La SECCATID informó en la segunda Sesión Ordinaria de la CCATID que abrió dos nuevos centros de tratamiento ambulatorio en Escuintla y Chiquimula, amplió acciones de prevención y atendió 1,028 llamadas en la Línea 1538, en una estrategia que busca acercar servicios gratuitos de tratamiento, rehabilitación y reinserción a personas con problemas por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Entre los avances reportados figuran 8,379 personas sensibilizadas para prevenir el consumo de drogas y la expansión del programa “Volvamos al Parque” a cinco departamentos, con más de 5,900 participantes.

Durante la misma sesión, la vicepresidenta de la República Karin Herrera instruyó crear un espacio interinstitucional para abordar de forma integral, técnica y normativa las condiciones laborales y de seguridad vial de los pilotos de transporte pesado.

El dato central del informe es la descentralización de la atención: los nuevos centros regionales en Escuintla y Chiquimula fueron presentados como parte de una política para desconcentrar los servicios públicos de tratamiento, rehabilitación y reinserción que brinda la secretaría a personas con adicciones.

Los nuevos centros buscan acercar tratamiento gratuito fuera de la capital

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas explicó que el Centro de Tratamiento Ambulatorio de SECCATID es el único centro del Estado que presta gratuitamente servicios en modalidad ambulatoria para niños, niñas, adolescentes y adultos.

La atención se realiza con un equipo multidisciplinario integrado por psicología, psiquiatría, trabajo social y terapeutas. El objetivo de la expansión regional, según la información oficial, es reducir barreras de acceso y garantizar mayor proximidad para quienes necesitan atención profesional.

La dependencia sostuvo que la descentralización de estos servicios es una medida necesaria para mejorar el alcance de las intervenciones públicas frente a las adicciones.

La justificación, de acuerdo con el texto oficial, es que la cercanía territorial facilita el tratamiento y la reinserción de personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas.

El informe también sitúa esa política dentro de un problema de salud pública más amplio. La secretaría señaló que el consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos adversos exigen estrategias de intervención efectivas y accesibles en Guatemala.

Volvamos al Parque sumó cinco departamentos con actividades preventivas

El programa “Volvamos al Parque” fue presentado como una herramienta de prevención del consumo de drogas entre jóvenes y comunidad en general mediante la creación de espacios saludables y actividades recreativas en parques.

Su objetivo general, según la descripción oficial, es promover una cultura de bienestar y participación activa como alternativa al consumo de drogas.

Los objetivos específicos incluyen promover entornos saludables con actividades físicas, culturales y educativas; coordinar acciones con escuelas, universidades y organizaciones locales; sensibilizar sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas; y fomentar estilos de vida saludables entre los jóvenes.

Las acciones previstas por el programa se dividen en tres bloques. En el plano educativo, contempla charlas y conferencias sobre prevención de drogas, talleres de habilidades para la vida orientados a la toma de decisiones, manejo de emociones y resolución de conflictos, y espacios de mindfulness y meditación para fortalecer la atención plena y la gestión emocional.

En el componente recreativo, el programa incluye juegos deportivos como torneos de fútbol, baloncesto y voleibol, además de picnics saludables con actividades lúdicas y alimentos saludables, y talleres de cocina para enseñar la preparación de comidas nutritivas y económicas.

La iniciativa también incorpora actividades artísticas y culturales: talleres de arte y pintura, presentaciones de conciertos, teatro y danza, y recorridos de arte urbano con exhibiciones de murales y expresiones comunitarias en los parques.

La expansión del programa alcanzó a cinco departamentos y reunió a más de 5,900 participantes, de acuerdo con el balance presentado por CCATID. A ese resultado se sumó la atención de 1,028 llamadas en la Línea 1538, un canal incluido entre los servicios de respuesta de la secretaría.

El reporte oficial añadió un reconocimiento a la municipalidad de Esquipulas, en Chiquimula, por el impulso local que permitió concretar parte de esta expansión.

El texto subraya que las municipalidades cumplen un papel relevante en la salud pública a nivel local y las vincula con la viabilidad territorial de estas intervenciones.

Guatemala fue elegida el 4 de junio de 2026 como miembro del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2027-2029, una designación que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la incorporará de nuevo al órgano encargado de coordinar la labor económica, social y ambiental de la ONU y le permitirá impulsar su agenda de desarrollo sostenible e inclusión en el sistema multilateral.

La elección se decidió en la sede de la organización en Nueva York, Estados Unidos, durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la Cancillería, Guatemala obtuvo el respaldo de la Asamblea General con la candidatura promovida bajo el lema “Desarrollo Sostenible e Inclusivo para Todos”.

Se trata de la séptima vez que el país integra el ECOSOC, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Guatemala ya había ocupado un asiento en los períodos 1967-1969, 1974-1975, 2002-2004, 2009-2011, 2014-2016 y 2021-2023.

Guatemala ocupará uno de los 54 asientos del principal órgano social y económico de la ONU

El ECOSOC está integrado por 54 Estados miembros y es uno de los seis órganos principales de las Naciones Unidas, según la información oficial difundida por la Cancillería. Su función es coordinar el trabajo económico, social y medioambiental del organismo internacional.

Ese consejo también actúa como foro central para el debate y la formulación de recomendaciones sobre desarrollo sostenible, progreso social, mejores niveles de vida y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería añadió que el órgano promueve acuerdos vinculados con la reducción de la pobreza y la cooperación internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que la elección constituye “un nuevo voto de confianza de la comunidad internacional hacia Guatemala y su compromiso con el multilateralismo, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional, principios que han guiado la participación del país en diversos espacios de diálogo global”.

La respuesta central a la designación es esta: Guatemala formará parte del ECOSOC entre 2027 y 2029 y participará, junto con los demás Estados miembros, en las decisiones y recomendaciones del principal órgano de la ONU en materia de desarrollo económico, social y ambiental, según la Cancillería.

La Cancillería anticipó que Guatemala llevará al consejo la Agenda 2030 y el Compromiso de Sevilla

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación guatemalteca estará guiada por los principios de su política exterior y buscará promover la dignidad humana, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la reducción de las desigualdades y la construcción de oportunidades para todas las personas.

En el seno del Consejo Económico y Social, Guatemala promoverá el diálogo, la cooperación y la búsqueda de consensos para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dar continuidad al Compromiso de Sevilla, de acuerdo con la Cancillería. Entre los desafíos citados por el ministerio figuran la pobreza, el hambre, el cambio climático y las limitaciones en el financiamiento para el desarrollo.

La Cancillería afirmó además que el país apoyará los esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para generar resultados concretos y mantener su relevancia como espacio de concertación y acción colectiva frente a los retos globales del siglo XXI.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que esta nueva elección refleja un compromiso histórico de Guatemala con el sistema multilateral y con la contribución a los esfuerzos internacionales en favor del desarrollo sostenible. Según el mismo Minitesrio, esa trayectoria también expresa la voluntad del país de intervenir de forma constructiva en los espacios de cooperación internacional.

El programa PROESVI de la Departamental Guatemala Sur impulsa capacitaciones para maestros, directores y supervisores con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos, una estrategia que busca sostener la permanencia escolar y garantizar entornos seguros mediante protocolos que ordenan qué hacer ante maltrato, abuso, acoso, discriminación, ciberviolencia, embarazos en menores de 14 años y conductas suicidas.

Una de las reglas centrales del procedimiento establece que, cuando se detecta un caso, la dirección del centro educativo debe notificar al profesional de Supervisión Educativa en un plazo no mayor a un día. Si el caso involucra al propio director, la comunicación debe dirigirse de forma directa a la Comisión Departamental de Seguimiento de Casos de Violencia.

Durante las jornadas de formación se socializan dos instrumentos: la “Guía para la Prevención Secundaria de la Violencia en el Sistema Educativo Nacional” y el “Protocolo de Identificación, Atención y Referencia de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional”. El documento oficial indica que esas herramientas fijan procedimientos para que el personal docente, administrativo y de supervisión pueda identificar, atender y referir casos de violencia física, psicológica y sexual.

El esquema de actuación comienza con la identificación de señales de violencia por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa. Después de la notificación, el seguimiento incluye el registro del caso en el Sistema de Quejas y la coordinación con otras instancias para asegurar atención integral y acompañamiento psicológico al estudiante afectado.

El protocolo obliga a registrar cada caso y proteger la identidad de las víctimas

El protocolo remarca la obligación de documentar cada situación y de dar seguimiento a las acciones adoptadas. También fija como principios la confidencialidad, el respeto a la dignidad y la protección de la identidad de las víctimas durante todo el proceso.

Entre las medidas previstas figuran actuaciones administrativas como la elaboración de actas, la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes y la posible aplicación de procesos disciplinarios según la gravedad de los hechos. La meta es que la respuesta sea oportuna y coordinada ante cualquier indicio de maltrato o abuso.

Las señales de alerta que el documento recomienda observar incluyen lesiones físicas inexplicables, cambios abruptos de comportamiento, aislamiento, bajo rendimiento escolar, expresiones de temor o angustia y conductas autolesivas. Para la violencia sexual, el protocolo pide prestar atención a actitudes de incomodidad, llanto sin causa aparente o relatos de acercamientos inapropiados.

El alcance del instrumento también abarca situaciones de acoso escolar, discriminación y ciberviolencia. Para cada una de esas formas de agresión, el material ofrece pautas específicas de detección y abordaje.

La estrategia prevé coordinación con Policía Nacional Civil, Ministerio Público y servicios de salud

En las capacitaciones, los equipos de Guatemala Sur subrayan la necesidad de promover la denuncia y la intervención temprana. El trabajo articulado incluye a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y servicios de salud y apoyo psicológico.

Ese enfoque busca responder de manera directa a la pregunta central que plantea la iniciativa: qué cambia para las escuelas. La respuesta es que los establecimientos cuentan con una ruta definida para identificar señales, informar a las autoridades internas, registrar el caso, activar apoyo institucional y externo, y evitar que la atención derive en la exclusión del estudiante del sistema educativo.

Entre los centros que ya participan en la socialización de estas herramientas aparecen APDE Campo Alegre y el Instituto Diversificado por Cooperativa Villa Hermosa. La participación de esos establecimientos muestra, de acuerdo con el texto oficial, que disponer de protocolos claros y accesibles facilita una respuesta rápida ante hechos de violencia y refuerza la confianza de la comunidad educativa en los mecanismos de protección.

El protocolo incorpora además rutas específicas para embarazos en menores de 14 años y para conductas suicidas, dos situaciones catalogadas como de alta prioridad. En esos casos, la notificación inmediata, la coordinación con instituciones externas, el acompañamiento psicológico, la información a las familias y el seguimiento constante forman parte de la respuesta prevista.

La estrategia de socialización de PROESVI busca extender estas capacitaciones a más escuelas y colegios de la región. El propósito declarado es consolidar en el sistema educativo una cultura de no violencia apoyada en prevención, detección temprana y atención efectiva de los casos.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, concluyó el jueves 4 de junio una visita a Guatemala centrada en reforzar la cooperación bilateral en seguridad, combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional, una agenda que ambos gobiernos vinculan con la estabilidad regional y con la ofensiva hemisférica contra los cárteles, según el Comando Sur de los Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala.

La visita también se inscribió en la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa hemisférica integrada por 18 países, de acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos.

La institución señaló que Guatemala ocupa un papel en los esfuerzos regionales para enfrentar redes ligadas al narcotráfico y otras estructuras criminales que operan en el hemisferio occidental.

Según información de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Donovan se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de la Defensa Nacional Henry David Sáenz Ramos, el jefe del Estado Mayor de la Defensa José Giovani Martínez Milián, el ministro de Gobernación Marco Villeda y la viceministra de Relaciones Exteriores Mónica Bolaños.

El objetivo, fue continuar el diálogo bilateral para ampliar la colaboración en defensa y avanzar en el compromiso compartido de combatir la actividad de los cárteles.

El dato central de la visita fue ese: Estados Unidos y Guatemala revisaron su agenda bilateral de seguridad con foco en narcotráfico, narcoterrorismo y crimen organizado transnacional, según el Gobierno de Guatemala, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Comando Sur de los Estados Unidos.

Arévalo vinculó la cooperación con el control de fronteras e instituciones

A través de sus redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo definió como positiva su reunión con Donovan y sostuvo que el encuentro refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad. El mandatario escribió: “Guatemala ha demostrado que no está dispuesto a ceder sus fronteras, sus instituciones y su futuro al crimen organizado”.

En esa misma publicación, Arévalo agradeció la disposición del Gobierno de Estados Unidos para colaborar con las autoridades guatemaltecas. Según el Gobierno de Guatemala, durante las reuniones se revisaron los avances de los últimos meses en los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales para la seguridad y la estabilidad de la región.

El Gobierno de Guatemala afirmó en un comunicado que la seguridad ciudadana y la recuperación del control territorial siguen entre las prioridades de la administración actual.

En esa línea, la visita del jefe militar estadounidense fue presentada por las autoridades guatemaltecas como un paso para consolidar mecanismos de coordinación frente a amenazas transnacionales.

La propia Presidencia guatemalteca informó que Arévalo recibió a Donovan en el Palacio Nacional de la Cultura, en la parte final del viaje oficial. Según esa versión, ambos conversaron sobre la disposición de los dos gobiernos para garantizar la protección de las poblaciones y sobre la agenda bilateral de seguridad regional.

La embajada de Estados Unidos destacó la lucha contra el narcoterrorismo

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que Donovan y Arévalo abordaron la cooperación bilateral para combatir el narcoterrorismo y promover la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental.

Según la sede diplomática, Washington mantiene su compromiso de trabajar con las autoridades guatemaltecas para enfrentar las redes criminales que operan en la región y afectan la seguridad de los países del continente.

En un mensaje citado por la embajada, Estados Unidos afirmó: “Estamos orgullosos de seguir colaborando con Guatemala para combatir a los cárteles y las actividades narcoterroristas”. La representación diplomática añadió: “Juntos, estamos combatiendo el narcoterrorismo para que nuestras comunidades en toda la región y nuestra nación sean más seguras”.

La embajada también sostuvo que Guatemala es “un miembro valioso” de la Coalición de las Américas contra los Cárteles y que ha tomado medidas concretas para desarticular a los narcoterroristas.

En otra declaración difundida por la misma representación, Estados Unidos señaló: “Nos enorgullece asociarnos con nuestros homólogos guatemaltecos para desarticular las redes narcoterroristas que, durante demasiado tiempo, han envenenado a nuestros ciudadanos y han sembrado el terror y la violencia en todo el hemisferio”.

Según la embajada, Donovan conversó además con el ministro de la Defensa Nacional Henry David Sáenz Ramos sobre la expansión de la cooperación en defensa entre ambos países. Esas conversaciones incluyeron los esfuerzos en curso para combatir a los narcoterroristas y “negar a los actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental”, de acuerdo con la representación estadounidense.

El Ministerio de la Defensa de Guatemala indicó que en ese encuentro se destacó que el país es un miembro clave de la coalición regional y que el trabajo conjunto está produciendo resultados positivos en la seguridad de las comunidades, la defensa en las fronteras y el combate a las estructuras criminales.

Las autoridades también informaron que sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación y la cooperación estratégica en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Al cierre de la visita, el general Donovan reconoció a Guatemala como un socio estratégico en la región, según el texto fuente difundido por las autoridades y la embajada. Esa valoración estuvo ligada a la continuidad de la cooperación bilateral para enfrentar amenazas que, según ambas partes, afectan la seguridad y la estabilidad hemisférica.

El Ministerio de Educación de Guatemala prevé certificar las capacidades de 23 mil 500 jóvenes y adultos durante 2026 para dar reconocimiento formal a oficios y conocimientos aprendidos de manera empírica, una acreditación que busca ampliar opciones de trabajo para personas que saben desempeñar una ocupación, pero no cuentan con documentos para demostrarlo.

Del total previsto, 20 mil certificaciones se entregarán en el país y 3,500 en el extranjero, según una publicación del Diario de Centro América que citó al viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa Carlos Aldana. El funcionario dijo al medio Diario de Centro América que la meta se ejecutará por medio de distintas jornadas.

Aldana informó al medio Diario de Centro América que en mayo ya se realizó una jornada de evaluación que benefició a 1,209 personas en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala Norte, Guatemala Occidente, Jalapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán.

Las ocupaciones más evaluadas en esa primera jornada fueron bombero, agricultura cualificada en cultivo de hortalizas y cocina, según Aldana en Diario de Centro América. El viceministro también destacó certificaciones en repostería, limpieza, asistente de cocina, carpintería y electricidad.

El sistema se apoya en mil evaluadores voluntarios para llegar a los departamentos

Las jornadas de evaluación llegarán a distintos departamentos con apoyo de mil evaluadores voluntarios, porque la cartera no cuenta con recurso humano examinador propio, de acuerdo con Aldana en Diario de Centro América. El ministerio aplica dos tipos de evaluación: por experiencia o dominio de un oficio, y por formación.

El Sistema de Certificación de Competencias, SCC, es el conjunto de normas y procedimientos que el Ministerio de Educación de Guatemala instituyó para valorar, reconocer y certificar saberes, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias de personas que ejercen oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida.

Según la descripción oficial, su finalidad es generar oportunidades de desarrollo social y laboral, mejorar las condiciones de vida, dignificar el empleo y fortalecer la autoestima de las personas.

Ese sistema otorga un reconocimiento formal de las competencias adquiridas y concede una acreditación ministerial vinculada al área técnica ocupacional. Su base legal es el Acuerdo Ministerial 3751 del 21 de diciembre de 2018.

La certificación está dirigida a personas desde los 15 años con experiencia comprobable en un oficio

El grupo meta del SCC tiene cobertura nacional y atiende, con enfoque inclusivo, a personas desde los 15 años vinculadas a un saber, oficio, experiencia u ocupación.

Su propósito incluye certificar capacidades adquiridas a lo largo de la vida para el trabajo y el emprendimiento, ofrecer formación complementaria para actualizar conocimientos y reconocer socialmente los oficios y ocupaciones.

Para postularse, las personas deben integrar grupos de al menos 15 participantes con experiencia en la ocupación en la que buscan certificarse.

También deben presentar una nota de solicitud de evaluación ante la unidad del SCC en la Dirección Departamental de Educación correspondiente y completar un formulario de inscripción por cada postulante.

Entre los requisitos figuran el cumplimiento de la documentación de identificación, una fotocopia legible del Documento Personal de Identificación para mayores de 18 años, una fotocopia legible de la partida de nacimiento para menores de 18 años y carné consular o pasaporte.

El ministerio también solicita una carta de recomendación o de respaldo sobre la experiencia práctica y exige entre 3 y 5 años de experiencia mínima en la ocupación.

El canciller Carlos, Ramiro, Martínez abordó en Bélgica la relación bilateral entre Guatemala y la Unión Europea, con énfasis en los procesos electorales, la gobernanza democrática y la cooperación en seguridad y justicia, durante una visita de trabajo que también sirvió para ratificar el respaldo europeo a la transición democrática y al Estado de derecho, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

En las reuniones, también se destacó el acompañamiento de la UE mediante misiones de observación electoral, el apoyo al fortalecimiento institucional, el seguimiento del respeto al orden democrático y el respaldo a los esfuerzos de fortalecimiento del Estado de derecho, de acuerdo con la información difundida por el Minex en sus redes oficiales.

Martínez se reunió con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, y con Gabriel Mato, presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLat, según el Minex. En esos encuentros se revisó la relación bilateral entre Guatemala y la Unión Europea y se presentó una actualización sobre la situación política del país, incluidos los procesos electorales de segundo grado, de acuerdo con la cancillería guatemalteca.

El canciller agradeció ante las autoridades del Parlamento Europeo el acompañamiento brindado durante el proceso electoral democrático en Guatemala y el respaldo a la transición democrática, además del seguimiento a los procesos de elección de segundo grado desarrollados en el país, según el Minex.

La agenda incluyó diálogo político y gobernanza democrática

La visita también incluyó una reunión con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese encuentro se abordaron los temas principales de la relación bilateral, entre ellos el diálogo político y la gobernanza democrática, con atención especial a los procesos electorales y al acompañamiento de misiones de la UE, de acuerdo con la misma fuente.

Guatemala y la Unión Europea reafirmaron en esa conversación la importancia de seguir fortaleciéndose como socios confiables, comprometidos con la democracia, el desarrollo y la cooperación birregional, particularmente en materia de seguridad y justicia, según el Minex.

Ese punto responde al eje central de la visita: Guatemala buscó revisar con las instituciones europeas el estado de la relación política y de cooperación, mientras la UE reiteró su seguimiento a los procesos democráticos del país y su apoyo institucional, de acuerdo con la información oficial divulgada por la cancillería guatemalteca.

El Parlamento Europeo mantuvo su seguimiento sobre la transición democrática

Según el Minex, el intercambio con representantes del Parlamento Europeo incluyó una revisión del contexto político interno de Guatemala. La información oficial señaló de forma expresa que la agenda incorporó los procesos electorales de segundo grado, un asunto que la parte europea ha seguido junto con el proceso de transición democrática.

La cancillería también subrayó que el acompañamiento europeo no se limita a la observación electoral. Según el ministerio, ese respaldo incluye fortalecimiento institucional, vigilancia sobre el respeto al orden democrático y apoyo a las acciones orientadas a consolidar el Estado de derecho en Guatemala.

El comercio entre Guatemala y la Unión Europea se duplicó desde el acuerdo con Centroamérica

La gira de Martínez se produjo en una secuencia más amplia de contactos entre Guatemala y Europa que se aceleró en las últimas semanas. A mediados de mayo, António Costa se convirtió en el primer presidente del Consejo Europeo en realizar una visita oficial al país, donde se reunió con el presidente Bernardo Arévalo.

En esa ocasión, ambos destacaron que el comercio entre Guatemala y la UE se ha duplicado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el bloque europeo, según lo informado tras ese encuentro. Ese dato ubicó la relación política dentro de un marco de intereses económicos ya en expansión.

Días antes, el 12 de mayo, Martínez se había reunido en Madrid con su homólogo español, José Manuel Albares, quien reiteró el apoyo de España a la estabilidad democrática guatemalteca, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Ese mismo ministerio señaló que España es el único país europeo que mantiene una presencia bilateral de cooperación en Guatemala bajo el marco del Plan Director de Cooperación Española 2024-2027.

La ministra de Educación de Guatemala Anabella Giracca anunció este 4 de junio de 2026 un aumento de 3% sobre el salario base mensual para los docentes del sector público y un alza fija de Q250 para el personal administrativo, una medida que regirá desde el 1 de agosto y que, según el Ministerio de Educación, alcanzará a más de 158.000 trabajadores del sistema educativo oficial.

El alcance del ajuste incluye a 158.566 maestros y empleados administrativos contratados en el sector oficial bajo los renglones presupuestarios 011 y 021, de acuerdo con datos de 2024 del Ministerio de Educación. El nuevo incremento se convierte así en el segundo ajuste salarial aplicado en menos de 14 meses.

Giracca comunicó la decisión en un video difundido en redes sociales y sostuvo que no depende de conversaciones externas. La ministra dijo: “Este aumento no está condicionado a ninguna negociación ni responde a ninguna presión. Mejorar las condiciones de quienes trabajan por la educación pública se traduce en mejores condiciones para los estudiantes”.

Para los docentes de preprimaria y primaria, el 3% se calculará sobre los salarios vigentes desde junio de 2025. Esas bases salariales van de Q4.558 en la clase A a Q10.255,50 en la clase F, según los datos del Mineduc.

En el nivel medio, que comprende básico y diversificado, el porcentaje se aplicará sobre sueldos que van de Q4.836 en la clase A a Q10.881 en la clase F, de acuerdo con el Ministerio de Educación. El monto final del aumento variará según la clase escalafonaria de cada docente.

El nuevo ajuste se suma al aumento aplicado en junio de 2025

La titular del Mineduc vinculó el anuncio con la decisión adoptada el año anterior por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. En junio de 2025, el Ejecutivo oficializó mediante el Acuerdo Gubernativo 92-2025 un incremento del 5% sobre el salario base para los docentes y un ajuste de Q400 mensuales para el personal administrativo, con vigencia desde el 1 de junio de ese año.

En el mismo mensaje difundido en redes, Giracca recordó esa medida y precisó la nueva. La funcionaria afirmó: “El año pasado realizamos un esfuerzo importante, un aumento equivalente al cinco por ciento del salario base mensual. Hoy anunciamos un nuevo aumento equivalente al tres por ciento según la clase escalafonaria que entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2026”.

La ministra añadió que ambos incrementos se han tomado “con responsabilidad y orden, para que cada mejora sea sostenible y esté garantizada”. También presentó la decisión como parte de una línea de acción sostenida dentro de la cartera educativa.

El antecedente inmediato incluyó el reclamo del STEG por un alza del 15%

El aumento de 2025 estuvo precedido por tensiones con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Los afiliados del STEG se manifestaron entonces contra ese ajuste por considerarlo insuficiente frente al costo de la canasta básica y reclamaron un incremento del 15%.

Ante ese escenario, las autoridades del Mineduc sostuvieron en 2025 que el alza del 5% era una decisión firme y que no estaba sujeta a discusión. El anuncio de este 4 de junio se adelantó a cualquier proceso de negociación, y Giracca remarcó que el nuevo aumento tampoco depende de acuerdos con terceros.

La ministra definió la medida como parte de una política de mejoras continuas en el sistema educativo oficial. En ese marco, afirmó: “Tenemos una decisión clara de seguir avanzando en mejoras dentro del marco legal y con responsabilidad institucional”, y la describió como “una decisión buena para Guatemala”.

Guatemala, Washington, inversión, comercio y cadenas quedaron en el centro de la agenda bilateral con el inicio de Guatemala Week 2026, una serie de reuniones de alto nivel que se celebra del 2 al 4 de junio en Washington D.C. para promover nuevas oportunidades económicas con Estados Unidos en un momento en que ese país impulsa la relocalización de cadenas de suministro hacia socios del hemisferio occidental.

El comercio bilateral entre ambos países alcanzó USD 15,190 millones en 2025, mientras que las exportaciones estadounidenses hacia Guatemala sumaron USD 10,020 millones, dato que ubica al país centroamericano como el destino número 35 para los productos de Estados Unidos a nivel mundial.

La iniciativa fue organizada por el US–Guatemala Business Council y reúne a representantes del sector público y privado de ambos países, con una agenda que incluye reuniones con agencias federales, organismos financieros, líderes empresariales y miembros del Congreso de Estados Unidos para impulsar inversión, infraestructura y comercio bilateral.

Guatemala busca posicionarse como un socio estratégico para el desarrollo de cadenas de suministro regionales. El planteamiento coincide con una etapa de mayor acercamiento económico entre ambos países y con proyectos de infraestructura que buscan ampliar la capacidad logística guatemalteca.

Guatemala y Estados Unidos incorporaron infraestructura y política comercial a su agenda económica

En enero de 2026, Guatemala y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para alinear estratégicamente sus políticas comerciales y de inversión. A ese proceso se suman la selección de Guatemala por parte del Millennium Challenge Corporation y el avance de la modernización de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla, proyectos que cuentan con apoyo técnico del U.S. Army Corps of Engineers.

Esos planes apuntan a fortalecer la conectividad logística del país y a ampliar su capacidad de integrarse a las cadenas de suministro regionales. La agenda de Guatemala Week también contempla espacios de diálogo sobre infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, energía, inversión y comercio.

El viceministro de Relaciones Exteriores Julio Orozco afirmó: “Guatemala Week representa una valiosa oportunidad para reafirmar la importancia de la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y uno de nuestros aliados más importantes para la promoción del desarrollo económico, la inversión y la generación de oportunidades para nuestros ciudadanos.

Esta alianza, construida sobre profundos vínculos económicos, comerciales y humanos, genera beneficios compartidos para ambos países”.

La viceministra de Inversión y Competencia Valeria Prado señaló: “Desde el Ministerio de Economía trabajamos para fortalecer la relación estratégica entre Guatemala y Estados Unidos, promoviendo una agenda de colaboración entre el Gobierno de Guatemala y el sector productivo que impulse la inversión, el comercio y la generación de oportunidades para ambos países”.

Guatemala Week busca instalar una presencia anual en Washington

El presidente del CACIF Carlos Arias Bouscayrol sostuvo: “Estamos ante una oportunidad para transformar nuestra relación económica con los Estados Unidos de América y aprovechar las condiciones actuales para convertir a Guatemala en un socio estratégico que promueva la estabilidad regional, fortalezca las cadenas de suministro y contribuya a sus objetivos geopolíticos en las Américas”.

José Echeverría, director ejecutivo del US–Guatemala Business Council, definió el encuentro como una plataforma permanente de articulación entre ambos países.

Echeverría afirmó: “Cada interacción de esta semana tiene una historia detrás. Años de relaciones construidas con trabajo y dedicación, la presencia de Guatemala en Washington ha ido ganando seriedad y consistencia. Guatemala Week es la expresión articulada de ese esfuerzo: sector público y privado de ambos países, con un propósito unificado, en el momento en que Estados Unidos está reubicando sus cadenas de suministro hacia el hemisferio occidental. Hemos construido esta plataforma para que sea permanente. Y regresamos cada año con resultados”.

El USG-BC, con sede en Washington D.C., se presenta como una plataforma empresarial binacional orientada a articular la relación económica entre Guatemala y Estados Unidos. A través de incidencia, generación de conocimiento y conexión estratégica, busca facilitar el acceso del sector privado a los espacios donde se definen políticas, inversiones y oportunidades de negocio a nivel bilateral.

La realización de Guatemala Week coincide con la estrategia de Estados Unidos de diversificar y relocalizar cadenas de suministro hacia países aliados del hemisferio occidental, una tendencia que está redefiniendo decisiones de inversión, infraestructura y comercio en la región. *Con información de RRPP Guatemala y CACIF Guatemala.

El Sistema Limitador de Velocidad ya está instalado en 23,925 vehículos de transporte en Guatemala al 20 de mayo de 2026, según la Dirección General de Transportes, en una expansión que el Estado vincula con la reducción de accidentes y con el cumplimiento obligatorio de la norma que rige desde el 2 de marzo.

La cifra implica un salto frente al cierre de 2025, cuando se reportaban 10,790 unidades con ese mecanismo. La diferencia supera los 13 mil vehículos con el dispositivo, de acuerdo con la DGT.

El aumento también contrasta con el mismo período del año anterior, cuando la DGT registraba apenas 63 vehículos con el sistema. Ese dato, difundido por Diario de Centro América, fue presentado como muestra del impulso institucional para ampliar su uso.

El transporte de carga concentra la mayor parte de las unidades con el dispositivo

Del total contabilizado hasta el 20 de mayo, 22,058 vehículos corresponden al transporte de carga y 1,867 al transporte colectivo, según la Dirección General de Transportes.

La distribución muestra que la adopción del sistema se concentra en los segmentos que, de acuerdo con registros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, aparecen con mayor frecuencia en hechos de tránsito.

La instalación del SLV forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para reducir la siniestralidad en carretera, un problema que, según la información oficial, cobra miles de vidas en el país. El CIV sostiene que el dispositivo no resuelve por sí solo los accidentes, pero sí constituye una herramienta para disminuirlos.

Los datos mensuales publicados por Diario de Centro América muestran un crecimiento sostenido durante los primeros meses de 2026. En enero se incorporaron 593 unidades; en febrero, 2,777; en marzo, 4,551; en abril, 4,296; y mayo cerró con 1,048 vehículos.

El primer trimestre fue el período en que más unidades de transporte se sumaron a la medida obligatoria, según esos registros. El comportamiento de los datos fue presentado como una señal del interés del sector transportista por ajustarse a la disposición y favorecer la seguridad vial.

El Gobierno mantiene la exigencia y refuerza la revisión técnica

La obligación de instalar el sistema limitador de velocidad ya está vigente y el Gobierno de Guatemala mantiene su decisión de hacerla cumplir. Esa postura, se sostiene desde la publicación de la gradación de multas en el diario oficial el pasado 2 de marzo.

La respuesta directa a la exigencia es esta: los transportistas deben incorporar el SLV en las unidades alcanzadas por la norma y cumplir ante la DGT con un certificado de funcionalidad de revisión física y mecánica. Ese documento acredita que los vehículos operan en condiciones aptas.

La evaluación para obtener el certificado incluye la revisión de frenos, luces, neumáticos, carrocería, dirección, estado del motor, modificaciones, velocímetro, bitácora de servicios y el propio sistema limitador de velocidad. Según el texto fuente, ese control integra el paquete de medidas orientadas a reducir la incidencia de accidentes en la red vial nacional.

Aunque la tendencia de adopción ha sido ascendente, todavía queda una parte importante del parque vehicular pendiente de instalar el sistema. Frente a ese escenario, Provial fortalece sus sedes regionales para acelerar los procesos técnicos vinculados con la implementación del mecanismo.

El objetivo de ese refuerzo es descentralizar los trámites relacionados con el SLV y facilitar el acompañamiento técnico para que más vehículos cuenten con el dispositivo. A ese esquema se suman operativos conjuntos entre la DGT y Provial.

El Gobierno también mantiene abiertas mesas técnicas con el sector transportista para abordar el cumplimiento de los sistemas limitadores de velocidad en las unidades de transporte. Según el texto oficial, el Ejecutivo sostiene el diálogo, pero no modifica su decisión de exigir la aplicación de la norma.

El Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 15-2026 el 2 de junio de 2026 y abrió una vía para que condenados por lavado de dinero recuperen la libertad si ya cumplieron la pena principal de prisión y pasaron al menos dos años más encarcelados por no haber pagado la multa, una medida que se inserta en una reforma impulsada en medio de la sobrepoblación penitenciaria y del riesgo de sanciones internacionales.

La dimensión del cambio aparece en las cifras expuestas meses atrás por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda ante diputados de la comisión de Gobernación: entre 2,500 y 3,000 personas podrían quedar en libertad de inmediato si prosperaba la eliminación de multas para quienes ya cumplieron sentencia por lavado de dinero.

En su momento según Villeda, más de seis mil internos seguían presos tras cumplir sus condenas porque no podían pagar las sanciones económicas.

La nueva norma no libera de forma automática a los condenados. El decreto crea, después del artículo 122, un régimen aplicable a quienes cumplen prisión por conversión de multa y les permite pedir ante el juez de ejecución penal la extinción de la pena restante y su libertad inmediata, siempre que el juez verifique los requisitos y resuelva de forma motivada.

La ley exige una petición judicial y limita la prisión por conversión de multa a dos años

El texto, de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, establece que el trámite se hará por la vía incidental conforme al Código Procesal Penal, decreto 51-92 del Congreso de la República.

El beneficio alcanza a quienes hayan cumplido íntegramente la pena principal por el delito de lavado de dinero y además hayan purgado al menos dos años adicionales de privación de libertad derivados de la conversión de la multa.

El mismo decreto redefine el marco penal del lavado de dinero para personas individuales. La pena queda fijada entre seis y 20 años de prisión inconmutable, más una multa equivalente al beneficio económico obtenido.

Si al terminar la condena el sentenciado no pagó la multa, el juez deberá ordenar su conversión en prisión. Esa pena adicional no podrá exceder la cuarta parte de la condena original ni superar dos años.

Ante la comisión de Gobernación, Marco Antonio Villeda sostuvo que las multas millonarias como condición para la excarcelación impidieron reducir la población penitenciaria.

Según su exposición ante el Congreso, Guatemala registra una sobreocupación carcelaria superior al 300% de la capacidad instalada y se ubica entre los casos más críticos de América Latina en materia de hacinamiento.

Villeda también cuestionó la lógica del esquema vigente. “El pago post-delito constituye en sí una forma de ‘lavado de dinero’”, manifestó el ministro de Gobernación ante el Congreso.

La reforma crea un nuevo sistema de control financiero y sanciones administrativas

Además del régimen para condenados, el decreto construye una estructura institucional de prevención. La ley crea el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (CONCLAFT), presidido por el vicepresidente de la República e integrado por ministros de Estado, el superintendente de Bancos y el director general de Inteligencia Civil, entre otros funcionarios.

La Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), queda como eje operativo del sistema. Tendrá facultades para inscribir a las Personas Obligadas, recibir reportes de transacciones sospechosas, imponer sanciones y coordinar con unidades de inteligencia financiera extranjeras.

Entre esas Personas Obligadas figuran bancos, cooperativas, notarios, inmobiliarias, proveedores de activos virtuales y profesionales jurídicos y contables. Las sanciones administrativas por incumplimiento van de USD 500 a USD 300.000, y se duplican cuando la Persona Obligada haya intentado obstaculizar la labor de la IVE.

El decreto dispone además el destino de lo recaudado por multas administrativas. El 50% se asignará a la capacitación del personal de la IVE y el otro 50% se incorporará a su presupuesto operativo.

Para las personas jurídicas, la ley prevé multas de entre USD 10,000 y USD 625,000 cuando sean responsables del delito. En caso de reincidencia, establece la cancelación definitiva de su personalidad jurídica.

En el delito de financiamiento del terrorismo, las penas para personas individuales quedan entre 10 y 30 años de prisión inconmutable. Las multas en esos casos pueden alcanzar los USD 800,000.

La reforma también modifica el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Notariado y la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Las sociedades mercantiles deberán llevar un registro de accionistas con información de identidad accesible, de forma confidencial, a la Superintendencia de Bancos y al Ministerio Público.

La Superintendencia de Bancos tendrá seis meses desde la entrada en vigor del decreto para elaborar el reglamento de la ley y someterlo a aprobación del presidente de la República.

Las lluvias, los vientos y los deslizamientos que afectaron a Guatemala en las últimas horas dejaron emergencias en al menos cuatro departamentos, mientras las autoridades mantienen una alerta institucional amarilla por un patrón de precipitaciones alterado por el fenómeno de El Niño, que según la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, tiene más de 90% de probabilidad de ocurrencia en el país.

El escenario también abre una preocupación para los próximos meses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, los suelos podrían quedar más expuestos a deslizamientos cuando lleguen las lluvias más intensas del último trimestre del año, después de una canícula prevista para julio y agosto que puede debilitarlos.

La emergencia se distribuyó entre Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y El Progreso. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los cuerpos de socorro y las autoridades locales coordinan la atención a los afectados y la evaluación de daños en las zonas impactadas.

Alta Verapaz concentró la mayor cantidad de incidentes

El mayor número de reportes se registró en Alta Verapaz, donde la Conred desplegó equipos para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en distintos puntos afectados.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio La Libertad, en Santa María Cahabón, donde un deslizamiento dañó una vivienda. Según la Conred, no se reportaron personas heridas, aunque sí hubo daños materiales.

En el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, las lluvias provocaron una inundación en la aldea Nueva Libertad que afectó a varias familias. A través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres se activó el protocolo de evaluación para gestionar apoyo.

Otra inundación se registró en la colonia 19 de Mayo, también en Fray Bartolomé de las Casas. Las autoridades mantienen el monitoreo en ese sector por los inmuebles anegados.

Los fuertes vientos golpearon además el caserío Santa María Rubel Tzul, en Santa María Cahabón. Según la Conred, las imágenes difundidas por la institución muestran láminas de techo desprendidas por completo de las estructuras.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a 25 familias afectadas por daños en sus viviendas en ese caserío. Las tareas incluyeron monitoreo y evacuaciones en la zona.

Hubo inundaciones, lodo y derrumbes en otras tres regiones

En el departamento de El Progreso, un deslizamiento afectó el kilómetro 76 de la carretera CA-9, en jurisdicción de Guastatoya. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial trabaja en la limpieza del tramo para restablecer la circulación.

En Chiquimula, un flujo de lodo cubrió la calle Barrio Nuevo, en San José La Arada. Personal municipal y efectivos del Ejército de Guatemala colaboran en la limpieza del área afectada.

En Izabal, la aldea Curva del Pino, en el municipio de Los Amates, registró una inundación que alcanzó múltiples viviendas. Las autoridades continúan con la verificación de daños en esa comunidad.

La respuesta directa a la emergencia es esta: Guatemala enfrenta un episodio de lluvias irregulares que ya produjo inundaciones, daños en viviendas, un derrumbe sobre una carretera y acumulación de lodo en calles de cuatro departamentos, con evaluación de necesidades todavía en curso en varias de las áreas afectadas.

Ogaldes había advertido días antes que el comportamiento de las lluvias en el país está siendo alterado por El Niño. Según la funcionaria de la Conred, algunas zonas concentran agua en poco tiempo mientras otras permanecen sin precipitaciones.

Ante ese panorama, la Conred elevó su alerta institucional a color amarillo. La entidad también indicó que podría avanzar a alerta naranjada si las condiciones empeoran.