El nombramiento de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), anunciado el 14 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, generó cuestionamientos en distintos sectores por las circunstancias que rodearon su llegada al cargo y por las referencias que hizo el jefe de Estado sobre la entidad.

En medio de esas críticas, el gobernador de Antioquia se pronunció públicamente para respaldar a Buitrago y exponer su propia experiencia profesional y personal con el funcionario.

La designación fue comunicada por De la Espriella durante una intervención en Pereira, Risaralda, donde confirmó que Buitrago, administrador de negocios y especialista en Economía, asumiría la dirección del DNP. El anuncio tomó por sorpresa debido a que previamente se contemplaba al economista Carlos Eduardo Sepúlveda para ocupar esa posición.

Finalmente, su designación no se concretó y, hasta el momento, no se han informado públicamente las razones por las cuales el Gobierno decidió modificar la decisión.

El nombramiento de Julián Buitrago

Al anunciar a Buitrago, el presidente Abelardo de la Espriella destacó su origen en Risaralda y explicó que tendría entre sus responsabilidades la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Durante su intervención en Pereira, el mandatario afirmó: “Desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el Plan de Desarrollo para reconstruir Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la Patria Milagro”.

La referencia al DNP como una dependencia del Ministerio de Hacienda también generó cuestionamientos, debido a que el Departamento Nacional de Planeación es un departamento administrativo de la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República.

A las críticas relacionadas con el nombramiento se sumaron señalamientos sobre la actividad de Buitrago en redes sociales y un supuesto uso de un seudónimo. Frente a ese asunto, el gobernador de Antioquia señaló que no tenía elementos derivados de su experiencia personal que le permitieran emitir un juicio.

El mandatario departamental decidió centrar su pronunciamiento en la relación profesional y personal que ha tenido con Buitrago a lo largo de los años. Según explicó en una publicación en X, conoció al funcionario cuando este se desempeñaba como trader de TES en Suvalor.

“Me pareció desde entonces una persona querida y competente. Era reconocido entre sus compañeros por sus capacidades”, escribió el gobernador, al recordar ese primer contacto profesional. También hizo referencia a que Buitrago era hijo de quien entonces se desempeñaba como viceministra de Trabajo durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Posteriormente, ambos volvieron a coincidir durante una etapa profesional que el gobernador vinculó con Felipe Gómez, a quien identificó como el mejor jefe que ha tenido.

El respaldo del gobernador

En su publicación, Andrés Julián Rendón señaló que con el paso de los años pudo conocer otros aspectos de la trayectoria profesional de Buitrago, especialmente su conocimiento del sector agropecuario. “Me impresionó mucho el conocimiento que había adquirido Julián sobre el sector Agropecuario”, manifestó.

El mandatario departamental también explicó que en tiempos recientes la relación entre ambos se fortaleció y que Buitrago le ha brindado su amistad. En ese contexto, relacionó su cercanía con Risaralda con su vínculo familiar con ese departamento.

“Nunca supe que tenía un seudónimo en redes. Por eso, no emito juicio alguno sobre eso”, agregó, reconociendo que el perfil de Buitrago representa una diferencia frente a los economistas que tradicionalmente han ocupado posiciones dentro del Departamento Nacional de Planeación.

En su publicación planteó una reflexión sobre el papel que debe cumplir actualmente una entidad de estas características dentro de una economía de mercado.

En ese sentido, escribió: “Claro, Julián no es el economista que nos habíamos acostumbrado a ver en el DNP muchas décadas atrás. Entre otras, ¿qué hace una economía de mercado con un Departamento de Planeación?- Seguro no acumula en su egoteca papers- que poca gente lee. Pero, es un buen tipo; un servidor competente; una persona decente”, expresó en su publicación.

El gobernador de Antioquia citó una enseñanza que, según explicó, recibió de Alejandro Arbeláez, economista y político que se desempeñó como gobernador de Arauca, y que procura aplicar antes de emitir una opinión sobre cualquier persona: “Una persona sensata y decente, Alejandro Arbeláez, me dejó una lección de vida importante que procuro anteponer a la opinión que emito sobre alguien: ‘circunscribirse sólo a lo que personalmente se vivió con él(ella)’.”

A partir de ese criterio, el gobernador describió los distintos momentos en los que coincidió con Buitrago, desde su actividad como trader de TES hasta su posterior conocimiento sobre el sector agropecuario y la amistad que, según indicó, mantienen actualmente.

Al cierre de su publicación, el mandatario departamental recurrió a una frase antigua para referirse a la responsabilidad que ahora enfrenta el nuevo director del DNP y al desempeño que deberá demostrar una vez asuma sus funciones: “Le queda el reto como supuestamente dijo Adriano: ‘Más importante que llegar a un cargo es demostrar, una vez allí, que se merecía llegar’”.

La Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle (HUV) hizo un llamado a las autoridades en medio de la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a Cali y diferentes municipios del Valle del Cauca el lunes 10 de agosto, con especial énfasis en las labores de búsqueda y rescate que se desarrollan en la infraestructura hospitalaria que colapsó tras el movimiento telúrico.

De acuerdo con la organización, existen indicios y reportes sobre la posible presencia de personas con vida bajo los escombros, por lo que solicitó que sean movilizados todos los recursos humanos, técnicos y de maquinaria disponibles para avanzar de manera oportuna en las labores de rescate.

La Asociación de Usuarios también se pronunció frente a los hechos de violencia registrados durante la atención de la emergencia y rechazó las agresiones, así como los abucheos dirigidos contra funcionarios y autoridades que se encontraban en el lugar para acompañar las operaciones. Entre los funcionarios mencionados están el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La organización sostuvo que una emergencia de esta magnitud requiere priorizar el trabajo conjunto y garantizar la atención y protección de las víctimas.

Asociación pidió concentrar esfuerzos en lo importante

La principal solicitud planteada por la Asociación de Usuarios está relacionada con el fortalecimiento de las labores de búsqueda en el área donde se produjo el colapso de una parte de la infraestructura del HUV.

La organización señaló que los reportes sobre una posible presencia de personas con vida debajo de los escombros hacen necesario disponer de los equipos y recursos requeridos para desarrollar la operación. En ese sentido, pidió la movilización de personal especializado, herramientas técnicas y maquinaria que permitan intervenir la estructura bajo criterios de seguridad.

La operación de rescate contempla una nueva fase de intervención en la zona del colapso. Para ello, se adelantan adecuaciones destinadas a facilitar el ingreso de maquinaria pesada y permitir el retiro controlado de elementos de la estructura.

El cabo Carlos Andrés Castro, jefe de Operaciones de USARCOL 12 de Bomberos Bogotá, explicó que el procedimiento contempla el levantamiento progresivo de las placas para permitir el acceso de los equipos de rescate: “Hay una grúa de capacidad de 300 toneladas porque la placa, de acuerdo al cálculo que se evidenció, tiene un peso aproximadamente de 55 toneladas y por el ángulo que tiene para llegar hasta ese punto, empieza a disminuir la capacidad y que la grúa pueda resistir el levantamiento de esas placas”.

La intervención contará con la participación articulada de los equipos de rescate que permanecen en el HUV. El procedimiento será desarrollado bajo criterios técnicos y de seguridad, tanto para los rescatistas como para las personas que eventualmente puedan encontrarse bajo los escombros.

Rechazo a agresiones y llamados durante la emergencia

Además de solicitar el fortalecimiento del operativo de rescate, la asociación se refirió a los episodios de violencia registrados durante la atención de la emergencia. La organización expresó su rechazo a las agresiones y a los actos de confrontación ocurridos en medio de las labores institucionales.

El llamado se produce mientras diferentes entidades trabajan para responder a los daños ocasionados en el HUV, una de las infraestructuras hospitalarias afectadas por el movimiento telúrico. En ese contexto, el alcalde Alejandro Eder se reunió con familiares de las personas afectadas, escuchó sus preocupaciones y explicó el proceso que se adelanta en el lugar. El mandatario reiteró que la Administración Distrital permanecerá acompañando directamente la operación.

“Esto es un paso muy importante y quise venir aquí personalmente por la dignidad de las víctimas, por la dignidad de sus familiares”, dijo Eder señalando además que las familias requieren información clara y respuestas, y explicó que las decisiones adoptadas en el HUV obedecen a las evaluaciones realizadas por los equipos especializados que permanecen en la zona.

Recursos para recuperar el Hospital Universitario del Valle

La atención de la emergencia también contempla medidas dirigidas a la recuperación de la infraestructura hospitalaria. El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca, Infivalle, anunció el desembolso de un crédito por $10.000 millones destinado a atender el daño estructural sufrido por una de las alas del HUV.

El crédito no tendrá tasa de interés incremental. Infivalle indicó que asumirá los puntos de utilidad correspondientes al financiamiento.

A estas medidas se sumó el anuncio realizado el 15 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, tras recorrer las zonas afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca. El mandatario confirmó el compromiso del Gobierno nacional para acelerar la reconstrucción del Hospital Universitario del Valle y avanzar en la reapertura de las camas que quedaron fuera de servicio después de la emergencia.

Entre las medidas anunciadas se encuentra una asignación de $4.386 millones para la dotación de la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

El Gobierno nacional también señaló que trabajará de manera conjunta con la Gobernación del Valle del Cauca para atender la situación del hospital y recuperar su capacidad de prestación de servicios.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abiertas las actuaciones relacionadas con hechos de violencia ocurridos en Antioquia durante la década de 1990, mientras avanza en la recopilación y valoración de declaraciones y elementos de prueba que hacen parte del expediente.

La diligencia está relacionada con las investigaciones sobre la posible vinculación del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, con el surgimiento de estructuras al margen de la ley y con hechos de violencia registrados en Ituango y municipios de la zona.

El expediente incluye, entre otros antecedentes, la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, en la que fueron asesinadas 17 personas por grupos paramilitares.

La Fiscalía General de la Nación reprogramó para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria del expresidente, diligencia que ya había sido aplazada en dos oportunidades. El proceso también contempla actuaciones relacionadas con la masacre de La Granja y otros hechos atribuidos a estructuras paramilitares en Antioquia.

Además, en las nuevas actuaciones aparece nuevamente el nombre de Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La fiscal Gloria Marcela Abadía lo citó para rendir declaración presencial el martes 18 de agosto de 2026 en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

Soto fue incluido en el listado de testigos que la Fiscalía busca incorporar al expediente sobre la masacre de El Aro. De acuerdo con información publicada por Semana, su declaración hace parte de los elementos que serán considerados dentro de las nuevas actuaciones.

La citación adquiere relevancia dentro del expediente porque Soto había denunciado anteriormente presuntas presiones de un fiscal para declarar contra Uribe Vélez. El exintegrante de las AUC señaló al fiscal Álvaro León Polo, quien para entonces se desempeñaba como fiscal 132 del grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional.

Según esa denuncia, le habrían solicitado entregar una declaración contra el expresidente a cambio de beneficios dentro de procesos judiciales que enfrenta desde hace más de dos décadas.

El expediente también está relacionado con el homicidio de Francisco Villalba, exparamilitar que, mientras estaba con vida, señaló a Uribe Vélez por una supuesta participación en los hechos de El Aro. El caso reúne antecedentes, testimonios y elementos de prueba recopilados desde la época en que Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

La defensa prepara pruebas para la indagatoria

El equipo jurídico de Uribe Vélez, encabezado por el abogado Jaime Granados, adelanta solicitudes de pruebas con las que busca sustentar que el expresidente “no está relacionado con la masacre”.

Entre las actuaciones solicitadas por la defensa se encuentra el análisis del historial de Juan Guillermo Monsalve, señalado como uno de los principales testigos dentro del expediente. Los abogados solicitaron una copia del proceso que relaciona a Monsalve con las Autodefensas Unidas de Colombia.

La defensa pretende establecer, con base en decisiones judiciales previas, que Monsalve fue “un delincuente secuestrador y no un exparamilitar”, argumento que hace parte de la estrategia para cuestionar la condición bajo la cual han sido valoradas algunas de sus declaraciones.

También se solicitó a la Policía Nacional información y antecedentes de los agentes que integraron el esquema de seguridad de Uribe Vélez durante su administración como gobernador de Antioquia. La defensa considera que esos uniformados podrían aportar información sobre los desplazamientos y actividades del entonces mandatario departamental.

Dentro del material probatorio también aparece la hacienda Guacharacas, mencionada en las actuaciones por otros hechos violentos registrados en la región. En particular, el expediente hace referencia a homicidios que habrían estado relacionados con el hurto de ganado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Asimismo, se incluyen investigaciones disciplinarias adelantadas contra integrantes de la Policía Nacional y del Ejército por hechos relacionados directa o indirectamente con el contexto de violencia en el que ocurrió la masacre de El Aro.

Con la reprogramación de la indagatoria, la Fiscalía continuará con las actuaciones orientadas a establecer las circunstancias relacionadas con los hechos investigados y la eventual responsabilidad que pueda corresponder a las personas vinculadas al expediente.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los hechos registrados esta semana en municipios del Catatumbo, Norte de Santander, en medio de la persistencia de la violencia en la región y de las operaciones militares adelantadas contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pronunciamiento se produjo después de que la Defensoría conociera nuevos hechos que han generado afectaciones a la población civil en Sardinata y Tibú. Según la información preliminar recopilada por el organismo, en el sector de Mate Lata, zona rural de Sardinata, seis personas habrían resultado heridas luego de la explosión de un artefacto lanzado desde un dron. Tres de ellas habrían sufrido lesiones de gravedad.

La entidad hizo un llamado urgente para garantizar la protección de las comunidades que permanecen en el territorio, particularmente en zonas rurales donde continúan presentándose hechos relacionados con el conflicto armado y donde la población civil se encuentra expuesta a diferentes riesgos.

A este hecho se sumó lo ocurrido en Pachelli, jurisdicción de Tibú, donde un adulto mayor resultó gravemente herido por un artefacto asociado a minas antipersonal o municiones sin explosionar, conocidas como MAP-MUSE. De acuerdo con la información entregada por la Defensoría, el hecho habría provocado la pérdida de una extremidad.

Amenazas en redes sociales generan llamado de protección

Además de los hechos relacionados con explosiones y artefactos, la Defensoría señaló que conoció amenazas y mensajes estigmatizantes dirigidos contra la labor de los personeros del Catatumbo a través de redes sociales.

El organismo manifestó su solidaridad con la Asociación de Personeros del Catatumbo, cuyos integrantes desarrollan labores de defensa de derechos y acompañamiento a las comunidades de la región. Para la entidad, los señalamientos que buscan relacionar a funcionarios encargados de estas tareas con actores armados representan un riesgo para quienes ejercen sus funciones en los municipios de la zona.

“Rechazamos cualquier señalamiento que pretenda vincular a quienes ejercen labores de defensa de los derechos humanos con los actores armados”, señaló la Defensoría.

Según el organismo, este tipo de estigmatizaciones incrementa los riesgos para la vida, la integridad y el ejercicio independiente de los personeros. Por esta razón, pidió a las autoridades competentes que adoptaran las medidas necesarias para garantizar su protección.

La Defensoría también recordó que las personerías municipales cumplen funciones de defensa y acompañamiento de las comunidades, especialmente en territorios afectados por hechos de violencia. En el caso del Catatumbo, estas labores se desarrollan en un contexto marcado por la confrontación entre grupos armados y por las afectaciones que esta situación ha generado sobre la población civil.

El llamado ocurre después de los bombardeos y operaciones militares realizados durante la noche del lunes 10 de agosto y la madrugada del martes en zonas rurales de Tibú y San Calixto, acciones dirigidas contra una estructura del ELN y ordenadas por el presidente Abelardo de la Espriella.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido un pronunciamiento el martes 11 de agosto sobre estos hechos. En esa comunicación señaló que autoridades de San Calixto y El Tarra se habían trasladado hasta las zonas afectadas para verificar posibles consecuencias sobre la población civil.

“Conocimos que autoridades de San Calixto y El Tarra se han desplazado hacia la zona para verificar posibles afectaciones a la población civil. Entre ellas se encuentran tres personas civiles campesinas, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo”, informó la entidad.

En ese momento, la Defensoría solicitó a las autoridades municipales y departamentales disponer de los recursos y mecanismos necesarios para atender de manera oportuna a las personas afectadas y a quienes tuvieran que desplazarse como consecuencia de los hechos.

Defensoría pide aplicar el Derecho Internacional Humanitario

Ante los nuevos reportes conocidos en Sardinata y Tibú y las amenazas contra personeros, la Defensoría reiteró sus llamados tanto a las autoridades como a los actores armados.

El organismo recordó que los grupos armados tienen la obligación de respetar a la población civil y observar las normas del Derecho Internacional Humanitario, especialmente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. “Las comunidades, las autoridades civiles y quienes defienden los derechos humanos deben permanecer por fuera de las hostilidades”, sostuvo la Defensoría.

La entidad también había pedido a las Fuerzas Militares reforzar la planeación y evaluación de las operaciones a partir de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad, con el propósito de prevenir afectaciones contra la población civil.

Los hechos se presentan en una región que atraviesa una prolongada situación de violencia derivada de la confrontación entre estructuras armadas. Organizaciones sociales han advertido sobre las consecuencias de los enfrentamientos para las comunidades rurales y sobre los desplazamientos que se han producido hacia municipios y zonas cercanas.

La Defensoría señaló que continuará haciendo seguimiento a los hechos reportados en Sardinata, Tibú y otros municipios del Catatumbo, además de acompañar a las comunidades y a las personerías municipales dentro de las competencias que le corresponden.

El presidente Abelardo de la Espriella informó el sábado 15 de agosto que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que abordó la situación generada por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto y las dificultades económicas que enfrenta Colombia tras la emergencia.

Durante el diálogo, de acuerdo con el mensaje publicado por el jefe de Estado en X, solicitó la suspensión temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense.

La petición fue planteada por De la Espriella como parte de la emergencia nacional ocasionada por el sismo de magnitud 7,4, registrado en San José del Palmar, Chocó. Según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m. del 15 de agosto, la emergencia deja 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas.

En su publicación, el presidente señaló que la conversación con Trump tuvo como uno de sus puntos centrales la situación que atraviesa Colombia después del terremoto y la necesidad de atender las consecuencias económicas derivadas de la emergencia. También destacó el apoyo recibido por parte de Estados Unidos a través de asistencia económica y equipos de rescate.

La solicitud de suspender los aranceles

De acuerdo con el relato publicado por De la Espriella, en la llamada expuso la situación económica que, según afirmó, debe afrontar el Gobierno mientras avanza la respuesta y reconstrucción tras el terremoto. “Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo”.

El mandatario colombiano agregó que Trump expresó sus condolencias por las víctimas del sismo y manifestó solidaridad con las familias afectadas.

Posteriormente, De la Espriella explicó que planteó ante el presidente estadounidense la necesidad de facilitar las condiciones económicas para las empresas colombianas que están enfrentando los efectos de la emergencia. “Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que solicitó directamente considerar la suspensión temporal de los aranceles aplicados a los productos colombianos. La medida, según explicó, tendría como propósito reducir las presiones sobre los empresarios mientras el país atiende las consecuencias del terremoto.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, sostuvo.

El planteamiento del presidente se produce después de que el Ministerio de Comercio y el Gobierno nacional prepararan una propuesta para intentar convencer a Estados Unidos de reversar el incremento de los aranceles aplicados a productos colombianos, que pasaron del 10% al 12,5%.

La fórmula contemplada por el Gobierno consiste en prohibir mediante decreto la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y otorgar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) herramientas para investigar y detener el ingreso de mercancías cuando existan sospechas razonables de que fueron producidas bajo esas condiciones.

Colombia ya había recibido advertencias sobre la posibilidad de que Estados Unidos incrementara los aranceles debido a la falta de medidas consideradas efectivas frente a la prohibición del trabajo forzoso. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) había advertido desde marzo de 2026 sobre la posibilidad de adoptar medidas contra el país por este asunto.

La discusión sobre los aranceles, por tanto, ya se encontraba en curso antes de la emergencia provocada por el terremoto. Sin embargo, la solicitud formulada ahora por De la Espriella ante Trump incorpora la situación generada por el desastre natural como argumento para pedir una suspensión temporal de las medidas comerciales.

Al referirse a la conversación con Trump, De la Espriella también destacó el tono del encuentro y el respaldo expresado por el mandatario estadounidense hacia Colombia. “La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente”.

Finalmente, señaló: “Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”.

Las autoridades, cabildos y organizaciones indígenas avanzan en la identificación de los daños provocados por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026. De acuerdo con un diagnóstico preliminar elaborado por la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (Connpec), con información recopilada directamente desde los territorios, se han identificado afectaciones en comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Quindío, además de Buenaventura, mientras continúan las verificaciones en otras zonas.

El reporte, con corte al 14 de agosto, señala que los daños comprenden viviendas y tambos tradicionales, infraestructura educativa y comunitaria, caminos y senderos, medios de subsistencia y sistemas de comunicación y movilidad. También se han registrado familias que requieren alojamiento temporal y atención humanitaria.

La Connpec aclaró que las cifras disponibles corresponden a un primer ejercicio de mapeo territorial y no constituyen un censo definitivo, debido a las dificultades para establecer comunicación con comunidades ubicadas en áreas rurales, dispersas y de difícil acceso. En algunos territorios, las comunicaciones dependen de caminos, ríos y medios de transporte comunitarios, mientras que la falta de señal y conectividad ha retrasado la consolidación de los datos.

Por esta razón, la organización advirtió que la magnitud de las afectaciones podría ser mayor a la registrada hasta el momento y que durante los próximos días continuará la verificación de comunidades que permanecen incomunicadas o cuya situación todavía no ha sido completamente establecida.

Chocó concentra uno de los mayores reportes de comunidades afectadas

En Chocó, la Mesa Departamental de Organizaciones Indígenas reportó preliminarmente 100 comunidades afectadas en 13 municipios. El registro comprende territorios de Alto Baudó, Bagadó, Cértegui, Bahía Solano, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Istmina, Atrato, Litoral del San Juan, Lloró, Medio Baudó, Nuquí, Quibdó y Unión Panamericana.

Las comunidades involucradas pertenecen a los pueblos Emberá Katío, Emberá Chamí, Emberá Dóbida, Wounaan y Tule. Sin embargo, la información todavía no está completa. Al momento de consolidar el diagnóstico no se contaba con reportes completos de San José del Palmar, Nóvita, Condoto y Tadó, entre otros territorios, principalmente por problemas de señal y comunicación.

La situación llevó a señalar a Chocó como uno de los departamentos donde resulta necesario profundizar la verificación humanitaria, particularmente debido a la ubicación de comunidades rurales y a las dificultades para acceder a ellas.

En el Valle del Cauca y Buenaventura también se reportaron afectaciones. La Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca-Región Pacífica (ACIVA R.P.) registró 2.551 habitantes afectados, pertenecientes a comunidades Wounaan, Eperara Siapidara, Emberá y Nasa. Entre los daños identificados figuran viviendas averiadas, senderos obstruidos e infraestructura comunitaria afectada. El reporte también menciona daños en el edificio de la Emisora Chimia del Pacífico, sobre el cual se ha señalado la necesidad de demolición.

Por otra parte, las comunidades y organizaciones como Orivac y Nación Emberá del Valle reportaron aproximadamente 1.200 personas afectadas, cerca de 30 comunidades, 282 viviendas y cinco sedes educativas afectadas, además de personas heridas. Estos casos se concentran principalmente en municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos El Cairo, Ansermanuevo, El Águila, El Dovio y Bolívar.

En Antioquia, el diagnóstico identifica afectaciones en comunidades Emberá Chamí y Emberá Dóbida. En el Resguardo Karmata Rúa, en Jardín, se reportaron 40 viviendas afectadas, con colapso parcial de muros y destrucción de cubiertas y techos. El censo propio registra 47 familias damnificadas. También se identificaron daños en infraestructura educativa, un Centro de Desarrollo Infantil y un trapiche comunitario.

En Vigía del Fuerte, el Resguardo de Jengadó reportó seis tambos tradicionales de madera con afectaciones estructurales severas. La caída de árboles también afectó el camino fluvial utilizado para comunicarse y desplazarse hacia el casco urbano. Las autoridades indicaron que podrían existir otras dos comunidades cercanas e incomunicadas cuya situación aún debe ser verificada.

En el Resguardo de Jarapetó, igualmente ubicado en Vigía del Fuerte, se registraron daños en infraestructura económica y alimentaria comunitaria, especialmente en el sistema piscícola y los cultivos de cachama.

Risaralda y Quindío mantienen procesos de verificación

En Risaralda, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) reportó afectaciones en comunidades Emberá Chamí y Emberá Katío ubicadas en diferentes municipios. Entre los territorios mencionados están Pueblo Rico, Mistrató, Marsella, Guática, Belén de Umbría, La Celia, Pereira, Balboa, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Apía y Santuario.

El diagnóstico señala que la afectación tiene una cobertura territorial amplia, aunque todavía no existe una cifra consolidada de personas, familias, comunidades o viviendas afectadas. Por ello, el proceso de censo y evaluación de daños continúa.

En Quindío, la Organización Regional Indígena del Quindío (Oriquin) informó afectaciones en varias comunidades Emberá, principalmente relacionadas con daños en viviendas. Entre ellas están Ibanadrua, Dachi Nave Drua, Tatadrua, Potosí, en Calarcá, y Dachi Ankore Drua.

Uno de los casos señalados como prioritarios corresponde a 42 familias indígenas desplazadas que se encontraban en Armenia, en el barrio El Recuerdo, quienes quedaron a la intemperie después de que el lugar donde permanecían resultara averiado por el sismo. Las cifras correspondientes a las familias que permanecen en los territorios continúan en proceso de verificación.

La Connpec identificó cinco grandes dimensiones de la emergencia: vivienda y alojamiento; infraestructura educativa y comunitaria; movilidad y acceso territorial; seguridad alimentaria y medios de vida; y comunicaciones y capacidad de respuesta.

Los daños reportados incluyen estructuras habitacionales, techos, muros, escuelas, centros comunitarios, infraestructura productiva, emisoras, caminos, senderos y rutas fluviales. También se registraron afectaciones en sistemas piscícolas, cultivos y otras actividades relacionadas con la subsistencia de las comunidades.

Prioridades inmediatas y puntos habilitados para donar

Según el diagnóstico, las necesidades humanitarias prioritarias incluyen alimentos no perecederos, agua potable, kits de cocina, elementos de aseo, carpas, colchonetas, cobijas, plásticos, zinc, ropa, botas, toldillos, tanques para almacenamiento de agua y medicamentos básicos.

También se requieren insumos para atención en salud, brigadas médicas, atención psicosocial, herramientas para retirar árboles y recuperar caminos, combustible para las labores de emergencia, además de materiales para la reparación y reconstrucción de viviendas e infraestructura comunitaria.

• En Chocó, la recepción está a cargo de la Mesa Departamental de Organizaciones Indígenas del Chocó, en la Calle 26 No. 10-16, piso 2, barrio Alameda Reyes, en Quibdó. Los contactos son Walter Mecha, 310 347 3045, y Arnelio Quiro, 317 590 5622.
• En Risaralda, el punto corresponde al Consejo Regional Indígena de Risaralda, ubicado en la Calle 24 No. 3-39, al lado del hospital San Jorge de Pereira. El contacto es Marco Fidel Guasarabe Dregama, 314 880 4807.
• Para Buenaventura, el punto de recepción de ACIVA-RP está ubicado en la Calle El Embudo, Diagonal 4A No. 5-61. El contacto es Luis Eduardo Valencia Chamarra, 321 698 4790. En Cali, ORIVAC recibe ayudas en la Calle 23A No. 7A-08, barrio Alameda. Los contactos son Dysney Gutiérrez Cortés, 315 048 0703, y 313 623 8292.
• En Jardín, Antioquia, las ayudas pueden coordinarse con el Cabildo del Resguardo Karmata Rúa, a través de Paula Andrea Tascón, 310 739 2118. En Vigía del Fuerte, la entrega a los resguardos Río Jengadó y Jarapetó debe coordinarse previamente con el Cabildo Mayor, mediante Gustavo Palacios, 323 508 8560.
• En Medellín se habilitó un punto en la sede de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), ubicada en la Carrera 49 No. 63-57, Prado Centro. Los contactos son Johan Estiven Tascón y Tatiana Díaz, en los teléfonos 310 402 4028 y 316 825 5444. El horario de recepción es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
• En Bogotá, las donaciones en especie se reciben en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en la Calle 12B No. 4-38, barrio La Candelaria. El contacto es Dora Tavera, 310 671 7284, y el teléfono de la sede es 601 2842168. El horario establecido también es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para quienes no sepan hacia qué territorio dirigir su ayuda, la Connpec habilitó un Punto Focal Nacional de Coordinación de Ayuda Humanitaria. Los responsables son Walter Mecha, 310 347 3045; Amanda Tascón Panchi, 312 279 5532; y Juliana Domico Majore, 305 305 7806.

La organización indicó que los aportes económicos deben realizarse únicamente a las cuentas oficialmente informadas por las autoridades y organizaciones indígenas.

El diagnóstico establece como prioridades inmediatas completar el censo territorial, garantizar atención humanitaria a las familias afectadas, realizar evaluaciones técnicas de viviendas e infraestructura y preparar una fase de recuperación y reconstrucción concertada con las autoridades indígenas.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) puso en marcha un plan de apoyo humanitario para las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Colombia, con acciones dirigidas a la entrega de medicamentos e insumos médicos, soluciones de alojamiento temporal, transporte de ayudas y suministro de equipos para garantizar condiciones básicas de operación en los lugares donde se atiende la emergencia.

La decisión fue aprobada por la Junta Directiva de Aidro y contempla la coordinación de las compañías afiliadas con el Gobierno nacional y las organizaciones humanitarias que trabajan en los territorios afectados. El objetivo es que las ayudas respondan a las necesidades identificadas por las autoridades y puedan ser trasladadas hasta los puntos que requieren atención.

De acuerdo con la actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 15 de agosto de 2026 a las 6:30 a. m., el sismo de 7.4 Mw registrado en San José del Palmar, Chocó, ha dejado 294 personas fallecidas, 3.935 han resultado heridas y 320 permanecen desaparecidas, mientras que 353 personas han sido rescatadas. En cuanto a la infraestructura habitacional, se reportan 81.506 viviendas averiadas y 14.493 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

Medicamentos e insumos médicos para las zonas afectadas

Uno de los componentes principales de la estrategia de Afidro consiste en la adquisición y distribución de medicamentos, dispositivos e insumos médicos considerados prioritarios de acuerdo con las necesidades identificadas en los territorios afectados y con los requerimientos de atención de la población. Los productos adquiridos por el gremio serán entregados al Banco de Medicamentos, entidad encargada de coordinar su recepción, almacenamiento, control y posterior distribución hacia los puntos de atención y las comunidades priorizadas.

El proceso contempla además el cumplimiento de las condiciones necesarias para el manejo de determinados productos, entre ellas la cadena de frío. De esta manera, los medicamentos que requieran condiciones específicas de conservación podrán ser trasladados hasta los lugares donde sean requeridos.

La necesidad de este tipo de apoyo se presenta en un escenario en el que, según la Ungrd, 241 centros de salud resultaron afectados por el terremoto. El reporte también registra daños en 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios.

Afidro indicó que la adquisición de los elementos médicos se realizará de acuerdo con las necesidades que sean identificadas en las zonas afectadas, de manera que las entregas estén articuladas con los requerimientos establecidos por las autoridades y las organizaciones encargadas de la atención de la emergencia.

El plan también incluye una segunda línea de acción relacionada con la habitabilidad de las familias que perdieron sus viviendas o que se encuentran expuestas a riesgos asociados con las condiciones de sus hogares. En este frente se contempla la adquisición y entrega de elementos básicos como colchonetas y cobijas, destinados a las personas que requieren soluciones temporales de alojamiento mientras avanzan las acciones de atención y recuperación.

El balance nacional de la emergencia reporta 14.493 viviendas destruidas y 81.506 viviendas averiadas, cifras que hacen parte de las afectaciones registradas en los 448 municipios incluidos en el reporte de la Ungrd.

Transporte, energía y equipos para mantener la atención

Afidro señaló que este componente contempla las dificultades de acceso que se han presentado en algunos territorios como consecuencia de la emergencia, entre ellas el cierre de algunos aeropuertos. El propósito es apoyar el traslado de las ayudas de forma segura y oportuna hasta los lugares donde sean requeridas.

La Ungrd reportó afectaciones en 298 vías, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos, además de daños en 59 acueductos. Estas condiciones hacen parte de los factores considerados dentro de las necesidades logísticas de los territorios impactados.

El cuarto frente contempla la adquisición, alquiler, transporte e instalación de plantas eléctricas, soldadores, compresores y torres de iluminación. Estos equipos estarán destinados a centros de atención, puestos de salud, centros de acopio y otros espacios estratégicos ubicados en las zonas afectadas.

Según la asociación, estos elementos permitirán mantener condiciones mínimas de operación en lugares donde se presenten interrupciones del suministro eléctrico. Entre sus funciones estarán la iluminación de las áreas de atención, el funcionamiento de equipos médicos, la conservación de medicamentos que necesiten refrigeración, la carga de dispositivos de comunicación y la realización de actividades de atención durante la noche.

El plan de Afidro fue posible a partir de aportes extraordinarios de sus compañías afiliadas, recursos propios del gremio y la participación de colaboradores de las empresas agremiadas en la campaña “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

A estos recursos se suma la disposición de compañías afiliadas a nivel global, que también ofrecieron su colaboración al Gobierno nacional para contribuir a la atención de las comunidades afectadas.

Coordinación con autoridades y organizaciones humanitarias

La estrategia será ejecutada de manera coordinada con las autoridades y las organizaciones que trabajan directamente en los territorios afectados. La asociación indicó que el apoyo podrá ajustarse a medida que avance la evaluación de los daños y se establezcan nuevas prioridades. De esta manera, las acciones previstas inicialmente podrán modificarse según la evolución de la situación en las comunidades damnificadas.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, explicó el alcance de la estrategia y la decisión de acompañar la respuesta institucional frente a la emergencia. “Colombia atraviesa un momento difícil y lo primero es estar presentes. Detrás de cada cifra de esta emergencia hay familias que lo perdieron todo y comunidades enteras que hoy empiezan de nuevo, y es a ellas a quienes queremos acompañar con lo que sabemos hacer, de la mano del Gobierno nacional y de las organizaciones humanitarias, para que la ayuda llegue a tiempo y a donde más se necesita”.

La organización señaló que continuará pendiente de la evolución de la emergencia y de las prioridades establecidas por las autoridades para definir las acciones que puedan requerirse durante las diferentes etapas de atención y recuperación.

La Fiscalía General de la Nación estableció un nuevo modelo para la recepción de denuncias y la gestión inicial de los casos, mediante la Directiva 0002 de 2026, suscrita el 12 de agosto.

La disposición modifica la ruta que sigue la información desde el momento en que es recibida por la entidad, al establecer que todas las denuncias, noticias o informaciones deberán ser sometidas a una verificación y análisis inicial antes de que se cree una noticia criminal y se asigne el caso a un despacho fiscal.

La medida busca que la información llegue registrada de manera completa, clara y estructurada y que, desde las primeras etapas, pueda ser direccionada hacia la dependencia que tenga competencia. El documento también plantea como objetivos evitar investigaciones duplicadas, identificar relaciones entre actuaciones y detectar de manera temprana posibles patrones delictivos.

La directiva establece un modelo compuesto por cuatro etapas: recepción, ingreso y clasificación de la información; análisis; creación de la noticia criminal o asociación con un caso existente; y comunicación de las decisiones adoptadas. De esta manera, la asignación a un fiscal se produce después de que la información haya superado las fases iniciales de revisión.

Así funcionará el nuevo filtro antes de asignar una denuncia

La información puede llegar a la Fiscalía a través de diferentes canales, entre ellos la Red Privada Virtual para reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Ventanilla Única de Correspondencia, la página web de Denuncia Fácil, los Centros de Atención de Fiscalías, Casas de Justicia, Puntos de Atención de Fiscalías y líneas telefónicas. El documento precisa que el correo electrónico institucional y el sistema de gestión documental no son, por sí mismos, canales formales de recepción de denuncias; si por esos medios llega una denuncia, deberá ser incorporada al sistema institucional destinado para su recepción.

Una vez recibida la información, la Fiscalía le asignará un número de radicado. Este registro acredita que la entidad tuvo conocimiento del caso y que comenzó su trámite, pero el número de radicado tiene una función administrativa interna y se genera antes de la eventual creación de una noticia criminal. La directiva señala que sirve para garantizar control, trazabilidad y seguimiento durante las etapas de ingreso y análisis, y que no limita ni condiciona los derechos del denunciante ni la obligación de la entidad de actuar.

Posteriormente se realiza el ingreso y clasificación. En esta fase se revisará que los hechos estén suficientemente descritos y se determinarán aspectos como la posible tipificación de la conducta, el tipo de ingreso, la temática, la fecha y el lugar de ocurrencia. También se verificará información relacionada con los sujetos involucrados y la descripción de los hechos.

Si la información resulta insuficiente, la denuncia podrá ser ampliada. Los funcionarios deberán solicitar al usuario los datos que hagan falta cuando estos sean necesarios para caracterizar la conducta o realizar correctamente su clasificación. Entre los elementos que pueden requerirse están los relacionados con los sujetos, el lugar, la fecha y las circunstancias de lo ocurrido.

También existe la posibilidad de inadmitir una denuncia cuando no cumpla los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal. La directiva contempla, entre otros supuestos, que la descripción de los hechos sea genérica, vaga o confusa; que no exista suficiente motivación o información para inferir que los hechos ocurrieron, o que lo relatado no tenga características de delito conforme al Código Penal.

Otra decisión posible será remitir la información a una dependencia especializada. La Fiscalía deberá revisar si el asunto corresponde a una dirección o unidad con competencia específica. Si no existe esa competencia especializada, el caso será dirigido a las Direcciones Seccionales de acuerdo con su competencia residual.

Además, cuando los hechos no tengan relevancia jurídica penal, correspondan a otra jurisdicción o, aun siendo ciertos, no constituyan una conducta punible, la información deberá ser enviada a la autoridad competente. En esos casos, no se iniciará una actuación penal y se orientará al usuario sobre la remisión correspondiente.

El análisis determinará si se abre un nuevo caso o se incorpora a otro

Superada la verificación inicial comienza el análisis de la información. Uno de los primeros objetivos será determinar si existe una investigación anterior por los mismos hechos. La Fiscalía deberá consultar sus sistemas para identificar posibles duplicidades. Cuando se encuentre que los hechos ya son investigados, no se creará una nueva noticia criminal y la información será remitida al fiscal que ya conoce la actuación.

La directiva también incorpora la búsqueda de asociaciones entre casos. Para ello se podrán considerar elementos como el modus operandi, la identidad de víctimas o indiciados, la naturaleza de la conducta y la georreferenciación. La relación puede establecerse incluso cuando no exista una coincidencia exacta entre los hechos.

Cuando los analistas encuentren esa relación, elaborarán un informe de orientación estratégica que será enviado junto con la denuncia al fiscal correspondiente. En estos casos se contempla la creación de una sola noticia criminal para los hechos relacionados, de manera que sean investigados dentro de un mismo radicado.

La propuesta de asociación no es automática. El fiscal que conoce el caso deberá informar al grupo de analistas si acepta o no la recomendación dentro del término que establezca cada Dirección Seccional o Especializada, de acuerdo con el volumen de denuncias que reciba. Si la acepta, los nuevos hechos se investigarán dentro del proceso existente.

Si el fiscal no está de acuerdo con la asociación, deberá dejar una constancia escrita y motivada con las razones de su decisión y enviarla al director o superior jerárquico. Si transcurre el plazo sin que haya respuesta, el asunto será remitido igualmente al director o superior para que adopte las medidas administrativas correspondientes.

El análisis también permitirá identificar casos relacionados con los planes de priorización de las Direcciones Seccionales o Especializadas. Cuando esto ocurra, el analista elaborará un informe dirigido al director para que se determine la actuación correspondiente. Asimismo, durante esta fase se podrán consultar bases de datos de la Fiscalía, fuentes abiertas y sistemas de otras entidades para verificar hechos, identificar preliminarmente posibles responsables y orientar la acción penal.

¿Cuándo llegará finalmente la denuncia a un fiscal?

La Directiva 0002 establece que solo después de verificar que los hechos denunciados reúnen características de delito, descartar duplicidades y establecer que no procede una asociación con otra actuación, se creará la noticia criminal. A partir de ese momento, el caso será remitido para su asignación a fiscales de intervención temprana, grupos de gestión inicial de casos o fiscales de conocimiento, según corresponda.

Entre las actuaciones previstas están solicitar ante un juez de control de garantías medidas de protección o de restablecimiento del derecho cuando sean necesarias para detener los efectos del delito, evitar que continúe y procurar la restitución de las cosas al estado anterior a la conducta.

También se podrán realizar actividades investigativas destinadas a obtener o preservar elementos materiales probatorios cuya pérdida pueda dificultar posteriormente la investigación. La directiva menciona, entre otros ejemplos, cámaras de seguridad, datos telefónicos y datos bancarios.

El archivo también queda regulado dentro de esta etapa. La directiva establece que solo procederá cuando los hechos no constituyan delito, no hayan existido, el querellante carezca de legitimidad o se haya configurado la caducidad de la querella. Para los casos relacionados con extinción de dominio, se aplicará el artículo 124 de la Ley 1708 de 2014 bajo las condiciones establecidas en la directiva.

La Fiscalía también estableció un esquema de seguimiento en dos niveles. Los directores y delegados deberán controlar el proceso de recepción e intervención temprana, especialmente en casos estructurales, asociados o que involucren múltiples hechos o víctimas. En un segundo nivel, los despachos de la Fiscal y del Vicefiscal General harán seguimiento a la implementación mediante el sistema de indicadores de la entidad.

La directiva dispone además que, mientras se realizan los ajustes tecnológicos necesarios para automatizar el direccionamiento y reparto de los asuntos, las Secciones de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de las Direcciones Seccionales deberán efectuar manualmente la verificación y remisión de las denuncias e informaciones a las dependencias competentes, conforme a los criterios de conocimiento vigentes.

El sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, generó reacciones emocionales entre personas que estuvieron directamente expuestas al fenómeno y otras que, aunque no sufrieron daños, manifestaron preocupación por la posibilidad de que ocurra un nuevo movimiento telúrico.

Ante este escenario, la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana elaboró un policy brief dirigido a la población general, con recomendaciones basadas en evidencia científica para afrontar el impacto emocional del terremoto.

El documento fue elaborado por la doctoras Diana Obando, PhD., quien explica que después de un evento de esta magnitud es posible experimentar miedo, angustia, tristeza, irritabilidad, preocupación o dificultades para dormir. Estas respuestas, de acuerdo con la guía, no significan necesariamente que una persona tenga un trastorno mental, pues en la mayoría de los casos disminuyen gradualmente cuando se recuperan las condiciones de seguridad, las rutinas, el acceso a información confiable y el apoyo social.

La especialista señaló que las reacciones pueden presentarse incluso entre quienes no estuvieron directamente expuestos a las consecuencias del terremoto. El temor puede estar relacionado con la preocupación de que ocurra un fenómeno similar en el lugar donde vive la persona o que afecte a familiares y personas cercanas.

“Vamos a encontrar también que personas que no hayan sido expuestas directamente a las implicaciones o a las consecuencias del desastre pueden experimentar un miedo. Este miedo puede ser debido a la preocupación que se presente un fenómeno similar a este en su lugar de vivienda o con las personas cercanas. Este miedo suele pasar con el tiempo y la persona suele tomar, retomar rápidamente su rutina o sus actividades diarias. Es importante saber que no todos reaccionan de la misma manera, pero también es posible encontrar personas que no han sido directamente afectadas o a través de sus familiares, reacciones de impotencia, miedo, temor e incluso pánico”, señaló la especialista.

¿Cuándo el miedo después de un sismo se convierte en una señal de alerta?

Una de las principales recomendaciones de la guía es diferenciar las respuestas esperadas después de una emergencia de aquellas que pueden requerir acompañamiento profesional. Según Obando, el miedo es una reacción habitual ante una situación de esta magnitud, pero debe disminuir progresivamente y permitir que la persona recupere sus actividades cotidianas.

“Cuando se viven eventos de esta magnitud, es muy normal presentar miedo. Una señal que nos indica que este miedo es normal o es aquel que es esperado después de una situación tan compleja, es que prontamente ese miedo va bajando en su intensidad, permitiéndole a la persona recuperar su dinámica o sus actividades diarias. Sin embargo, cuando esas emociones no van bajando a medida que pasa el tiempo, sino por el contrario, se mantienen o incrementan, es una señal de que el impacto fue más intenso de lo esperado. Y esto también hace que las personas no puedan recuperar rápidamente su cotidianidad y las actividades diarias”, apuntó.

La experta explicó que la dificultad persistente para dormir, comer o retomar las actividades habituales es una señal para considerar la consulta con un profesional. En el contexto de la contingencia, agregó, universidades y centros de atención psicológica están ofreciendo primeros auxilios psicológicos a las personas afectadas.

La doctora señaló que: “Es común que algunas personas experimenten miedo, temor, preocupación. Estas emociones deben ir cediendo mientras pasa el tiempo. Pero ante la dificultad para dormir, comer y retomar las actividades, es importante consultar a un experto. En este momento, dada la contingencia, las universidades y centros de atención psicológica se encuentran brindando primeros auxilios psicológicos a la población afectada. Aprovechar estos recursos es clave”.

La percepción de que “en cualquier momento volverá a temblar” también puede aparecer después de una emergencia. La especialista indicó que las respuestas varían de acuerdo con factores como las experiencias previas, la forma en que cada persona enfrenta las dificultades y el nivel de afectación propio o de familiares y personas cercanas.

“Es importante conocer que después de una catástrofe natural, no todas las personas van a tener las mismas reacciones. Estas reacciones emocionales suelen variar según, por ejemplo, la experiencia previa que haya habido de estar expuesta a este tipo de circunstancias. También a la manera en que solemos reaccionar ante dificultades. Tiene que ver mucho con el nivel de afectación propio o de las personas cercanas, pero usualmente las personas experimentan temor, pánico, miedo, preocupación y hay algunas personas que llegan a presentar un estrés agudo o preocupación excesiva. Estas variaciones hacen que las decisiones que se tomen en términos de salud mental y el acompañamiento también sean diferentes”, agregó.

Prepararse sin permanecer en estado de alerta permanente

La guía también establece una diferencia entre la preparación ante una eventual emergencia y la hipervigilancia. Revisar las rutas de evacuación, establecer puntos de encuentro con familiares y preparar un kit de emergencia son acciones de prevención. Sin embargo, sentir angustia constante ante cualquier ruido, mantenerse en alerta de manera permanente o suspender actividades cotidianas pese a encontrarse en un lugar seguro pueden ser manifestaciones de una respuesta emocional que requiere atención.

Frente a la preocupación por la posibilidad de un nuevo terremoto, Obando plantea identificar aquello que puede estar bajo control de cada persona y establecer medidas concretas para protegerse y proteger a quienes están cerca: “Un punto importante es: no puedo controlar la posibilidad de una nueva ocurrencia de un desastre de este tipo. Lo que puedo hacer en este caso es identificar dónde tengo el control. Puedo evaluar cuáles son mis mayores preocupaciones y generar estrategias para protegerme y proteger las personas cercanas, buscar formas de comunicarme rápidamente, ponerme de acuerdo con mi pareja, con mi familia, quién puede recoger a los niños en una eventualidad, ponerme de acuerdo también en espacios seguros de la casa, identificar estrategias que garanticen la seguridad mía y de las personas que quiero”.

De esta manera, la preparación propuesta incluye acordar previamente con familiares mecanismos de comunicación, definir quién podría encargarse de los niños en una eventual emergencia e identificar espacios seguros dentro de la vivienda.

El documento también aborda el impacto que puede tener la exposición repetida a noticias, videos y alertas relacionadas con el terremoto. La recomendación planteada por la especialista consiste en observar qué efecto tiene ese contenido en cada persona.

“En este momento donde la exposición a noticias acerca de las consecuencias del terremoto es tan alta, es importante saber qué efecto tiene esa información en nosotros. Por un lado, evaluemos si esto lo que hace es incrementar la ansiedad, la angustia, el temor, es mejor evitar este tipo de contenidos, de tal forma que nos recuperemos más rápido de las emociones que estamos percibiendo y podamos recuperar nuestras actividades diarias. Por el contrario, si esta información te resulta útil para activar estrategias de apoyo a otros, como replicar información que permita la, la ubicación o el brindar información sobre la ayuda a la que tienen disponible las personas, es importante que te mantengas activo en redes y atento a la información continua que aparece”, indicó la doctora Obando.

Primeros auxilios psicológicos y acompañamiento

La Universidad de La Sabana también incluyó recomendaciones para quienes buscan acompañar a familiares, amigos o personas afectadas emocionalmente por la emergencia. De acuerdo con Obando, los primeros auxilios psicológicos pueden ser proporcionados por personas que hayan recibido formación para hacerlo y que sepan identificar las necesidades de quienes atraviesan una situación de crisis.

Según la especialista: “Primero hay que entrenarse, por supuesto. Busquen en Internet páginas oficiales como la del Colegio Colombiano de Psicólogos, que les permiten aprender a cómo apoyar a las personas que la están pasando mal en este momento. Estén atentos a sus familias, estén observando si estos síntomas o estas emociones de las que hablábamos se reflejan continuamente: alta preocupación, no poder dormir, dificultades para comer y retomar las actividades y apóyenlos a identificar la ayuda necesaria”.

El policy brief también contempla las posibles reacciones de niños y adolescentes después de enfrentar momentos críticos y entrega un semáforo para ayudar a identificar comportamientos que pueden indicar la necesidad de solicitar ayuda profesional. Asimismo, plantea la importancia de contar con formación previa en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP).

La guía fue construida con base en recomendaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se prepara para debatir una ponencia que plantea imponer una medida de aseguramiento al actual alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, dentro de una investigación por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con esas actividades criminales.

La ponencia fue elaborada por el magistrado César Reyes y, de acuerdo con información conocida por Infobae Colombia, propone ordenar la privación de la libertad de Acuña mientras avanza el proceso judicial. El debate sobre la medida ya había quedado sin una decisión definitiva debido a que la votación de los magistrados terminó empatada durante una de las discusiones, por lo que fue necesario recurrir a un conjuez para definir la posición de la Sala.

El caso se relaciona con los señalamientos realizados por el exparamilitar y fundador de la estructura conocida como “Los Rastrojos”, Juan Manuel Borré Barreto, quien aseguró haber tenido comunicación con Acuña y lo señaló de mantener relaciones con organizaciones criminales que operaban en la región Caribe.

La investigación de la Corte no corresponde al único proceso judicial que enfrenta el actual mandatario de Sincelejo. Acuña también ha sido investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por posibles irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los señalamientos que originaron la investigación

Uno de los principales elementos incorporados al expediente corresponde a las declaraciones de Borré Barreto. En el proceso quedó registrado un testimonio de 2012 en el que el exintegrante de grupos paramilitares hizo referencia a Acuña y aseguró tener información sobre sus actividades y sus presuntos vínculos con estructuras armadas.

“Juan Manuel Borré Barreto, el 29 de octubre de 2012, dijo conocer y mantener comunicación con Yahir Fernando Acuña. Además, aseguró saber de él cosas que ‘lo pondrían preso’ y afirmó que ‘está influyendo en la Costa con las bandas nuevas, está presionando a los políticos y les está votando; yo soy la competencia de él’”, señala el expediente.

El proceso se originó a partir de una compulsa de copias ordenada por la propia Sala de Instrucción del alto tribunal dentro de otro expediente. Esa investigación estaba relacionada con presuntos delitos de concierto para delinquir, soborno en actuación penal y amenazas a testigos.

De acuerdo con la información suministrada en el expediente, esos hechos habrían ocurrido entre 2003, 2005, 2007 y 2009 y estarían relacionados con integrantes del bloque Héroes de los Montes de María. También se investigaron presuntas entregas de dádivas o intimidaciones dirigidas contra dos personas con el propósito de evitar que declararan en contra de Acuña.

Como parte de los documentos entregados junto con esa denuncia estaba un video correspondiente al interrogatorio que Borré Barreto rindió en 2014. En esa diligencia, el exparamilitar señaló a Acuña de recibir recursos de origen ilícito para financiar su campaña a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014.

También lo acusó de ser responsable de varios asesinatos en el departamento de Sucre y de financiar con más de $1.500 millones a la estructura criminal denominada “Los Rastrojos Costeños”. Con base en esos elementos, el 23 de junio de 2020 la Corte Suprema decidió abrir formalmente una investigación contra Acuña.

Dentro de las actuaciones judiciales también fue citado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para que rindiera testimonio sobre el caso, debido a que su nombre había sido mencionado por Borré.

El testimonio de Borré y la posición de Acuña

En una de sus declaraciones, Borré Barreto hizo referencia a su relación con Mancuso y explicó por qué consideraba que podía aportar información sobre las estructuras paramilitares y sus integrantes.

“Todo el mundo sabe que yo era una persona de muy alta confianza de Salvatore Mancuso y que le sé muchas cosas. Si ustedes se dan cuenta, jurídicamente, las declaraciones que hizo (Mancuso) en el mes de mayo en Estados Unidos, todo lo que habló al inicio y de los nexos de los militares con las autodefensas en su momento, si se dan cuenta, es por lo que yo estoy condenado en los procesos que hemos tenido en Justicia y Paz”, aseguró Borré.

Mancuso fue mencionado en el expediente como una persona que podía aportar información sobre los señalamientos formulados contra Acuña. Su eventual declaración fue considerada dentro de las actuaciones adelantadas por la Corte para establecer las circunstancias relacionadas con los hechos investigados.

Acuña, por su parte, ha negado las acusaciones y ha sostenido que los señalamientos en su contra no corresponden a la realidad. Durante el interrogatorio que rindió ante la Corte el 28 de noviembre de 2023, afirmó que alrededor de su nombre se había construido una versión que, según él, estaba sustentada en testimonios falsos.

El alcalde señaló que no podía determinar quién estaría detrás de las acusaciones, aunque planteó que podrían estar relacionadas con personas que consideraba sus adversarios políticos y que, según su versión, estarían preocupadas por el alcance que podría tener su liderazgo.

“Hoy creo que eso da resultados porque hoy soy alcalde de la ciudad de Sincelejo”, agregó Acuña durante esa diligencia.

El Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá aprobó, el viernes 14 de agosto, la prórroga por un año del principio de oportunidad otorgado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el marco de las investigaciones por el entramado de corrupción relacionado con esa entidad.

La decisión permite que Pinilla continúe bajo el mecanismo de colaboración con la justicia. La solicitud de extensión fue presentada por la Fiscalía General de la Nación y avalada por el juez tras considerar que se encontraban cumplidos los requisitos establecidos para mantener vigente el principio de oportunidad.

En un comunicado divulgado tras la decisión, el abogado penalista Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, señaló que la determinación judicial constituye una ratificación del proceso de colaboración adelantado por su representado.

“Esta decisión confirma, una vez más, que el proceso de colaboración de Sneyder Pinilla con la justicia colombiana ha sido sustentado en información y elementos materiales probatorios que han sido verificados y contrastados por las autoridades y entes encargados de la investigación”, afirmó.

Juez avaló la continuidad de la colaboración

Durante la audiencia, el juez destacó el aporte de los testimonios entregados dentro del proceso y su relación con el esclarecimiento de los hechos investigados.

En su intervención, señaló que la colaboración constituye un mecanismo para avanzar en la identificación de los responsables y en la obtención de decisiones judiciales: “El esclarecimiento de los hechos y la obtención de sentencias condenatorias contra toda la red criminal, a través de estos testimonios de cargo, es el vehículo idóneo y necesario para alcanzar la verdad completa y propiciar los respectivos incidentes de reparación integral. Así las cosas, al encontrarse cabalmente satisfechos los requisitos legales y advertir que la prórroga resulta absolutamente imperiosa para que el postulado pueda cumplir con su colaboración eficaz, esta judicatura imparte aprobación a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación”.

De esta manera, el juzgado declaró legal la solicitud y autorizó que el principio de oportunidad continúe bajo la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba durante un periodo adicional de 12 meses. El mecanismo implica que Pinilla deberá continuar atendiendo los compromisos adquiridos dentro del proceso de colaboración y comparecer ante las autoridades cuando sea requerido.

Más de 25 investigaciones relacionadas con el caso

De acuerdo con el pronunciamiento de su abogado, la colaboración de Pinilla ha contribuido al avance de más de 25 investigaciones contra altos funcionarios del gobierno saliente, excongresistas y otras personas relacionadas con los hechos investigados alrededor de la Ungrd y aseguró que la información aportada por el exfuncionario ha impulsado otros principios de oportunidad dentro del mismo expediente. Entre las personas mencionadas se encuentran Olmedo López Martínez, María Alejandra Benavides, Luis Carlos Barreto Gantiva, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Andrés Rodríguez Melo.

El caso de la Ungrd ha involucrado diferentes investigaciones judiciales relacionadas con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración anterior de la entidad. Dentro de esos procesos, la Fiscalía ha recopilado testimonios, documentos y otros elementos de prueba para establecer las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en los hechos investigados.

Según el balance entregado por Moreno Rivera, como resultado de las investigaciones se han obtenido más de 12 sentencias condenatorias y se logró la recuperación de $10.000 millones relacionados con los hechos investigados.

El abogado también indicó que, a partir del proceso, se desarrolló una operación con agentes encubiertos que permitió detectar un presunto soborno superior a $13.000 millones. De acuerdo con su versión, ese dinero habría tenido como propósito presionar a Pinilla para que modificara su versión de los hechos y guardara silencio.

La operación mencionada por la defensa derivó en la captura de Edgar Riveros Rey y otras personas. El procedimiento hizo parte de las actuaciones adelantadas para determinar si existieron intentos de interferir en las investigaciones y en la colaboración que Pinilla había iniciado con las autoridades.

Pinilla continuará entregando información a la justicia

Tras conocerse la decisión judicial, la defensa reiteró que el exsubdirector de la Ungrd continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades y cumpliendo las obligaciones establecidas dentro del principio de oportunidad. “Sneyder Pinilla seguirá cumpliendo a cabalidad sus compromisos con la justicia cada vez que sea requerido”, manifestó Moreno Rivera.

Agregó que la prórroga permitirá que Pinilla mantenga su participación en las actuaciones judiciales derivadas de la información que ha entregado.

“La verdad y la recuperación de los recursos de todos los colombianos deben prevalecer ante los intentos de desprestigio, desacreditación y silencio que pretenden algunos imponer al señor Sneyder Pinilla Álvarez”, concluyó el abogado penalista.

El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá amparó los derechos de Helicol y ordenó realizar una diligencia preliminar para resolver la solicitud de desarchivo de una investigación relacionada con Ecopetrol, Ricardo Roa y un presunto favorecimiento a Helistar en procesos de contratación.

La decisión judicial se produjo luego de que Helicópteros Nacionales de Colombia S. A .S. (Helicol) acudiera a la acción de tutela ante la falta de una decisión de fondo sobre la solicitud que había presentado ante la Fiscalía para reabrir la investigación. La compañía había solicitado el desarchivo del expediente en octubre de 2025, al considerar que existían elementos que debían ser revisados en relación con actuaciones que, según su planteamiento, habrían favorecido a su competidora Helistar.

De acuerdo con la información expuesta ante el juez, la solicitud fue radicada el 30 de octubre de ese año. Desde entonces, la empresa buscó que la petición fuera estudiada judicialmente mediante una audiencia preliminar. Sin embargo, entre febrero y mayo de 2026 se frustraron seis oportunidades para abordar el asunto, por diferentes circunstancias relacionadas con la asistencia de las partes o intervinientes.

La falta de una decisión de fondo llevó a Helicol a presentar una acción de tutela en la que alegó la afectación de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al plazo razonable. El juzgado encontró que, aproximadamente nueve meses después de presentada la solicitud, esta continuaba sin una determinación judicial sobre su contenido.

Helicol cuestionó el archivo de la investigación

La controversia tiene como antecedente una investigación relacionada con procesos de licitación para el transporte de helicópteros. Helicol solicitó a la Fiscalía revisar las actuaciones que, según la empresa, estarían relacionadas con un presunto favorecimiento a Helistar.

La compañía sostuvo que el procedimiento mediante el cual se decidió archivar el caso fue “superficial, sesgada y prematura”. También cuestionó el tiempo en que se produjo esa determinación y afirmó que existió una “celeridad inusual al denunciar un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros”.

La solicitud de desarchivo fue presentada ante la Fiscalía y posteriormente, Helicol buscó que un juez de control de garantías analizara la petición, pero las audiencias convocadas para abordar el asunto no llegaron a concretarse.

El Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá señaló que la situación había impedido que la empresa obtuviera una respuesta judicial sobre su solicitud. En particular, el despacho tuvo en cuenta que las audiencias preliminares innominadas habían sido convocadas en varias oportunidades, pero terminaron frustrándose.

La decisión judicial precisa: “a la fecha de presentación de la acción constitucional la solicitud de desarchivo radicada el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) no ha recibido decisión de fondo, pese a haber transcurrido aproximadamente nueve (9) meses”.

Según el fallo, las solicitudes fueron devueltas por los jueces de control de garantías al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao sin que se resolviera el fondo de la petición. Entre las circunstancias que llevaron a esa situación estuvo la inasistencia de alguna de las partes o de los intervinientes.

El juzgado consideró que la manera en que se estaba tramitando la solicitud podía impedir que Helicol obtuviera una decisión judicial. De acuerdo con la providencia, en lugar de instalar las audiencias, los despachos judiciales dejaron constancias secretariales relacionadas con las inasistencias y posteriormente devolvieron la carpeta.

Para el Juzgado 49 Penal del Circuito, esa dinámica podía extenderse en el tiempo si la solicitud continuaba siendo repartida entre distintos jueces de control de garantías.

“No de accederse a las pretensiones de la demanda, el asunto seguirá siendo repartido a diversos jueces de garantías, durante meses y devuelto sin decisión de fondo”, sostuvo el despacho en la decisión.

El juez también señaló que esa situación afectaba los derechos fundamentales invocados por Helicol, debido a que la falta de una decisión impedía a la sociedad controvertir mediante los recursos ordinarios las determinaciones que se adoptaran respecto de la realización de la audiencia.

En ese contexto, determinó que era necesario adoptar una medida para garantizar el acceso efectivo de Helicol a la administración de justicia y evitar que la petición permaneciera sin respuesta. “Por lo anterior, se tutelarán los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y plazo razonable de la sociedad Helicópteros Nacionales De Colombia S. A. S.”, señaló el despacho.

La tutela, de esta manera, no establece en sí misma que haya existido un favorecimiento a Helistar ni determina responsabilidad de Ricardo Roa, Ecopetrol u otras personas vinculadas a los hechos materia de investigación. Su alcance está relacionado con la necesidad de que la solicitud de desarchivo sea tramitada y reciba una decisión judicial.

La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con la definición de los candidatos que serán postulados por los partidos políticos y con el cumplimiento del cronograma establecido para que el Congreso de la República elija a los nueve magistrados que integrarán el organismo durante el próximo periodo.

Los partidos políticos han comenzado a concretar sus decisiones internas y ya se conocen varios de los nombres que aspiran a ocupar una de las nueve magistraturas. Las colectividades deberán formalizar sus postulaciones dentro del proceso de inscripción establecido y sus candidatos tendrán que pasar por la revisión de la Comisión de Acreditación antes de llegar a la votación en plenaria.

El CNE es el organismo encargado, entre otras funciones, de investigar las campañas políticas y los recursos utilizados durante estos procesos, además de intervenir en asuntos relacionados con las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos. Con la llegada de un nuevo Gobierno, la composición del tribunal electoral también cambiará.

La elección de los nuevos magistrados se desarrolla mediante un procedimiento en el Congreso de la República, en el que participan las colectividades políticas con la presentación de sus candidatos. El proceso comenzó el 6 de agosto con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos, fecha en la que también fue expedida la resolución que dio inicio formal al procedimiento para escoger a los nueve integrantes del CNE.

Los candidatos que han sido definidos por los partidos

En el Partido Conservador quedó consolidada la candidatura de Juan Carlos Wills, exrepresentante a la Cámara, abogado y quien durante varios años se desempeñó como secretario de esa colectividad.

El nombre de Wills logró imponerse dentro de la bancada conservadora, donde cuenta con respaldo para aspirar a una de las magistraturas del CNE. Su escogencia dejó por fuera de la carrera al exsenador Germán Blanco, quien también había manifestado su intención de llegar al tribunal electoral y posteriormente renunció a esa aspiración.

En Cambio Radical, la colectividad anunció oficialmente la postulación del excongresista Gersel Pérez, quien es considerado ficha del grupo político de los Char. Con esta decisión quedó descartado el nombre del exsenador Carlos Fernando Motoa, que también había sido mencionado entre los posibles aspirantes del partido.

En un comunicado oficial, Cambio Radical explicó que “la decisión responde a la trayectoria profesional, experiencia y conocimiento del sistema electoral colombiano del candidato, así como a sus condiciones para asumir con independencia, responsabilidad y rigor técnico las funciones propias de la magistratura”.

Por el Pacto Histórico, hasta el momento se han mencionado dos nombres que cuentan con fuerza dentro de la colectividad: el exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe y Cielo Rusinque, quien recientemente dejó la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El Centro Democrático también adelanta su proceso interno y ya cuenta con varios nombres postulados. Entre elos se encuentran Nubia Stella Martínez, quien fue directora del partido; el exsenador Jaime Amín y Amalia Salgado.

Además, el Partido de La U decidió postular al exsenador Juan Felipe Lemos Uribe para el cargo de magistrado del CNE. De acuerdo con el comunicado, la colectividad señaló que “con esta decisión respalda la trayectoria y experiencia del exsenador y presenta formalmente su nombre para el proceso de elección”, destacando sus capacidades como ciudadano y jurista.

Así avanza el cronograma de elección

El proceso formal comenzó el jueves 6 de agosto, con la apertura de la convocatoria dirigida a los partidos políticos. En esa misma fecha se expidió la resolución que dio inicio al procedimiento para seleccionar a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral y se realizó la convocatoria formal al Congreso de la República.

La siguiente fecha establecida es el lunes 10 de agosto, cuando se abrió la inscripción de las hojas de vida de los aspirantes. El proceso comenzó a las 8:00 a. m. y permite que los candidatos de las distintas colectividades sean inscritos dentro de los mecanismos establecidos por el Congreso.

Las hojas de vida pueden ser presentadas de manera presencial en la Secretaría del Senado de la República o en la Secretaría de la Cámara de Representantes. También se habilitó un correo electrónico para realizar la inscripción.

Posteriormente, el viernes 14 de agosto está previsto el traslado de las hojas de vida a la instancia encargada de su revisión. Este paso permitirá que la documentación de los candidatos inscritos sea analizada antes de la elaboración del informe correspondiente.

Entre el 15 y el 19 de agosto se llevará a cabo la revisión de las hojas de vida por parte de la Comisión de Acreditación. Durante este periodo se verificará la documentación presentada por los aspirantes y el cumplimiento de las condiciones requeridas dentro del procedimiento de elección.

El jueves 20 de agosto está previsto que se conozca el informe de la Comisión de Acreditación, una vez termine la revisión de las hojas de vida de los candidatos. Este documento antecederá la etapa definitiva del proceso, que estará a cargo del Congreso reunido en pleno.

La fecha central del proceso será el martes 25 de agosto de 2026, cuando se realizará la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral durante una sesión plenaria del Congreso de la República. Para ese momento deberán haberse cumplido las etapas de inscripción, traslado y revisión de las hojas de vida, además de la presentación del informe de la Comisión de Acreditación. Los nombres que lleguen a la etapa definitiva serán sometidos al procedimiento de elección establecido por el Congreso.