La Fiscalía General del Estado de Sinaloa creó la Unidad de Análisis y Contexto de Violencia Feminicida, como parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.
CULIACÁN. _ Sol Gizeh fue la primera víctima del 2025. Estaba en un local de máquinas tragamonedas, los conocidos “minicasinos”, en la colonia Francisco I. Madero, al sur de Culiacán, también estaba Juan Antonio, de 30 años.
Por Antonio López Moreno
Con un progreso superior al 82 por ciento, en febrero está prevista la apertura de un albergue destinado a mujeres y personas víctimas de violencia extrema en Hermosillo, un proyecto clave para la atención de víctimas en la entidad.
La obra forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer la protección a personas afectadas por la inseguridad, explicó Marco Paz Pellat, vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad.
En entrevista para “Primera Plana”, subrayó que el financiamiento se ha logrado principalmente con recursos propios y aportaciones privadas:
“Lo está haciendo con esfuerzos propios y con donaciones de diferentes organizaciones privadas, porque no hay recursos suficientes y necesitamos entrarles, así como al FICOSEG, va ser para financiar este tipo de proyectos que pueden hacer una diferencia en este tema”, dijo.
El inmueble corresponde a un proyecto de la Comisión de Víctimas y su edificación se realiza bajo la coordinación de SIDUR, con ejecución a cargo de la empresa IES DE SONORA S.A. de C.V.. La inversión total asciende a 21 millones 149 mil 579 pesos, según reportes de transparencia en la página web de Obras.
En paralelo, durante esta semana colectivos feministas sostuvieron un encuentro con legisladores locales para exponer un informe sobre la aplicación de las medidas derivadas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Sonora.
La Dra. Lizette Sandoval Meneses, responsable del estudio, indicó que revisaron los ocho informes de cumplimiento emitidos por el Gobierno del Estado, así como una base de datos propia que documenta feminicidios en Sonora entre 2015 y 2024 y estos fueron algunos de los hallazgos: 
-Ausencia de mecanismos de monitoreo reales en medidas clave como el Protocolo Alba y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
-Falta de armonización legislativa y carencia de un plan público con cronograma y prioridades normativas.
-Registros desactualizados y discrepancias de datos en sistemas oficiales.
-Inexistencia de un refugio estatal para mujeres en situación de violencia extrema.
–Invisibilización de la interconexión entre desaparición y feminicidio.
-Falta de programas estructurados de atención a mujeres indígenas y de servicios garantizados de traducción en instituciones de procuración de justicia.
Por su parte, la diputada local Gabriela Félix Bojórquez indicó que el documento se sustenta en investigación académica dentro de las ciencias sociales y en el análisis de políticas públicas, y reiteró la disposición de la comisión legislativa para abrir espacios de diálogo que permitan revisar estos estudios en el Congreso.
Entre las propuestas planteadas destaca la creación de una mesa de trabajo permanente y una agenda legislativa específica para enfrentar la violencia contra las mujeres.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría de las Mujeres la entrega de una matriz de indicadores por medida; a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el registro de estadísticas sobre tentativas de feminicidio; y al Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la implementación de un sistema de monitoreo judicial.
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Por Michelle Lucero
En el 2025, las niñas, niños y adolescentes de México se portaron muy bien. Hicieron sus tareas, sacaron buenas calificaciones, ayudaron en casa y recogieron sus juguetes. Cumplieron, como se les pidió. Y mientras hacían todo eso, también esperaron que las personas adultas, las instituciones y el Estado, cumpliéramos con nuestra parte.
En este inicio de año, quiero compartirle un diagnóstico honesto del país que hoy reciben las niñas, niños y adolescentes: los logros alcanzados y las deudas que siguen pendientes.
Hay avances que merecen ser reconocidos.
Para 2026, el Presupuesto Público Transversal dirigido a niñas, niños y adolescentes alcanzará los $1,100,142,094,033, una cifra histórica que refleja un compromiso claro (PEF). A ello se suma el inicio de la elaboración del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA) 2025-2030, un paso indispensable para fortalecer la política pública en materia de sus derechos.
También destacan los resultados sociales. Entre 2022 y 2024, la disminución de la pobreza permitió que tres millones de niñas, niños y adolescentes dejaran atrás esta condición y que un millón menos viviera en pobreza extrema (CONEVAL). Detrás de esas cifras hay mesas con comida, trayectorias escolares que continúan y proyectos de vida que no se interrumpen.
Las becas han sido parte de ese esfuerzo. La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” benefició a 8.9 millones de niñas, niños y adolescentes. La Beca de Media Superior Benito Juárez alcanzó a más de 4 millones de adolescentes y jóvenes. A ello se suman los programas de apoyo a la primera infancia y a hijas e hijos de madres trabajadoras (Gobierno de México).
Estos avances importan. Cambian vidas y amplían oportunidades. Sin embargo, desde el trabajo en territorio, en organizaciones civiles y en comunidades, sabemos que los pendientes siguen siendo demasiado grandes.
Entre los deseos más reiterados de niñas, niños y adolescentes hay uno que se repite con claridad: crecer en un México seguro y sin violencia.
En 2025, 39,727 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de delitos graves: homicidios dolosos (754 víctimas), feminicidios (63), lesiones dolosas (14,680), delitos contra la libertad personal (8,394), delitos contra la vida y la integridad corporal (2,990) y corrupción de menores (2,852), por mencionar algunos (SESNSP).
En ese mismo periodo, 10,771 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos; 2,410 (22.3%) continúan sin ser localizados (RNPDNO). Cada cifra es una familia que espera.
En 2024, México registró 10,613 víctimas menores de edad de violencia sexual, la cifra más alta en la historia reciente (SALUD).
En materia migratoria, de enero a septiembre de 2025 se contabilizaron 13,523 eventos de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular; en 2024 fueron 138,882 casos (UPM).
Y mientras el mundo digital se expande, 2.9 millones de adolescentes experimentaron ciberacoso, al tiempo que 3.7 millones continúan en situación de trabajo infantil (INEGI).
Nombrar estas realidades permite dimensionar el reto. Porque lo que hoy necesitan las niñas, niños y adolescentes de México exige voluntad política sostenida y un compromiso institucional firme:
Que crecer en México no implique riesgo.
Que la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos sea inmediata, especializada y efectiva.
Que la violencia sexual sea atendida con rigor y con justicia.
Que la migración infantil sea atendida con humanidad y protección.
Que no tengan que abandonar la escuela para trabajar.
Que la protección integral se consolide como una política de Estado verificable.
Nuestro mayor regalo será que construyamos juntos, gobierno, familias y sociedad civil, un México donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan crecer con dignidad, esperanza y seguridad.
Un mejor México para crecer.
*Michelle Lucero dirige la Fundación Nueva Generación Sonora y se especializa en políticas públicas, seguridad pública y derechos de niñas, niños y adolescentes en Sonora.
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Por Redacción
A través de una publicación en redes sociales, la organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por el incremento de la violencia en Sinaloa, donde en los últimos tres años se ha registrado un aumento significativo en homicidios, feminicidios y personas desaparecidas.
De acuerdo con cifras difundidas por el organismo, los homicidios pasaron de 478 en 2022 a mil 663 en 2025, mientras que los feminicidios subieron de 20 a 69. En el mismo periodo, las personas desaparecidas y no localizadas crecieron de 268 a 947 casos.
Ante este panorama, Amnistía advirtió que la estrategia basada en el despliegue militar no ha logrado contener la violencia y podría derivar en violaciones a derechos humanos, por esto, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a priorizar la seguridad de la población bajo estándares internacionales.
A finales de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional envió mil 600 soldados a Sinaloa para reforzar tareas de vigilancia y prevención del delito, tras una serie de hechos violentos, entre ellos el ataque armado contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano.
Este despliegue forma parte de una estrategia más amplia para contener la disputa entre grupos del narcotráfico, considerada uno de los principales factores detrás del aumento de homicidios en la región.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha defendido la participación de fuerzas federales al señalar que la presencia militar busca recuperar condiciones de seguridad y proteger a la población mientras se fortalecen las policías locales.
El funcionario también ha sostenido que el gobierno mantendrá operativos coordinados y acciones de inteligencia para debilitar a las organizaciones criminales que operan en Sinaloa, además de priorizar detenciones estratégicas.
Pese a ello, organismos de derechos humanos insisten en que la seguridad debe centrarse en instituciones civiles y en políticas integrales que atiendan las causas estructurales de la violencia.
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