La masacre ocurrida en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana (Piura), sigue bajo investigación. Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años, fueron asesinadas durante un ataque perpetrado por sicarios que irrumpieron en una vivienda y dispararon decenas de veces contra quienes se encontraban en el lugar.

Mientras los familiares velan a las víctimas y exigen justicia, la Policía Nacional informó que ya logró identificar a los presuntos responsables del crimen. Según las autoridades, se trata de una banda criminal cuyos integrantes estarían plenamente ubicados y serían capturados en las próximas horas.

El caso ha reavivado la preocupación por el avance del sicariato en Sullana, una de las provincias con más violencia criminal en el norte del país. Solo en la última semana se han informado varios asesinatos vinculados a esta modalidad delictiva.

Policía identifica a presuntos sicarios de masacre en Sullana

El general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura, afirmó que “ya [tiene] identificado plenamente a los autores” y que capturará a “la totalidad de esta banda criminal” en “las próximas horas, máximo días”. En su declaración, detalló que el ataque terminó con la vida de “tres varones” y “un menor de edad”, y confirmó la existencia de un herido, también menor de edad.

Aunque la autoridad policial no brindó detalles sobre los métodos usados para la identificación, la cobertura señaló que los operativos se activaron de inmediato y que los agentes mantenían el despliegue en la zona para ubicar a los responsables. Jares Reyme reiteró que la Policía conocía “perfectamente” el móvil del hecho, sin exponerlo públicamente.

El general sostuvo: “A partir del lunes realizaremos operativos contra ciudadanos extranjeros que estén en situación ilegal, con el objetivo de expulsarlos de la ciudad”, sostuvo en diálogo con 24 Horas de Panamericana Televisión.

Ataque a sangre fría: el modus operandi de los sicarios en Sullana

Las imágenes difundidas por el programa Buenos días Perú mostraron a los atacantes con ropa oscura, cascos y el rostro cubierto, se acercaron a la vivienda y dispararon a corta distancia contra quienes estaban en el ingreso. La secuencia se desarrolló sin pausas: uno de los agresores cambió el cargador y volvió a abrir fuego, según lo observado en el registro audiovisual.

Después del primer ataque en la puerta, los sicarios ingresaron al inmueble para ubicar a más personas y continuar los disparos. Otras dos víctimas intentaron escapar por los techos de casas aledañas; sobrevivieron, pero quedaron con heridas de gravedad, de acuerdo con la información difundida durante la transmisión.

En las primeras diligencias, agentes hallaron prendas negras abandonadas en una vía cercana, consideradas un indicio vinculado a los autores. Sobre la posible motivación, en el reporte se indicó que, según lo señalado por la Policía, algunos de los asesinados tenían antecedentes penales y policiales, y que de manera extraoficial se evaluaba un posible ajuste de cuentas. Esa hipótesis, precisaron, aún no contaba con confirmación judicial.

El crimen se produjo en un contexto de violencia sostenida en Sullana. En el enlace televisivo se informó que en la provincia se contabilizaban 36 asesinatos vinculados al sicariato y que en la última semana se registraron 6. El mismo reporte mencionó que, en la víspera, también fue asesinado un frutero, en un escenario que vecinos describieron como de temor.

Familiares exigen justicia por adolescente asesinado en la masacre

Mientras en la vivienda se alistaban toldos y arreglos para el velorio, los familiares reclamaron justicia por la muerte del adolescente. Su madre, entre lágrimas, afirmó: “Tenía quince años. A él lo matan injustamente”., y sostuvo que el menor no frecuentaba la calle y solo había ido a la casa de su abuela “a jugar con un amigo”.

Otra familiar insistió en que el adolescente “era de casa” y que no tenía problemas con nadie, ni siquiera con los vecinos. “Lo mataron sin piedad”, dijo, al sostener que los atacantes lo persiguieron sin reparar en que era un menor de edad.

Más de 1,5 millones de escolares no tendrán clases presenciales este viernes 5 de junio y el lunes 8 de junio en los colegios que serán usados como locales de votación por la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. La medida rige en instituciones públicas y privadas puestas a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según explicó Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación (Minedu), la suspensión responde a la entrega exclusiva de locales escolares para la instalación, custodia y retiro del material electoral, además de la limpieza posterior, con el fin de que las clases puedan reanudarse con normalidad el martes.

El Minedu indicó que los días sin clases presenciales deberán recuperarse de forma presencial, dentro del cronograma escolar de cada institución educativa, y pidió comprensión a los padres de familia ante la reprogramación que definirá cada colegio según su organización interna.

Más de 10 mil colegios serán utilizados como locales de votación

Quintanilla precisó en entrevista con TV Perú Noticias que el Minedu puso a disposición de la ONPE 10.131 locales escolares a nivel nacional. De ese total, 8.634 correspondieron a locales escolares públicos y 497 a escuelas privadas.

“Son 10.131 locales escolares que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de forma exclusiva a la ONPE”, señaló el funcionario. En esa misma línea, detalló que la suspensión impactará en “un poco más de un millón y medio de estudiantes” que asisten a esas instituciones.

La medida alcanza a los colegios que operarán como centros de votación durante la segunda vuelta del domingo 7 de junio: desde el viernes cinco de junio hasta el lunes ocho de junio, los locales quedarán destinados al proceso electoral y su seguridad quedará bajo responsabilidad de la ONPE, en coordinación con las entidades competentes.

¿Cómo se recuperarán las clases suspendidas por las elecciones?

El director general de Calidad de la Gestión Escolar explicó que el Minedu adoptó dos decisiones operativas para garantizar el desarrollo de los comicios y, a la vez, proteger el cumplimiento de horas lectivas del año escolar.

“La primera es la disposición, en coordinación con las direcciones regionales de educación y las UGEL del país, brindar las facilidades en estos 10.131 locales escolares de forma exclusiva a la ONPE entre hoy y el día lunes”, sostuvo. Para ello, indicó que equipos territoriales del sector coordinan con direcciones regionales y UGEL con el objetivo de que la entrega y el uso se cumplan sin contratiempos.

La segunda medida, añadió Quintanilla, fue asegurar el cumplimiento de las horas lectivas mediante la recuperación presencial de las jornadas suspendidas. Quintanilla remarcó que no se optó por un esquema general de clases virtuales, sino por la reprogramación presencial dentro del calendario escolar.

Minedu explica cómo se seleccionan los colegios para las elecciones

En cuanto a la articulación interinstitucional, Quintanilla indicó que la relación de colegios utilizados como centros de votación es remitida por la ONPE y, a partir de esa lista, el Minedu coordina con las instancias descentralizadas para que los locales sean puestos a disposición en las fechas previstas.

“Ellos nos envían la relación de las escuelas o de los locales escolares que van a ser usados como centros de votación”, explicó, al precisar que la identificación de los planteles corresponde a la ONPE y no al ministerio.

Sobre la devolución, el funcionario afirmó que se dispuso que los colegios sean entregados “en las mismas condiciones operativas” en que fueron cedidos. En TV Perú Noticias, sostuvo que el objetivo es que los estudiantes retomen actividades “el día martes” en condiciones adecuadas.

ONPE asume la seguridad de los colegios durante el proceso electoral

“Esa función de la seguridad, desde hoy hasta el día lunes, es responsabilidad de la ONPE en coordinación con las entidades competentes que son responsables de la seguridad”, afirmó. Según explicó, el rol del sector Educación es facilitar los locales “en condiciones adecuadas” para el desarrollo del proceso electoral.

El funcionario enfatizó que la exclusividad del uso del local responde precisamente a esa necesidad de control y custodia del material electoral, además de los trabajos posteriores para retirar equipos y realizar limpieza.

Clases se recuperarán de forma presencial

“La gran preocupación del Ministerio de Educación es asegurar el número de horas efectivas escolares para el año”, sostuvo, e indicó que cada institución educativa definirá los mecanismos de recuperación. “Eso no lo determina ni la UGEL, ni la Dirección Regional, ni el Ministerio de Educación”, añadió.

El funcionario también afirmó que no registraron problemas de devolución en procesos previos y que, por lo general, “muchos locales escolares incluso han sido devueltos el lunes a primera hora” en las condiciones en que fueron entregados.

La segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio definirá al próximo jefe de Estado en un escenario de alta polarización y con millones de electores convocados a las urnas en todo el país. El balotaje enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego de que ningún candidato alcanzara el umbral necesario para ganar en la jornada anterior.

En los días previos a la votación, además de la organización logística y la difusión de locales de sufragio, las autoridades electorales insistieron en la necesidad de combatir la desinformación. Uno de los mensajes que circuló en WhatsApp y redes sociales aseguró que las multas electorales pendientes impiden votar. Rápidamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió esa versión y recordó que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el elector arrastra sanciones por procesos anteriores o por no cumplir el cargo de miembro de mesa.

“Es falso que tener multas electorales pendientes te impida votar en la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio”, precisó la entidad.

¿Se puede votar si se tienen multas electorales pendientes, según la ONPE?

La ONPE informó que es falso que tener multas electorales pendientes impida votar en la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio. El organismo precisó que el derecho constitucional al voto “está garantizado” y que “en ningún caso la multa suspende tu derecho a votar en un proceso electoral”.

Según el pronunciamiento difundido en sus canales oficiales, los ciudadanos que no votaron o que no cumplieron con ejercer el cargo como miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026 o en comicios anteriores pueden y deben votar el 7 de junio. La aclaración apuntó a frenar cadenas que, a pocas horas del proceso, buscaban “generar confusión en la ciudadanía”.

El llamado de la entidad electoral fue directo: no compartir mensajes sin verificación y confirmar la información en fuentes oficiales. En esa línea, remarcó que una multa pendiente no bloquea la participación electoral y que la obligación ciudadana es acudir a las urnas pese a cualquier sanción previa.

¿De cuánto es la multa por no sufragar en la segunda vuelta del 7 de junio?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no acudan a votar en la segunda vuelta del 7 de junio recibirán una multa cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Para este año, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente asciende a S/ 5.500, y las sanciones se calculan como un porcentaje de ese valor.

El sistema contempla tres escalas. En distritos catalogados en pobreza extrema, la multa por omisión al sufragio es de S/ 27,5, equivalente al 0,5% de la UIT. En la escala de pobreza no extrema, el monto sube a S/ 55, que representa el 1% de la UIT. Para distritos considerados no pobres, la sanción alcanza S/ 110, equivalente al 2% de la UIT.

El JNE también señaló que la obligación no se limita al voto. Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no asuman esa función recibirán una sanción adicional: S/ 275, equivalente al 5% de la UIT. En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir ese rol tanto en la primera vuelta del 12 de abril como en la segunda vuelta del 7 de junio.

La sanción económica, el incumplimiento puede generar restricciones para realizar determinados trámites, según las reglas que rigen los procedimientos electorales. Por eso, las autoridades recomendaron planificar el traslado, revisar datos personales y evitar contratiempos el día de la elección.

¿Dónde votar este 7 de junio? Consulta tu local en la web de la ONPE

Para conocer el local de votación y el número de mesa asignados para este domingo 7 de junio, la ONPE indicó que los ciudadanos deben ingresar a su plataforma oficial consultaelectoral.onpe.gob.pe. El sistema solicita digitar el número de DNI y luego muestra el nombre del establecimiento, la dirección, el número de mesa de sufragio y si el ciudadano mantiene el cargo de miembro de mesa.

De acuerdo con la información difundida, por regla general el centro de votación para la segunda vuelta será el mismo utilizado en la primera jornada del 12 de abril. Aun así, la recomendación fue verificar los datos antes del proceso para confirmar la información y organizar el tiempo de traslado.

La verificación previa también permite a los electores confirmar si fueron designados miembros de mesa y prever la hora de presentación, instalación y desarrollo de tareas durante la jornada electoral. Las autoridades insistieron en contrastar la información en canales oficiales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) capacitó a personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, de forma presencial y virtual, para el ejercicio de sus funciones este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las elecciones. El objetivo fue estandarizar criterios de fiscalización y reducir incidencias en mesa a lo largo de la jornada.

La preparación incluyó la explicación de las atribuciones de los personeros en la instalación de mesa, el sufragio y el escrutinio, además de los acuerdos adoptados entre la ONPE, Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre credenciales, acceso a actas y registro audiovisual del conteo.

La ONPE precisó que sus acciones de capacitación alcanzaron los más 2 millones electores, 229.206 miembros de mesa y 16.284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con sesiones y materiales distribuidos en todo el país mediante oficinas descentralizadas. La ONPE informó que las recomendaciones se difundieron tanto por su plataforma de aprendizaje como por personal especializado asignado en las sedes operativas.

Personeros de ambos partidos participaron en capacitación para la segunda vuelta electoral

La capacitación para personeros de local de votación y de mesa de sufragio estuvo disponible en la plataforma ONPEduca (capacitate.onpe.gob.pe) y en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como en oficinas distritales y en sedes instaladas en centros poblados.

El organismo inició estas sesiones el 23 de mayo y las programó hasta el 6 de junio, con modalidades presencial y virtual. Según el reporte institucional, a la fecha participaron 1.926 personeros en actividades de entrenamiento vinculadas a la Segunda Elección Presidencial.

La ONPE también precisó que sus acciones de capacitación alcanzaron a otros grupos convocados por el proceso: 2.412.487 electores, 229.206 miembros de mesa y 16.284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La difusión de indicaciones se realizó con apoyo del personal designado en 126 ODPE.

Capacitación refuerza reglas sobre participación de personeros en la jornada electoral

En esa línea, la ONPE buscó uniformizar prácticas de verificación y el registro de incidencias para que la fiscalización se mantenga dentro de los márgenes del procedimiento.

La capacitación incorporó, además, los acuerdos adoptados en la reunión técnica del 22 de mayo, en la que participaron la ONPE, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Los acuerdos fijaron criterios para el desempeño de los personeros sobre credenciales, acceso a actas y registro audiovisual del conteo con restricciones.

Entre los puntos acordados, la ONPE reforzó el derecho de los personeros a solicitar y recibir un ejemplar del acta electoral llenada por los miembros de mesa. En paralelo, se estableció que los personeros pueden registrar en video o fotografías el acto de escrutinio sin perturbar el trabajo de mesa, pero no pueden realizar transmisiones en vivo.

ONPE detalla uso de credenciales para personeros

Otro componente de la capacitación abordó las características de las credenciales que identifican a los personeros y habilitan su intervención dentro de las reglas del local de votación. El énfasis estuvo en evitar confusiones operativas y asegurar que el control partidario se ejerza con trazabilidad y dentro del procedimiento.

La ONPE también puso el foco en los derechos vinculados al desempeño en mesa, como el acceso al acta cuando sea solicitada y la posibilidad de dejar constancia u observaciones conforme a las etapas del proceso. En estos casos, la instrucción se centró en la relación funcional con los miembros de mesa y el respeto de la dinámica de trabajo durante la jornada.

En materia tecnológica, la ONPE habilitó una Sala Multipropósito para personeros técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, con el fin de presentar los sistemas informáticos que se utilizarán en la Segunda Elección Presidencial. Los invitó a participar en el simulacro y la prueba de esfuerzo del sistema de cómputo, y a seguir el procesamiento de actas en las ODPE y en la sede central mediante la Sala de Personeros y Observadores.

Los límites para personeros durante el escrutinio

El marco de la ONPE permitió el registro fotográfico y audiovisual del escrutinio como herramienta de documentación, pero fijó un límite operativo central: el registro no debe interferir con el trabajo de los miembros de mesa ni alterar el desarrollo del conteo. Bajo esa premisa, la capacitación remarcó que la fiscalización se ejerce sin obstaculizar el procedimiento.

La restricción expresa fue la prohibición de transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio. En términos prácticos, la regla busca evitar situaciones que puedan presionar a los miembros de mesa, generar aglomeraciones o convertir el conteo en un foco de conflicto operativo.

En diálogo con Infobae Perú, la abogada penalista Camila Carrillo explicó que el punto de quiebre aparece cuando la grabación deja de ser documentación y se convierte en interferencia. “El límite radica cuando la grabación se convierte en una conducta que dificulta el trabajo de los miembros de mesa, afecta la seguridad del material electoral o altera el normal desarrollo del acto electoral”, señaló.

En La Victoria, dos jóvenes de 18 años fueron capturados por agentes del Grupo Terna cuando, en plena vía pública, se dedicaban al robo de celulares bajo la modalidad de “lanzazo” y “arranche”. Lo que no sabían es que cada uno de sus movimientos era vigilado por cámaras ocultas de la Policía Nacional del Perú.

El hecho ocurrió en la cuadra 13 de la avenida Las Américas, una zona donde, según la investigación policial, operaría una pequeña banda dedicada al hurto al paso. Los intervenidos fueron identificados como Radut Didier Alberto Charaya Santoyo (18) y Fabricio Sebastián Sánchez Gutiérrez (18), quienes serían parte de la organización criminal Los Retacos de Las Américas.

La intervención no solo llamó la atención por la edad de los detenidos, sino también por la forma en la que actuaron a escasos metros de agentes encubiertos. El caso ha reabierto el debate sobre la participación de jóvenes en delitos callejeros y la facilidad con la que se organizan para cometer robos en zonas comerciales y de alto tránsito.

Jóvenes de 18 años son detenidos por la Policía tras robo al paso

Las cámaras ocultas del Grupo Terna del Escuadrón Verde registraron a los dos jóvenes merodeando la cuadra 13 de la avenida Las Américas, una vía donde, según la Policía, realizaban robos de forma reiterada. En las imágenes, se observa cómo esperan una distracción y se acercan a su objetivo.

En el momento del ataque, uno de los intervenidos arranchó el celular y emprendió la fuga junto con su cómplice. La escena cambió en cuestión de segundos: los agentes encubiertos se identificaron y los redujeron. “Somos policías, señor, somos policías. ¿Qué es lo que has hecho?”, se escucha decir a uno de los efectivos durante la intervención.

El agraviado identificó a los presuntos autores casi de inmediato. “Estaba en mi carro, en el tráfico, con la luna baja, y el pata, el gringo, arranchó mi celular desde el carro”, relató.

Aprovechaban el tráfico vehicular para robar celulares a conductores

Según el coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, la banda se especializaba en detectar oportunidades rápidas en medio del tránsito. “La especialidad de esta banda era poder identificar a los vehículos que tenían las ventanas abiertas y poder apropiarse de los celulares” de los ocupantes, declaró a TV Perú Noticias.

El caso retrata un patrón: vigilancia breve, selección de víctima y robo en movimiento, con escape inmediato. La modalidad de arranche apunta a arrebatar el equipo con fuerza, mientras que el lanzazo suele aprovechar la sorpresa y la cercanía para apoderarse de objetos de valor en pocos segundos.

Tras la intervención, la Policía informó que el teléfono fue devuelto intacto a su propietario, de acuerdo con el reporte televisivo.

“Uno también se cansa”: la frase de detenido que sorprendió a la Policía

En el interrogatorio grabado, uno de los detenidos negó el hecho al inicio. “Nada, mami”, respondió cuando una policía lo increpó. El agente replicó: “Te hemos visto y estás grabado”.

La conversación derivó en el motivo del robo. Ante la pregunta de por qué robaba si tenía trabajo, el joven sostuvo: “A veces no me alcanza el sueldo… lo que gano no me alcanza”. Cuando el policía insistió en que la alternativa era trabajar y no delinquir, el detenido lanzó la frase que marcó el caso: “Uno también se cansa”.

Los dos intervenidos fueron trasladados bajo custodia y puestos a disposición del módulo integral de seguridad y justicia de La Victoria y San Luis, donde afrontarán una denuncia por hurto agravado, un proceso que, según el reporte, podría llevarlos a cumplir sus primeros años en prisión.

Un incendio registrado la mañana de este jueves en una planta industrial de Lurín mantiene en alerta a las autoridades y unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El fuego, informado a las 6:48 a. m. en el sector conocido como Separador Industrial, a la altura del kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, generó una columna de humo visible desde varios puntos de Lima Sur.

Hasta el cierre de esta edición, la emergencia continuaba activa y la respuesta incluyó la intervención de 40 unidades, con un avance de control de gran parte del siniestro. La prioridad fue frenar el avance de las llamas en un complejo industrial con material combustible y sostener el abastecimiento de agua en una zona con infraestructura limitada.

Las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de insumos inflamables almacenados en el complejo, obligando a desplegar un amplio operativo para evitar que el fuego alcanzara otras instalaciones cercanas. Durante las primeras horas de la emergencia, uno de los principales temores fue que el incendio comprometiera una fábrica textil ubicada dentro del área afectada.

Según informó Alfonso Panizo, comandante del Cuerpo de Bomberos en Lima y Callao, el incendio se encontraba aproximadamente en un 70% controlado, mientras los equipos seguían trabajando en focos ubicados en zonas de difícil acceso.

Falta de agua complica labores para controlar incendio en Lurín

Para los bomberos, el principal obstáculo no han sido las llamas, sino la escasez de agua disponible para combatirlas. Panizo explicó que la zona industrial donde ocurrió el incendio carece de una red pública de agua capaz de responder a una emergencia de esta magnitud, situación que obligó a implementar un sistema de abastecimiento basado exclusivamente en camiones cisterna.

“El problema fundamental era y es la falta de agua de red pública. Como no hay red pública confiable por un pésimo problema de regulación, entonces lo que tenemos que hacer es usar cisternas", señaló a Latina Noticias.

Si bien diversas municipalidades y entidades han enviado apoyo para abastecer a los bomberos, el comandante advirtió que el suministro no siempre llega con la rapidez requerida. “Las cisternas van viniendo de municipio, pero no es constante y no es inmediato”, indicó. Las labores dependen de un flujo permanente de vehículos que ingresan y salen del lugar para mantener operativas las líneas de agua. “Si no manejamos ese carrusel de cisternas entrando, entrando, entrando, vamos a tener problemas”, remarcó.

“La fábrica textil ya no es problema, ya la tenemos controlada", afirmó. Precisó que aún permanecen focos activos en la parte posterior del predio, donde el acceso resulta más complicado. Ante la presencia de humo, recomendó a los vecinos de la zona mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que los gases ingresen a las viviendas, mientras especialistas monitorean la calidad del aire.

Materiales combustibles favorecieron el rápido avance de las llamas en Lurín

Durante la emergencia, otro elemento llamó la atención de los bomberos: la rapidez con la que algunas estructuras fueron consumidas por las llamas. Según explicó Panizo, varios almacenes estaban cubiertos con materiales combustibles que favorecieron la propagación del incendio. Se trata de cobertores elaborados con componentes plásticos instalados sobre estructuras metálicas, una práctica que actualmente sigue siendo permitida en el país.

“Son unas fachadas de plástico que se queman sumamente rápido”, explicó el comandante al referirse a los materiales observados en algunas de las naves industriales afectadas.

El comandante recordó que este tipo de recubrimientos ha estado involucrado en incendios de gran impacto en distintas partes del mundo debido a su capacidad para acelerar la propagación de las llamas. “No se puede edificar con fachadas combustibles porque facilita el crecimiento muy rápido y la propagación del incendio”, sostuvo.

Aclaró que el uso de estos materiales no está prohibido por la normativa peruana. Por ello, consideró que el problema trasciende a las empresas que los utilizan y apunta directamente a la regulación vigente. “No está prohibido. El problema es la regulación. Si a un industrial le dices que puede usar determinado material, lo va a usar", afirmó.

La SUNAT alertó sobre una red delictiva que importaba mercadería mediante envíos courier fraccionados y el uso de datos personales robados, con el fin de evadir impuestos y eludir restricciones para el ingreso de productos. La intervención permitió detectar cientos de paquetes vinculados a compras realizadas por Internet.

Según informó la entidad, la operación terminó con la incautación de 300 teléfonos celulares de alta gama y más de 600 perfumes de distintas marcas. La mercadería había sido enviada en paquetes separados, a nombre de terceros que no necesariamente conocían la adquisición ni autorizaron el uso de su identidad.

En declaraciones a Canal N, canal de televisión peruano, Walter Oré, gerente de Riesgo, Control y Procesos Transversales de la superintendencia de Aduana Aérea y Postal, explicó que el esquema buscó “evadir el pago de los impuestos y las restricciones legales para su ingreso”, al simular compras personales que, en realidad, estaban destinadas a la comercialización.

Bandas usarían datos de terceros para importar productos

Oré detalló que la SUNAT denominó esta forma de contrabando como paquetería fantasma, una práctica que se apoya en el crecimiento del comercio electrónico y en el sistema de envíos de entrega rápida. “Cualquier persona puede realizarlo por el comercio electrónico, pero es utilizado por organizaciones para comprar grandes cantidades de mercancía y luego dividirla para que ingrese a nuestro país a nombre de terceras personas sin su consentimiento”, indicó el funcionario a Canal N.

La clave, según explicó, fue el fraccionamiento deliberado de los pedidos. Las organizaciones “comprarían por Internet grandes lotes de mercancía para comercio y luego las dividen para ingresar al país por montos menores a USD 200”. En el régimen vigente, precisó, las compras que ingresan por envíos courier por un valor de hasta USD 200 pueden quedar exoneradas del pago de impuestos si son para consumo personal, lo que habría sido aprovechado para simular ese destino y evitar tributos.

El mecanismo no solo buscó reducir o eliminar el pago de impuestos. Oré sostuvo que también se empleó para sortear restricciones administrativas vinculadas al ingreso de ciertos productos. Al referirse a los celulares, recordó que es posible traer “hasta 4 teléfonos” por esa vía, mientras que “el 5° ya requeriríamos tener los permisos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, lo que introduce controles adicionales para importaciones que exceden un uso personal.

La SUNAT señaló que, en algunos casos, los envíos se consignaron con datos de “una misma persona” y, en otros, con información de ciudadanos que “desconocen de tales adquisiciones y no saben del uso de su información”, un patrón que refuerza la hipótesis de suplantación de identidad como parte del esquema.

Más de 450 envíos delataron el presunto contrabando

La detección, de acuerdo con el vocero, combinó inspección operativa, análisis de información e inteligencia aduanera. “Producto de los controles que tenemos en la SUNAT, los controles aduaneros en todas las fronteras, en este caso en la vía aérea, hemos controlado el ingreso de estos vuelos, de estas cargas. Tenemos equipos de tecnología no intrusiva, vale decir, escáneres de rayos X”, explicó Oré.

El funcionario añadió que los oficiales de aduana identificaron patrones irregulares durante la inspección: “Al momento de hacer la inspección, reconocen una anomalía en estos productos”. Con ese punto de partida, dijo, se desplegó un análisis para vincular envíos dispersos. El resultado fue la detección de “cerca de 450 envíos que venían de manera dividida” y la presunción de que “dos empresas” estarían detrás de las compras.

Oré precisó que, al existir indicios de delito, el caso fue comunicado al Ministerio Público para que continúe la investigación fiscal. También señaló que una parte central de las diligencias debe establecer “cómo estas organizaciones tienen acceso a la información de nuestros datos personales” y cómo funcionaba la entrega final, ya que la información preliminar indica que los paquetes “llegarían a un determinado punto” vinculado a la organización.

La SUNAT detalló que se trató de equipos de alta gama y perfumes de diversas marcas, con envíos que buscaban ingresar como si fueran para uso personal. Oré dijo que la valorización total fue de 600.000 soles, monto que la entidad también consignó como referencia del impacto económico de la operación.

El Poder Judicial informó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó prisión preventiva por homicidio calificado, en agravio del menor de seis años, y feminicidio, en agravio de Zoila Castillo Chanduco. En paralelo, el Ministerio Público señaló que la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza obtuvo la medida cautelar en el marco de la investigación.

La jueza basó la decisión judicial en el cumplimiento de los presupuestos previstos por ley para una medida de coerción, de acuerdo con lo comunicado por el Poder Judicial.

El caso se investiga por la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de madre e hijo en la provincia de Tocache, departamento de San Martín. La medida busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso y proteger la obtención y preservación de elementos probatorios.

Nueve meses de prisión preventiva por doble crimen en Tocache

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, en la Corte Superior de Justicia de San Martín, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería, investigado por los presuntos delitos de feminicidio en agravio de Zoila Castillo Chanduco y homicidio calificado en agravio del hijo de la víctima, un menor de seis años, según informaron el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Según el detalle difundido por el Poder Judicial, la jueza Giovana Bautista Valencia basó su resolución en la concurrencia de los requisitos legales, entre ellos la prognosis de pena mayor de cinco años y la existencia de riesgos procesales vinculados al peligro de fuga y la obstaculización a la justicia.

Sujeto reconoció haber asesinado a madre e hijo

De acuerdo con el informe del caso, Alexis Alcántara, expareja de Zoila Castillo, confesó ante la PNP haber asesinado a la madre y al niño de seis años. La admisión de responsabilidad, según la información difundida por Latina Noticias, aún debía formalizarse ante el Ministerio Público como parte de las diligencias fiscales.

Hallaron los cuerpos en una zona rural de Uchiza tras una búsqueda en la que participaron la PNP, el Ministerio Público y rondas campesinas. Primero hallaron el cadáver del menor y luego, a pocos metros, el de su madre dentro de un saco negro, siempre según la narración del caso.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín indicó que el cuerpo de Zoila fue localizado en el sector Sarai Bajo Camote, a 100 metros (328 pies) de donde hallaron al niño. La necropsia de ley determinará la causa exacta de muerte, mientras la hipótesis preliminar que manejaban las autoridades era la de ahorcamiento, pendiente de confirmación forense.

Cronología de la desaparición de Zoila Castillo y su hijo

La secuencia que reconstruyen los familiares comenzó el 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima, en Perú, hacia Tarapoto junto con su hijo para encontrarse con Alcántara. Según su entorno, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada a la ciudad.

Con el avance de los días y ante la ausencia de noticias, se activaron las acciones de búsqueda. Las rondas campesinas ubicaron primero el cuerpo del menor y luego el de su madre, lo que orientó la investigación hacia Alcántara como principal sospechoso.

Entre las diligencias, las autoridades evaluaron información vinculada a teléfonos celulares. La familia indicó que Zoila usaba dos equipos, uno laboral y otro personal. Cuando hallaron el cuerpo del niño, a su lado se encontró un teléfono calcinado, mientras los allegados advirtieron que desde el segundo celular se publicó un estado de WhatsApp con un paisaje de selva después del presunto deceso de la víctima, un dato que abrió nuevas líneas de verificación para los investigadores.

Un incendio consumió la vivienda de un adulto mayor en el distrito de San Martín de Porres y dejó al propietario con pérdidas totales. En medio del humo y las llamas, el hombre intentó ingresar a su casa para rescatar a sus mascotas, una escena que quedó registrada en imágenes difundidas por TV Perú Noticias.

El afectado fue identificado como Pedro Alba González, de setenta años. El siniestro ocurrió en el cruce del jirón Luis Pardo con la avenida Perú, donde vecinos y bomberos se movilizaron para controlar el fuego y evitar que el adulto mayor se expusiera a un riesgo mayor.

El caso generó preocupación en la zona por la situación de vulnerabilidad del hombre, quien, según testimonios difundidos por TV Perú Noticias, vivía solo y no contaba con una red familiar cercana que pudiera asistirlo de inmediato.

Voraz incendio redujo a cenizas una vivienda en San Martín de Porres

El incendio se desató en una vivienda ubicada en el cruce del jirón Luis Pardo con la avenida Perú, en San Martín de Porres. Las imágenes de la emergencia mostraron la rapidez con la que el fuego se expandió y cómo las llamas terminaron por consumir el inmueble, mientras una densa columna de humo cubría parte de la vía.

De acuerdo con el reporte difundido por TV Perú Noticias, para atender la emergencia acudieron cuatro unidades de bomberos, que trabajaron para controlar el siniestro y evitar que alcanzara otras viviendas cercanas. Vecinos también se aproximaron desde la calle, observaron el avance del fuego y alertaron sobre la presencia del propietario.

Las autoridades continuaron con las diligencias para establecer las causas del incendio. Una de las primeras hipótesis señaladas en el reporte fue que el fuego se habría originado por un cortocircuito, aunque la investigación seguía en curso.

Adulto mayor intentó ingresar a vivienda en llamas para rescatar a sus animales

En el momento más crítico, Pedro Alba González intentó acercarse a su vivienda mientras el fuego seguía activo. Entre el humo y las llamas, buscó ingresar al predio con el objetivo de salvar a sus animales, una reacción, según describió el informe televisivo.

El intento fue interrumpido para evitar que sufriera daños mayores. Dos efectivos del Cuerpo General de Bomberos lo contuvieron cuando trató de ingresar a la casa en llamas, debido al riesgo de que quedara atrapado o de que las estructuras cedieran.

Tras la emergencia, el adulto mayor presentó lesiones que obligaron a su traslado. Según la información difundida por TV Perú Noticias, fue llevado al hospital más cercano por la gravedad de sus heridas y por la cantidad de humo que inhaló durante el incidente.

Vecinos piden ayuda para hombre que perdió todo tras el incendio

Los vecinos señalaron que el incendio lo dejó sin pertenencias. Una mujer consultada por TV Perú Noticias dijo: “Se ha quedado sin nada ahorita. Todas sus pertenencias se le han quemado”, dijo al describir el estado en el que quedó la vivienda tras el siniestro.

La misma vecina indicó que Pedro Alba González sufrió “quemadura de segundo grado” y agregó que no tenían certeza de a qué hospital fue llevado. También sostuvo: “Esperemos que también se apiaden de él, porque él no tiene seguro del SIS”, en referencia a la necesidad de atención médica y apoyo inmediato.

Sobre su situación personal, la mujer afirmó que el hombre vivía solo: “Él vive solito. No tiene familia. Su único hermano vive en otro lado”, y añadió que, según lo que se comentaba en la zona, el origen del fuego habría sido un problema eléctrico: “Dice que se originó por, este, un cortocircuito”.

El incendio también dejó víctimas entre los animales que Pedro Alba González intentó rescatar. El reporte indicó que varias de sus mascotas murieron, entre ellas su perrito y algunas gallinas.

Un juez de paz no letrado fue detenido durante un megaoperativo policial ejecutado en el distrito de Pucusana contra la presunta organización criminal denominada Los Terratenientes de Pucusana, investigada por el delito de tráfico ilegal de terrenos. La intervención se realizó de manera simultánea en varios inmuebles vinculados a la red criminal.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el operativo permitió la captura de varios presuntos integrantes de la organización, así como la incautación de armas, municiones, equipos celulares y documentación para las investigaciones. Las autoridades continúan evaluando el alcance de la estructura criminal.

Entre los detenidos figura el juez de paz no letrado identificado como Manuel Rodríguez Alburqueque, quien es investigado por su presunta participación en el otorgamiento irregular de constancias de posesión utilizadas para sustentar la ocupación ilegal de terrenos. Según la hipótesis fiscal y policial, estos documentos habrían permitido a terceros presentarse como supuestos propietarios de predios en la zona.

Juez de paz habría emitido documentos usados para ocupar terrenos ilegalmente

Según la hipótesis policial, Manuel Rodríguez Alburqueque habría cumplido un rol de soporte documental dentro de la presunta organización criminal. Los investigadores lo sindican de presuntamente emitir constancias y documentos de posesión que luego eran utilizados para justificar la ocupación ilegal de terrenos por parte de terceros, quienes se presentaban como propietarios legítimos de los predios.

La Policía sostiene que esos documentos habrían servido para “avizorar” u otorgar ilegítimamente derechos sobre inmuebles ubicados en la zona, en el marco de hechos investigados por usurpación de terrenos y presunta falsedad ideológica. El caso permanece en investigación y las diligencias buscan establecer el grado de intervención de cada detenido dentro de la organización.

Durante el operativo también fue intervenida Brendali Estrella Galarza, señalada por las autoridades como una de las principales integrantes de Los Terratenientes de Pucusana. De acuerdo con la información difundida, se le atribuye el control de una manzana en la Asociación Nuevo Parque Industrial de Pucusana, área donde se habrían cometido actos ilícitos relacionados con la usurpación de predios.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Dirincri, indicó que a Estrella Galarza se le atribuye un rol promotor en los actos de usurpación de terrenos, según las investigaciones del caso.

PNP incauta réplica de arma, municiones y droga en operativo

La intervención se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en más de 7 inmuebles vinculados a los investigados. El objetivo, de acuerdo con la información policial difundida, fue ubicar a los presuntos integrantes, recabar documentación y asegurar evidencias que permitan sustentar la investigación por tráfico ilegal de terrenos.

Durante los registros, los agentes incautaron una réplica de arma de fuego, más de 40 municiones, dinero de dudosa procedencia y envoltorios de marihuana, además de otros elementos que serán incorporados a las diligencias. En el marco de estas acciones, también se informó la incautación de equipos celulares.

Montúfar informó que los detenidos registran denuncias vinculadas a delitos como usurpación de terrenos, daños contra el patrimonio, robo y hurto agravado, además de falsedad ideológica y banda criminal. En otro caso mencionado entre los intervenidos, Hugo Quispe Buendía es investigado por presuntos vínculos con la organización y registra antecedentes policiales por homicidio y robo agravado.

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, ubicada en la avenida España, en el Cercado de Lima, donde continuarán las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.