometido cerca de $37,0 billones en recursos. Esta cifra representa una disminución anual de 9,1% frente al mismo periodo de 2025.

Si se observa el acumulado de los dos primeros meses del año, los compromisos de gasto suman aproximadamente $129,3 billones. Ese monto equivale al 23,6% del Presupuesto General de la Nación correspondiente a 2026. Aun así, los números muestran que la ejecución del gasto se encuentra por encima de lo que inicialmente se había programado para este punto del año. De acuerdo con la planificación oficial, a febrero el nivel esperado de compromisos debía ubicarse alrededor de $120,9 billones.

El avance real, por tanto, refleja una diferencia positiva cercana a $8,4 billones en comparación con lo proyectado en el presupuesto. En otras palabras, aunque el gasto crece a un ritmo menor que el del año pasado, su ejecución sigue superando lo que estaba previsto en la programación inicial.

La lectura conjunta de estos indicadores permite trazar un primer diagnóstico sobre la situación fiscal del país al inicio de 2026. Según el análisis del Grupo Cibest, la combinación de mayores ingresos tributarios y un gasto que avanza con cierta moderación podría favorecer un escenario más equilibrado para las cuentas públicas.

Ese balance resulta relevante si se tiene en cuenta el desafío que representa el control del déficit fiscal. Un mayor recaudo contribuye a fortalecer los ingresos del Estado, mientras que un gasto más contenido ayuda a reducir presiones sobre el presupuesto.

Por ahora, el comportamiento de los primeros meses del año sugiere un inicio relativamente favorable en ese frente. Sin embargo, el desempeño de las finanzas públicas dependerá en buena medida de lo que ocurra durante el resto del calendario fiscal.

La atención de los analistas estará puesta, sobre todo, en la evolución de los principales impuestos que hoy impulsan el recaudo. La capacidad del impuesto de renta y del IVA para mantener su dinamismo será clave para sostener el ritmo de ingresos. Al mismo tiempo, será necesario observar si los tributos que mostraron debilidad, como los relacionados con combustibles y patrimonio, continúan restando impulso al recaudo o si logran estabilizar su comportamiento.

Otro punto de seguimiento será la trayectoria del gasto público. En los próximos meses se evaluará si la ejecución del Presupuesto General de la Nación se ajusta a la programación oficial o si mantiene las diferencias observadas en este primer tramo del año.

El 8 de marzo de 2026 se celebran elecciones legislativas en Colombia. Los ciudadanos eligen a 102 senadores y 186 miembros de la Cámara de Representantes, además de participar en consultas interpartidistas presidenciales.

La apertura de las urnas se realizará a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., tras ocho horas de actividad ininterrumpida. Durante este lapso, las autoridades han dispuesto 125.259 mesas electorales en 13.746 puestos de votación en todo el país.

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Este es el panorama de la conectividad aérea antes de las elecciones

La Aeronáutica Civil aseguró que está reforzando la seguridad operacional y adelantando trabajos de mantenimiento y modernización en varios aeropuertos del país para garantizar la operación aérea, especialmente en regiones apartadas.

Las intervenciones incluyen mejoras en infraestructura, iluminación y ayudas visuales en terminales como el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, así como acciones en aeródromos de Nuquí, Condoto, Acandí y Bajo Baudó. Según la entidad, estas medidas buscan responder a reportes de aerolíneas como Satena y asegurar que el transporte aéreo funcione con normalidad y bajo estándares de seguridad, en un momento clave para la conectividad regional.

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Seguridad en las elecciones legislativas

El Gobierno desplegó 246.000 uniformados de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas de 2026 en Colombia, con presencia en 13.493 puestos de votación en todo el país.

La Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo advirtieron que 127 municipios presentan riesgo extremo por violencia, especialmente en Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Córdoba. La defensora Iris Marín alertó además sobre presuntas presiones de disidencias en Cartagena del Chairá (Caquetá) para influir en el voto de la población.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Fuerza Pública priorizó 47 zonas críticas, donde operan grupos criminales, y desplegó drones, antidrones, blindados, aeronaves y buques para reforzar la seguridad. También advirtió que las amenazas no solo son físicas, sino que incluyen presiones psicológicas y desinformación en entornos digitales.

En operativos contra delitos electorales, la Policía ha incautado más de 3.300 millones de pesos y capturado a decenas de personas en 14 departamentos. Bogotá lidera las incautaciones con 631 millones de pesos. Además, el ministro recordó que tres militares murieron recientemente en operaciones en Caquetá, en medio de las acciones para garantizar el desarrollo seguro de la jornada electoral.

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Incautación de dinero en 2026

En una serie de operativos realizados entre enero y marzo de 2026, las autoridades de Colombia lograron la incautación de más de $3.365 millones en efectivo, distribuidos en 36 casos a lo largo de 27 departamentos del país, según información oficial reseñada en el informe “Dinero Incautado 2026”.

La magnitud de estas acciones no solo refleja el alcance de los controles estatales en la lucha contra el lavado de activos, sino también el despliegue de operativos que culminaron en 36 capturas, de las cuales 18 terminaron en libertad, 17 están pendientes de medidas judiciales y una persona permanece bajo detención intramural.

Ejercer labores de preción en trabajaodres apra votar puede causar sanciones

El Ministerio de Trabajo advirtió que ejercer presión sobre trabajadores para influir en su voto constituye una práctica sancionable en Colombia. Los afectados pueden presentar denuncias formales ante la cartera laboral si enfrentan este tipo de coacción en el marco de cualquier proceso electoral.

Desde la entidad recalcan las posibles consecuencias legales asociadas a tales presiones, recordando a empleadores y superiores la prohibición de condicionar la voluntad de los empleados durante elecciones. Además, se destacó que el Ministerio dispone de mecanismos para recibir y procesar las denuncias relacionadas.

La advertencia de Mintrabajo se enmarca en el actual clima electoral del país, donde la protección de los derechos políticos y laborales es prioritaria. Presionar el voto se considera una infracción grave, lo que puede derivar en investigaciones administrativas y posibles sanciones.

Recuerde que estos son lo shorarios de laey seca pra este fin de semana debido a los comicios

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La Cancillería colombiana cambia la dirección de 58 puestos de votación en el exterior

La Cancillería colombiana anunció la modificación de la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales de 2026, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los cambios afectan consulados en 16 países, siendo Estados Unidos el país con más modificaciones, seguido de Brasil, España, Alemania y Venezuela.

En varias ciudades de Estados Unidos y España, los centros de votación pasaron de sedes consulares habituales a otras locaciones como hoteles, centros cívicos o asociaciones. En Sudamérica, destacan nuevas ubicaciones en ciudades de Brasil, Ecuador, Chile y Cuba.

Las autoridades recomiendan a los votantes consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para verificar las direcciones actualizadas y evitar confusiones. La aplicación móvil aVotar y el sitio www.registraduria.gov.co permiten consultar la ubicación exacta del puesto de votación para cada ciudadano.

Las nuevas direcciones incluyen espacios municipales, residencias diplomáticas, oficinas y gimnasios, adaptándose a las realidades locales. La Registraduría enfatiza que estos cambios son habituales en contextos de alta migración y logística variable, y destaca la importancia de la participación activa de los colombianos en el exterior para el fortalecimiento democrático.

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Cayó hombre con más de 30 cedulas en su poder

Una acción coordinada de la Policía Metropolitana en la Terminal de Transporte de Cúcuta derivó en la captura de un individuo portando más de 30 cédulas de ciudadanía.

El arresto ha llevado a la policía judicial a iniciar investigaciones para esclarecer el propósito de la posesión de estos documentos, especialmente ante la cercanía de un proceso electoral en la región, de acuerdo con lo mencionado por Caracaol Radio. Los agentes buscan establecer si el caso podría estar vinculado a posibles delitos electorales, considerando el contexto político y social actual.

Según información proporcionada por las autoridades, el individuo será procesado formalmente por posesión ilícita de cédulas, un delito que conlleva sanciones severas dentro del marco legal colombiano. La fiscalía prepara la imputación correspondiente mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron al medio de comunicación que el hombre tendría vínculos con el Partido Verde en Norte de Santander, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente el grado de participación o responsabilidad de esa colectividad en los hechos.

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Defensía del Pueblo confirmó presencia en mesas de votación

Más de un millón de testigos electorales vigilarán los comicios

El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), informó que, tras cerrar la plataforma de postulación y acreditación para las elecciones al Congreso previstas para el 8 de marzo de 2026, se registró un total de 1.034.532 testigos electorales postulados por agrupaciones políticas. Según el organismo, esto permitirá que el 98,8% de las mesas habilitadas cuenten con al menos un testigo encargado de observar todo el proceso electoral.

El número de auditores de sistemas subió a 10.720, lo que significa un aumento de 5.663% respecto a las elecciones de 2022. La presencia internacional también creció, con 482 delegados extranjeros para este año, mientras que las representaciones nacionales alcanzaron los 8.429 ciudadanos, un incremento del 126% en comparación con el proceso anterior. El total de testigos pasó de 394.235 en 2022 a más de un millón en 2026, marcando un aumento del 162%.

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos para sufragar.

El contexto de seguridad es uno de los más tensos en varias décadas. Al menos dos candidatos al Congreso fueron secuestrados en la semana previa a los comicios, y la Defensoría del Pueblo reporta 457 amenazas de muerte contra líderes políticos. El ELN ha anunciado un cese al fuego del 7 al 10 de marzo, aunque las dudas persisten tras incumplimientos anteriores.

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 6 de marzo de 2026 en un promedio de $4.394,68, lo que representó una subida de $30,65 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +0,70%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.409,24 y un mínimo de $4.368,55, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

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En la última semana, el euro registra una disminución 0,52%, por ello en términos interanuales acumula aún un descenso del 7,44%.

Con respecto a días pasados, acumuló dos fechas consecutivas en cifras positivas. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es superior a los datos conseguidos para el último año (16,63%), por lo tanto el valor experimenta mayores cambios que la tendencia general.

Narrativa de mercado

La evolución reciente del euro frente al peso colombiano refleja un escenario internacional marcado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas que están redefiniendo las expectativas económicas globales. En los mercados financieros, los inversionistas observan con atención cómo el encarecimiento de la energía, impulsado por los conflictos en Oriente Medio, comienza a trasladarse a los costos de producción y transporte en diversas economías. Este factor, combinado con señales de desaceleración en Estados Unidos, influye indirectamente en el comportamiento del euro y en la estabilidad de monedas emergentes como el peso colombiano.

El mercado laboral estadounidense aporta otra pieza clave a este panorama. Las proyecciones apuntan a una reducción significativa en la creación de empleo durante febrero, con apenas 50.000 nuevos puestos frente a los 130.000 registrados anteriormente. Aunque la tasa de desempleo se mantendría cerca del 4,3%, la moderación en la dinámica laboral sugiere una economía que empieza a perder impulso. Este contexto suele favorecer episodios de cautela en los mercados internacionales, generando movimientos en los flujos de capital que terminan afectando las divisas de economías en desarrollo, incluido el peso colombiano frente al euro.

Mientras tanto, la economía de la eurozona evidencia un crecimiento moderado. El Producto Interno Bruto cerró 2025 con una expansión trimestral de apenas 0,2% y un avance anual de 1,4%, reflejando una desaceleración impulsada principalmente por la debilidad de la inversión y la contención del gasto público. A pesar de ello, algunos indicadores muestran resiliencia, especialmente el consumo interno y el mercado laboral, que acumula 19 meses consecutivos de expansión y supera los 172 millones de trabajadores. Esta estabilidad relativa del bloque europeo contribuye a sostener al euro en un contexto global de incertidumbre.

El Reino Unido, por su parte, enfrenta ajustes en sus previsiones económicas para los próximos años. Las proyecciones de crecimiento para 2026 fueron recortadas al 1,1%, frente al 1,4% estimado anteriormente, debido al impacto persistente de los altos costos energéticos y las presiones inflacionarias. Sin embargo, el panorama hacia 2027 y 2028 luce más favorable, con expectativas de expansión cercanas al 1,6%, apoyadas en una eventual reducción de la inflación y una mejora gradual en los niveles de endeudamiento.

En Asia, las principales economías adoptan estrategias diferentes para enfrentar sus desafíos estructurales. China continúa buscando mecanismos para estimular su crecimiento tras la crisis inmobiliaria y la debilidad de la demanda interna, apostando por sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la investigación científica. Japón, en contraste, enfrenta vulnerabilidades derivadas de su fuerte dependencia energética del exterior, lo que podría mantener durante más tiempo una política monetaria extremadamente flexible.

En América Latina, Brasil ofrece un contraste interesante al registrar un superávit comercial de 4.200 millones de dólares en febrero. El resultado se explica por un aumento significativo de las exportaciones, especialmente de petróleo, mineral de hierro y soja, mientras que las importaciones registraron una caída moderada. No obstante, la economía brasileña también empieza a mostrar señales de desaceleración tras mantener durante meses tasas de interés cercanas al 15%.

Colombia, por su parte, enfrenta un entorno económico complejo donde convergen presiones inflacionarias, desafíos energéticos y factores políticos. La inflación anual proyectada para febrero se ubica cerca del 5,49%, impulsada en parte por el aumento del salario mínimo y el encarecimiento de algunos servicios. Para mitigar el impacto en los hogares y empresas, el Gobierno impulsó programas de alivio financiero y crédito productivo que superan los 5,2 billones de pesos.

A pesar de estas presiones, algunos indicadores ofrecen señales de moderación. El índice de precios al productor registró una variación anual negativa del -0,3%, lo que sugiere que ciertos costos de producción comienzan a estabilizarse. Sin embargo, el sector energético sigue enfrentando retos importantes, con una caída significativa en la producción de gas natural y un aumento de los costos operativos. Este contexto obliga a acelerar la transición hacia fuentes energéticas alternativas.

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada del 6 de marzo de 2026 en $3.772,50, lo que representó una caída de $21,50 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,57%. Durante la sesión cambiaria, la divisa estadounidense registró un precio máximo de $3.807,40 y un mínimo de $3.772,50, mientras que el precio promedio de negociación se ubicó en $3.795,76. La jornada inició con una apertura de $3.794,00.

En total se realizaron 2.110 transacciones en el mercado cambiario, según los datos reportados por Set-FX, plataforma que registra las operaciones de compra y venta de divisas en el país. El comportamiento del dólar durante la jornada mostró una tendencia descendente a medida que avanzó el día. Aunque en las primeras horas el precio se mantuvo cerca de los $3.800, hacia el cierre se observó una caída que llevó la cotización a su punto más bajo de la sesión.

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Con relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,79%; pese a ello en el último año acumula aún una bajada del 6,57%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, invirtió la cotización de la jornada anterior, en el que se saldó con un descenso del 0,81%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. La volatilidad de esta semana fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad ahora mismo.

Análisis de mercado

Las tensiones internacionales volvieron a poner al dólar estadounidense en el centro de la conversación financiera global. En medio de la incertidumbre geopolítica y del repunte de los precios del petróleo, la divisa recuperó terreno frente a la mayoría de monedas del mundo, una dinámica que también empieza a sentirse en economías emergentes como Colombia.

La fortaleza reciente del billete verde no es casual. Los inversionistas incrementaron su demanda por activos considerados seguros mientras crece la preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Este escenario, además de impulsar el precio del crudo, despertó temores sobre un posible nuevo ciclo inflacionario a nivel global.

Ese contexto llevó los mercados a replantear sus previsiones sobre la política monetaria de Estados Unidos. Hace apenas unos meses se esperaba que la Reserva Federal iniciara el recorte de tasas a mediados de año. Sin embargo, las nuevas señales apuntan a que ese proceso podría aplazarse hasta septiembre u octubre, debido a que la economía estadounidense continúa mostrando signos de resistencia.

Los indicadores de empleo y actividad económica refuerzan la percepción de que Estados Unidos mantiene un ritmo sólido de crecimiento. En momentos de volatilidad internacional, esa resiliencia termina fortaleciendo el papel del dólar como refugio financiero. Cuando aumenta el riesgo global, muchos inversionistas reducen exposición en otras monedas y migran hacia activos denominados en dólares.

Este fenómeno explica por qué el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a otras monedas fuertes, se mantiene alrededor de la zona de 99 puntos, consolidando una recuperación cercana al 1,5% en la última semana. Más que un simple movimiento técnico, se trata de una señal de que el mercado vuelve a priorizar liquidez y seguridad.

El impacto de esta tendencia ya comienza a trasladarse a América Latina. En la región, varias monedas registran presiones depreciativas frente al dólar. Durante la jornada más reciente, el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno iniciaron con caídas frente a la divisa estadounidense, reflejando la sensibilidad de los mercados emergentes ante cambios en el apetito global por riesgo.

En ese mismo entorno se mueve el peso colombiano, una moneda que históricamente responde con rapidez a los movimientos del dólar global. La tasa de cambio cerró recientemente alrededor de 3.775 pesos por dólar, con un incremento cercano a los 28 pesos y un volumen de negociación elevado, lo que sugiere una recomposición de posiciones hacia la divisa estadounidense.

Las correlaciones recientes refuerzan esta lectura. El comportamiento del peso colombiano mantiene una relación cercana con el índice del dólar y con otras monedas de la región. A 20 días, la correlación frente al DXY alcanza aproximadamente 0,82, mientras que frente al peso chileno ronda 0,83. Esto significa que los movimientos del dólar global tienden a replicarse rápidamente en el mercado cambiario local.

A esa sensibilidad se suma un factor adicional: la percepción de riesgo país. El indicador de seguros contra default (CDS) de Colombia permanece alrededor de los 235 puntos básicos, un nivel que refleja cautela entre los inversionistas internacionales y que puede amplificar los movimientos de la tasa de cambio.

El comportamiento del petróleo también juega un papel clave. El barril de Brent ha registrado aumentos superiores al 5%, impulsado por la incertidumbre geopolítica. Para Colombia, un exportador relevante de crudo, el efecto suele ser mixto: precios más altos favorecen los ingresos externos, pero al mismo tiempo pueden alimentar presiones inflacionarias globales que fortalecen al dólar.

Bajo este escenario, el mercado espera que el peso colombiano se mueva dentro de un rango relativamente estrecho en el corto plazo. Las estimaciones apuntan a una zona de negociación entre $3.750 y $3.810 por dólar, con eventuales extensiones hacia niveles cercanos a $3.730 o $3.830 dependiendo del comportamiento del dólar global y del sentimiento de riesgo en los mercados.

El costo de vida en Colombia volvió a moverse en febrero y dejó un mapa desigual entre las ciudades del país. Mientras algunas regiones registraron aumentos más marcados en los precios, otras lograron mantener una inflación más moderada, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La medición corresponde al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que permite observar cómo evoluciona el valor de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares colombianos. En febrero de 2026, la variación anual se ubicó en 5,29%, una cifra que estuvo alineada con las previsiones de los analistas económicos.

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Detrás de ese promedio nacional, sin embargo, se esconden realidades distintas según la ciudad. Algunas capitales enfrentaron presiones inflacionarias más altas, mientras que otras registraron incrementos más contenidos en el costo de vida.

Uno de los casos más llamativos es el de Pereira, que se consolidó como la ciudad con mayor inflación del país. Durante febrero, los precios allí registraron una variación anual de 6,20%, manteniendo una tendencia que desde hace varios meses la ubica por encima del promedio nacional.

Muy cerca aparece Medellín, donde la inflación alcanzó 6,19%. A esta ciudad le siguen Bucaramanga, con 5,80%, Manizales, con 5,76%, y Armenia, con 5,61%. En estas capitales, el aumento de precios superó claramente el promedio nacional, lo que significa que los hogares sintieron con mayor intensidad el encarecimiento de bienes y servicios.

La situación es distinta en otras regiones del país. De acuerdo con el reporte del Dane, Valledupar fue la ciudad con menor presión inflacionaria durante el periodo analizado, con una variación anual de 3,53%. Detrás de ella se ubican Santa Marta, con 4,06%; Riohacha, con 4,17%; y Sincelejo, con 4,28%. En estas ciudades el costo de vida ha crecido a un ritmo más moderado frente a otras zonas del país.

El análisis del IPC se basa en la recopilación de información en 38 ciudades y áreas urbanas, donde el Dane realiza seguimiento a los precios de múltiples productos y servicios. El ejercicio incluye capitales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, además de otras ciudades intermedias y regiones apartadas.

Para elaborar el informe, los equipos técnicos de la entidad realizan durante cada mes un proceso de recolección de datos que permite comparar cómo se comportan los precios en diferentes sectores de consumo. Uno de los rubros que más incidió en el resultado de febrero fue el de restaurantes y hoteles, que registró una variación mensual de 1,38%. Este grupo incluye los servicios de comida fuera del hogar, una categoría que ha mostrado presiones en los últimos meses debido al aumento de los costos operativos y de los insumos.

El informe también señaló que los cambios en los hábitos de consumo influyeron en este comportamiento. Cada vez más hogares destinan parte de su presupuesto a este tipo de servicios, lo que termina reflejándose en el movimiento de los precios. Otro de los grupos que tuvo un impacto importante en la inflación fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 1,30% en febrero.

Este componente es uno de los más sensibles dentro del IPC porque concentra productos de consumo cotidiano. Cuando los precios de los alimentos suben, el impacto suele sentirse con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos. El reporte también identificó aumentos en bienes y servicios para el hogar, que registraron una variación de 1,23%, así como en bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 1,14%.

El transporte, otro de los sectores que influye de manera directa en el gasto diario de las personas, presentó una variación de 1,07%. Este comportamiento puede estar relacionado con ajustes en tarifas y otros costos asociados a la movilidad urbana. Además, el grupo de bienes y servicios diversos registró un incremento de 1,02%, mientras que el sector de salud tuvo una variación cercana al 0,94%.

En contraste, algunas divisiones mostraron aumentos más moderados. Las prendas de vestir y calzado subieron 0,70%, mientras que el grupo de alojamiento, agua, electricidad y gas registró una variación de 0,45% durante el mes. Aunque el resultado general se mantiene dentro de las proyecciones de los analistas, el comportamiento por ciudades evidencia que la inflación continúa impactando de manera distinta a las regiones del país.

Para los hogares colombianos, estas diferencias terminan reflejándose en cuánto rinde realmente el salario en cada ciudad. Mientras en algunos territorios el aumento de precios avanza con mayor rapidez, en otros el costo de vida sigue creciendo a un ritmo más moderado.

La audiencia judicial por el asesinato de dos adolescentes en el municipio de Malambo volvió a tensarse el viernes 6 de marzo en Barranquilla. Lo que inicialmente parecía una sesión enfocada en definir la medida de aseguramiento contra uno de los capturados, terminó convertida en una discusión entre la Fiscalía, la defensa y los representantes de las víctimas por la aparición de nuevos elementos probatorios.

El debate se desarrolló ante el Juzgado 19 de Control de Garantías municipal, donde las partes retomaron la audiencia preliminar tras un primer aplazamiento ocurrido horas antes. Infobae Colombia conoció que la Fiscalía pidió tiempo adicional para trasladar ocho nuevos elementos de prueba que, según indicó, surgieron recientemente en la investigación.

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La solicitud generó la inmediata oposición del abogado defensor de Juan David Taboada Olivera, conocido como alias Tata. El jurista, Juan José Roldán, cuestionó que se pretendiera suspender nuevamente la diligencia. “Acá no es una pesca milagrosa en la que se captura y después se investiga”, dijo durante su intervención, al insistir en que el juez debía resolver la situación jurídica del capturado. Roldán también pidió que, en caso de aplazarse la audiencia, quedara constancia de las razones y de la ausencia de un delegado adicional de la Fiscalía que pudiera continuar con la diligencia.

Desde la representación de víctimas, la postura fue distinta. Infobae Colombia conoció que la delegada explicó que había conversado con la Fiscalía y que la entidad solicitaba un plazo para el traslado formal del nuevo material probatorio. Según señaló, la petición se fundamentaba en la posibilidad de incorporar información adicional relevante para el proceso.

Tras el reinicio de la audiencia, el fiscal del caso tomó la palabra para presentar su solicitud formal de medida de aseguramiento contra el imputado. En su intervención se disculpó por los retrasos y confirmó que la Fiscalía pedía que Taboada Olivera fuera privado de la libertad por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Al mismo tiempo, informó que el ente acusador desistía del cargo de secuestro extorsivo. Durante la exposición, el fiscal reconstruyó los hechos que rodearon la desaparición y posterior asesinato de las dos menores, de 14 y 17 años.

Cronología del caso

Según el relato presentado en la audiencia y conocido por Infobae Colombia, las adolescentes salieron de su casa hacia las 12:30 de la madrugada del 18 de febrero. Con el paso de las horas, al no tener noticias de ellas, la madre comenzó a comunicarse con un número telefónico asociado a alias Tata, quien era novio de la menor de 14 años. La mujer envió mensajes y pantallazos para confirmar que conocía la relación sentimental entre su hija y el joven. De acuerdo con la Fiscalía, después de ese contacto empezaron a llegar mensajes extorsivos.

En esos chats se exigía inicialmente el pago de 50 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de las jóvenes. Con el paso de los días la cifra fue reduciéndose: primero a 20 millones y luego a 10 millones. En medio de las conversaciones también habrían enviado una fotografía de la menor de 14 años.

El fiscal sostuvo que durante más de cuatro días se mantuvieron los mensajes y las exigencias de dinero. Sin embargo, en la investigación posterior se estableció que, para ese momento, las menores ya habían sido asesinadas. Uno de los elementos clave mencionados en la audiencia fue el interrogatorio practicado al menor de edad que también fue aprehendido en el caso. Según explicó el fiscal, el adolescente habría narrado cómo ocurrieron los hechos y señaló los lugares donde fueron enterradas las víctimas.

“Las menores fueron encontradas por las palabras del menor y eso nos tiene hoy en esta audiencia”, afirmó el representante del ente acusador. De acuerdo con esa versión, el crimen habría estado motivado por sospechas de traición. El menor aseguró que revisaron el celular de una de las jóvenes y encontraron conversaciones con un tercero al que, presuntamente, pensaban revelar la ubicación para que miembros de la banda criminal Los Costeños llegaran al lugar.

Ante esa situación, alias Tata habría disparado contra una de las adolescentes. Posteriormente, el cuerpo fue enterrado en una vivienda del municipio de Malambo. La segunda menor, según la Fiscalía, permaneció con vida durante algún tiempo después del primer ataque. El relato presentado indica que fue asesinada posteriormente dentro de la misma casa. La investigación también incluyó el testimonio de un joven que habría estado en el lugar de los hechos. Ese testigo afirmó que en la vivienda se encontraban los padres del menor involucrado y señaló a un tercer hombre, conocido como “El Mono”, que habría ordenado que las jóvenes fueran asesinadas.

“Esto no fue accidental, fue con dolo”, sostuvo el fiscal al explicar que el uso de un arma de fuego y la forma en que se desarrollaron los hechos justifican la solicitud de medida de aseguramiento. Durante la diligencia, la defensa mantuvo cuestionamientos sobre el procedimiento de captura y planteó posibles irregularidades relacionadas con la identificación del imputado. También cuestionó la forma en que la Fiscalía presentó la responsabilidad en el caso, al considerar que el ente acusador estaría concentrando el peso de los hechos en el imputado mayor de edad mientras, a su juicio, se minimiza el papel del menor involucrado en la investigación.

Los abogados además pidieron que se adopten medidas para garantizar la seguridad del capturado, al advertir que podría estar en riesgo por la posible presencia de estructuras criminales mencionadas en el proceso, entre ellas el grupo delincuencial Los Costeños. Por esa razón solicitaron que sea trasladado del centro transitorio donde permanece a un lugar de reclusión con mayores condiciones de protección.

Después de varias horas de intervención de las partes y de un extenso debate sobre las pruebas y el procedimiento, el juez decidió suspender la diligencia. La audiencia fue aplazada y continuará el lunes 9 de marzo, cuando el despacho deberá retomar el análisis para determinar si se impone o no una medida de aseguramiento contra alias Tata mientras avanza la investigación por el asesinato de las dos adolescentes.

En los últimos días, varios videos publicados en redes sociales encendieron las alertas sobre lo que estaría ocurriendo en algunos puntos de pago del subsidio Colombia Mayor. Las imágenes, grabadas por ciudadanos mientras adultos mayores hacían fila para reclamar su dinero, muestran situaciones preocupantes que rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok.

Uno de los clips advirtió sobre presuntos robos a beneficiarios del programa. En el video, una persona pide precaución para quienes acuden a cobrar el subsidio y lanza un llamado directo a las familias: “Ay, no, para los abuelos que van a reclamar sus pagos, vengan acompañados de un adulto. A uno lo robaron en el punto de pago y a la otra se vino solita y botó la plata. Acompañen a los abuelitos, por favor.”

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Otro registro, grabado desde una fila de espera, mostró a un adulto mayor que habría sufrido una caída mientras guardaba su turno. La persona que grabó describió el momento con evidente preocupación: “Vea, este abuelito haciendo fila acá se cayó. Está esperando aquí desde temprano. Mire, ¿esto será justo?, ¿puede ser justo esto? Mire, se rompió la cabeza este abuelito. O sea, si no vienen a solucionar esto, ¿qué? No, eso no es posible, olvídese.”

Aunque estos videos generaron indignación entre usuarios de redes sociales, es importante aclarar que se trata de denuncias difundidas por ciudadanos y que no constituyen una confirmación oficial de los hechos. Sin embargo, las imágenes han abierto nuevamente la discusión sobre las condiciones en las que miles de adultos mayores reciben este subsidio en el país.

El programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social, busca brindar apoyo económico a personas de la tercera edad que no cuentan con pensión o viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. A través de este mecanismo, el Gobierno entrega una transferencia mensual que funciona como un ingreso básico para cubrir gastos esenciales.

Así funciona Colombia Mayor

Para 2026, el subsidio continúa activo en todo el territorio nacional. De acuerdo con la entidad, pueden acceder al programa los adultos mayores colombianos que hayan residido en el país durante al menos diez años y que estén cerca de la edad de jubilación. Actualmente, el requisito mínimo corresponde a tener tres años menos que la edad pensional, 54 años para mujeres y 59 para hombres.

Además, quienes aspiren a recibir el beneficio no deben contar con ingresos suficientes para garantizar su subsistencia. El proceso de selección se apoya en la clasificación del Sisbén IV, priorizando a las personas registradas en los grupos A, B y hasta el subgrupo C1.

El monto del subsidio varía según la edad del beneficiario. Para quienes tienen menos de 80 años, el programa otorga un pago mensual de $80.000. En el caso de los mayores de 80 años, el apoyo económico aumenta a $225.000.

Existe una excepción en Bogotá, los adultos mayores menores de 80 años reciben $130.000, gracias a un convenio entre Prosperidad Social y la Alcaldía de la ciudad. En cuanto a la forma de entrega, el subsidio puede recibirse de dos maneras. En algunos casos el dinero se gira directamente al beneficiario, mientras que en otros se realiza a través de operadores de pago autorizados por la entidad. Las transferencias se programan mensualmente y se anuncian con anticipación para que los beneficiarios conozcan las fechas de cobro.

Quienes deseen inscribirse en el programa deben acercarse a la alcaldía de su municipio con su cédula de ciudadanía original. Allí, generalmente en la oficina de atención al adulto mayor, se verifica si la persona cumple con los requisitos establecidos. En Bogotá, el proceso se realiza en las subdirecciones locales de la Secretaría de Integración Social.

Después del registro, la información se cruza con diferentes bases de datos para confirmar que el solicitante no recibe pensión ni ingresos formales. Posteriormente se aplican criterios de priorización, ya que cada municipio cuenta con un número limitado de cupos. Cuando se libera un espacio, el sistema asigna el beneficio siguiendo el orden de la lista.

El comportamiento de los precios en Colombia volvió a la agenda economía del país en febrero. Durante ese mes, la inflación mensual se ubicó en 1,08%, mientras que la variación anual llegó a 5,29%, según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Aunque el incremento mensual fue ligeramente menor al registrado en enero, el indicador anual mostró un nuevo repunte, reflejando que las presiones sobre el costo de vida continúan presentes.

El dato anual se ubicó por encima del 5,10% registrado en enero, lo que evidencia que la desaceleración de la inflación aún enfrenta obstáculos. Si bien el ritmo de aumento de precios mes a mes se moderó frente al 1,18% de enero, el acumulado de los últimos doce meses sigue mostrando un nivel elevado en comparación con el rango objetivo de estabilidad de precios.

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La inflación es uno de los indicadores más relevantes para medir la evolución del costo de vida en el país. Un nivel anual de 5,29% significa que, en promedio, los bienes y servicios son hoy más costosos que hace un año, lo que incide directamente en el presupuesto de los hogares y en la capacidad de consumo de la población.

Detrás del resultado hubo divisiones de gasto que mostraron incrementos más fuertes y que terminaron impulsando el indicador general. Entre ellas sobresalió educación, que registró una variación mensual de 5,64%, la más alta entre todos los grupos del IPC durante febrero. Este comportamiento suele explicarse por los ajustes de matrículas y otros costos asociados al calendario académico que se presentan al inicio del año.

Otro de los sectores con mayor impacto fue el de restaurantes y hoteles, que presentó una variación de 1,38%. Este rubro incluye servicios de comida fuera del hogar, que en los últimos meses mostraron presiones asociadas al aumento de costos operativos y de insumos. El incremento en este segmento también reflejó cambios en los hábitos de consumo, donde cada vez más hogares destinan parte de su gasto a este tipo de servicios.

Por su parte, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,30% en febrero. Este grupo es uno de los más sensibles dentro de la canasta del IPC, ya que tiene un peso importante en el gasto de los hogares, especialmente en los de menores ingresos. Variaciones en este componente suelen tener un efecto directo en la percepción del costo de vida, debido a que incluyen productos básicos de consumo diario.

También se observaron incrementos en bienes y servicios para el hogar, con una variación de 1,23%, y en bebidas alcohólicas y tabaco, que subieron 1,14%. Estos movimientos reflejan ajustes en diferentes categorías de consumo y contribuyeron al resultado final de la inflación mensual.

En el caso del transporte, los precios aumentaron 1,07%, un comportamiento que puede estar asociado a ajustes en tarifas y costos relacionados con la movilidad. Este sector suele ser relevante dentro del IPC, dado que impacta directamente el gasto cotidiano de los ciudadanos y las dinámicas de desplazamiento en las ciudades.

Otros grupos también mostraron incrementos, aunque de menor magnitud. Bienes y servicios diversos registraron una variación de 1,02%, mientras que salud presentó un aumento cercano al 0,94%. En contraste, divisiones como prendas de vestir y calzado (0,70%) y alojamiento, agua, electricidad y gas (0,45%) tuvieron variaciones más moderadas durante el mes.

Las menores variaciones se observaron en recreación y cultura, con 0,08%, y en información y comunicación, con apenas 0,01%, lo que muestra que algunos segmentos del consumo se mantuvieron relativamente estables en febrero.

El comportamiento de estos sectores explica en buena medida el resultado general del IPC. Aunque la inflación mensual fue ligeramente inferior a la registrada en enero, cuando se ubicó en 1,18%, el indicador anual volvió a repuntar, pasando de 5,10% a 5,29%. Esto evidencia que la desaceleración de los precios aún enfrenta retos y que las presiones inflacionarias continúan presentes en distintos frentes del consumo.

En este contexto, la evolución de los precios seguirá siendo un factor clave para el panorama económico del país en los próximos meses, ya que influye tanto en el poder adquisitivo de los hogares como en las decisiones de política económica.

Durante más de dos décadas, una ciudadana extranjera realizó aportes al sistema pensional colombiano sin cuestionar el fondo al que estaba afiliada. Cotizó de manera constante, primero como trabajadora independiente y luego a través de distintos empleadores. Ese comportamiento sostenido, según concluyó la Corte Suprema de Justicia, terminó siendo clave para definir su situación jurídica frente al sistema de pensiones.

La decisión se conoció a través de una sentencia de la Sala de Casación Laboral que analizó el caso de esta mujer, que buscaba trasladarse del fondo privado en el que había cotizado al régimen público administrado por el Estado. Sin embargo, tras revisar su historial de aportes y las circunstancias de su afiliación, el alto tribunal concluyó que no procedía ese cambio.

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El punto central del debate estuvo en determinar si la mujer había sido afiliada de manera válida al fondo privado, aun cuando no existiera un documento claro o un acto formal que confirmara esa vinculación. A simple vista, el caso parecía abrir la puerta a cuestionar la legalidad de su afiliación. No obstante, los magistrados analizaron otro elemento fundamental, la conducta de la afiliada a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la Corte, los aportes realizados durante un periodo prolongado pueden interpretarse como una manifestación de voluntad. En otras palabras, cuando una persona cotiza de forma constante al mismo fondo durante años, esa conducta puede considerarse como una aceptación implícita de la afiliación.

El alto tribunal explicó este criterio al señalar que, “aportes a pensiones por un periodo significativo, sin un acto expreso y claro de vinculación y ante el silencio de la AFP, configuran una aceptación tácita de la afiliación por voluntad real de la persona.” Este concepto jurídico se conoce como afiliación tácita.

La sentencia analizó el comportamiento de la demandante durante aproximadamente 20 años. En ese tiempo, sus aportes fueron dirigidos de manera continua al mismo fondo privado de pensiones, sin que ella presentara objeciones ni solicitudes de cambio. Incluso, en diferentes etapas laborales tanto como independiente como empleada, se mantuvo el mismo destino para sus cotizaciones.

Para los magistrados, esa trayectoria demuestra que existió una decisión práctica y sostenida de permanecer en ese régimen. Aunque no se halló un documento inicial que probara una afiliación formal, el hecho de cotizar durante tanto tiempo terminó validando la vinculación.

En consecuencia, la Corte Suprema confirmó la decisión que negaba el traslado al régimen público. El tribunal concluyó que la afiliación al fondo privado quedó consolidada por la conducta reiterada de la afiliada, lo que impide modificarla después de tantos años.

La sentencia, identificada como SL2539-2025, se convierte además en una referencia importante para otros casos similares. En Colombia, muchas personas cuestionaron su afiliación a determinados fondos de pensiones argumentando falta de información o errores en el proceso inicial. Sin embargo, este fallo deja claro que el comportamiento posterior del afiliado también tiene peso jurídico.

En términos sencillos, la Corte estableció que no solo cuentan los documentos firmados. Las acciones de una persona a lo largo del tiempo, como cotizar de forma constante a un mismo fondo, pueden interpretarse como una confirmación de su decisión. Esto no significa que cualquier afiliación irregular quede automáticamente validada. Cada caso debe analizarse según sus circunstancias. No obstante, el fallo señaló que la continuidad de los aportes, sin reclamos ni cambios durante muchos años, puede ser vista como una aceptación de la afiliación.

El pronunciamiento también reflejó cómo los tribunales interpretan la voluntad real de los afiliados dentro del sistema pensional. Más allá de los trámites iniciales, los jueces consideran el comportamiento efectivo de las personas en su relación con el sistema.

Lo que comenzó como una reacción espontánea frente a un plato desconocido terminó convirtiéndose en uno de esos momentos virales que internet sabe amplificar. Joe, uno de los creadores de contenido detrás de la cuenta Ale&Joe, decidió probar por primera vez la changua, una sopa tradicional colombiana que suele dividir opiniones entre quienes la conocen… y aún más entre quienes la ven por primera vez.

El video, publicado en sus redes sociales, muestra el instante exacto en que el creador enfrenta el plato con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Para muchos colombianos, la changua es un desayuno cotidiano; para él, en cambio, la combinación de ingredientes resultó desconcertante desde el primer vistazo.

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Antes de llevarse la primera cucharada a la boca, Joe no ocultó su impresión inicial. Frente al plato, describió lo que veía con cierto escepticismo. “Voy a probar por primera vez la changua, a ver qué tal. No, qué mala idea. No, no, no, no puedo”, dice entre risas al inicio del video.

La escena continúa con una especie de análisis improvisado del plato. Joe intenta entender qué tiene enfrente mientras enumera los ingredientes que le explicaron. “A ver, es un platillo que tiene leche, huevo, pan, o sea, el bolillo, así se lo echan encima, y el huevo, o sea, el huevo es este, como tierno. Así se ve a primer ojo”.

La changua, efectivamente, puede parecer extraña para quien no está familiarizado con la gastronomía colombiana. Este desayuno tradicional de la región andina se prepara con leche, agua, huevos escalfados, cebolla larga y pan. Aunque la receta es sencilla, su sabor suave y reconfortante la convirtió durante generaciones en un plato muy popular en ciudades como Bogotá y en varios municipios de Boyacá y Cundinamarca.

En muchos hogares colombianos, la changua se sirve al comenzar el día, especialmente en climas fríos. La sopa se cocina lentamente hasta que el huevo queda en un punto suave y el caldo adquiere un aroma delicado gracias a la cebolla. Al momento de servir, se acompaña con pan que se sumerge directamente en el caldo.

Esa mezcla, precisamente, fue la que más llamó la atención del creador de contenido. Mientras observaba el plato, Joe admitió que la combinación le generaba dudas. “Se supone que es algo muy tradicional de Colombia, pero la verdad, a ver, a primer ojo, a primer ojo, y con todo lo que les acabo de decir, uno dice, ay, no sé qué tan bueno este”. Por si el resultado no era el esperado, el creador decidió prepararse. “Ya tengo acá mi cafecito, por si no me gusta. Entonces, lo voy a probar. Espero que no se ofendan”, comentó antes de dar el paso definitivo.

La reacción posterior fue lo que terminó sorprendiendo a los seguidores. Después de observar el huevo y tomar un trozo de pan, Joe se animó finalmente a probarlo. “A ver, vamos a agarrar el huevito. Pan, no se ve tan rico, eh. Venga, uno, dos, tres”. Durante unos segundos el silencio dominó el video, mientras procesa el sabor del plato. Y entonces llega el giro inesperado. “Me encantó”, dice con evidente sorpresa.

A partir de ese momento, su reacción cambia por completo. El creador reconoce que el plato es mucho mejor de lo que imaginaba y comenta, entre risas, lo peculiar que le resultó la mezcla de ingredientes. “A ver, colombianos, ustedes hacen unas combinaciones bien extrañas, la neta, eh”. Sin embargo, el comentario estuvo acompañado de un reconocimiento claro al sabor del plato. “No sabría cómo describir esto del bolillito. Es como si chopeáramos ahí en México. Es una gran combinación”. La evaluación final termina siendo contundente y entusiasta. “O sea, no sabría cómo la gente lo hace, pero me encantó. Voy a decir que les doy un mil de mil. No, un mil de diez. Me encantó”.

El video, hasta el momento, genera más de 3000 likes y 500 comentarios, de usuarios colombianos que celebran la reacción del creador. Muchos incluso aprovecharon para compartir sus propias versiones del plato o explicar pequeñas variaciones en la receta.

Más allá de la anécdota gastronómica, la publicación refleja cómo la comida puede convertirse en un puente cultural. Un plato sencillo, servido en una cocina colombiana, terminó provocando sorpresa, risas y curiosidad al otro lado de la pantalla.

La salida de Romelia Ñuste Castro de la rectoría se produce en medio de la polémica de la Fundación Universitaria San José por cuestionamientos relacionados con la expedición de títulos académicos. En los últimos meses, varias denuncias han señalado posibles irregularidades en los procesos de titulación dentro de la institución.

Uno de los casos más visibles fue el de Juliana Guerrero, que aspiraba al cargo de viceministra de Juventudes y presentó un título profesional irregular otorgado por la universidad. Posteriormente, se conoció que el diploma habría sido expedido sin que se acreditara el cumplimiento de requisitos obligatorios para graduarse, entre ellos la presentación de la prueba Saber Pro, exigida en Colombia para obtener el título profesional.

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Tras conocerse la situación, la propia Fundación Universitaria San José decidió anular los títulos otorgados a Guerrero al no comprobarse que hubiera cumplido con las condiciones académicas requeridas. A partir de ese caso, surgieron cuestionamientos más amplios sobre los procedimientos de titulación dentro de la institución.

Durante varios meses también se señaló la posible existencia de otros diplomas expedidos sin que se hubieran cumplido plenamente los requisitos académicos. Entre las denuncias se mencionan situaciones en las que el examen Saber Pro habría sido presentado después de recibir el título o, incluso, casos en los que no habría sido presentado. Estas revelaciones dieron lugar a investigaciones administrativas y judiciales orientadas a establecer el alcance de las irregularidades y determinar eventuales responsabilidades. Las autoridades buscan establecer si existieron fallas en los controles internos de la institución.

En paralelo con esta coyuntura, la Fundación Universitaria San José informó que Ñuste Castro concluyó su periodo al frente de la rectoría, cargo que ejerció entre 2021 y 2026. Con ello se cierra un ciclo de cinco años en la dirección académica y administrativa de la institución. De acuerdo con la información entregada por la universidad, durante su administración se impulsaron procesos de crecimiento institucional y de ampliación de la cobertura educativa. Las directivas señalaron que en ese periodo se registró un incremento en el número de estudiantes matriculados y una expansión de la presencia de la institución en distintas regiones del país.

Según los datos compartidos por la propia universidad, su modelo educativo permitió extender la cobertura hasta alcanzar presencia en el 90% de los municipios del territorio nacional. Este enfoque, explican, estuvo orientado a facilitar el acceso a la educación superior para personas que combinan su formación académica con responsabilidades laborales.

Sobre ese proceso, la rectora saliente señaló que durante su gestión “la institución amplió su alcance y consolidó su oferta educativa en diferentes zonas del país”, destacando el enfoque dirigido a estudiantes que trabajan y desean continuar su formación profesional. Además, la institución indicó que este modelo buscó responder a las necesidades de formación de poblaciones que, por razones laborales o geográficas, enfrentan mayores dificultades para acceder a programas universitarios tradicionales.

Con el cierre de este periodo, la institución inició el proceso para elegir a la persona que asumirá la rectoría en los próximos años. La Fundación Universitaria San José indicó que el Consejo Superior anunciará próximamente el nombre del nuevo rector o rectora que quedará a cargo de la conducción académica y administrativa.

La universidad señaló que la próxima dirección tendrá como objetivo continuar los procesos institucionales en marcha y fortalecer áreas relacionadas con la innovación educativa, el desarrollo académico y la proyección institucional. Asimismo, se espera que la nueva administración mantenga las estrategias de expansión territorial y consolidación académica que la institución ha venido impulsando en los últimos años.

La mañana del 4 de marzo transcurría con normalidad en Nashville, capital del estado de Tennessee en Estados Unidos, hasta que varios vehículos rodearon un automóvil identificado con el logo de un medio de comunicación local.

Dentro viajaba una periodista colombiana que, minutos después, terminaría bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. El episodio generó preocupación entre colegas y organizaciones que siguen de cerca la situación de los comunicadores migrantes en ese país.

La reportera detenida es Estefany Rodríguez, integrante del medio Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville. Su arresto fue realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según confirmó el propio medio a través de un comunicado oficial difundido en sus plataformas.

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De acuerdo con la información entregada por Nashville Noticias, la comunicadora se encontraba junto a su esposo frente a un gimnasio en la ciudad cuando ocurrió la intervención de los agentes.

El vehículo en el que se movilizaban estaba plenamente identificado como transporte de prensa, pero aun así fue interceptado por varios automóviles de los que descendieron hombres que posteriormente procedieron a detenerla.

Tras el procedimiento, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria. Hasta el momento, no se han hecho públicos los motivos específicos que habrían llevado a las autoridades a realizar la captura.

La situación fue confirmada a través de un comunicado en el que el medio antes mencionado explicó lo ocurrido y manifestó su expectativa frente al proceso legal que enfrenta su reportera. En el documento, el medio también expresó su postura frente al caso y señaló que espera que la situación se resuelva conforme a la ley.

Además, la empresa periodística destacó la trayectoria profesional de la comunicadora. Rodríguez es licenciada en periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia, donde desarrolló parte de su carrera profesional antes de migrar a Estados Unidos. Durante varios años trabajó en distintos medios de comunicación en su país, acumulando experiencia en coberturas informativas y reportería de campo.

Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, un medio enfocado en informar a la comunidad hispana de la región. En ese espacio cubre diversos temas de interés social, entre ellos operativos migratorios, asuntos comunitarios y problemáticas que afectan a las familias latinas que viven en Tennessee.

El medio señaló que la periodista está vinculada a contenidos relacionados con temas sociales, familiares, de salud y políticas migratorias. Su trabajo está dirigido principalmente a explicar, con un lenguaje claro y cercano, cómo afectan las decisiones institucionales a las comunidades migrantes.

En el comunicado oficial, el medio expresó su respeto por las normas y el sistema legal estadounidense, al tiempo que manifestó su deseo de que la situación tenga una pronta resolución. La empresa también expresó su esperanza de que la periodista pueda reencontrarse con su familia mientras avanza el proceso correspondiente.

El documento difundido por el medio también menciona el impacto personal que atraviesa la reportera y su entorno cercano. Sus colegas indicaron que esperan que Rodríguez pueda reunirse pronto con su esposo y con su hija pequeña mientras se desarrolla el procedimiento legal.

La detención ocurrió en un contexto en el que las políticas migratorias en Estados Unidos continúan generando debate público, especialmente en estados donde las comunidades latinas han crecido en los últimos años. Para muchos periodistas que trabajan en medios dirigidos a estas poblaciones, la cobertura de temas migratorios forma parte central de su labor informativa.

Mientras se conocen más detalles sobre el caso, el medio local aseguró que continuará informando a través de sus canales oficiales. El canal indicó que compartirá actualizaciones sobre el estado del proceso legal y sobre cualquier decisión que adopten las autoridades migratorias en relación con la periodista.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López comenzó a delinear su aspiración presidencial con una propuesta política que busca posicionarse como una alternativa dentro del escenario electoral. La iniciativa, denominada Consulta de las Soluciones, pretende abrir un espacio de competencia distinto frente a otras corrientes políticas del país.

López explicó en entrevista con Infobae Colombia que su decisión de participar en la carrera por la Presidencia responde a lo que define como una vocación de servicio que ha marcado su trayectoria profesional en distintos ámbitos.

“Mi vocación ha sido siempre académica, investigadora y de servidora pública”, afirmó al referirse a las razones que la llevaron a impulsar esta plataforma política. Según señaló, el proceso electoral implica decisiones que van más allá de la elección presidencial, especialmente por la influencia que tiene el Congreso en la aprobación de reformas y políticas públicas. En ese sentido, señaló la importancia de que los ciudadanos presten atención también a la elección legislativa.

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“Nos quejamos, con mucha razón, del Congreso, pero el Congreso no nos cae del cielo: el Congreso lo elegimos”, dijo, al insistir en la necesidad de que los votantes se informen antes de acudir a las urnas.

En sus declaraciones, la exalcaldesa planteó que una parte del electorado no se siente representada por las opciones políticas que han dominado el debate en los últimos años. Desde su perspectiva, la consulta que propone busca ofrecer un escenario adicional para discutir propuestas y programas de gobierno.

Dentro de los temas que mencionó como prioritarios se encuentran el funcionamiento del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para enfrentar la impunidad. “Creo que la mayoría del país ni estamos a favor del saboteo de las reformas sociales ni mucho menos por la corrupción. La mayoría del país está porque las reformas sociales avancen, se hagan algunas que hacen falta y se corrijan cosas que creo que van mal”, señaló.

Entre las propuestas que mencionó también aparece una agenda enfocada en ampliar las oportunidades educativas y laborales, especialmente para los jóvenes. En ese punto, planteó la creación de un millón de becas que combinen educación y trabajo, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y reducir la migración de talento colombiano. “Los adultos más jóvenes de Colombia se están yendo del país porque creen que no hay futuro aquí, porque ya ni estudiando logran tener un buen ingreso”, afirmó.

Otro de los aspectos que mencionó fue la necesidad de fortalecer a las microempresas, que representan una parte importante de la generación de empleo en el país. Según explicó, las políticas públicas deben buscar un equilibrio entre la mejora de los ingresos de los trabajadores y la sostenibilidad de los pequeños negocios.

“A mí me parece muy bien que la gente gane mejor, pero soy consciente de que para un pequeño negocio o un emprendimiento que está arrancando puede ser difícil”, dijo.

En ese sentido, planteó la necesidad de implementar medidas de apoyo para los emprendimientos y las pequeñas empresas, con el fin de que puedan crecer y mantener sus operaciones mientras mejoran las condiciones laborales de sus trabajadores.

Sistema de cuidado y derechos de las mujeres

Otro de los ejes centrales de su propuesta tiene que ver con el papel de las mujeres en la sociedad y la necesidad de transformar la forma en que se distribuyen las tareas de cuidado. Para López, uno de los grandes desafíos sociales de Colombia —y del mundo— es que las mujeres han asumido históricamente la mayor parte del trabajo de cuidado sin recibir reconocimiento ni apoyo suficiente. “Las mujeres no vamos a seguir siendo pobres cuidando gratis para que el resto de la sociedad disfrute que tengamos hijos”, afirmó en Infobae Colombia.

La exalcaldesa sostuvo que la caída en las tasas de natalidad en varios países también está relacionada con esa carga desigual, ya que muchas mujeres optan por no tener hijos ante la falta de apoyo institucional y social. En su opinión, la solución pasa por construir sistemas de cuidado públicos y gratuitos que redistribuyan esas responsabilidades entre el Estado, las familias y la sociedad.

“Si la sociedad quiere familias más numerosas, entonces que ayude a cuidar. Que los hombres se hagan corresponsables del cuidado”, señaló. López también defendió el modelo de Manzanas del Cuidado, implementado durante su alcaldía en Bogotá, como un ejemplo de política pública que podría replicarse a nivel nacional.

Según explicó, ese programa permitió mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres al ofrecer servicios de apoyo, formación y acompañamiento para quienes dedican gran parte de su tiempo a labores de cuidado. “Así como la educación es una prioridad, como la movilidad es una prioridad y como la seguridad es una prioridad, el cuidado para las mujeres y sus familias también debe ser una prioridad”, concluyó.