La elección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2026-2031 se produce en un contexto de desacuerdos y críticas, marcados no solo por su trayectoria en la judicatura, sino también por sus lazos con figuras políticas y casos judiciales de alto impacto. El Congreso guatemalteco, único órgano colegiado en el país que efectúa una votación abierta y pública para este puesto, impulsó su designación en una sesión donde Molina Barreto propuso limitar el uso abusivo de la acción de amparo y denunció: “el 80 por ciento de las acciones que se presentan son improcedentes”, una cifra que, afirmó, está vinculada en gran medida al activismo político relacionado con el conflicto armado interno.

La carrera de Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad inició en 2006, acumulando dos períodos como magistrado titular y dos mandatos como presidente de la corte entre 2010 y 2015. Entre sus logros figuran la fundación en 2010 del Instituto de Justicia Constitucional, adscrito a la Corte, y la presidencia del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) entre 2003 y 2005. Junto a su nombramiento, el Congreso eligió a Jorge Rolando Rosales Mirón como magistrado suplente. Molina Barreto, con más de treinta años de ejercicio en la abogacía, también dirigió la Procuraduría General de la Nación entre 2005 y 2006.

Acusaciones y cuestionamientos éticos sobre Molina Barreto

La Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala indica que Molina Barreto enfrenta señalamientos por su ética y transparencia. Las acusaciones de nepotismo y corrupción judicial persisten, sobre todo por implicaciones en el caso Comisiones Paralelas 2014. Miembros de su familia, como su yerno —que recibió contratos estatales y fue destituido en 2012 tras ser procesado penalmente por intento de cobro de sobornos—, han sido citados como parte de presuntas prácticas irregulares vinculadas a su gestión.

El vínculo con la familia Ríos Montt, acusada por genocidio, se profundizó al postularse en 2019 como candidato a la vicepresidencia junto a Zury Ríos por el partido Valor. La candidatura no prosperó debido a impedimentos constitucionales, un antecedente que reavivó críticas por sus conexiones políticas. Bajo su mandato como magistrado, Molina Barreto votó en 2011 a favor de anular la condena de genocidio contra Efraín Ríos Montt y en 2015 se pronunció contra el retiro de inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina, casos que han generado cuestionamientos acerca de su imparcialidad: “Las decisiones adoptadas durante su etapa como magistrado han sido objeto de especial examen”.

En su comparecencia ante la Instancia de Jefes de Bloque en el Congreso, Molina Barreto defendió su postulación subrayando la urgencia de reformar los mecanismos legales para evitar abusos en la presentación de amparos, alegando que muchos de estos recursos tienen fines políticos o se relacionan con el legado del conflicto armado. Este argumento fue central en su defensa ante los señalamientos existentes.

Involucramiento en investigaciones judiciales de alto perfil

El nombre de Molina Barreto aparece en las investigaciones del caso Fénix, relativo a una red de lavado de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003. Según investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, Molina Barreto desempeñó el papel de notario en empresas asociadas con Gustavo Herrera, identificado como cabecilla de la estructura y actualmente asilado en Nicaragua. Las empresas Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A. están bajo investigación por su vinculación al desfalco, que afectó a miles de jubilados al desviar fondos destinados a vivienda social.

En medio de estos señalamientos, la figura pública de Molina Barreto genera permanente controversia. Ha dirigido críticas a los medios, a quienes atribuye responsabilidad en amplificar la crisis política y generar división social, y ha expresado apoyo a la fiscal general Consuelo Porras, mencionada en la lista Engel por corrupción, lo que intensifica el debate nacional sobre transparencia y rendición de cuentas en la justicia de Guatemala.

El proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad contempla la selección de magistrados titulares y suplentes por cinco entidades: el Organismo Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Congreso participa mediante un procedimiento abierto y público, con el propósito de favorecer la transparencia institucional en medio de un entorno político y judicial marcado por tensiones y cuestionamientos.

La participación de El Salvador en la conferencia internacional América Contra Los Cárteles ha recibido el agradecimiento explícito de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. En un mensaje oficial de este jueves, la representación estadounidense declaró: “El Hemisferio Occidental está unido contra el narcoterrorismo. Gracias a El Salvador por su apoyo”.

Este jueves anunció la participación de Gustavo Villatoro y René Merino, ministros de Justicia y Defensa, respectivamente, el portal del Ministerio de Justicia y Seguridad Nacional.

El evento, desarrollado en la sede del Comando Sur en Florida, Estados Unidos, congregó a representantes de dieciocho países y anunció una ofensiva militar regional contra los cárteles de droga. Durante la inauguración, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, subrayó la importancia de la unidad regional y la acción conjunta. Afirmó: “Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”.

Al referirse a los logros recientes, Hegseth mencionó la eficacia de la campaña estadounidense contra las embarcaciones de narcotraficantes y llamó a los asistentes a tomar un papel activo: “Ustedes también pueden y deben pasar a la ofensiva contra los narcoterroristas”. El funcionario también remarcó el carácter operacional de la cita al asegurar que la finalidad es lograr que los países del continente se aproximen aún más hacia un objetivo compartido y ejecuten acciones conjuntas de forma agresiva.

El Salvador en la ofensiva regional tras declaración de guerra militar a cárteles

El gobierno de Estados Unidos impulsó una nueva estrategia que redefine la lucha contra los cárteles de la droga en el hemisferio occidental, marcando el inicio de una etapa caracterizada por el uso extendido de fuerza militar y la cooperación multinacional, según afirmó el asesor presidencial Stephen Miller en una conferencia respaldada por la presencia de ministros de defensa y seguridad de países como El Salvador.

Esta nueva doctrina, elaborada durante la administración Donald Trump, abandona los enfoques basados en la justicia penal y sanciones económicas, para tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y actuar en consecuencia. Miller explicó que no existe eficacia en la vía judicial tradicional y sostuvo: “La única manera de aniquilar a los cárteles en Occidente es con muerte y destrucción masiva”.

La presencia de altos funcionarios de El Salvador, entre ellos el ministro de Defensa Nacional Francis Merino Monroy y el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, fue interpretada como un respaldo explícito a la postura militar propuesta por Estados Unidos. Según los organizadores del evento, el cónclave en Florida representó un punto de inflexión, al poner en marcha políticas orientadas a la neutralización definitiva de los cárteles en toda la región.

Todos los participantes coincidieron en que la única forma de frenar la capacidad destructiva de las organizaciones narco-terroristas es mediante una respuesta coordinada y ofensiva, descartando métodos dialogantes o exclusivamente judiciales. Durante las sesiones se presentaron las operaciones Southern Spear y Absolute Resolve, desarrolladas como ejemplos de ofensiva conjunta para enfrentar el narcoterrorismo regional.

La participación activa de El Salvador en la conferencia señaló una convergencia inédita entre los países presentes. Ministros de defensa y seguridad de diferentes naciones latinoamericanas manifestaron acuerdo en adoptar “medidas extraordinarias” y promover una coordinación multinacional para erradicar a los cárteles.

El gobierno salvadoreño y otros gobiernos de la región se comprometieron a profundizar la cooperación militar y a integrarse en futuras operaciones conjuntas. El encuentro en Florida marca el comienzo de una fase en la que la lucha contra el narcotráfico dejó de estar regida por la justicia penal y queda en manos del despliegue militar y la estrategia regional articulada.

Durante la conferencia, los organizadores y autoridades presentes coincidieron en que los compromisos asumidos permitirán a El Salvador y otras naciones incrementar su papel en acciones encaminadas a eliminar a las organizaciones criminales empleando todos los recursos disponibles junto a sus aliados.

La elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) generó fuertes declaraciones y denuncias durante la sesión legislativa celebrada este miércoles en el Congreso de la República de Guatemala. Mientras en las afueras del hemiciclo los manifestantes exigen transparencia en el proceso, dentro del pleno se registraron acusaciones sobre presiones indebidas, intentos de limitar el debate y supuestas irregularidades en la votación.

El diputado oficialista José Toledo afirmó ante el pleno: “Acá venimos a defender la Constitución, lo que buscan hoy es otra cosa, sé que hay diputados nerviosos, acá está corriendo plata para asegurar el resultado”. El legislador remarcó que la votación había contado con el tiempo suficiente y solicitó continuar con la agenda legislativa

Por su parte, Ronalth Ochaeta expresó su rechazo a la propuesta, enfatizando: “Mi voto en contra, creemos todos los diputados electos por el pueblo, por eso es importante responder, defendamos los derechos de las personas. El MP vino al Congreso a amedrentar como lo hicieron el Colegio de Abogados”. El diputado señaló la importancia de la independencia de los legisladores frente a otras instituciones y justificó su voto negativo.

Durante la discusión, la diputada Alexandra Ajcip, representante de la bancada Elefante, tomó la palabra para exigir igualdad en el uso del tiempo de intervención: “Todos los diputados somos iguales y tenemos derecho a intervenir. La solicitud que hice fue de limitar a dos minutos por cada votación, mi petición fue violada, entrar a votar de nuevo”. Ajcip respaldó su argumento leyendo parte de la normativa interna del Congreso.

Otro diputado oficialista, Carlos Sanabria, sumó críticas a la propuesta, argumentando: “Mi voto en contra por varias razones, creo que es importante respetar el derecho constitucional que tenemos al momento de tener el uso de la palabra, esta acción está buscando coartar este derecho, los diputados representamos al pueblo”.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso de la República, continúa la presencia de manifestantes que exigían transparencia en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

A las 7:25 de la noche se reportó un corte de energía en el pleno, sin embargo, volvió la energía eléctrica al instante y no interrumpió el uso de la palabra de Román Castellanos, diputado oficialista.

A continuación, el presidente en funciones de la Junta Directiva, Nery Ramos, hizo dos llamados al diputado Castellanos para que se refiera al tema en discusión, o sea, la elección de magistrados titular y suplente y evitara continuar su discurso con relación a la historia constitucional de Guatemala. Castellanos desvió su intervención a acotaciones literarias e históricas, incluso hasta tuvo su intervención en maya.

La Junta tuvo que efectuar un tercer llamado a Castellanos, por lo que acorde a lo estipulado en la ley orgánica del organismo, se le suspendió momentáneamente el uso de la palabra.

Posterior a ello, el diputado Ronalth Ochaeta señaló que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad han sido “nefastas para la libertad, incluso de la libre expresión del pensamiento”.

“Se protegió a Ríos Montt (General Efraín Ríos Mont, expresidente de facto en Guatemala, acusado de genocidio en época del enfrentamiento armado interno)”, cuestionó Ochaeta. Además, recordó que la máxima Corte los dejó como diputados independientes, desde que avaló la cancelación del partido Semilla, que llevó al presidente Bernardo Arévalo a la Presidencia en 2023. Minutos después, se le emitió el tercer llamado para cesar su uso de la palabra.

Luego, Maynor de la Rosa, de la bancada Vamos, solicitó limitar el tiempo de las intervenciones de cada legislador a un máximo de cinco minutos. Se sometió a votación y con 104 votos procedió a establecerse.

La diputada Laura Marroquín, pidió al presidente que llame al respeto y se cumplan los minutos que se establecieron y sea posible solicitar la palabra hasta 3 veces, si así fuese necesario.

La diputada oficialista Victoria Godoy Palala denunció el consumo de bebidas alcohólicas durante la sesión legislativa. La denuncia de Godoy Palala generó reacciones en la sesión, aunque las autoridades aún no han brindado una postura oficial sobre el incidente.

La diputada Sofía Hernández, de la bancada VAMOS, cuestionó el uso de maniobras dilatorias y filibusterismo en la sesión parlamentaria destinada a la elección de autoridades. Hernández pidió que el voto se ejerza en libertad y con base en los expedientes analizados, y lamentó las prácticas que han retrasado la toma de decisiones. También expresó su respeto a los oradores que han mantenido el debate en términos profesionales.

Llegadas las diez de la noche, el primer secretario del Congreso, Juan Carlos Rivera, dio paso a las lecturas de los los 47 expedientes de cada uno de los aspirantes, proceso requerido para la elección del cargo.

Información en desarrollo

La embajadora Leah Francis Campos asistió al acto en el que el Departamento de Guerra de Estados Unidos entregó equipos médicos valuados en USD 27.000 al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), en representación de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO).

La colaboración refuerza los lazos entre Estados Unidos y la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la estabilidad social y promover valores compartidos, informó la embajada este jueves a través de sus redes sociales. Benny Metz, presidente de CONADIS, y Alexis Alcántara, director ejecutivo, lideraron el evento, al que asistieron varias autoridades del Gobierno dominicano.

Vale mencionar que este mes un acuerdo bilateral de cinco años y USD 60,8 millones consolidó la cooperación en salud pública entre la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el VIH/SIDA y afianzar la autosuficiencia en seguridad sanitaria en el país caribeño.

Esta iniciativa, anunciada hoy en Santo Domingo, significa el paso de un modelo reactivo ante emergencias a una estrategia preventiva y estructural, ampliando la resiliencia institucional, según información del texto difundido por la Embajada estadounidense.

El memorando de entendimiento firmado por Prashant Hemady, ministro consejero en funciones de la Embajada de los Estados Unidos, y Víctor Atallah, ministro de Salud Pública de la República Dominicana, establece una inversión total de USD 60,8 millones distribuidos en cinco años.

De ese monto, Estados Unidos aportará USD 46,7 millones, mientras que República Dominicana contribuirá con USD 14,1 millones e incrementará progresivamente su inversión hasta alcanzar el 30% del total asumido por el gobierno estadounidense.

El plan tiene como prioridades el control de la epidemia de VIH/SIDA, la respuesta ante la resistencia antimicrobiana, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la mejora de los sistemas de información en salud, con énfasis en la preparación ante brotes de enfermedades infecciosas y el control de infecciones en el ámbito sanitario.

El memorando reconoce que la sostenibilidad de los avances sanitarios depende de que las instituciones dominicanas asuman y consoliden la gestión y financiamiento de los programas apoyados por Estados Unidos en las últimas décadas. Por eso, el modelo de coinversión propuesto garantiza que la transferencia de capacidades técnicas e institucionales se acompañe de una mayor responsabilidad económica nacional.

Según Hemady, el acuerdo representa un compromiso duradero de Estados Unidos con la salud y la prosperidad del pueblo dominicano y estadounidense: “A través del liderazgo y una significativa coinversión, estamos apoyando un sistema de salud dominicano más sólido y resiliente”, lo cual, agrega, tendrá efectos sostenibles en la lucha contra enfermedades infecciosas, protegerá a ambas naciones frente a amenazas y salvará vidas.

Atallah resaltó que la firma del acuerdo supone avanzar de la reacción ante crisis a la anticipación, y de la gestión de emergencias a la construcción de resiliencia estructural. El funcionario puntualizó: “Estamos consolidando capacidades permanentes que protegen vidas, fortalecen las instituciones y reducen vulnerabilidades estratégicas”.

La alianza contempla la expansión de la capacidad de laboratorios, el robustecimiento de los sistemas de vigilancia y la mejora en el acceso de las comunidades dominicanas a servicios esenciales de salud, con el propósito de asegurar una respuesta rápida ante amenazas infecciosas emergentes.

Hemady subrayó la proyección regional de la iniciativa y enfatizó: “Este acuerdo es el resultado de la colaboración entre nuestros gobiernos. Refleja nuestro compromiso mutuo de proteger los avances en salud en nuestra región compartida”, así como el fortalecimiento de las instituciones locales y la resiliencia del sistema de salud dominicano.