Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa se sumaron este lunes al paro nacional de labores, con la suspensión de actividades en 17 de los 23 Módulos de Atención Ciudadana que operan en la entidad, como parte de una protesta en la que exigen salarios justos y mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con el reporte estatal, cinco módulos mantienen sus actividades de manera normal y uno más opera parcialmente, por lo que la atención a los ciudadanos se encuentra limitada en distintos puntos del estado.

En Culiacán, uno de los módulos que permanece cerrado es el ubicado en la Colonia Gabriel Leyva, donde los trabajadores colocaron cartulinas con distintos mensajes para expresar su inconformidad con el incremento salarial del 6 por ciento que les ofrece el órgano electoral a nivel nacional, al considerar que no responde a sus demandas laborales.

El paro se mantiene a nivel nacional pese a que, durante este fin de semana, el INE ofreció un incremento salarial del 6 por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana y operadores de equipo tecnológico, que entraría en vigor a partir de enero de 2027.

Sin embargo, los trabajadores no aceptaron esta propuesta y mantienen sus exigencias, entre ellas establecer un salario mayor para el personal y garantizar condiciones laborales dignas.

A través de redes sociales se difundió la convocatoria para suspender actividades este lunes, luego de que los empleados entregaran un pliego petitorio a las autoridades electorales.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Culiacán se manifestaron este lunes en rechazo al Acuerdo General 25/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen evaluaciones al personal que, de acuerdo con los inconformes, podrían derivar en la separación de sus empleos.

La protesta fue encabezada por empleados de los juzgados de distrito, tribunales colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, quienes señalaron que no están en contra de someterse a evaluaciones ni de recibir capacitación, sino de que los resultados puedan utilizarse como argumento para terminar su relación laboral.

Ramiro de León Cantú, secretario de juzgado y uno de los trabajadores que participó en la manifestación, explicó que el personal ya cuenta con mecanismos de evaluación y capacitación para acceder a determinados cargos dentro del Poder Judicial.

“Nosotros nunca le hemos temido a las evaluaciones ni a la capacitación. Incluso la mayoría, yo como secretario de juzgado para acceder al cargo, tuve que presentar un examen de oposición y después un curso que duró todo un año”, expuso.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo establece la posibilidad de separar del empleo a quienes no acrediten las evaluaciones, lo que consideró una amenaza para la estabilidad laboral de quienes cuentan con una base sindical o nombramientos indefinidos.

“Eso va a una controversia clara en contra de la estabilidad laboral que ya tenemos aquellas personas que ya gozamos de base, una base sindical, o los compañeros que son de confianza, ya cuando tienen el nombramiento indefinido equivale como a una base”, manifestó.

De León Cantú señaló que, aunque representantes de los tres sindicatos del Poder Judicial sostuvieron una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Órgano de Administración Judicial y magistrados, y se informó sobre un acuerdo para retirar del documento las referencias a la separación del cargo, consideran que esto no resuelve el problema de fondo.

Explicó que el artículo 35, fracción cuarta, de la Ley de Carrera Judicial contempla como causa de separación del empleo no acreditar las evaluaciones que realice el Órgano de Administración Judicial.

“De ahí que solamente nosotros sentimos que son palabras para apaciguar el movimiento y para meternos a laborar”, sostuvo.

Por ello, los trabajadores demandan que se modifique la legislación para eliminar la posibilidad de que reprobar una evaluación sea motivo de terminación laboral.

“Nosotros lo que decimos, ok, si dejan las evaluaciones o no, tenemos ningún problema, pero queremos que se suprima todo aquel indicio de que pueda llegarse a una terminación laboral por causa de esas evaluaciones”, afirmó.

Otro de los aspectos que genera preocupación entre los empleados son los criterios considerados subjetivos, pues parte de la calificación dependerá de la evaluación de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.

El secretario de juzgado explicó que, en el caso de quienes ocupan ese cargo, serán evaluados por jueces o magistrados, pero también por sus pares, incluso mediante comparaciones de productividad entre trabajadores que pueden tener funciones distintas.

“Tus compañeros, tus otros siete secretarios también te van a evaluar y te van a hacer una comparativa en productividad con los demás compañeros, siendo que a veces por las formas de organización todos tienen distintas funciones”, señaló.

Agregó que la falta de claridad sobre los criterios de evaluación podría abrir espacio a decisiones influenciadas por conflictos personales o diferencias con los superiores jerárquicos.

“Si llega a haber alguna cuestión personal que sea ajena a las labores, pues puede influir en esos resultados”, advirtió.

Sobre la continuidad de la protesta en Culiacán, De León Cantú indicó que los trabajadores decidieron mediante una consulta interna mantener el paro de labores, aunque reconoció que otras sedes del País optaron por no continuar debido a las presiones que enfrentan.

Precisó que los empleados permanecerán en sus centros de trabajo, pero concentrarán sus actividades en hacer visible su inconformidad desde el exterior de las instalaciones.

“Nosotros vamos a estar aquí en el centro de trabajo, atendiendo, dependiendo ya cada órgano jurisdiccional, van a dar sus indicaciones, pero la narrativa principal es estar aquí afuera, haciendo visible nuestra protesta”, explicó.

Señaló que la inconformidad alcanza a trabajadores sindicalizados y de confianza, pues estimó que entre 50 mil y 54 mil empleados del Poder Judicial de la Federación podrían estar sujetos a estas evaluaciones a nivel nacional.

“Esto es por un mejor Poder Judicial que exige que vuelva a retomar el profesionalismo que existía antes de la reforma judicial”, expresó.

Integrantes del sindicato estatal del Conalep solicitaron al Congreso del Estado gestionar una mayor asignación de recursos en el presupuesto de 2027, para atender prestaciones laborales y el pago de finiquitos pendientes.

Durante una reunión con la Comisión de Hacienda Pública y Administración, encabezada por el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, el secretario general del Sindicato, Víctor Javier Garza Bustamante, expuso que actualmente hay trabajadores que tienen más de 18 meses esperando el pago de sus finiquitos.

Señaló que cada año entre 20 y 25 maestros se retiran, pero no siempre se cuenta con recursos para cubrir estos pagos, por lo que buscan que se destine una partida presupuestal de 10 millones de pesos para atenderlos, así como para las primas de antigüedad.

Entre las propuestas del sindicato está aumentar de dos a cinco salarios mínimos el monto que se entrega por cada día de retiro.

También plantearon incrementar las aportaciones al Fondo de Ahorro, que actualmente recibe recursos tanto de los trabajadores como de la institución.

“En Conalep a nosotros como nos tienen etiquetados somos prestadores de servicios profesionales, por lo que no existimos en Hacienda y no tenemos un presupuesto y nosotros tenemos una bomba de tiempo cada año” mencionó.

El Diputado Ambrocio Chávez explicó que el Poder Ejecutivo es el encargado de presentar el proyecto de presupuesto y que posteriormente se instala una mesa de trabajo con el Legislativo para analizar posibles reasignaciones.

Consideró que el sindicato y la parte patronal del Conalep deben trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura para integrar una propuesta que contemple sus necesidades, una vez que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto para 2027.

Señaló que, con una solicitud ya integrada, podrían trabajar de la mano con el Congreso del Estado para gestionar recursos adicionales que permitan atender estas demandas e incluirlas en el presupuesto del próximo año.

“No siempre podrían ser 10 millones, podrían ser cinco o seis, según como vaya abatiéndose el rezago para ir al día con el cumplimiento de ley de los finiquitos” concluyó.