La falta de transparencia en torno a la construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo debe ser aclarada por las autoridades estatales y federales, consideró el presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, Jorge Antonio González Flores.

Lo anterior, luego de las manifestaciones realizadas por comunidades indígenas de la bahía de Ohuira que se oponen al proyecto y exigen información clara sobre las posibles afectaciones ambientales.

El Diputado local por el PAN criticó la manera en que se ha desarrollado el proceso, al señalar que no existe información suficiente sobre los impactos que podría generar la planta en el ecosistema de la región.

Indicó que las autoridades deben informar con precisión cuáles serían las consecuencias ambientales de concretarse la obra, así como los avances que registra el proyecto, debido a que algunos trabajos ya se encuentran en marcha.

“Quiero decirte que exigimos que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar y de la misma Secretaría de Economía que es la que justifica esta inversión, que manden y envíen un documento donde nos informen cómo se encuentra el avance de la obra, si existe deterioro ambiental o no” señaló.

Respecto a la consulta que presuntamente fue realizada por autoridades federales entre las comunidades indígenas, pero cuya existencia es cuestionada por los habitantes, González Flores señaló que también debe haber transparencia.

Consideró que, si dicha consulta se llevó a cabo, las autoridades deben presentar los resultados y la metodología empleada pues se debe escuchar directamente a la población involucrada.

“Dentro de esas manifestaciones de la autoridad donde ellos dicen que sí se hicieron; no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo y hay que probarlo ante la luz pública para que la ciudadana y los ciudadanos se enteren dónde están parados”, señaló.

Reconoció que existen posiciones diversas entre el sector empresarial, que respalda la inversión, y las comunidades indígenas que rechazan el proyecto, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades transparenten toda la información relacionada con la planta.

La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.

“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.

Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

Con el fin de robustecer la rendición de cuentas y la fiscalización interna, el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán formalizó este domingo un convenio de colaboración con el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.

El pacto entre el director general del Instituto, Adolfo Plata Guzmán, y la titular del OIC, María Esther Bazúa, busca establecer una coordinación estrecha para supervisar los procesos administrativos y financieros de la dependencia cultural.

De acuerdo con la información oficial, este vínculo facilitará el seguimiento a diversas auditorías dentro del Instituto, asegurando que se actúe bajo el marco legal vigente y se logre una gestión pública más eficiente y responsable.

Durante el acto protocolario, ambos funcionarios destacaron la relevancia de unificar esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos institucionales.

Por su parte, Plata Guzmán subrayó que esta acción reafirma el compromiso del IMCC con la transparencia y el ejercicio correcto de los recursos públicos en beneficio directo de la ciudadanía culiacanense.

Con esta medida, las autoridades municipales pretenden que la administración de la cultura en el municipio se mantenga bajo un esquema de mejora continua y estricto apego a la normatividad.

Luego del altercado entre el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez y colectivos ciudadanos por la iniciativa de la nueva Ley de Transparencia, el Legislador aseguró que sí existe apertura para recibir y escuchar a los representantes de las organizaciones civiles.

Comentó que podrían realizarse cambios y ajustes a la iniciativa de ley, además de abrir más mesas de trabajo donde los colectivos sean tomados en cuenta.

Señaló que el objetivo de la propuesta es homologar la ley estatal con la legislación federal y que, aunque no se contempla desecharla en su totalidad, sí podrían hacerse modificaciones.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada por completo, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Sobre los señalamientos de algunos colectivos, quienes aseguran que la nueva ley busca blindar a funcionarios acusados por Estados Unidos, especialmente al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Diputado rechazó dichas acusaciones y reiteró que la intención únicamente es homologar la legislación estatal con la federal.

“Yo creo que es parte del posicionamiento político que han hecho y que la ley tenga que estar siendo homologada con una legislación federal. No considero que exista una intención de la particularidad que se menciona. Lo que queremos es darle continuidad legal y estamos cumpliendo con el proceso”, expresó.

Asimismo, declaró que ya revisó los videos difundidos en redes sociales para analizar con detenimiento los argumentos de los colectivos, y afirmó que varios de ellos carecen de fundamentos.

“No hay indicios ocultos, yo invito a las personas interesadas en el tema a que revisen el video de la reunión que tuvimos. Así como estamos hablando de transparencia, ahí quedó todo claro, se le permitió la palabra a todos; incluso algunos participaron directamente y me pareció positivo que varias personas mostraran una postura propositiva y conocimiento del tema, sin embargo, la mayoría llevaba una intención política, tan es así que estuvo presente un Diputado federal que realmente no tiene injerencia sobre este tema”, detalló.

También sostuvo que en el Congreso del Estado sí existe apertura para recibir a las organizaciones y escuchar sus planteamientos.

Sin embargo, integrantes de la sociedad civil han denunciado que estas reuniones solo representan una simulación y no una verdadera disposición para atender las voces ciudadanas.

Integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana cuestionaron el proceso de discusión de la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa, al considerar que el Congreso del Estado desestimó las observaciones presentadas durante una reunión con la Comisión de Transparencia.

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que existe preocupación por la intención de homologar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, debido a los efectos que tendría sobre el acceso a la información pública.

Además, criticó que la reunión careciera de un orden del día y aseguró que una de las principales inconformidades surgió cuando el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez adelantó que no habría cambios a la propuesta enviada por Rubén Rocha Moya.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, reprochó que las organizaciones fueran convocadas con poco tiempo para revisar un dictamen que consideró de gran relevancia para la ciudadanía.

“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.

Las organizaciones advirtieron que la iniciativa permitiría reservar información relacionada con el gasto público, incluyendo documentos sobre el uso de recursos públicos.

Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que otro de los cambios planteados es ampliar los plazos de respuesta a solicitudes de información, que actualmente son de 10 días y podrían extenderse hasta 20 o incluso 30 días con prórroga.

También señalaron que la propuesta eliminaría obligaciones de transparencia relacionadas con arrendamientos y excluiría como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.

Gustavo Rojo explicó que la iniciativa contempla que cada ente gubernamental atienda los asuntos de transparencia mediante órganos internos de control, en lugar de mantener un organismo garante independiente.

“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.

“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la redacción propuesta limitaría el acceso a información vinculada con corrupción, al establecer el concepto de “casos de corrupción acreditados”, dejando a criterio de la autoridad cuáles denuncias serían consideradas válidas.

Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se plantea eliminar obligaciones de transparencia sobre bitácoras de vuelo y registros de vehículos oficiales, además de retirar disposiciones específicas en materia ambiental.

Explicó además que la iniciativa permitiría reservar información por cinco años cuando se considere que puede generar un problema social, con posibilidad de ampliar el periodo otros cinco años más.

Marlene León reiteró que las organizaciones civiles mantienen disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de una legislación que fortalezca la transparencia en Sinaloa.

Las mesas de trabajo entre diputados y colectivos ciudadanos sobre la posible nueva Ley de Transparencia en Sinaloa quedarán suspendidas mientras no exista apertura para llegar a acuerdos entre ambas partes, informó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que algunos ciudadanos han asumido una postura en la que consideran que no existe disposición del Congreso para escuchar sus planteamientos, situación que ha complicado el avance de los diálogos.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados e integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública, donde nuevamente se registraron confrontaciones por la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada en su totalidad, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Además, integrantes de los colectivos manifestaron su inconformidad debido a que fueron convocados con poca anticipación y, según señalaron, se les informó que la propuesta no podía ser retirada completamente, lo que generó molestia entre las y los asistentes.

Sobre esto, María Teresa Guerra Ochoa aseguró que la iniciativa no será sometida a votación ni dictaminada hasta que se realicen modificaciones derivadas de las propuestas que puedan presentar los colectivos.

La Diputada explicó que la ley no puede desecharse en su totalidad debido a que responde a lineamientos de carácter federal; sin embargo, sostuvo que sí existe posibilidad de realizar cambios mediante las mesas de trabajo.

“Nosotros pusimos a consideración que es lo que se puede reformar en el marco de una reforma constitucional que ya hubo y ver la posibilidad de que se puede hacer, era para hacer cambios, pero ellos quieren que entremos a deshacer una reforma federal”, señaló.

Asimismo, indicó que aún no se tiene certeza sobre la realización de nuevos encuentros, ya que consideró necesario que exista disposición al diálogo por parte de los colectivos.

Señalamientos de organizaciones civiles

En los últimos días, organismos como el Comité de Participación Ciudadana e Iniciativa Sinaloa han advertido que la nueva propuesta de Ley de Transparencia contempla retrocesos y elimina áreas fundamentales que actualmente garantizan el acceso a la información pública.

Las organizaciones sostienen que algunos cambios podrían debilitar mecanismos de vigilancia ciudadana y limitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Organizaciones civiles y representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acusaron una simulación por parte del Congreso de Sinaloa durante la mesa de diálogo convocada este martes para discutir propuestas relacionadas con la nueva Ley de Transparencia del Estado impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Lucía Irene Mimiaga León, titular del Comité de Participación Ciudadana del SEA, señaló que la convocatoria fue realizada apenas con un día de anticipación y sin especificar que el objetivo real era revisar la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal.

“Fue una invitación que nos hicieron solamente con un día de anticipación. La invitación no señalaba directamente que el motivo era reforzar o mejorar la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, simplemente señalaba que era una mesa de diálogo para hablar de propuestas en materia de transparencia”, expuso.

La activista indicó que acudieron al encuentro con la intención de solicitar que la propuesta enviada por Rocha Moya fuera desechada para construir una nueva legislación junto con especialistas, organizaciones y diputados.

“Nosotros queremos avanzar en la construcción de una iniciativa ciudadana junto con los diputados, pero para poder avanzar es importante que ellos desechen de plano la ley de Rubén Rocha Moya”, expresó.

De acuerdo con Mimiaga León, durante cerca de dos horas insistieron a los legisladores sobre los errores, omisiones y retrocesos que, aseguran, contiene la propuesta, sin obtener una respuesta clara respecto a si el Congreso retiraría la iniciativa.

La integrante del SEA relató que fue casi al finalizar la reunión cuando el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, confirmó que el objetivo era escuchar observaciones para mejorar el documento ya presentado por el Ejecutivo y continuar con el proceso legislativo.

“Por eso nos levantamos de la mesa porque esto fue prácticamente una simulación. Ellos quieren simular que hubo participación ciudadana para poder votar la ley de Rubén Rocha Moya”, sostuvo.

Mimiaga León hizo un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, así como al resto de los legisladores, para que desechen la iniciativa y permitan construir una nueva propuesta con participación ciudadana.

“Aquí el llamado es para la diputada Tere Guerra y para todos los diputados y diputadas para que desechen esa iniciativa ya y no traten de seguirla defendiendo”, manifestó.

Advirtió además que, en caso de que la ley avance sin modificaciones de fondo, organizaciones y ciudadanos podrían recurrir a amparos como mecanismo de defensa.

“Si ellos avalan esa iniciativa del gobernador, ellos van a ser cómplices de la opacidad aquí en Sinaloa para los próximos años”, declaró.

La activista recordó que desde hace un año organizaciones civiles presentaron una iniciativa ciudadana en materia de transparencia, misma que, aseguró, fue desechada por el Congreso local.

La iniciativa impulsada por Rocha Moya ha sido cuestionada por organismos y colectivos ciudadanos, quienes consideran que algunos de sus lineamientos representan retrocesos en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.