En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

Por Redacción

Daniel Humberto “N”, de 43 años, quedó vinculado a proceso por posesión de droga con fines de venta, pero continuará el procedimiento en libertad, luego de que el juez impusiera medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, explicó que el delito por el que fue procesado permite este beneficio, por lo que el exasistente de Maximiano “N” deberá cumplir las condiciones fijadas por el juez y presentarse cuando sea requerido.

«Se le vinculó a proceso y va a seguir en el procedimiento en libertad, se le otorga el beneficio de la libertad condicional. Es una pena que es muy diferente a la penalidad del narcotráfico, de tal manera que permite la libertad bajo fianza”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que Daniel Humberto “N” también es investigado por su presunta relación con Maximiano “N”, señalado como probable responsable de hechos en los que murieron ocho personas, después de la aplicación de los llamados sueros vitaminados.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó un dictamen pericial que detectó alteraciones en un video presentado por la defensa, al localizar una pista de texto incrustada en el archivo. La institución anunció que investigará si el material fue manipulado y determinará las responsabilidades correspondientes.

El juez concedió tres meses para la investigación complementaria. La vinculación a proceso por narcomenudeo no implica una sentencia y Daniel Humberto “N” continuará su proceso bajo las medidas cautelares establecidas.

Por Redacción

El juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva a Gilda Lozoya Austin contra la vinculación a proceso dictada en su contra por el caso Agronitrogenados.

La hermana de Emilio Lozoya promovió un amparo contra el auto del pasado 7 de julio, mediante el cual fue vinculada a proceso dentro de la causa penal 211/2019.

La Fiscalía General de la República (FGR) la acusa de transferir recursos del extranjero a México con el propósito de ocultar su origen. La investigación involucra aproximadamente 3.5 millones de dólares depositados en una cuenta de Tochos Holding Limited, relacionada con la compra de una residencia en Lomas de Bezares.

La suspensión definitiva se suma al otro amparo promovido por Lozoya Austin contra la presunta difusión de fotografías y videos de su detención en el AICM, al considerar que se vulneraron sus derechos, privacidad y presunción de inocencia.

Por Mafe González

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano luego de que un juez federal determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La resolución, emitida tras una audiencia de más de 15 horas, establece que existen elementos para continuar investigando al exmandatario por la presunta ocultación de información y evidencias vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República sostiene que uno de los elementos centrales de la acusación es un disco con imágenes de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, material que habría registrado movimientos de los estudiantes y la presencia de policías y personas armadas aquella noche.

El juez mantuvo la prisión preventiva oficiosa y concedió 120 días para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá ampliar sus indagatorias y la defensa presentar nuevas pruebas.

La defensa de Aguirre ha rechazado las acusaciones y sostiene que el exgobernador no recibió el material señalado por la Fiscalía en la fecha que se le atribuye. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria; el proceso deberá determinar si existe responsabilidad penal.

Por Redacción

Una nueva controversia surge alrededor de la investigación por el caso de los sueros vitaminados que provocó la muerte de ocho personas en Hermosillo: mientras la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) sostiene que un exasistente del médico Jesús Maximiano “N” habría tenido contacto con él para ayudarlo a recibir medicamentos debido a su delicado estado de salud, la familia del detenido asegura que se trata de una acusación injusta y que incluso le habrían “plantado” droga.

El comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, explicó que las autoridades mantienen un seguimiento sobre las personas que pudieran aportar información para localizar al médico, quien permanece prófugo y es señalado por su presunta responsabilidad en los hechos que dejaron ocho personas sin vida.

Flores confirmó que Daniel Humberto, quien anteriormente se desempeñaba como asistente del médico, fue localizado y detenido en días pasados en posesión de droga. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el hombre no habría podido acreditar una actividad económica lícita conocida desde que la clínica donde laboraba fue asegurada.

Sin embargo, el comisario introdujo un elemento distinto en el caso: señaló que la autoridad recibió información, incluso de un familiar del propio detenido, en el sentido de que Daniel Humberto estaría auxiliando al médico para conseguir medicamentos debido a su delicado estado de salud.

“Estamos dándole un seguimiento puntual a todas aquellas personas que nos pueden llevar al paradero de este médico”, explicó Flores.

El funcionario agregó que, a partir de esa información, se intervino al exasistente y posteriormente fue localizado con droga en su posesión. También aseguró que “no hay nadie que esté protegiendo o que tenga inmunidad por este asunto” y que la investigación continuará hasta ubicar al médico.

La otra versión: “A mi hermano le están plantando droga”

Frente a esta versión, Joaquín Flores, hermano del detenido, difundió un llamado para participar en una manifestación en apoyo de Daniel Humberto.

En su mensaje sostiene que su hermano es víctima de una injusticia y rechaza que se le relacione con actividades ilícitas.

“Mi hermano está viviendo una injusticia”, afirma, al tiempo que acusa que “le están plantando droga” y sostiene que su familia tiene años dedicada al comercio de calzado y ropa.

También cuestionó el actuar de la Fiscalía y afirmó que las autoridades estarían involucrando a personas inocentes en una investigación que, desde su perspectiva, no se ha llevado correctamente.

La familia, por tanto, sostiene una versión completamente distinta a la planteada por la autoridad: niega que Daniel Humberto sea una persona dedicada a actividades ilícitas y rechaza que la droga asegurada fuera de su propiedad.

Dos versiones, una investigación abierta

La AMIC sostiene que Daniel Humberto fue localizado con droga, que no acreditó una actividad económica lícita conocida desde el cierre de la clínica y que existía información que lo relacionaba con el auxilio al médico buscado.

Su familia sostiene que el detenido es inocente, que la droga habría sido colocada deliberadamente y que la Fiscalía estaría cometiendo una injusticia.

Hasta ahora, ambas versiones forman parte de un escenario que deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.

Mientras la investigación continúa y la búsqueda de Jesús Maximiano “N” permanece abierta, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de quienes estuvieron alrededor de la clínica y de las personas que pudieran aportar información para localizar al médico.

Lo que sí está sobre la mesa son dos versiones encontradas. Lo que falta por establecer es quién dice la verdad.

Dos versiones chocan en el caso del exasistente del médico Maximiano.

La @Amicsonora sostiene que Daniel Humberto, detenido con droga, habría auxiliado al médico buscado para conseguir medicamentos debido a su delicado estado de salud. @fgjesonora @AlfonsoDurazo… pic.twitter.com/m58ELayNZ1

— Primera Plana Digital (@pplanadigital) August 11, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que avanza en la investigación por la muerte de tres personas, ocurrida durante las primeras horas del sábado 8 de agosto en Hermosillo, y estableció como principal hipótesis de trabajo un móvil pasional.

De acuerdo con los videos y otros materiales recabados, el hombre localizado sin vida en la parte posterior del vehículo habría tenido antecedentes de amenazas de muerte contra la mujer y presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operan en la región fronteriza.

La Fiscalía señala que el sujeto habría llegado previamente a un parque, donde amagó a la pareja y posteriormente abrió fuego contra el copiloto. El vehículo se desplazó hasta el cruce de bulevar Antonio Quiroga y Camino del Seri, donde el presunto responsable habría terminado con su vida.

Las autoridades mantienen los peritajes para establecer la mecánica de los hechos y determinar con precisión la posición de víctimas y victimario.

EE.UU. explora nuevas estrategias para combatir al narco de México, ahora también apunta al poder político 

Por Ileana Bernal de la R.

La nueva ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos no solo está modificando la estrategia de seguridad entre ambos países, sino que también está colocando bajo presión a la clase política mexicana, particularmente a figuras vinculadas al partido en el poder (Morena).

El anuncio del gobierno de los Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con recompensas superiores a los 100 millones de dólares para ubicar a sus principales líderes, llegó acompañado de un mensaje que elevó la tensión diplomática.

El fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que el Departamento de Justicia abrió cinco acusaciones formales contra altos mandos del CJNG.

Por su parte Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, detalló en un comunicado que las recompensas alcanzan hasta 102 millones de dólares en conjunto y están dirigidas contra ocho líderes y asociados del CJNG, con el objetivo de obtener información que permita su arresto o condena en cualquier país.

Pero Washington fue más allá al asegurar que perseguirá no solamente a integrantes de las organizaciones criminales, sino también a quienes desde “posiciones de poder” faciliten sus operaciones.

Fue el director de la DEA, Terry Cole, quien lanzó el contundente mensaje. Afirmó que la agencia perseguirá a todos los cabecillas de la organización criminal sin importar sus redes de apoyo, esquemas de corrupción o vínculos políticos.

Esa declaración abre, al parecer, un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos.

La discusión dejó de enfocarse en las rutas del narcotráfico, los laboratorios clandestinos o las disputas territoriales entre grupos criminales. Ahora apunta a las redes políticas, económicas e institucionales que permitieron a organizaciones como el CJNG y el Cártel de Sinaloa alcanzar dimensiones internacionales.

La nueva estrategia de EE.UU.

Washington coloca bajo reflectores a gobernadores, senadores y exfuncionarios emanados de Morena, aunque cada caso tiene un nivel distinto: algunos corresponden a investigaciones periodísticas, otros a acusaciones formales y otros permanecen como controversias políticas sin resolución judicial.

Uno de los episodios que mayor impacto político generó fue el reportado por Los Angeles Times, que reveló supuestas investigaciones relacionadas con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos integrantes de Morena.

El reporte provocó una reacción inmediata porque se trataba de dos mandatarios estatales en funciones.

Durazo, gobernador de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, aclaró que contaba con visa vigente y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Villarreal, gobernador de Tamaulipas y exsenador por Morena, también negó las acusaciones de que le habrían retirado la visa y afirmó que no existe fundamento para relacionarlo con grupos criminales.

Hasta ahora, ambos casos permanecen en el terreno de reportes periodísticos y señalamientos públicos, no en sentencias judiciales.

El caso Rocha 

Antes de estos episodios, el caso Sinaloa ya había abierto una grieta. El gobernador Rubén Rocha Moya enfrentó una crisis política luego de que su nombre apareciera en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en la que se recogen declaraciones que lo relacionan con presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.

Rocha negó las acusaciones y sostuvo que eran falsas. Sin embargo, el caso generó una presión adicional para Morena porque Sinaloa representa uno de los estados con mayor peso histórico en la discusión sobre narcotráfico y seguridad.

La controversia no paró ahí… llegó hasta la relación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, al abrirse el debate sobre qué información tiene Washington y qué elementos deben presentar antes de realizar acusaciones contra funcionarios mexicanos.

Adán carga con la Barredora 

Otro expediente que golpeó políticamente a Morena fue el relacionado con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

Bermúdez fue señalado por autoridades por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como «La Barredora».

Adán Augusto López rechazó cualquier responsabilidad y sostuvo que desconocía actividades ilícitas de su exfuncionario.

A la presión derivada de los señalamientos sobre seguridad se suman casos de corrupción que han erosionado el discurso anticorrupción del partido.

Uno de los casos más relevantes fue Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos financieros del gobierno anterior.

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación detectaron irregularidades millonarias en Seguridad Alimentaria Mexicana.

El caso alcanzó a funcionarios como Ignacio Ovalle Fernández, quien negó responsabilidad directa y afirmó que fue engañado por colaboradores.

Aunque no se trató de un expediente contra Morena como partido, sí representó un golpe político porque ocurrió dentro de una administración emanada del movimiento que llegó al poder con la bandera anticorrupción.

Sheinbaum: cooperación sin crisis política

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura doble frente a la presión estadounidense.

Por un lado, su gobierno ha profundizado la cooperación en seguridad con Estados Unidos mediante intercambio de información, operativos y acciones contra organizaciones criminales.

Por otro, ha rechazado que Washington pueda realizar acusaciones sin pruebas o intervenir en asuntos internos mexicanos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido una estrategia basada en inteligencia, coordinación y golpes contra las estructuras criminales.

Pero la presión internacional ha abierto una discusión más amplia: La lucha contra el crimen organizado ya no se mide solamente por capturas. Ahora también se mide por la capacidad del Estado para garantizar que sus instituciones no sean utilizadas por organizaciones criminales.

El nuevo escenario político

La ofensiva contra el CJNG puede convertirse en algo más grande que una operación contra un cártel, ahora puede convertirse en una prueba política para México.

Porque mientras Estados Unidos sostiene que los grupos criminales necesitan redes de protección para crecer, el gobierno mexicano insiste en que cualquier acusación debe probarse ante tribunales.

La batalla que viene no será únicamente por capturar líderes criminales, al parecer, será por determinar hasta dónde llegaron las estructuras que permitieron que esos grupos construyeran poder durante décadas.

Un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e INTERPOL México permitió la captura de Edgar Aurelio “N”, de 30 años, quien era requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

La detención se realizó en la colonia El Manantial, en Nogales, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al imputado y ejecutar la orden de detención provisional con fines de extradición.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el detenido es identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia y cuenta con una orden de arresto emitida por la Corte del Distrito Oeste de Pensilvania por hechos equiparables en México a asociación delictuosa, delitos contra la salud e introducción clandestina de armas de fuego.

Tras su captura, Edgar Aurelio “N” fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, donde continuará el procedimiento legal para su eventual extradición a Estados Unidos.

Por Mafe González

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que la cancelación de más de 3 mil 200 exámenes de admisión no fue una decisión basada en sospechas, sino en evidencias de conductas irregulares detectadas durante la aplicación del proceso en línea.

El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, afirmó que la Dirección General de Administración Escolar verificó casos de uso de un segundo dispositivo, suplantación de identidad, fondos de pantalla similares y otras prácticas prohibidas, por lo que la institución procedió a anular las evaluaciones.

Además, informó que ya fueron presentadas seis denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGR) para investigar posibles delitos relacionados con el fraude.

La Universidad también confirmó que atenderá las solicitudes de revisión y los amparos promovidos por algunos aspirantes, aunque reiteró que cuenta con evidencia suficiente para sustentar las cancelaciones.

Paralelamente, realiza una auditoría tecnológica y rescindió el contrato con la empresa encargada de la plataforma del examen en línea, como parte de las acciones para esclarecer lo ocurrido y fortalecer la confianza en el proceso de admisión.

Seis ejemplares de una cactácea protegida fueron localizados en una empresa de paquetería; el cargamento viajaba de Coahuila a Baja California

Por El Reportero 911

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento de seis ejemplares de peyote (Lophophora williamsii) localizados dentro de un paquete en una empresa de paquetería en Hermosillo.

El hallazgo se realizó luego de una denuncia anónima y con apoyo de un binomio canino de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con la investigación, el envío provenía de Torreón, Coahuila, y tenía como destino Rosarito, Baja California. Las plantas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará las indagatorias para determinar la responsabilidad de quienes participaron en el traslado.

El peyote es una especie nativa de México protegida por la legislación ambiental debido a su lento crecimiento, la extracción ilegal de ejemplares silvestres y su importancia cultural para el pueblo Wixárika. Su extracción, transporte y comercialización sin autorización constituyen una violación a la normatividad ambiental vigente.

El caso se suma a otros aseguramientos recientes de flora protegida detectados en servicios de mensajería, una modalidad que también ha sido utilizada para el tráfico ilegal de especies silvestres.

El influencer fue ejecutado mientras transmitía en vivo; autoridades analizan sus publicaciones como una de las líneas de investigación

Por Redacción

La investigación por el asesinato del influencer César Gastélum escaló este miércoles hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que las autoridades trabajan para detener tanto a los responsables materiales como a quienes pudieron ordenar el ataque ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

“El objetivo es detener a los autores materiales y, en todo caso, al autor intelectual, y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio”, afirmó la mandataria al referirse al crimen que ocurrió la noche del martes mientras el creador de contenido realizaba una transmisión en vivo.

Sheinbaum informó que el caso fue revisado durante la reunión del Gabinete de Seguridad y señaló que las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

El Gabinete de Seguridad federal confirmó que se trató de una agresión directa y reveló que entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, algunas de ellas relacionadas con una facción de un grupo delictivo.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de videovigilancia, indicios recabados en la escena del crimen y otros elementos para identificar y detener a los responsables.

Gastélum, quien contaba con cerca de 600 mil seguidores en TikTok y era conocido por sus videos de comedia, fue atacado cuando se encontraba frente a un restaurante de comida rápida acompañado por otras personas.

El homicidio ocurre en medio de la crisis de violencia que enfrenta Culiacán por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente Los Mayos y Los Chapitos, enfrentamiento que desde septiembre de 2024 mantiene bajo presión a distintas regiones del estado.

La Fiscalía General de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y continúa con las diligencias correspondientes.

Por Reportero 911

Un autobús de pasajeros que cubría la ruta Sinaloa–Tijuana terminó convertido en una escena de emergencia la noche del lunes, luego de impactarse contra la caja de un tractocamión presuntamente detenido por una falla mecánica sobre la carretera federal México 15.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el kilómetro 194, cerca de Las Guásimas, en el tramo Ciudad Obregón-Empalme. En el lugar falleció el operador del autobús de la línea Norte de Sinaloa, identificado como conductor de la unidad económica 439, mientras que más de 20 pasajeros fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados a distintos hospitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús circulaba de sur a norte cuando impactó por alcance la caja del tráiler, que presuntamente permanecía detenida sobre la carretera debido a una avería mecánica.

La Guardia Nacional y la Fiscalía realizan los peritajes para determinar si el vehículo de carga contaba con el señalamiento preventivo correspondiente y deslindar responsabilidades.

Algunas tiendas chinas fueron aseguradas el pasado fin de semana por personal de la Fiscalía General de la República en algunos puntos de Mazatlán.

Una de dichas tiendas se encuentra entre las calles Aquiles Serdán y Leandro Valle, en el Centro de la Ciudad, que este lunes aún permanecía cerrada y con el sello de aseguramiento de la FGR.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, expresaron que es la FGR la que está implementando dichas acciones por cuestiones fiscales.

“Las licencias normales sí las tienen, pero la Fiscalía es la que está haciendo todos esos recorridos y son otros temas”.

Precisaron que dichas tiendas sí cuentan con permiso municipal para operar y cuentan con su Plan de Protección Civil.

“Han hecho los trámites correspondientes, lo que nos toca a nuestra competencia, tienen su Programa Interno de Protección Civil, eso como cualquier unidad económica, ya si está en otro tipo de situaciones pues ya le corresponde a la autoridad competente, en este caso creo que fue la Fiscalía General que fue la que las aseguró”, reiteró Osuna Tirado.

“Pero en el tema nuestro se le da el seguimiento como cualquier unidad económica para su licencia de operación en base a los reglamentos municipales, por parte nuestra estaba cumpliendo, tengo alrededor de cinco o seis tiendas aproximadamente, entre chicas, medianas y una grandota (registradas en Mazatlán)”.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora inició una investigación contra quien o quienes hayan participado en hechos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, luego de la localización e inhabilitación de una toma clandestina de hidrocarburo en Hermosillo.

La toma clandestina fue localizada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en las inmediaciones del rancho Los Pocitos, ubicado en el kilómetro 72+380, tramo Guaymas–Hermosillo, en Hermosillo, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina–Armada de México (Marina) y de Seguridad Física de PEMEX.

En el operativo, las autoridades aseguraron 12 contenedores de plástico que contenían en conjunto ocho mil litros de hidrocarburo, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.

Editorial

La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno donde se cruzan los intereses políticos y las aspiraciones de justicia. El reciente proceso contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura vinculada al PAN, contrasta de manera evidente con la ausencia de procesos judiciales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y aliado de la llamada Cuarta Transformación.

Este contraste obliga a poner sobre la balanza el siguiente dilema: ¿la justicia mexicana se aplica con el mismo rigor a todos o depende de la cercanía con el poder político?

En el caso de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República actuó con severidad: vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol ferroviario, prisión preventiva en el Altiplano y una audiencia maratónica de más de 30 horas.

La imagen de su detención en Tijuana quedó para los archivos: en medio de un fuerte operativo, el exgobernador, de 74 años, ingresó a las oficinas de la Fiscalía. Esposado, con las manos al frente. Vistiendo jeans y camisa. Agachado a la fuerza por un corpulento agente de lentes negros.

Con este caso, desde Palacio Nacional buscan forzar la narrativa de la desarticulación de una peligrosa red de «huachicol», aunque el juicio apenas inicia.

Pero la sola acción de la detención, en esta administración, ya cuenta para presumirse como un «trofeo» en su lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, cuando se observan las denuncias de corrupción y nepotismo que rodean a Rocha Moya y a otros gobernadores afines a Morena, el panorama es distinto.

No hay vinculación a proceso, no hay prisión preventiva y las acusaciones se diluyen en el discurso político de la «guerra sucia» o de los ataques de adversarios.

Este doble rasero no es nuevo. La historia política mexicana está marcada por episodios en los que la justicia se aplicó de manera selectiva. Durante el régimen priista del siglo XX, los opositores solían enfrentar procesos judiciales severos, mientras que los aliados del sistema gozaban de protección.

Recordemos el caso de Demetrio Sodi de la Tijera, perseguido en los años setenta por su oposición al PRI, mientras que figuras cercanas al poder podían cometer irregularidades sin consecuencias.

En los años noventa, el proceso contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue interpretado por muchos como un sacrificio político para salvar la legitimidad del sistema, más que como un acto de justicia imparcial.

La llegada de la alternancia en el año 2000 no erradicó esta práctica. Gobiernos panistas también fueron acusados de usar la justicia como herramienta política, como ocurrió con los procesos contra líderes sindicales opositores, mientras se protegía a aliados estratégicos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de la «Casa Blanca» mostró cómo las investigaciones podían ser minimizadas cuando tocaban directamente al círculo presidencial.

Hoy, bajo el gobierno morenista, la narrativa oficial insiste en que la justicia se aplica «sin distingos». Sin embargo, los hechos muestran que la severidad se concentra en opositores, mientras que los aliados enfrentan un camino más suave.

La prisión preventiva de Ruffo Appel contrasta con la ausencia de medidas contra Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, pese a las denuncias públicas de corrupción. La justicia, entonces, parece seguir siendo un instrumento político, más que un poder autónomo.

Más allá de exhibir la detención de Ernesto Ruffo, lo que la autoridad no debe echar en saco roto es que la justicia selectiva termina por erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la percepción de que la ley no es pareja.

La justicia deja de ser un pilar de la democracia y se convierte en un arma de legitimación política. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas estructurales, la aplicación desigual de la ley refuerza la idea de que el poder político sigue siendo el verdadero árbitro de la justicia.

Por eso, México necesita una justicia que se aplique con el mismo rigor a todos, sin importar la filiación política. La historia nos muestra que, mientras la justicia siga siendo selectiva, la democracia será incompleta. El reto es construir instituciones que resistan la tentación del poder y que actúen con imparcialidad, incluso cuando los acusados sean aliados del gobierno en turno. Solo así, la justicia dejará de ser un espejo de doble rasero y se convertirá en un verdadero instrumento de equidad y confianza social.

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.

De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.

Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.

Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.

Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.

El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.

¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.

Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.

¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?

¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?

¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?

¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?

Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.

¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.

Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.

Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.

Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.

¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?

Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.

Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan

HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?

¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora

COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.

La danza de las “corcholatas sonorenses”

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.