MEXICALI, MAYO 31, 2026.- El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en la entidad.

En cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, la iniciativa busca adecuar la Constitución local al artículo 127 de la Constitución federal, atendiendo la obligación de armonizar el marco jurídico estatal en un plazo de noventa días.

“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado, contrario al principio de justicia distributiva que debe orientar el ejercicio del gasto público”, destacó el legislador de Morena.

Parte de la reforma considera que las remuneraciones deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del Estado y las condiciones de la Hacienda Pública; además, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la aprobada para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Asimismo, se prohíbe que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales específicos. La iniciativa también dispone que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos del Estado y los municipios deberán respetar en todo caso los topes máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.

“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones, y mediante esta reforma se consolida un marco de austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas que cierra espacios a privilegios y excesos en el aparato público estatal y municipal”, subrayó Molina García.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa emitió un pronunciamiento dirigido a las personas servidoras públicas del estado para exhortarlas a conducirse con sensibilidad, empatía y respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente en temas relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.

A través del documento, el Instituto subrayó la importancia de garantizar un trato digno hacia familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, evitando expresiones o conductas que puedan derivar en estigmatización o revictimización.

“El Instituto hace un atento llamado a todas las personas servidoras públicas del Estado a conducirse, en el ejercicio de sus funciones, con sensibilidad, empatía, respeto irrestricto a la dignidad humana y plena observancia a los derechos humanos”, señala.

Asimismo, destacó que las madres buscadoras y personas defensoras de derechos humanos realizan una labor fundamental para la sociedad, al contribuir al acceso a la verdad, la justicia y la memoria.

En ese sentido, el organismo indicó que las instituciones públicas deben colaborar, desde sus respectivas competencias, para generar entornos de atención digna y libre de expresiones que minimicen el dolor o las exigencias legítimas de las familias.

El Instituto reiteró además su compromiso de impulsar acciones de promoción, capacitación y fortalecimiento institucional enfocadas en la protección de quienes realizan labores de búsqueda, defensa y acompañamiento en Sinaloa.

El pronunciamiento surge en medio de recientes cuestionamientos públicos realizados por colectivos de búsqueda hacia expresiones de funcionarios relacionadas con las desapariciones y el trabajo de las madres buscadoras en la entidad.

Lo anterior en relación a una denuncia pública realizada por el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, Sabuesos Guerreras, en la que se señaló a una perito de la Fiscalía General del Estado de realizar un comentario revictimizante en los trabajos de ubicación de cuerpos en una zona de fosas clandestinas.

De acuerdo a la denuncia, la funcionaria les habría dicho a las personas buscadoras que si hubiesen cuidado a sus hijos e hijas no estarían buscándolos.

El hecho fue difundido por el colectivo mediante redes sociales el pasado 23 de mayo.