Las autoridades colombianas detuvieron en la ciudad de Pereira a un ciudadano nacional buscado por la justicia de España, que enfrenta una condena penal por abuso sexual de una menor de edad.

El hombre, identificado como Gustavo Hernández, de 48 años, fue capturado bajo una notificación roja de Interpol, activada a solicitud de las autoridades judiciales de Palma de Mallorca.

La detención se produjo como resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos. El procedimiento tuvo como objetivo dar cumplimiento a una orden de extradición internacional vigente contra Hernández, que era requerido en España desde el año 2025.

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Según información oficial, Gustavo Hernández es señalado por las autoridades españolas de haber abusado sexualmente de una niña de siete años en 2022, hecho ocurrido en la residencia donde convivía con su pareja en Palma de Mallorca. Los informes judiciales indican que el hombre se aprovechó de la confianza de la madre de la víctima, ya que la menor se encontraba bajo su cuidado.

Las investigaciones de las autoridades españolas permitieron establecer la responsabilidad de Hernández en los hechos y motivaron la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, el 23 de enero de 2024. La condena quedó en firme el 29 de octubre de 2025, cuando se agotaron los recursos legales disponibles para su defensa en territorio español.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol en Colombia, explicó que el caso fue priorizado por tratarse de una condena ejecutoriada contra un ciudadano que intentaba evadir la acción de la justicia.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de las víctimas y la articulación efectiva con organismos internacionales para garantizar que quienes pretendan evadir la justicia respondan por sus actos ante las autoridades competentes”, enfatizó el oficial.

En relación con los motivos de la búsqueda internacional, las autoridades de España también reportaron que se investiga a Hernández por un intento de abuso sexual contra la novia de su hijo. Estos elementos fueron integrados en el expediente que sirvió de base para la solicitud de extradición, confirmaron fuentes judiciales.

El ciudadano capturado fue puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de tramitar su extradición ante las autoridades españolas conforme a los tratados y mecanismos de cooperación vigentes entre ambos países.

Narco con circular roja de Interpol y vinculado a la mafia de los Balcanes fue capturado en Colombia

En Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, fue detenido Juan Camilo Muñoz Rodríguez, conocido como alias Lalo o Pastuso, identificado por las autoridades como líder de una red internacional de narcotráfico y buscado con circular roja de Interpol.

La captura se produjo tras una operación conjunta entre las policías y fiscalías de Colombia y Perú, quienes lograron localizarlo en Antioquia mediante información proveniente de Lima. Las autoridades peruanas lo investigaban desde 2025 y lo incluyeron en el programa de recompensas del Ministerio del Interior de ese país.

Según los reportes, Muñoz Rodríguez contaba con una trayectoria criminal de más de doce años, con capacidad para coordinar operaciones ilícitas en Panamá, Brasil y Perú, y establecer rutas hacia Norteamérica y Europa.

Se le atribuye la coordinación de envíos de clorhidrato de cocaína mediante la contaminación de contenedores en el puerto del Callao, además de mantener vínculos con organizaciones criminales de los Balcanes, Turquía y Dinamarca. En Colombia, se lo relaciona con el Clan del Golfo y actividades logísticas en Medellín y municipios cercanos.

Un incidente registrado a través de un video durante una revisión interna en la madrugada del 4 de marzo de 2026 reveló el momento en que Winy Saray Córdoba Murillo, patrullera asignada a la estación de Policía de Quibdó (Chocó), terminó esposada después de una confrontación con un oficial superior.

Frente a este caso, la Defensoría del Pueblo se pronunció por medio de un comunicado en su cuenta de X asegurando que tiene pleno conocimiento del caso y que se esta siguiendo el debido proceso junto a la joven.

“La Defensoría del Pueblo informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento del caso de la patrullera Winny Saray Córdoba Murillo, quien habría sido agredida por un superior en el Comando de Policía del Departamento del Chocó y a quien la Entidad ha brindado acompañamiento, orientación y representación jurídica desde las primeras audiencias”, expresó la entidad.

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Mientras el video, grabado por el propio uniformado presente, documentó la escalada del altercado hacia acusaciones de insubordinación y agresión, la Defensoría del Pueblo enfatizó su rechazo ante comportamientos de ese tipo, enfatizando: “Rechazamos de manera categórica toda forma de violencia basada en género en el ámbito institucional”.

La entidad alertó además sobre el aumento de denuncias recientes por parte de mujeres policías en la Regional Chocó, quienes señalan experiencias de acoso laboral, violencia institucional y potenciales actos de discriminación racial.

Ante esa situación, la Defensoría resaltó que “mantiene un seguimiento integral a estos casos para garantizar la protección de los derechos de las servidoras públicas, promover entornos laborales seguros, libres de violencia y discriminación”.

Finalmente, sumó una exigencia dirigida a las instancias correspondientes: “Exigimos a las autoridades competentes la investigación y sanción diligente de cualquier vulneración a la dignidad humana”.

Policía se refirió al caso de la patrullera que fue capturada

Una revisión de rutina en la madrugada del 4 de marzo de 2026 en la estación de Policía de Quibdó, Chocó, terminó en la captura y el traslado al comando departamental de la patrullera Winy Saray Córdoba Murillo, quien enfrenta cargos de insubordinación y agresión a un superior, causales que según la Ley 2196 de 2022 podrían llevar a su destitución definitiva y a una inhabilidad de hasta 20 años para ejercer cargos públicos, de demostrarse dolo en su conducta.

El episodio, documentado en un video grabado por el mayor a cargo del operativo, desencadenó un debate público sobre la autoridad, la jerarquía interna y el trato que reciben los integrantes de la Policía Nacional.

Las imágenes, tomadas por el mayor Jeison Dulce, muestran la secuencia que detonó el incidente, iniciada hacia las 5:10 a. m. durante una revista a las instalaciones. Dulce relató que ingresó al área interna de la estación para acceder a los baños cuando observó a la patrullera “en una actitud displicente recostada sobre la mesa manipulando su celular”.

El oficial llamó la atención de Córdoba Murillo, señalando, según la grabación: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada (...) cállese”. La agente respondió: “Yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”. Tras este intercambio, el reporte afirma que la patrullera “me encara de forma desafiante y arremete contra mi integridad tirándome golpes y bajando el celular, por lo cual no fue posible grabar más”.

Otros uniformados intervinieron. El subintendente Jaime Mayoral y el patrullero Kevin Zabaleta colaboraron para reducir y esposar a Córdoba Murillo, procedimiento que, de acuerdo al reporte oficial, buscó “realizar el mínimo daño posible”, aunque la agente “seguía intentando agredir con cabezazos”.

Posteriormente, a la patrullera se le leyeron los derechos y fue llevada bajo custodia al hospital para garantizar su estado de salud. Se le ofreció el acompañamiento de infancia y adolescencia al tener una hija menor, pero no brindó su dirección.

Los hechos llevaron a la apertura de un proceso disciplinario en el que Córdoba Murillo afronta acusaciones por insubordinación y agresión a un superior. El Estatuto Disciplinario Policial, reglamentado por la Ley 2196 de 2022, determina que estas faltas clasifican como “gravísimas” dentro del cuerpo policial.

La ley contempla sanciones severas cuando estas conductas se cometen con dolo: destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante un periodo entre 10 y 20 años. Si la falta resulta de una culpa gravísima, la sanción es suspensión e inhabilidad especial de seis a 12 meses, sin derecho a remuneración.

Adicionalmente, estos actos constituyen delitos bajo la jurisdicción penal militar. El Código Penal Militar prevé penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes incurran en agresión a un superior o en insubordinación en el ejercicio de funciones policiales.

La Policía Nacional en Neiva desplegó un operativo en el barrio San Pedro tras el lanzamiento de un artefacto improvisado contra la fachada de un local comercial en la madrugada del sábado. El incidente provocó la movilización inmediata de las autoridades, que acordonaron la zona y comenzaron la recolección de pruebas para avanzar en la investigación.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detonación se produjo cuando varias unidades policiales se encontraban realizando patrullajes de vigilancia en las cercanías. Al escuchar la explosión, los agentes acudieron al lugar y verificaron que el artefacto, catalogado como de bajo poder, había sido arrojado por un individuo todavía no identificado.

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De acuerdo con las imágenes de video que están circulando por las redes sociales, se ve que uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia, para cotejar la seguridad del lugar y cuantificar los daños materiales del lugar.

El o los responsables del hecho de violencia no lograron ser capturados, pero las autoridades ya examinan los videos de seguridad para poder identificar alguna pista que los lleve con la identidad y el paradero de los autores materiales e intelectuales.

Las autoridades han instado a la población a colaborar con la indagación aportando cualquier dato relevante. Se ha hecho un llamado especial a las personas que trabajan durante la noche, pidiéndoles que, si presencian movimientos sospechosos o tienen información sobre los hechos, la comuniquen de inmediato a las líneas 123 o 165 del Gaula Policía.

Ejército destruyó artefactos explosivos en Anorí, Antioquia

La neutralización de explosivos en Anorí generó la interrupción temporal de las rutas principales que comunican este municipio con Medellín y Campamento. El Ejército Nacional reportó que la operación permitió evitar daños tanto a civiles como a militares, al desactivar seis artefactos improvisados y un mecanismo de lanzamiento hallados en la zona.

Durante el procedimiento, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná localizaron los dispositivos, que se encontraban separados por diez metros y disponían de un sistema de activación por radiofrecuencia. Las autoridades atribuyeron la colocación de estos explosivos al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36, Bloque Magdalena Medio.

El hecho obligó al cierre preventivo de los corredores viales, mientras equipos especializados trabajaron para eliminar la amenaza. El Equipo de Explosivos y Demoliciones EXDE intervino siguiendo protocolos de seguridad estrictos, priorizando la protección de los habitantes de Anorí y la integridad de los soldados desplegados en la zona.

La presencia de estos artefactos en rutas de tránsito habitual representaba una amenaza directa para los residentes. La acción rápida de las fuerzas armadas frustró un posible atentado atribuido al GAO-r Estructura 36, según confirmaron fuentes castrenses.

El teniente coronel Carlos Alonso Romero, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 42 Batalla de Bomboná, detalló que los explosivos fueron instalados presuntamente por el bloque Magdalena Medio de ese grupo armado. “El procedimiento fue realizado por nuestros hombres expertos en explosivos, utilizando todos los protocolos de seguridad pertinentes”, señaló el oficial, quien subrayó la importancia de “enfocarnos muy especialmente a la protección de la población civil, evitando afectaciones a las propias tropas”.

Las autoridades reiteraron que la manipulación e instalación de explosivos en vías públicas constituye una vulneración del Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo los derechos fundamentales de quienes habitan el Nordeste de Antioquia.

El Ejército Nacional exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, reportando cualquier actividad sospechosa que pueda poner en peligro la seguridad regional. Para ello, recordó la disponibilidad de la línea móvil 3113737144 y la Línea 107 Contra el Terrorismo, canales habilitados para recibir información que ayude a anticipar y prevenir nuevas amenazas.

El 8 de marzo de 2026 se celebran elecciones legislativas en Colombia. Los ciudadanos eligen a 102 senadores y 186 miembros de la Cámara de Representantes, además de participar en consultas interpartidistas presidenciales.

La apertura de las urnas se realizará a las 8:00 a. m. y cerrarán a las 4:00 p. m., tras ocho horas de actividad ininterrumpida. Durante este lapso, las autoridades han dispuesto 125.259 mesas electorales en 13.746 puestos de votación en todo el país.

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Este es el panorama de la conectividad aérea antes de las elecciones

La Aeronáutica Civil aseguró que está reforzando la seguridad operacional y adelantando trabajos de mantenimiento y modernización en varios aeropuertos del país para garantizar la operación aérea, especialmente en regiones apartadas.

Las intervenciones incluyen mejoras en infraestructura, iluminación y ayudas visuales en terminales como el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, así como acciones en aeródromos de Nuquí, Condoto, Acandí y Bajo Baudó. Según la entidad, estas medidas buscan responder a reportes de aerolíneas como Satena y asegurar que el transporte aéreo funcione con normalidad y bajo estándares de seguridad, en un momento clave para la conectividad regional.

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Seguridad en las elecciones legislativas

El Gobierno desplegó 246.000 uniformados de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante las elecciones legislativas de 2026 en Colombia, con presencia en 13.493 puestos de votación en todo el país.

La Misión de Observación Electoral y la Defensoría del Pueblo advirtieron que 127 municipios presentan riesgo extremo por violencia, especialmente en Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Córdoba. La defensora Iris Marín alertó además sobre presuntas presiones de disidencias en Cartagena del Chairá (Caquetá) para influir en el voto de la población.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Fuerza Pública priorizó 47 zonas críticas, donde operan grupos criminales, y desplegó drones, antidrones, blindados, aeronaves y buques para reforzar la seguridad. También advirtió que las amenazas no solo son físicas, sino que incluyen presiones psicológicas y desinformación en entornos digitales.

En operativos contra delitos electorales, la Policía ha incautado más de 3.300 millones de pesos y capturado a decenas de personas en 14 departamentos. Bogotá lidera las incautaciones con 631 millones de pesos. Además, el ministro recordó que tres militares murieron recientemente en operaciones en Caquetá, en medio de las acciones para garantizar el desarrollo seguro de la jornada electoral.

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Incautación de dinero en 2026

En una serie de operativos realizados entre enero y marzo de 2026, las autoridades de Colombia lograron la incautación de más de $3.365 millones en efectivo, distribuidos en 36 casos a lo largo de 27 departamentos del país, según información oficial reseñada en el informe “Dinero Incautado 2026”.

La magnitud de estas acciones no solo refleja el alcance de los controles estatales en la lucha contra el lavado de activos, sino también el despliegue de operativos que culminaron en 36 capturas, de las cuales 18 terminaron en libertad, 17 están pendientes de medidas judiciales y una persona permanece bajo detención intramural.

Ejercer labores de preción en trabajaodres apra votar puede causar sanciones

El Ministerio de Trabajo advirtió que ejercer presión sobre trabajadores para influir en su voto constituye una práctica sancionable en Colombia. Los afectados pueden presentar denuncias formales ante la cartera laboral si enfrentan este tipo de coacción en el marco de cualquier proceso electoral.

Desde la entidad recalcan las posibles consecuencias legales asociadas a tales presiones, recordando a empleadores y superiores la prohibición de condicionar la voluntad de los empleados durante elecciones. Además, se destacó que el Ministerio dispone de mecanismos para recibir y procesar las denuncias relacionadas.

La advertencia de Mintrabajo se enmarca en el actual clima electoral del país, donde la protección de los derechos políticos y laborales es prioritaria. Presionar el voto se considera una infracción grave, lo que puede derivar en investigaciones administrativas y posibles sanciones.

Recuerde que estos son lo shorarios de laey seca pra este fin de semana debido a los comicios

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La Cancillería colombiana cambia la dirección de 58 puestos de votación en el exterior

La Cancillería colombiana anunció la modificación de la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales de 2026, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los cambios afectan consulados en 16 países, siendo Estados Unidos el país con más modificaciones, seguido de Brasil, España, Alemania y Venezuela.

En varias ciudades de Estados Unidos y España, los centros de votación pasaron de sedes consulares habituales a otras locaciones como hoteles, centros cívicos o asociaciones. En Sudamérica, destacan nuevas ubicaciones en ciudades de Brasil, Ecuador, Chile y Cuba.

Las autoridades recomiendan a los votantes consultar las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para verificar las direcciones actualizadas y evitar confusiones. La aplicación móvil aVotar y el sitio www.registraduria.gov.co permiten consultar la ubicación exacta del puesto de votación para cada ciudadano.

Las nuevas direcciones incluyen espacios municipales, residencias diplomáticas, oficinas y gimnasios, adaptándose a las realidades locales. La Registraduría enfatiza que estos cambios son habituales en contextos de alta migración y logística variable, y destaca la importancia de la participación activa de los colombianos en el exterior para el fortalecimiento democrático.

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Cayó hombre con más de 30 cedulas en su poder

Una acción coordinada de la Policía Metropolitana en la Terminal de Transporte de Cúcuta derivó en la captura de un individuo portando más de 30 cédulas de ciudadanía.

El arresto ha llevado a la policía judicial a iniciar investigaciones para esclarecer el propósito de la posesión de estos documentos, especialmente ante la cercanía de un proceso electoral en la región, de acuerdo con lo mencionado por Caracaol Radio. Los agentes buscan establecer si el caso podría estar vinculado a posibles delitos electorales, considerando el contexto político y social actual.

Según información proporcionada por las autoridades, el individuo será procesado formalmente por posesión ilícita de cédulas, un delito que conlleva sanciones severas dentro del marco legal colombiano. La fiscalía prepara la imputación correspondiente mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron al medio de comunicación que el hombre tendría vínculos con el Partido Verde en Norte de Santander, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente el grado de participación o responsabilidad de esa colectividad en los hechos.

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Defensía del Pueblo confirmó presencia en mesas de votación

Más de un millón de testigos electorales vigilarán los comicios

El Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), informó que, tras cerrar la plataforma de postulación y acreditación para las elecciones al Congreso previstas para el 8 de marzo de 2026, se registró un total de 1.034.532 testigos electorales postulados por agrupaciones políticas. Según el organismo, esto permitirá que el 98,8% de las mesas habilitadas cuenten con al menos un testigo encargado de observar todo el proceso electoral.

El número de auditores de sistemas subió a 10.720, lo que significa un aumento de 5.663% respecto a las elecciones de 2022. La presencia internacional también creció, con 482 delegados extranjeros para este año, mientras que las representaciones nacionales alcanzaron los 8.429 ciudadanos, un incremento del 126% en comparación con el proceso anterior. El total de testigos pasó de 394.235 en 2022 a más de un millón en 2026, marcando un aumento del 162%.

El proceso habilita a más de 41 millones de personas para ejercer su derecho al voto. Dentro de este universo, 21.236.349 mujeres y 20.050.735 hombres figuran en los registros oficiales como aptos para sufragar.

El contexto de seguridad es uno de los más tensos en varias décadas. Al menos dos candidatos al Congreso fueron secuestrados en la semana previa a los comicios, y la Defensoría del Pueblo reporta 457 amenazas de muerte contra líderes políticos. El ELN ha anunciado un cese al fuego del 7 al 10 de marzo, aunque las dudas persisten tras incumplimientos anteriores.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) para esmaltes semipermanentes debido a la presencia de ingredientes prohibidos, que pueden generar serios problemas de salud en las personas que los uses, en cumplimiento de la normativa de la Comunidad Andina.

Desde el 16 de febrero de 2026, queda prohibida la comercialización de estos productos en toda la subregión andina, tras agotarse el plazo de 60 días, establecido en la Resolución No. 2548 de 2025 de la Comunidad Andina, para concretar la cancelación automática de las NSO asociadas.

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Esta resolución, publicada el 15 de diciembre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina (CAN), restringió el uso de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en productos cosméticos.

El Invima recalcó que la medida también prohíbe el agotamiento de existencias y destacó su propósito: salvaguardar la salud pública a través de la vigilancia y el control constantes de productos cosméticos en Colombia.

La lista completa de las NSO canceladas se encuentra disponible para consulta pública conforme a lo dispuesto por la ley de transparencia de acceso a la información.

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• soak-off gel polish uv&led (esmalte semipermanente para uñas uv &led) nsoc96071-19co
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De acuerdo con el Invima, este lineamiento responde a la necesidad de proteger la salud pública y se aplicará de manera estricta en todo el territorio correspondiente. La disposición afecta tanto a distribuidores como a comercios minoristas, quienes deberán retirar estos productos de sus estanterías y evitar cualquier tipo de venta.

El ambiente electoral en el país generó que las autoridades en todo el territorio naional adoptara medidas de seguridad apra garantisar la seguridad del proceso electoral del 8 de marzo de 2026, y sobre todo, la seguridad de los colombianos.

A esta medida, se sumo el grupo criminal Los Costeños, que tiene su actividad delincuencial en Barranquilla y el Atlántico.

Por medio de un comunicado oficial se confirmó que garantizaran su compromiso con la seguridad local al declarar: “Queremos expresar nuestro compromiso con la tranquilidad y la seguridad de Barranquilla y el Atlántico”, según el mensaje firmado por comandante Gonzalo.

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Mientras la jornada democrática del 8 de marzo de 2026 se acerca, el mismo comunicado llama abiertamente a que “en este tiempo de democracia, invitamos a todos los ciudadanos a participar y ejercer su derecho al voto con responsabilidad y respeto”.

En otro apartado, el grupo sostiene la importancia de evitar alteraciones al orden: “Hacemos un llamado a que este proceso se viva en paz, pensando siempre en el bienestar de nuestras comunidades y en el futuro de nuestra gente”.

La difusión del mensaje corrió a cargo de las redes sociales el 6 de marzo, fecha en la que también se ratifica una intención de continuar hacia el diálogo: “Seguimos con la voluntad de avanzar hacia acuerdos que ayuden a reducir la violencia, fortalecer la inversión social y devolver la tranquilidad a nuestros barrios”.

Las declaraciones reflejan un intento de Los Costeños por mostrarse como actores interesados en la estabilidad de la región durante las votaciones, remarcando la consigna de que respetarán las elecciones del 8 de marzo.

Capturado alias Carlos Muleta, cabecilla de Los Costeños, en operativo en Atlántico

La reciente detención de alias Carlos Muleta, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Costeños, marca un nuevo episodio en la ofensiva contra las bandas delictivas en el departamento del Atlántico. La operación, ejecutada por la Policía Nacional, se considera un paso relevante para frenar el avance de delitos como la extorsión, el sicariato y el microtráfico, que han golpeado con fuerza a municipios como Barranquilla.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó la noticia a través de la red social X. El mandatario resaltó la importancia de no ceder terreno frente a las estructuras que generan violencia y remarcó: “Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones, y que estos delincuentes permanezcan tras las rejas”.

Las autoridades estiman que el ahora detenido lideraba un grupo compuesto por al menos 400 personas, implicadas en actividades ilícitas que afectan gravemente la seguridad regional.

Quienes se preguntan por la trascendencia de este operativo deben saber que la aprehensión de alias Carlos Muleta representa un golpe a la capacidad operativa de Los Costeños. La captura se produjo el 28 de febrero de 2026, después de que se ofreciera una recompensa para quienes proporcionaran información sobre su paradero, demostrando la efectividad de la colaboración ciudadana y el uso de incentivos para fortalecer la estrategia de seguridad.

Las investigaciones de la Policía relacionan a alias Carlos Muleta con el homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz. También se le vincula a un intento de asesinato contra Leonel Alonso Correa Ramos, registrado el 2 de septiembre del mismo año. Ambos casos forman parte del expediente que permitió a los agentes ubicar y proceder con la detención del presunto jefe criminal.

El operativo que condujo a su captura fue resultado de seguimientos y labores de inteligencia, que contaron con el apoyo de la comunidad y la estrategia de recompensas promovida por el gobierno departamental. Esta política busca incentivar la denuncia y debilitar las redes que sostienen las actividades ilícitas en la región.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones legislativas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez instó a la ciudadanía a ejercer su derecho en las urnas el 8 de marzo de 2026, buscando un “Congreso sin corrupción, sin tráfico de influencias“, según pidió a través de su cuenta oficial en X.

En su llamamiento, el fundador del Centro Democrático destacó la importancia de que los colombianos tomen decisiones conscientes al elegir a quienes harán aprte de la rama legislativa durante los siguientes cuatro años, un periodo que considera crucial para el futuro del país.

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Uribe también enfatizó la necesidad de transparencia en los procesos parlamentarios, solicitando que “se conozca el nombre del Congresista que solicite una obra en favor de comunidades“, con lo que desea poner fin a las prácticas opacas en la gestión de recursos públicos.