El sector comercial de Culiacán se prepara para enfrentar los meses más críticos del año ante una combinación de inseguridad, factores climáticos y el receso administrativo, lo que llevaría a un recorte de personal de aproximadamente 2 mil trabajadores durante los meses de junio y julio.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, calificó la situación actual como una tormenta para el empresariado local.

“Estamos anunciando que en los próximos dos meses, lo que es junio y julio, se estarán generando más cierre de negocios y estaremos por realizar un segundo recorte de personal de alrededor de 2 mil trabajadores”, informó Sánchez Beltrán.

Según explicó, a la disminución de la economía provocada por la inseguridad y la violencia en la ciudad, se le suman factores cíclicos como el fin del ciclo escolar, las vacaciones de la burocracia en los tres niveles de gobierno y las condiciones climáticas de calor y lluvias.

“Tenemos que disminuir la fuerza laboral para poder sobrellevar estos meses y que los gastos operativos de los negocios no sean muy gravosos y puedan permanecer abiertos”, señaló.

De acuerdo con un segundo mapeo realizado por la organización el pasado 15 de abril, la situación de cierre de establecimientos se ha acelerado.

El estudio, que analizó 100 avenidas principales y 50 colonias representativas de Culiacán, reveló que cerca de 3 mil negocios, tanto formales como informales, han bajado sus cortinas de manera definitiva.

Esta tendencia refleja una percepción de desaliento entre los comerciantes, quienes optan por cerrar antes de seguir agotando sus recursos ante la expectativa de meses con ventas mínimas, un fenómeno similar a la desbandada ocurrida en enero pasado.

Contrario a lo que ocurre en otras fechas festivas, el sector comercial no proyecta un alivio financiero con la celebración del Día del Padre.

Sánchez Beltrán precisó que, históricamente, esta fecha suele pasar desapercibida en Culiacán, generando ventas normales o incluso muy bajas para los negocios de mercancías diversas.

“No podemos contar con el festejo del Día del Padre como una posibilidad de repunte”, afirmó.

Aclaró que solo el giro de alimentos preparados, restaurantes y mercados de alimentos frescos podría registrar una actividad ligeramente superior.

Pese al panorama crítico, el reporte de la Unión de Comerciantes destacó un aspecto positivo, y es la apertura de 19 nuevos negocios desde el 10 de enero a la fecha en las zonas observadas.

De estos nuevos proyectos, el 80 por ciento se dedica al ramo de los alimentos preparados.

Aunque los datos corresponden a una muestra de 50 asentamientos representativos por su potencial comercial, reflejan la intención de nuevos emprendedores por mantenerse activos en medio de la crisis económica que atraviesa el municipio.

La tragedia ocurrida el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto evidenció fallas en la custodia del Estado, señaló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que estos hechos demuestran que la crisis en los penales sigue vigente, especialmente bajo la custodia del Estado.

“Creo que la jornada de ayer es muy lamentable, hablar de siete vidas que se pierden es un golpe no solamente a las familias, para la misma sociedad y más que mueran en una institución donde se supone que el custodio de ellos es el Estado”, señaló Loza Ochoa.

De acuerdo con datos de la institución, en lo que va de 2026 se han registrado 27 fallecimientos de internos en los centros penitenciarios de Sinaloa.

De este total, 14 han ocurrido en el penal de Culiacán, lo que arroja un promedio de casi tres muertes por mes en la zona centro durante los cinco meses transcurridos del año.

También se compartió que esta situación contrasta drásticamente con la calificación de pase que alcanzó el año pasado, tras años de reprobación.

“Incluso el año pasado me llamó la atención porque los penales en Sinaloa alcanzaron una calificación de pase, fue el 6.1 o 6.2. Me acuerdo que no pasaba el 5.6 y el año pasado alcanzó esa calificación”, compartió.

Tras los hechos, el organismo inició un expediente de queja y emitió medidas precautorias.

Personal de la visitaduría penitenciaria acudió al lugar para supervisar la identificación de los cuerpos, confirmando que hasta el momento se ha logrado comunicación con cinco de las siete familias afectadas.

El ambiente al interior del centro se reporta bajo “cierta tensión”, lo que obligó al personal de derechos humanos a extremar precauciones durante sus labores de campo.

La crisis no se limita a la violencia entre internos.

La CEDH ha documentado quejas persistentes sobre irregularidades administrativas y abusos de autoridad, ya que los familiares denuncian que se les retiene hasta un 16 por ciento de los alimentos o artículos que ingresan para el consumo personal de los internos.

De igual forma compartieron que existen denuncias de presuntos actos de tortura cometidos durante operativos de revisión por parte de autoridades que auxilian en el control del penal y el organismo señaló que, aunque se han turnado casos a la Fiscalía, las investigaciones no han avanzado, dejando un mal precedente.

Loza Ochoa calificó a las cárceles como un espejo de la violencia que se vive en el exterior y subrayó que el Penal de Aguaruto cuenta con una infraestructura obsoleta de entre 55 y 56 años de antigüedad, lo que hace imperativa la construcción de un nuevo recinto.

La propuesta del organismo no es solo de espacio, sino de fondo con un modelo de rehabilitación basado en el trabajo, con fábricas o talleres grandes que permitan a los internos sostener a sus familias y aportar al sistema penitenciario.

“Tenemos una situación difícil. Creo que merece hacer una nueva propuesta de cambio completo en los penales”, indicó.

El Grupo Gerum Ambulancias, Rescate y Salvamento Culiacán, institución que brinda atención médica prehospitalaria y combate de incendios, enfrenta una crisis financiera que los obliga a botear diariamente para cubrir los gastos operativos, principalmente el combustible.

A pesar de contar con personal capacitado y bomberos certificados, Gerum opera con limitaciones.

Julio César Vega, Director de Grupo Gerum, compartió que disponen de cuatro unidades, siendo estas dos camionetas y dos motocicletas, que funcionan como vehículos de primera respuesta para estabilizar pacientes.

“Desafortunadamente nosotros tenemos que estar boteando todos los días debido a que los incidentes aquí en el sector sur son diarios”, informó César Vega.

Sin embargo, carecen de una ambulancia propia para realizar traslados y de una unidad extintora para combatir incendios de manera directa, limitándose solo a labores de prevención y evacuación.

“Si tuviéramos la ambulancia, ganaríamos bastante tiempo y, en vez de estar esperando, nosotros pudiéramos trasladarlos”, explicó.

Destacó que el objetivo es brindar el servicio completo que la ciudadanía merece.

También informó que diariamente requieren cerca de 2 mil pesos de combustible para atender entre tres y cuatro emergencias cada 24 horas.

Cada salida de una unidad representa un gasto aproximado de 500 pesos, una inversión que se ve afectada frecuentemente por llamadas de falsa alarma o la desesperación de ciudadanos que intervienen antes de su llegada.

La situación se ha agravado debido a la reciente ola de violencia en la región.

El grupo denunció que la crisis de seguridad provocó el quiebre de empresas con las que tenían convenios, lo que resultó en la cancelación de contratos y la necesidad de vender unidades para poder seguir operando.

Ante la falta de apoyo gubernamental, Gerum propone una iniciativa para que las asociaciones civiles de auxilio puedan acceder a un ingreso mensual fijo.

La propuesta sugiere reformar el sistema de recaudación estatal para que, al pagar licencias o placas en la Unidad de Servicios Estatales, los ciudadanos puedan elegir a qué institución destinar su aportación voluntaria.

“De esa manera nosotros pudiéramos dejar las colectas, las boteadas, y así tener ya un ingreso mensual fijo para poderle seguir brindando la atención a las personas”, señaló.

Gerum hace una invitación a la sociedad y al sector empresarial a conocer sus instalaciones y la tecnología con la que trabajan, reafirmando su compromiso de ser los primeros en llegar al lugar del incidente de manera estratégica.

La Regidora del PRI en el Ayuntamiento de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, evitó emitir una calificación sobre el desempeño de Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Municipio y cuestionó la capacidad del actual Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad y económica que atraviesa la capital sinaloense.

Señaló que su postura parte del desacuerdo con la continuidad de la administración municipal, luego de que el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, dejara el cargo tras ser acusado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

“Lo que pasa es que justamente la calificación que yo le pudiera dar no es ninguna, porque en el caso de nosotros no estamos de acuerdo con esa continuidad”, expresó.

Sánchez Martínez criticó que mientras la Presidenta Municipal encabeza reuniones y eventos públicos, no se observa una estrategia clara para atender los problemas que, dijo, afectan diariamente a la población.

“Todos los días se están perdiendo vidas, todos los días están desapareciendo personas, todos los días se roban vehículos, todos los días los más impactados son nuestros niños y nuestros jóvenes”, manifestó.

La Regidora cuestionó además la ausencia de acercamientos con sectores comerciales para plantear acciones que impulsen una recuperación económica en el Municipio.

“¿La han visto recibir, por ejemplo, a los comerciantes formales e informales para ver qué pasos se van a dar para iniciar una ruta de recuperación económica?”, planteó.

Sostuvo que mientras estos temas no sean atendidos, difícilmente la oposición podrá emitir una evaluación positiva o negativa del desempeño de la Alcaldesa.

La priista enfatizó que sus señalamientos no obedecen a un tema de género, sino a la necesidad de contar con perfiles con experiencia y capacidad para enfrentar el contexto actual de Culiacán.

“No es un tema de género, es un tema de capacidades, de experiencia, de preparación para enfrentar un municipio que está enfrentando la peor crisis, al menos en la historia reciente”, afirmó.

A finales de abril el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil fue señalado por el Gobierno de los Estados Unidos junto a otros nueve perfiles, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por estos señalamientos, pidió licencia y fue designada Ramos Villareal como Alcaldesa interina.