La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la captura de los dos primeros presuntos implicados en el robo millonario de relojes de alta gama, mercancía que fue interceptada de forma violenta por un comando armado a los pocos minutos de abandonar el área de aduanas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Carlos “N” y a José Alberto “N” fueron detenidos por su presunta participación en el robo de vehículo con violencia y de mercancía consistente en relojes de alta gama.
De acuerdo con los reportes oficiales, el atraco ocurrió sobre el Circuito Exterior Mexiquense, en el municipio de Tecámac, zona en la que un grupo delictivo bloqueó el paso a la unidad de carga que transportaba los artículos de lujo.
Los detenidos fueron identificados gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia internas del tractocamión afectado, las cuales captaron con total nitidez el rostro de uno de los asaltantes mientras amagaba al conductor con un arma de fuego corta. Tras el cruce de información de inteligencia institucional y el seguimiento con tecnología de geolocalización, elementos policiacos mexiquenses lograron ubicar y capturar a ambos sospechosos, quienes de acuerdo con las investigaciones preliminares se encargaron de coordinar la logística y conducir los vehículos robados.
Este golpe al crimen organizado se da en un contexto de alta presión para las autoridades del Estado de México, donde los transportistas de carga han exigido de forma reiterada mayor presencia de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad estatal en los accesos viales que conectan con el puerto aéreo. La fiscalía estatal precisó que el valor total del cargamento hurtado asciende a varios millones de pesos, debido a que los relojes asegurados correspondían a firmas internacionales de alta relojería que contaban con pedimentos aduanales vigentes de importación.
Operativos de cateo y persecución de la banda delictiva
Para dotar de mayor contexto a las investigaciones del delito de robo de vehículo con mercancía en la región colindante al AIFA, los agentes de investigación ejecutaron un operativo de cateo en un inmueble ubicado en el municipio vecino de Cuautitlán Izcalli. En dicho sitio estratégico de resguardo, las fuerzas del orden federal y estatal localizaron el tractocamión robado marca International, modelo 2022, el cual ya presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación vial, además de un dispositivo inhibidor de señal electromagnética de 18 antenas de alta potencia.
La incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalla que los corredores industriales que enlazan a Tecámac, Nextlalpan y Zumpango registran un repunte considerable en el asalto a transportistas durante el primer semestre del año en curso. A pesar del avance sustancial que representan estos dos primeros detenidos, las corporaciones policiacas mantienen activos los despliegues operativos terrestres, debido a que los registros visuales confirman la participación directa de por lo menos otros dos sujetos armados que continúan prófugos de la justicia.
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La Fiscalía General del Estado de Michoacán dictó una orden de aprehensión y detuvo a dos policías en activo del municipio de Uruapan, debido a su presunta participación material y logística con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual ejecutó el homicidio del alcalde, Carlos Manzo.
Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que ambos detenidos estaban bajo las órdenes de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, capturada en mayo pasado como presunta operadora de Gerardo Rodríguez, alias “El Congo”, “El King Kong” o “El Kong”, uno de los líderes del CJNG en Uruapan y encargado del reclutamiento de los sujetos que perpetraron el asesinato de Manzo Rodríguez.
Uno de los detenidos es Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, quien fungía como agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Uruapan, desde donde filtraba a “La Tía” información sobre órdenes de aprehensión contra “El Congo” y otros miembros del CJNG; él fue detenido el 21 de mayo con cinco teléfonos, identificaciones apócrifas de la fiscalía, cartuchos percutidos y un vehículo.
El segundo detenido es Juan Luis “N”, alias “El Comandante Gary”, agente del Agrupamiento Especializado en Combate a Delitos Forestales de la Guardia Civil (Policía Estatal), quien informaba a “La Tía” sobre operativos policiales en Uruapan. Él fue detenido el 22 de mayo, con dosis de marihuana, dos teléfonos, dinero en efectivo e identificaciones oficiales.
El agente del Ministerio Público estatal presentará a los indiciados ante el juez de control competente para formular la imputación formal por el delito de homicidio calificado y asociación delictuosa. La resolución judicial del caso Carlos Manzo busca desarticular la red de infiltración criminal que las células del CJNG mantienen en las policías del estado, un fenómeno que las organizaciones civiles y colectivos de derechos humanos locales han denunciado de manera recurrente por el incremento de los índices de violencia en la región aguacatera.
Nexos policiales con el crimen organizado en Uruapan
Los informes de inteligencia militar compartidos en la mesa de seguridad estatal revelan que la célula delictiva del CJNG implicada en el caso Carlos Manzo operaba con impunidad en la zona urbana gracias a la complicidad de mandos medios.
La fiscalía de Michoacán ha detenido a un total de 25 personas relacionadas en el asesinato de Carlos Manzo.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una línea de investigación paralela por delitos del fuero federal en contra de la misma estructura criminal. Las autoridades judiciales correspondientes determinarán la situación jurídica de los dos policías imputados en las próximas horas, mientras persisten los operativos de búsqueda para localizar al resto de los líderes operativos de la organización delictiva que ordenaron el homicidio de Carlos Manzo.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció oficialmente el regreso a México de las personas detenidas en Sudáfrica, luego de que concluyeron el proceso legal correspondiente; se trata del periodista deportivo de TUDN Julio Ibáñez y del camarógrafo Danny García.
Los comunicadores mexicanos fueron arrestados el pasado 19 de marzo de 2026 en la nación africana mientras realizaban material para la cobertura previa al Mundial de Fútbol, por el presunto uso de un dron en una zona restringida, lo que activó de inmediato los protocolos de la Cancillería mexicana y de TelevisaUnivision.
El comunicado emitido por el gobierno federal detalla que el regreso de detenidos se concreta luego de que las autoridades judiciales de Sudáfrica determinaran devolverles sus pasaportes y levantar el arraigo domiciliario al que estaban sujetos desde finales de marzo.
La oportuna intervención de la Embajada de México en Sudáfrica, junto con la Dirección General de Protección Consular, fue clave para garantizar el debido proceso legal y brindar la asistencia necesaria a los connacionales durante este complicado proceso internacional de más de dos meses.
A través de un video difundido tras la audiencia final, el propio periodista deportivo manifestó el alivio de haber superado este amargo trago y la alegría que implica emprender el viaje de vuelta a territorio nacional. Los profesionales de la comunicación deportiva mantuvieron una defensa sólida respaldada por un equipo legal corporativo, lo que permitió acelerar la resolución definitiva del conflicto y concretar de forma segura el esperado regreso de detenidos a tierras mexicanas.
El calvario en Sudáfrica por una cobertura del Mundial 2026
La problemática legal comenzó a mediados de marzo, cuando Julio Ibáñez y Danny García operaban un dron para captar aspectos urbanos y deportivos relacionados con los próximos rivales de la Selección Mexicana. El incidente escaló rápidamente cuando corporaciones policiacas locales irrumpieron en su habitación, un suceso que quedó parcialmente registrado en una transmisión digital y encendió las alertas en el gremio periodístico de México, provocando reacciones de figuras de la televisión nacional.
“Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia, mi Dani. Que viene un Mundial que nos mueve y nos motiva. Gracias, amigos y familia. Hoy fuimos un ejército de gente preparada en la corte. De gente interesada en que esto terminara. La vivimos difícil.”
Estadísticas de la propia SRE indican que la asistencia por detenciones de connacionales en naciones africanas es de baja frecuencia, pero de alta complejidad debido a las notables diferencias en los marcos regulatorios sobre el uso del espacio aéreo y la seguridad nacional. El caso de estos comunicadores de TUDN se mantuvo bajo estricta reserva por estrategia legal corporativa de la televisora hasta esta semana, garantizando que las negociaciones diplomáticas de la Dirección General de África y Medio Oriente llegaran a buen puerto para la liberación absoluta de los profesionales de la información.
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TIJUANA, MAYO 29, 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó sobre el rescate de una persona que se encontraba privada de la libertad, hecho ocurrido durante un filtro de alcoholímetros instalado en la intersección de la Vía Rápida Poniente con avenida Manuel Márquez de León.
La madrugada de este viernes 29 de mayo, tras ubicarse en el punto de control, la víctima solicitó apoyo a los elementos de la Policía Municipal, señalando que el piloto y acompañante del vehículo en el que viajaba lo mantenían retenido contra su voluntad. De inmediato, los agentes procedieron a la intervención, asegurando a los presuntos responsables identificados como Uriel “N” y Raúl Adrián “N”.
La víctima fue asistida por elementos de la Policía Municipal, quienes le brindaron protección y acompañamiento para su seguridad y tranquilidad, además de solicitar servicios médicos para evaluar su estado físico.
La víctima presentó lesiones en el abdomen causadas presuntamente por los detenidos, por lo que fue atendida por Servicios Médicos Municipales para su valoración y atención oportuna. Según su relato, había sido privada de la libertad desde el pasado miércoles 27 de mayo, cuando los sujetos llegaron a su domicilio para sustraerla, hasta el momento de la intervención policial.
La SSPCM refrendó su compromiso de actuar siempre conforme a derecho, garantizando la seguridad de la población y asegurando a quienes cometan delitos o alteren la paz social. Indicó además que el trabajo constante en los filtros de control vehicular fortalece la prevención de delitos y promueve el cumplimiento irrestricto del reglamento de tránsito.
La Policía Municipal continúa trabajando con firmeza para proteger a la comunidad y combatir todo acto delictivo que atente contra el bienestar de las y los tijuanenses.
Verónica ha sido testigo de hechos de violencia varias veces: la primera, cerca de su casa, mientras esperaba a su esposo, vio cómo un par de jóvenes llegaron y asesinaron a balazos a una señora en la banqueta y luego se dieron a la fuga en una motocicleta.
“¿Quiénes fueron?, ¿quién sabe? No vimos, solamente sabíamos que eran jóvenes que no llegaban a los 18 años, se veían pequeños”, destaca.
La segunda ocurrió cuando ella estaba en un restaurante comiendo a su hora designada entre el trabajo, cerca de su consultorio dental, entre 2 y 3 de la tarde, llegó un grupo de personas armadas y baleó el local enseguida.
“Y pues todos al piso, porque pues nos podía tocar alguna bala”, recuerda con coraje.
Y para la tercera recuerda que un joven en motocicleta llegó y se paró frente a un automóvil que le estorbaba.
“Te sacan la pistola para que te detengas y les cedas el paso, porque atrás viene otro carro con más personas y más armas todavía”.
“Aún habiendo retenes, los retenes no funcionan, porque le sacan la vuelta o están en lugares donde los puede ver la gente”, critica.
Verónica, quien tiene 45 años, odontóloga de profesión y quien ha sido culichi toda la vida, debe ser un ejemplo como muchos en Culiacán de personas que, a diferencia de otras partes del mundo, viven en carne propia y ya ven hasta normal las experiencias con armas de fuego en las calles.
Y es que la crisis de armamentismo que padece Sinaloa, que fue insistentemente señalada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública desde hace más de una década, se disparó con el estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa el pasado 9 de septiembre de 2024.
Los hechos violentos, entre homicidios, secuestros, enfrentamientos, robos de vehículos, se dispararon a niveles que todavía no hay techo, respaldados todos por el uso de armas de fuego.
El 10 de noviembre de 2024, tras cumplirse el primer mes de la disputa, Noroeste reportó que los saldos acumulados ya eran de 189 homicidios, 298 autos robados y 227 personas privadas de la libertad, según una base de datos que el medio creó con fuentes públicas estatales y federales y colectivos de buscadoras.
Y en ese primer mes, también llegaron los primeros detenidos, 39 detenidos, más de 140 armas decomisadas y más de 100 vehículos asegurados.
La estrategia del Gobierno federal llegó tras admitir, luego de un par de meses de disputa entre “La Mayiza” y “La Chapiza”, que sí era real, fue clara: llenar las calles de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conocidos como los Harfuch.
El 13 de noviembre de 2024, el entonces Gobernador en funciones Rubén Rocha Moya informó que llegaron 100 militares más de la segunda compañía de las Fuerzas Especiales, cuyos elementos se sumaron a los mil 900 efectivos federales enviados a Sinaloa para detener los hechos de violencia desatados tras la captura de “El Mayo” Zambada.
“Se ha incrementado el homicidio, nos preocupa. Anoche mismo, ayer tarde nos llegó una compañía de Fuerzas Especiales, exclusivamente para operar el tema de los homicidios”, dijo Rocha Moya en aquel ahora lejano 2024.
“Vamos a trabajar especialmente un operativo para tratar de frenar los homicidios que es lo que nos tiene ahorita muy mortificados. El tema de los homicidios nos preocupa mucho, como cualquier tema de violencia, pero particularmente donde muere gente, es la mayor preocupación que tenemos. Por eso es que tenemos un operativo especial. El operativo especial lo empezamos incluso con la Guardia Nacional, ampliando la frecuencia de recorridos en las carreteras, que es donde se manifiestan”.
Son detenidos, luego son dejados en libertad
Para el 22 de diciembre de 2024, y tras la llegada de otros 150 militares, las autoridades informaron que en ese momento ya había 10 batallones en todo el Estado y sumaban al menos 2 mil 500 elementos militares en el territorio.
Resultados hubo, del 9 de septiembre al 16 de diciembre de 2024, el entonces Secretario de Seguridad Pública, el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez, anunció la detención de 190 personas, el aseguramiento de 905 armas de fuego, 765 de alto poder y 140 cortas, 109 granadas, 4 mil 434 cargadores y más de 249 mil 100 cartuchos.
Para el 2025, el llamado Grupo Interinstitucional reportó que en todo el año fueron detenidas en Sinaloa un total de 2 mil 169 personas, y se aseguraron armas, municiones, explosivos, drogas y vehículos.
El Consejo de la Judicatura Federal publicó en el apartado de transparencia de su página web que, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 15 de mayo de 2026, se emitieron 148 sentencias en los juzgados de Culiacán y Los Mochis de personas detenidas con armas de fuego, y de las cuales, en 85 casos fueron dejadas en libertad por beneficios legales.
El porcentaje de dejados en libertad es de más de la mitad: 57.43 por ciento.
La información se extrajo de las sentencias emitidas desde el 9 de septiembre de 2024, día en el que para todos en Sinaloa fue evidente el estallido de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, hasta las emitidas antes de la segunda quincena de mayo de 2026.
Los 148 sentenciados incluyen a personas detenidas antes de que comenzara la crisis y también a personas que fueron detenidas después de que comenzó la guerra y en ambos casos resultaron dejadas en libertad durante la misma.
De las 148 sentencias en los juzgados de personas detenidas con armas de fuego, fueron dejadas en libertad en 85 casos por alcanzar beneficios legales.
Estos beneficios se obtienen por apegarse al procedimiento abreviado, por haber cometido el delito por primera vez, no tener otro proceso en desarrollo, no presentar agravantes como intentar huir o haber atacado a los policías o militares durante su detención, el más importante que la sanción por la sentencia sea menor a los cuatro años, entre otros.
Es decir, mientras en la mayoría de los municipios del centro y sur del Estado había estallado la guerra definitiva del cártel que nació en el mismo Estado, los juzgadores aplicaron la ley sin tomar en cuenta la crisis.
Peor es, que según las fechas de los expedientes, después de que estalló la guerra, se procesaron 80 casos de personas detenidas con armas de fuego y 46 fueron liberadas, un 57.5 por ciento, es decir, casi 6 de cada 10 personas.
Robos de vehículo, casas dañadas por balazos
Jesús, quien es un profesional de temas inmobiliarios, aseguró conocer a personas que han sido víctimas directas de hechos violentos, y recordó el de una persona allegada a su familia que le despojaron su unidad saliendo de la escuela de su hijo.
“La verdad que una cosa tremenda que haya sido cuando ya había dejado al menor, y a dos calles más o menos de ahí de donde lo dejó”, recordó.
El robo de vehículo es otro de los delitos que se han disparado en medio de esta crisis de inseguridad.
Según las bases de datos de Noroeste, entre el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 24 de mayo de 2026, se han robado 11 mil 224 vehículos, la mayoría con violencia y el uso de armas de fuego, a un ritmo de 18.1 diarios.
“Ahí le quitaron su carro... un carro que, pues uno puede decir un carro ‘no muy llamativo’, porque es un Versa, y se lo se lo quitaron ahí pues con lujo de violencia y todo”, lamentó.
Otro problema que le generó esto a la víctima es que el seguro aún no resuelve el trámite, pues tiene la justificación de que, por la misma situación de que se disparó el delito, están tardando meses en terminar con los trámites para responder.
También fue testigo de que un grupo armado llegó, baleó e incendió una casa a unos metros de la suya.
“Quemaron una casa, que era una propiedad muy grande y la quemaron, y pues eso nos afectó a todos aquí en el sector, tanto por la inseguridad, de ahí al día de hoy, en todo, porque mucha gente de aquí del sector dejó sus casas, se fue”, explicó.
“Los que tenían posibilidades de irse afuera se fueron, los que tenían posibilidades de irse con un familiar pues se aprovecharon y en ese inter en los días posteriores a que quemaron esa casa, pues había mucho movimiento de militares, había retenes afuera de las casas en donde no había antes”.
La guerra en sí, reflexionó, sí los ha afectado en todos los aspectos, laboral, económico, familiar.
“Todo se ha visto muy disminuido y pues esto nos ha afectado a todos, a todos de una u otra manera, ya que pues los ingresos de las familias han bajado, no hay mucho trabajo, se ha despedido a mucha gente de sus empleos”, lamentó.
“Entonces, todos hemos resentido pues esta guerra, que sin querer nosotros estar dentro de, pues somos parte del campo de batalla. Eso es lo que sí ha sucedido”.
Las sentencias pueden mostrar decisiones que para muchos podrían considerarse absurdas.
Hay un ejemplo, pues ya iniciada la guerra interna del Cártel de Sinaloa, un hombre fue detenido en las inmediaciones de Huatabampo, el 18 de octubre de 2024
Un hombre transportó, desde la ciudad de Nogales, Sonora, hasta el lugar de su detención acontecida en las inmediaciones del kilómetro 113 de la carretera, en el entronque con camino al poblado Las Bocas, Huatabampo, Sonora, en el carril de circulación que corre de norte a sur, cinco fusiles, dos escopetas y una carabina, nueve pistolas y revólveres y más de 500 cartuchos de diferentes calibres.
“En la caja o batea del vehículo que conducía tipo pick up marca Ford, línea F-150, cabina y media, color blanco, con placa trasera del Estado de Arizona, Estados Unidos de América, el cual se encontraba acoplado a un semirremolque tipo cama baja, color blanco”, dice el informe.
Luego en un par de cuartillas detalla aún más que poseyó ocultas en muebles que transportaba.
“Un arma de fuego tipo rifle, calibre 22, marca Ruger, modelo 10 22; un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Stoeger, modelo 3000; un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Remington, modelo 1100; un arma de fuego a su vez tipo fusil, calibre 7 milímetros Rem Mag; arma de fuego tipo carabina, calibre 5.56 x 45, modelo DTI-15”, detalla el informe.
“En el congelador vertical de la marca Holiday de color blanco, el siguiente armamento: un arma de fuego tipo pistola, calibre 45 auto, marca Colt, modelo 1991a1; un arma de fuego tipo pistola, calibre 38 súper, marca ACP, modelo 1911 A1-FS; cargador, contenido en un estuche de plástico color negro con la leyenda Rock Island Armory; un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, 9 x 19 milímetros, marca Stoeger, modelo STR-9F, con su respectivo cargador; un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros o 9 x 19 milímetros, marca Beretta Corp, modelo APX, con su respectivo cargador”.
“También un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Official Police, contenido en un estuche de plástico color negro con la leyenda doskocil indicio; a su vez un arma de fuego tipo revolver, calibre .22, marca Smith&Wesson, modelo N/V; un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Official Police; y a su vez un arma de fuego tipo revolver, calibre .22, marca Colt, modelo Trooper MK II, este se encuentra señalada como indicio 2.8; y a su vez un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 Special, marca Smith&Wesson, modelo 10-5, importada por Smith&Wesson Springfield; 94 cartuchos calibre 45 auto, tipo de bala normal; a su vez 250 cartuchos calibre 9 milímetros, tipo de bala normal, 100 cartuchos calibre 38 Súper, tipo de bala normal, 30 cartuchos calibre 7 milímetros, tipo de bala punta blanda expansiva y 30 cartuchos calibre 7 milímetros PRC, tipo de bala punta blanda, es decir expansiva, estos se encuentran marcados como indicio 2.1, Secretaría de la Defensa Nacional para transportar armas de fuego, tanto del uso exclusivo del Ejército, Armada y así como de sin licencia, así como cargadores y cartuchos que se encuentran señalados como del uso exclusivo de esa Secretaría y a su vez no se encuentra acreditado que sea miembro de las fuerzas castrenses, ni de ninguna corporación policiaca, transgrediendo el bien jurídico tutelado por la norma que es la paz y seguridad pública”.
Esa persona detenida el 18 de octubre en Sonora fue juzgada en Sinaloa, a donde se dirigía, y se apegó también al procedimiento abreviado, con apenas cuatro años de prisión y 20 días de multa; equivalentes a la cantidad de 2 mil 171.40 pesos.
Debido a que recibió una pena igual o menor a los cuatro años, se le concedieron al sentenciado el beneficio de sustitución de prisión por trabajo a favor de la comunidad y semilibertad.
La bala que amenazó a Francisco y a su hijo
Francisco es un maestro de nivel profesional desde hace 20 años, y labora como profesor en dos universidades importantes de Sinaloa, además de contar con un negocio propio.
Desde su punto de visto, todo ha sido muy difícil, pues ha sido una preocupación constante, llena de estrés, muy “similar a la pandemia”, en el sentido de que han tenido que cambiar sus rutinas personales, familiares y de trabajo.
Antes podía ir a practicar senderismo a zonas de monte y montaña, en las afueras de la ciudad, en las que hoy es imposible.
“Las salidas familiares también pues ahora son programadas, ¿no? La tenemos que revisar más a fondo con más detalle y sobre todo valorando los niveles de violencia en el momento”, lamenta.
Y del trabajo, pues los constantes anuncios de violencia de nuevo lo han obligado a mantenerse en virtualidad como primera opción de contacto.
“Simplemente para no arriesgarnos, de ser víctima de sobre todo de robo de vehículo”, dice.
Y aunque podría ser para muchos poca cosa, como considerar que no ha sido víctima directa de un hecho violento, Jesús cuenta que una vez, mientras llevaba a la escuela a su hijo de 12 años, circulaba por el Bulevar Emiliano Zapata y una bala perdida cayó sobre su auto.
“Curiosamente minutos antes se había suscitado un evento de alto impacto, un asesinato por la Avenida Federalismo, recuerdo que había un juego infantil de beisbol, por eso se me quedó muy grabado ese día”, recuerda.
“Pasamos por el puente rumbo a Soriana y nos tocó ver muchas familias preocupadas, patrullas, ambulancias y posterior a eso, por el (Bulevar) Zapata fue cuando nos cayó esa bala perdida”.
La bala, admite, la guardó como un recuerdo de lo peligroso que puede ser simplemente transitar por las calles de la ciudad Culiacán.
También ha sabido de tres robos violentos contra sus primos, dos en Culiacán y otro más en la carretera de Mazatlán a Culiacán.
Lamentó comentar que muchas personas que conoce, incluyendo familiares directos, han sido víctimas de hechos de violencia como asaltos, secuestros, robo de autos y hasta homicidios.
“Lo que sucede seguido es escuchar balaceras, ¿eh?, lejos y cerca, en la casa, en el trabajo, por todos lados, me ha tocado. Ya después uno se entera de lo que sucedió y va desde daños a fachadas (de casa) hasta asesinatos, ¿no? Entonces sí, sí está preocupante”, señala.
Recordó que la única experiencia que tiene con armas de fuego ha sido con un familiar que le gustaba practicar la cacería y el tiro al blanco.
“Sí he visto armas de fuego, tengo un primo que tiene una pistola hace unos años, me la mostró, también me mostró el permiso de portación, le pregunté para qué la tenía y me dijo que la utilizaba para practicar tiro legalmente y la tenía en su casa como protección personal”, dijo.
“También algunos amigos han comentado que tienen armas, igualmente como protección personal y con permiso”.
Sin embargo, en Sinaloa no todos siguen esta obligación.
Las personas que habían sido detenidas por portar armas sin licencia y procesadas durante la guerra interna del Cártel de Sinaloa, fueron 29, y por lo menos 26 de ellas lograron obtener sentencias entre 2 años y de 3 a 8 meses de prisión y multas entre 4 mil 500 pesos y hasta 9 mil pesos.
De los otros tres, las sentencias mostraron el dato testado, por lo que fue imposible compararlo e incluirlo.
La única ocasión en que las sentencias para personas que fueron detenidas con armas de fuego sin permiso, subió a más de tres años, fueron un par porque se combinaron con la posesión de algunos narcóticos.
Durante la guerra, según datos de Noroeste hasta el 23 de mayo de 2026, el recuento ya suma 3 mil 290 homicidios dolosos, con promedio de 5.3 diarios; 3 mil 856 personas privadas de la libertad, con promedio de 6.2 diarios, 3 mil 590 personas detenidas y 190 personas abatidas.
Los cambios de hábito; las experiencias de la guerra
La odontóloga recalca que estos han sido los peores años, pues han tenido que modificar sus rutinas y jornadas laborales.
“Del 9 de septiembre del 2024 a la fecha, con la violencia que se está generando en Culiacán, ha sido que en los negocios hemos tenido que cerrar temprano, ya que por miedo a que nos toque una bala, a que nos toque un asalto, la gente ya no acude a consulta”, señala.
“Por lo tanto, pues tenemos que cerrar”.
Por su parte, Enrique, un ingeniero en sistemas que trabaja para una empresa privada de presencia nacional, lamenta que su experiencia tras el estallido de la guerra haya sido “muy muy mala”.
“He tenido que cambiar mis hábitos diarios, como para dirigirme a mi trabajo, para regresar de mi trabajo, el llevar a los niños a la escuela. Es una experiencia mala, porque estamos con la incertidumbre, ¿no? De qué pueda pasar algo en cualquier momento. He sido víctima indirecta de hechos violentos”, explicó.
“Me ha tocado tener que regresarme de mi trabajo por algún punto en el trayecto que sucede algo y pues eso me cambia mucho la dinámica y también estar muy al pendiente de cerca de las escuelas de mi hijo o si pasa algún hecho violento”, explica.
Dijo conocer conocer también a personas que han sido víctimas, sus familiares, por ejemplo, y también amigos que han sido víctimas directas de un hecho violento, especialmente robos de coches principalmente.
“Hay mucho robo de coches con violencia. Al entrar a sus casas, este, o al llegar a sus casas o dirigirse al trabajo o cuando están haciendo vueltas personales y les han hecho robo violento, ¿no?”, comenta.
La parte más dura que le ha tocado presenciar es cuando le quitaron la vida a una persona muy cerca de su casa.
“Es algo que impacta, al final le quitan la vida a una persona y aunque no estuve cerca, sino de lejos pude verlo y sí fue algo que me marcó y que y que pues es algo que me impacta y me deja pensando, ¿no?”, señaló.
En las sentencias de los detenidos con armas de fuego que fueron procesados, hay algunos tan increíbles que duraron una semana, o incluso 48 horas para recibir su sentencia y además recibir el beneficio de sustituir la sanción de prisión por trabajo a favor de la comunidad o llevar el proceso en semilibertad.
“El 6 de junio de 2025, momentos antes de las 3:46 horas, al circular en un vehículo, en las inmediaciones del (...), portó un arma de fuego tipo revólver, calibre .357 Magnum”.
“Asimismo, poseyó 13 cartuchos calibre .40 S&W. Objetos bélicos dictaminados como del uso exclusivo de las fuerzas armadas del país”, dice la sentencia.
El día 8 de junio de 2025, apenas 48 horas de su detención y procesamiento, el involucrado solicitó la sentencia por procedimiento abreviado y obtuvo 3 años y 8 meses y una multa de apenas poco más de 4 mil 100 pesos.
Otros casos de apenas 48 horas fueron el registrado el 6 de enero de 2026.
“Momentos previos a su detención ocurrida a las 7 horas con 45 minutos en la Avenida (...) usted mantuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, portó en su mano derecha un arma de fuego, tipo pistola, color negra, calibre 9 mm, marca Luger, modelo 09, con matrícula *******, está con su respectivo cargador abastecido con 30 cartuchos útiles al mismo calibre, esto sin la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y sin ser miembro de alguna institución armada del país...”.
El 8 de enero de 2026, el imputado se sometió al procedimiento abreviado, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión, y 80 días de multa, equivalentes a la cantidad de 9 mil 051.20 pesos.
Como la sentencia fue de cuatro años de prisión, el juez concedió al sentenciado los beneficios de sustitución de sanciones de trabajo a favor de la comunidad y semilibertad.
“El tema da tristeza, la verdad. La experiencia con armas de fuego, pues realmente es mucho, ver a los militares armados, al Gobierno armado en todas las esquinas aquí en Culiacán y que de todas maneras, suceden hechos violentos, no para, parece que incrementan. Entonces es algo muy raro”, señala Enrique.
Por la crisis, en desacuerdo por beneficios
A los testigos se les preguntó sobre los beneficios que otorgan los acusados por diferentes delitos para llevar su proceso en libertad o hacer trabajos para la comunidad.
“Estoy en desacuerdo de que se apliquen beneficios para liberar a las personas que están involucrados en este tipo de actos, ya que si ya son capaces de usar un arma o de andar en la calle o de andar metidos en este tipo de de actividades, fácilmente el que les den la libertad de procesarlos en sus casas, pues es como si le dieran un premio”, dijo Verónica.
“Porque no les están haciendo nada y pues ellos continúan con la mentalidad de que pueden seguir haciéndolo al cabo no pasa nada. Y como decimos, en México no pasa nada. Sí, no pasa nada porque no hacen lo que deben de hacer las autoridades”.
Según Humberto, sí le ha tocado ver gente armada.
“Y sí sé que son muchos los beneficios para liberar a las personas que los agarran con armas y otra, muy laxo el tema de que todos sabemos que ahorita hay muchísima gente armada en las calles”, lamentó.
“Y qué casualidad que todos los retenes que hay nunca detienen gente armada. Entonces, el tema viene por ese lado. De que estamos en una crisis de violencia. Hay muchos retenes que se supone que lo que están haciendo es 100 por ciento estar sobre la gente armada. Se sabe que hay muchas armas en la calle, que hay mucha gente armada y nunca detienen a nadie”.
Entonces, renegó, las autoridades actúan de manera “muy tenue” con esa lucha contra la violencia y el crimen organizado.
“Muy laxo el tema con la gente que haga lo poco que sí le tienen armados, pues les dan muchos beneficios para liberarlos”, recalcó.
Francisco se dijo en contra, pues ellos son “aficionados” a las armas, señaló.
“Directamente no conozco a alguien detenido y dejado en libertad por portación de armas. Pero pues me entero por las noticias, obviamente de que salen en libertad personas que, a pesar de llevar armas, drogas y cometer delitos, los dejan en libertad por alguna falla en el proceso, ¿no? U otra razón.”, recalcó.
Francisco fue más allá, y se declaró en contra de otorgar permisos o que puedan adquirir armas de fuego los civiles.
“Me parece mal. El portar arma es una responsabilidad muy grande y creo que se debe de contar además del permiso, pues obviamente experiencia y sobre todo criterio para su uso”, agregó.
“Darle un beneficio a las personas que están armadas durante la violencia, pues la realidad no sería positivo, ya que entre más armas hay, pues más riesgo de que puedas hacer un accidente en casa o que pueda haber un accidente en cualquier lugar, considero que no es la solución el tener armas o que se den beneficios a las personas por dejarlos tener un arma, ¿no? Creo que incrementa el problema”.
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