A más de una década de haber sido separado de la Secretaría de Salud de Sinaloa tras una investigación por presunto desvío de recursos y falsificación de firmas, Cuitláhuac González Ortega volvió a aparecer en la administración pública estatal, ahora como proveedor y contratista de distintas instituciones gubernamentales.

Documentos públicos, contratos y registros oficiales muestran que, entre 2016 y 2025, el ex funcionario de la Secretaría de Salud de Sinaloa acumuló adjudicaciones y obras por más de 16 millones de pesos, pese a que en 2012 autoridades estatales reconocieron públicamente irregularidades relacionadas con su desempeño dentro del Gobierno estatal.

El caso de González Ortega salió a la luz en junio de 2012, durante la administración del Gobernador Mario López Valdez, cuando la Secretaría de Salud estatal confirmó una investigación en su contra por la presunta falsificación de firmas en contratos de obra.

En ese momento se desempeñaba como jefe del área de Mantenimiento de la Secretaría de Salud.

El entonces Secretario de Salud estatal, Ernesto Echeverría Aispuro, informó públicamente que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas investigaba el presunto desvío de más de 10 millones de pesos mediante documentos con firmas apócrifas.

“Lamentablemente se encontraron documentos con firmas apócrifas en diversos contratos de obras”, declaró el funcionario estatal en junio de ese año de acuerdo a registros periodísticos de Noroeste, durante 2012.

Tras darse a conocer el caso, el Gobierno estatal le limitó funciones y posteriormente confirmó su salida de la dependencia, mientras se le aplicaban sanciones administrativas.

Sin embargo, lejos de desaparecer del ámbito gubernamental, años después comenzó a figurar nuevamente, esta vez como contratista y proveedor de instituciones públicas de Sinaloa.

El regreso como proveedor

Los registros oficiales muestran que desde 2016, cuatro años después del caso de presunta corrupción, González Ortega comenzó a obtener contratos relacionados con mantenimiento, remodelaciones y obra pública.

Ese año obtuvo dos contratos para acondicionamiento de locales del Hospital Civil de Culiacán, por montos de 66 mil 700 pesos y 133 mil 400 pesos.

En 2017 aparece un contrato para trabajos de tablaroca en el Instituto Sinaloense del Deporte por 90 mil 068 pesos con 20 centavos. Aunque existe evidencia del procedimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, el documento fue retirado posteriormente de la red.

Durante 2018 acumuló varios contratos con la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Sinaloa, incluyendo obras de construcción, remodelación y mantenimiento.

Tan solo ese año aparecen: 433 mil 434 pesos en construcciones para la ASE; 221 mil 884 pesos en mantenimiento; 46 mil 980 pesos en trabajos adicionales de mantenimiento; y una remodelación en el Congreso del Estado por 276 mil 756 pesos.

Para 2020 continuó recibiendo adjudicaciones de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso local, incluyendo trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, adecuaciones y desazolve de drenaje.

En 2021 también obtuvo un contrato para reparación de falso plafón en la ASE por casi 50 mil pesos.

Contratos millonarios

Los montos crecieron de manera importante en los años recientes.

En 2024 obtuvo un contrato por 73 mil 080 pesos para elaboración de planos en el Hospital Civil de Culiacán.

Ese mismo año consiguió la adjudicación más alta en la revisión documental: un contrato por 13 millones 028 mil 285 pesos con 16 centavos para construir una parte del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, conocido como panteón forense, de Los Mochis.

En dicho procedimiento registró como domicilio fiscal una propiedad ubicada en Valle Alto 5308, sobre la calle Valle de Piaxtla.

En 2025 también aparece relacionado con la construcción del panteón de Batequitas, lugar de origen del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, obra financiada por el Gobierno de Sinaloa por un millón 793 mil 628 pesos con 12 centavos.

Además, intentó obtener la licitación para el malecón de Guamúchil, en Salvador Alvarado, en asociación con las empresas Inmobiliaria Vieca y Ake Irrigación. El proyecto superaba los 50 millones de pesos, pero la propuesta fue desechada a falta de un documento.

Presencia en padrones oficiales

Pese a los antecedentes administrativos documentados desde 2012, González Ortega continuó apareciendo en registros oficiales de proveedores gubernamentales.

En 2023 figuró dentro del padrón de proveedores y contratistas de la Secretaría de Obras Públicas.

En 2025 también apareció en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Culiacán.

Y en enero de 2026 fue dado de alta en el padrón de proveedores del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, utilizando como domicilio fiscal una dirección ubicada en Cerrada Justo Sierra número 1359, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Más de $16 millones en contratos

La suma de los contratos y adjudicaciones detectadas en documentos oficiales suma 16 millones 546 mil 225.24 pesos.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un exhorto dirigido a las autoridades integrantes del Comité Coordinador para que inicien investigaciones de oficio ante presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del CPC señalaron que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.

El exhorto fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y está dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.

“Hay señalamientos públicos documentados que ameritan investigaciones oficiales expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción”, señalaron los integrantes del CPC.

Entre los casos mencionados se encuentran presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.

El CPC también hizo referencia a investigaciones realizadas por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, donde se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.

Durante la conferencia, los integrantes del comité señalaron que este es el segundo exhorto emitido por el organismo; el primero estuvo relacionado con el caso de los viajes de la ex Secretaria de Transparencia.

Además, criticaron la propuesta de reforma conocida públicamente como “Ley Rocha”, a la que calificaron como una “ley tapadera” debido a los vacíos legales que, aseguran, contiene la iniciativa.

Informaron que los trabajos legislativos para su aprobación fueron pausados temporalmente y buscarán abrir mesas técnicas y un parlamento ciudadano junto con organizaciones civiles, academia y especialistas.

Como parte de sus propuestas preventivas, el CPC también impulsa reformas a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, así como la migración del sistema CompraNet hacia Compras MX, con el objetivo de digitalizar completamente los procesos de licitación y transparentar la información de contratos y obras públicas.

Indicaron que la intención es eliminar procesos físicos y estandarizar digitalmente todas las etapas de contratación pública para reducir riesgos de corrupción en un sector donde se manejan miles de millones de pesos anualmente.