Guatemala enfrenta una transición epidemiológica caracterizada por un aumento de las enfermedades no transmisibles, el envejecimiento de la población y la persistencia de patologías transmisibles, un escenario que exige respuestas integradas y sostenibles en el sistema de salud.

Duranteel XLIV Congreso Nacional de Medicina Interna, la participación de la OrganizaciónPanamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reafirmóel propósito de acompañar a Guatemala en elfortalecimiento de su sistema sanitario, con foco en mejorar equidad,eficiencia y calidad en el acceso a los servicios. La Dra. IngridGarcía, Asesora Internacional en Enfermedades No Transmisibles, expusoel impacto de la evolución demográfica y epidemiológica sobre la organizaciónde la atención médica.

El evento, desarrollado por la Asociación de Medicina Interna de Guatemala (AMIG), puso en relieve la función estratégica del médico internista en la integración de la atención primaria y especializada, así como en la gestión de la multimorbilidad. Se enfatizó que este perfil profesional resulta esencial para garantizar la continuidad del cuidado y avanzar hacia modelos sanitarios orientados a resultados.

La OPS/OMS ratificó su compromiso de cooperación técnica al promover el desarrollo del talento humano en salud y acompañar los procesos nacionales de transformación sanitaria.

Las enfermedades crónicas incrementan presión sobre la salud pública en Guatemala

Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles representan un desafío creciente para la salud pública y la economía familiar en Guatemala, según un análisis publicado por Adrián Chávez García de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El estudio detalla que estas afecciones no transmisibles comparten ciertos factores de riesgo, y su control requiere la consolidación de políticas estatales robustas.

La inclusión de leyes como la de Atención Integral del Cáncer y la discusión de la iniciativa de Promoción de Alimentación Saludable en la agenda legislativa de la décima legislatura, de acuerdo con la investigación, facilitaría la puesta en archa de dos ejes estratégicos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN). Estas medidas se consideran claves para disminuir la prevalencia de enfermedades que actualmente cobran miles de vidas y afectan de forma directa la estabilidad financiera de millones de familias guatemaltecas.

El informe subraya que la POLSAN ya contempla la reducción de estos riesgos y propone su reconocimiento como una política de Estado. Destaca la necesidad de que todas las instituciones nacionales coordinen leyes, programas y recursos con el objetivo de implementar esta estrategia y así contener el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles.

La nueva versión de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (POLSAN) plantea que la alimentación saludable, suficiente y culturalmente pertinente debe convertirse en una prioridad permanente, más allá de las ideologías y ciclos políticos en Guatemala, y propone mecanismos específicos de evaluación y monitoreo que obligan a todas las instituciones estatales a orientar leyes, programas y recursos hacia este objetivo, según información suministrada en el documento oficial.

La POLSAN reconoce como desafíos emergentes la transición alimentaria y nutricional, el costo social y económico de gestionar la doble carga, la migración y los efectos de la transición urbana. A partir de estos elementos, la política delineó ejes temáticos y transversales y estableció líneas de acción para mejorar la producción, distribución, acceso y consumo de alimentos en todo el país.

La política renovada promueve la consolidación de sistemas alimentarios sostenibles para asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentación sana, nutritiva y culturalmente adecuada. El enfoque requiere orientar de manera integral leyes, programas, proyectos y recursos estatales a los objetivos de la POLSAN, trascendiendo los cambios de gobierno y considerándola como una política de Estado de cumplimiento obligatorio.

La elección de los próximos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala para el periodo 2026-2032 avanza hacia un desenlace crucial, en un contexto donde la transparencia electoral y la modernización institucional figuran en el centro del debate nacional. Esta etapa decisiva se produce mientras el Congreso prevé concretar la designación de los diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes— la próxima semana, un hecho que podría marcar el rumbo de la organización electoral en los próximos seis años.

Este proceso enfrenta un momento de alta tensión en el Congreso de Guatemala, con expectativas de intensas negociaciones políticas orientadas a superar una reciente ronda de votaciones infructuosas y bajo el escrutinio internacional por presuntas irregularidades en los listados de candidatos. Así lo expresó Orlando Blanco, diputado de la bancada VOS y primer secretario de la junta directiva, en declaraciones recogidas en La Red, quien anticipa que la próxima semana será decisiva para definir la integración del máximo órgano electoral del país.

Negociaciones y resistencias internas en el Congreso

De cara a la próxima semana, Orlando Blanco anticipó un clima político marcado por el dolor de las derrotas parciales y la necesidad de recomponer alianzas. “Se van a tener que lamer las heridas, los rasguños algunos, y tragarse los insultos, tragarse los sapos durante esta negociación para llegar a algún acuerdo”, afirmó el diputado. Según sus palabras, los actores políticos deberán superar agravios recientes para lograr consensos en torno a la conformación del Tribunal Supremo Electoral.

El diputado también advirtió que el proceso no estará exento de intentos de manipulación. En sus palabras, “seguramente entrarán algunos pícaros al Congreso que querrán hacer aparentar o entender que lo que sucedió ayer también es válido y que la propiedad de seguir usando esos listados contaminados que puso el Estado”. Este señalamiento evidencia la persistencia de disputas internas por el control del proceso y la influencia de sectores que buscan validar listados objetados por la opinión internacional.

De acuerdo con la información que gira alrededor de este proceso, el lunes la Instancia de Jefes de Bloque podría aprobar incluir la elección de los diez magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que a partir de asumir tendrá la dirección del proceso electoral 2027.

Evalúan perfiles y realizan entrevistas

La instancia de jefes de bloque junto a integrantes de la Comisión de Asuntos Electoral del Congreso de la República, realizaron entrevistas a los aspirantes incluidos en la nómina elaborada por la Comisión de Postulación que dirigió el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.

Durante las entrevistas iniciales, uno de los datos más destacados corresponde a la intervención de Giovanni Francisco Soto Santos, aspirante a magistrado, quien centró su plan en la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la educación cívica en Guatemala. Soto Santos propuso que la capacitación no solo se dirija a los miembros del padrón electoral, sino que integre a los jóvenes al borde de obtener su Documento Personal de Identificación. Ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Soto Santos declaró: “Tengo la firme convicción de que, con capacitación constante a los miembros del elector, al ciudadano, con una capacitación primaria a los jóvenes que están a punto de sacar su DPI y poderse empadronar, e indicarles cuál es la responsabilidad en cuanto a sus derechos civiles y políticos a la hora de emitir su voto”.

La nueva magistratura del TSE que será electa por el Congreso de la República de Guatemala tendrá a su cargo la celebración de las elecciones generales del 2027 y 2031.

En el marco de una serie de operativos recientes que buscan frenar el avance del narcotráfico en Guatemala, Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, fue detenido en el departamento de Escuintla con fines de extradición a Estados Unidos, país en el que enfrenta cargos federales por conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína destinadas a ese territorio.

La captura de Romero Mora representa la decimosexta aprehensión con fines de extradición realizada en Guatemala en 2026, cifra que refleja el aumento de las acciones coordinadas contra redes criminales internacionales, según reportó la Policía Nacional Civil.

La detención se ejecutó este 6 de marzo en el kilómetro 99 de la autopista a Puerto Quetzal, tras un operativo de inteligencia llevado a cabo entre el 5 y 6 de marzo en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa. Investigadores lograron ubicar el vehículo en el que se trasladaba Romero Mora, donde fueron decomisados un automóvil y un teléfono móvil.

De los 16 extraditables capturados durante el año, diez están implicados en delitos vinculados al narcotráfico, mientras que los otros seis enfrentan cargos por diversas infracciones. La coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil fue clave en el desarrollo de estas operaciones, que forman parte de una estrategia de seguridad identificada como #SeguridadConTransparencia.

Romero Mora es considerado cabecilla de una red transnacional de narcotráfico

La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas requiere la extradición de Romero Mora. Las imputaciones incluyen “conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y tenencia de causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos”, además de la fabricación y distribución directa de la droga y el cargo adicional de “ayudar e instigar” en la comisión de estos delitos, según informó el Ministerio Público.

La investigación coordinada por el Ministerio Público permitió identificar a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, con operaciones documentadas desde 2013 hasta julio de 2021. Esta red operaba a lo largo de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, enviando grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, país en el que la oferta y demanda sostenida de estupefacientes continúa alimentando la expansión de organizaciones delictivas en la región.

Las autoridades guatemaltecas atribuyen a Romero Mora una responsabilidad central en la administración, dirección y facilitación de actividades logísticas y estratégicas de la banda en Guatemala y otras zonas. Además, el Ministerio Público detalló que el detenido es hermano de Xiomara “N”, alias “Reyna del Sur”, otra figura señalada en entornos del narcotráfico.

El proceso judicial continuará con la puesta a disposición de Romero Mora ante la justicia guatemalteca, que deberá resolver la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno estadounidense.

Formalizan la extradición de un presunto líder narco ante cortes estadounidenses

Las autoridades de Guatemala extraditaron el jueves a Elmer Antonio Pacán Barrios, conocido como “Chepio”, a Estados Unidos, donde lo requiere la justicia por delitos de narcotráfico. Debe comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La acusación formal detalla dos delitos principales: conspirar para fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína con intención de enviarla ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína sabiendo que sería importada a territorio estadounidense.

De 2017 a 2024, investigaciones señalan que Pacán Barrios operó como uno de los líderes de una organización de tráfico de drogas basada en Guatemala, la cual coordinaba grandes envíos de cocaína hacia Estados Unidos desde su centro de operaciones en Los Amates, Izabal. El detenido se sometió a aceptación de cargos, lo que permitió acelerar el proceso de extradición.

La captura se produjo el 16 de noviembre de 2025 en Santa Cruz del Quiché, Quiché, mediante una orden vigente por delitos relacionados con narcotráfico.

El Aeropuerto Internacional La Aurora se encuentra en una etapa de renovación previo a la semana santa 2026 en busca de posicionar a la terminal como referencia regional de modernización y seguridad, en respuesta al crecimiento proyectado del turismo y las necesidades logísticas de Guatemala.

Entre febrero y marzo de 2024 la terminal registró más de 195 mil entradas de pasajeros, y entre marzo y abril de 2025 la cifra superó los 206 mil ingresos, marcando un sostenido aumento de usuarios, según información de la Agencia guatemalteca de noticias.

La tendencia al alza en el flujo de pasajeros condiciona la dinámica operativa del aeropuerto. Para 2026, las autoridades estiman una operación aún más dinámica, apalancada por sistemas más eficientes y personal capacitado, como parte del esfuerzo por consolidar a La Aurora como puerta de entrada del turismo nacional e internacional.

El Plan Conecta impulsa la modernización tecnológica y operativa

Durante el último año, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala (DGAC) implementó el Plan Conecta, una estrategia que contempla la modernización de procesos migratorios y de seguridad. En este marco, el aeropuerto incorporó 15 nuevos escáneres de seguridad destinados a agilizar la inspección de equipajes. La adquisición fue posible mediante acuerdos de cooperación internacional y alianzas público-privadas, procurando que el tránsito de pasajeros resulte tanto seguro como eficiente.

Las autoridades esperan que todas estas acciones permitan sostener el ritmo de crecimiento del sector turístico y empresarial. Al mismo tiempo, buscan reducir los tiempos de espera y fortalecer los controles de seguridad, un desafío permanente en los grandes hubs de América Central.

Mejoras en la infraestructura y certificación internacional

La modernización no solo alcanza la tecnología, sino que también abarca la infraestructura y la atención al público. Entre los proyectos ejecutados en la terminal se encuentran la mejora de baños, pisos y pintura, la optimización del sistema de aire acondicionado, la ampliación del circuito de videovigilancia y la reparación de elevadores y gradas eléctricas. Cada una de estas obras responde a la meta de brindar instalaciones a la altura del flujo que recibe la terminal, así como garantizar la comodidad de los usuarios.

Un aspecto central de la estrategia implementada por la DGAC es la certificación del personal bajo normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El objetivo es garantizar que todos los procedimientos y áreas de operación se adhieran a criterios internacionales de seguridad y calidad de servicio. De este modo, Guatemala refuerza la solidez institucional de su principal nodo aéreo al tiempo que potencia la experiencia de tránsito tanto para residentes como para visitantes extranjeros.

La suma de todas estas intervenciones posiciona al Aeropuerto Internacional La Aurora como una terminal en proceso de consolidación, orientada a cubrir las demandas del desarrollo turístico y económico del país. El aeropuerto reafirma su objetivo de ser una infraestructura moderna, segura y eficiente al servicio del bienestar de la población y de quienes llegan al territorio nacional.

La red nacional SINAPRESE reforzará su presencia

Guatemala pondrá en marcha un plan de seguridad y prevención de alcance inédito para la Semana Santa 2026, según anunció CONRED. Esta estrategia responde al incremento sostenido de turistas y al reconocimiento internacional que tienen las celebraciones guatemaltecas, declaradas patrimonio intangible de la humanidad.

El dispositivo contará con veintidós instituciones y el despliegue de tecnología avanzada, como drones de vigilancia, videovigilancia móvil y torres de observación, para ofrecer respuesta rápida en los principales destinos del país. Entre las medidas previstas, se instalarán bahías en playas públicas, lagos y parques nacionales, que funcionarán como centros de información y atención inmediata tanto para visitantes como para residentes.

La planificación contempla la presencia de puestos de gestión institucional en carreteras nacionales y zonas de tránsito elevado, con el fin de informar sobre el estado de las vías, proveer atención prehospitalaria y reforzar la protección de la ciudadanía. Durante los primeros preparativos, las autoridades establecieron los recursos humanos, logísticos y operativos que fortalecerán la atención al público.

La elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) generó fuertes declaraciones y denuncias durante la sesión legislativa celebrada este miércoles en el Congreso de la República de Guatemala. Mientras en las afueras del hemiciclo los manifestantes exigen transparencia en el proceso, dentro del pleno se registraron acusaciones sobre presiones indebidas, intentos de limitar el debate y supuestas irregularidades en la votación.

El diputado oficialista José Toledo afirmó ante el pleno: “Acá venimos a defender la Constitución, lo que buscan hoy es otra cosa, sé que hay diputados nerviosos, acá está corriendo plata para asegurar el resultado”. El legislador remarcó que la votación había contado con el tiempo suficiente y solicitó continuar con la agenda legislativa

Por su parte, Ronalth Ochaeta expresó su rechazo a la propuesta, enfatizando: “Mi voto en contra, creemos todos los diputados electos por el pueblo, por eso es importante responder, defendamos los derechos de las personas. El MP vino al Congreso a amedrentar como lo hicieron el Colegio de Abogados”. El diputado señaló la importancia de la independencia de los legisladores frente a otras instituciones y justificó su voto negativo.

Durante la discusión, la diputada Alexandra Ajcip, representante de la bancada Elefante, tomó la palabra para exigir igualdad en el uso del tiempo de intervención: “Todos los diputados somos iguales y tenemos derecho a intervenir. La solicitud que hice fue de limitar a dos minutos por cada votación, mi petición fue violada, entrar a votar de nuevo”. Ajcip respaldó su argumento leyendo parte de la normativa interna del Congreso.

Otro diputado oficialista, Carlos Sanabria, sumó críticas a la propuesta, argumentando: “Mi voto en contra por varias razones, creo que es importante respetar el derecho constitucional que tenemos al momento de tener el uso de la palabra, esta acción está buscando coartar este derecho, los diputados representamos al pueblo”.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso de la República, continúa la presencia de manifestantes que exigían transparencia en la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.

A las 7:25 de la noche se reportó un corte de energía en el pleno, sin embargo, volvió la energía eléctrica al instante y no interrumpió el uso de la palabra de Román Castellanos, diputado oficialista.

A continuación, el presidente en funciones de la Junta Directiva, Nery Ramos, hizo dos llamados al diputado Castellanos para que se refiera al tema en discusión, o sea, la elección de magistrados titular y suplente y evitara continuar su discurso con relación a la historia constitucional de Guatemala. Castellanos desvió su intervención a acotaciones literarias e históricas, incluso hasta tuvo su intervención en maya.

La Junta tuvo que efectuar un tercer llamado a Castellanos, por lo que acorde a lo estipulado en la ley orgánica del organismo, se le suspendió momentáneamente el uso de la palabra.

Posterior a ello, el diputado Ronalth Ochaeta señaló que las sentencias de la Corte de Constitucionalidad han sido “nefastas para la libertad, incluso de la libre expresión del pensamiento”.

“Se protegió a Ríos Montt (General Efraín Ríos Mont, expresidente de facto en Guatemala, acusado de genocidio en época del enfrentamiento armado interno)”, cuestionó Ochaeta. Además, recordó que la máxima Corte los dejó como diputados independientes, desde que avaló la cancelación del partido Semilla, que llevó al presidente Bernardo Arévalo a la Presidencia en 2023. Minutos después, se le emitió el tercer llamado para cesar su uso de la palabra.

Luego, Maynor de la Rosa, de la bancada Vamos, solicitó limitar el tiempo de las intervenciones de cada legislador a un máximo de cinco minutos. Se sometió a votación y con 104 votos procedió a establecerse.

La diputada Laura Marroquín, pidió al presidente que llame al respeto y se cumplan los minutos que se establecieron y sea posible solicitar la palabra hasta 3 veces, si así fuese necesario.

La diputada oficialista Victoria Godoy Palala denunció el consumo de bebidas alcohólicas durante la sesión legislativa. La denuncia de Godoy Palala generó reacciones en la sesión, aunque las autoridades aún no han brindado una postura oficial sobre el incidente.

La diputada Sofía Hernández, de la bancada VAMOS, cuestionó el uso de maniobras dilatorias y filibusterismo en la sesión parlamentaria destinada a la elección de autoridades. Hernández pidió que el voto se ejerza en libertad y con base en los expedientes analizados, y lamentó las prácticas que han retrasado la toma de decisiones. También expresó su respeto a los oradores que han mantenido el debate en términos profesionales.

Llegadas las diez de la noche, el primer secretario del Congreso, Juan Carlos Rivera, dio paso a las lecturas de los los 47 expedientes de cada uno de los aspirantes, proceso requerido para la elección del cargo.

Información en desarrollo

Diputados solicitan a la Corte de Constitucionalidad revocar el amparo provisional impuesto al Congreso. En la petición, afirman que no existe riesgo de incumplimiento de plazos legales y que la medida carece de justificación jurídica.

La solicitud destaca que se debería dejar sin efecto inmediato el amparo que obliga al Congreso a elegir a los magistrados de la CC este jueves. Entre los argumentos, los parlamentarios enfatizan que no hay fundamentos legales suficientes para mantener la resolución temporal, por lo que exigen que se revoque el amparo otorgado dentro del expediente 1857-2026.

El diputado Samuel Pérez publicó en redes sociales: “Hemos presentado una solicitud a la CC para que revoquen de manera inmediata el ilegal y arbitrario amparo provisional por medio del cual pretenden obligarnos a elegir a Molina Barreto el día de hoy”.

Los congresistas solicitan que el escrito sea incorporado al expediente, que se les reconozca oficialmente como diputados y como terceros interesados de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de constitucionalidad, y que la Corte los tenga por notificados en el lugarseñalado. Además, piden la revocatoria del amparo de acuerdo con el artículo 30de la citada ley.

Por lo tanto, los congresistas piden revocar el amparo provisional otorgado y solicitan a la Honorable Corte de Constitucionalidad las siguientes peticiones:

1. Que se agregue el presente escrito al expediente respectivo

2. Que se reconozca nuestra calidad de diputados al Congreso de la República y se tenga por señalado el lugar para recibir notificaciones.

3. Que se nos tenga como TERCEROS INTERESADOS dentro del presente proceso de amparo, conforme el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

4.Que se tenga por planteada SOLICITUD DE REVOCATORIA DEL AMPARO PROVISIONAL, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

5. Que oportunamente esta honorable Corte REVOQUE EL AMPARO PROVISIONAL otorgado dentro del expediente 1857-2026, por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. https://x.com/samuel_pz/status/2029694654061367656

La Corte ordenó que la sesión permanezca abierta mientras existan temas pendientes

La CC ordenó mantener abierta la sesión, prohibiendo que se levante antes de concluir los puntos del orden del día, luego de que el pasado martes, el presidente del Congreso, Luis Contreras, cancelara la convocatoria por falta de cuórum en la Junta Directiva.

Durante la jornada, los diputados deberán someter a votación la elección de los magistrados que representarán al Congreso ante la CC para el período 2026-2031, tomando como base la nómina de 47 candidatos propuesta por la Comisión Mixta, conformada por los Jefes de Bloque y miembros de la Junta Directiva.

De acuerdo con las disposiciones, primero se votará por el magistrado titular y después por el suplente, siendo electos quienes alcancen la mayoría absoluta de 81 votos entre todos los diputados.

Retoman sesión plenaria convocada por orden constitucional

El anuncio, de la presentación de la acción planteada por los legisladores afines al presidente de la República, Bernardo Arévalo, se dio posterior al reinició de la sesión convocada para la elección de los magistrados titular y suplente, plenaria realizada entre discusiones y disturbios dentro del Hemiciclo, por la solicitud de limitar a cinco minutos el tiempo para expresarse.

Elmer Palencia, segundo vicepresidente, se manifestó a favor de limitar el uso de la palabra a cinco minutos durante la sesión, acusando a algunos presentes de repetir el espectáculo ocurrido el 14 de enero. Palencia insistió en que existe temor frente a la votación y solicitó que se avance en el proceso. Expresó que las decisiones en el pleno deben definirse por “votos, no por empujones, no subiéndose en los escritorios, no el que más grita".

Las autoridades de Guatemala extraditaron este viernes a Elmer Antonio Pacán Barrios, conocido como “Chepio”, a Estados Unidos, donde lo requiere la justicia por delitos de narcotráfico. Debe comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La acusación formal detalla dos delitos principales: conspirar para fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína con intención de enviarla ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína sabiendo que sería importada a territorio estadounidense.

De 2017 a 2024, investigaciones señalan que Pacán Barrios operó como uno de los líderes de una organización de tráfico de drogas basada en Guatemala, la cual coordinaba grandes envíos de cocaína hacia Estados Unidos desde su centro de operaciones en Los Amates, Izabal. El detenido se sometió a aceptación de cargos, lo que permitió acelerar el proceso de extradición.

La captura se produjo el 16 de noviembre de 2025 en Santa Cruz del Quiché, Quiché, mediante una orden vigente por delitos relacionados con narcotráfico.

Gobierno guatemalteco concreta siete extradiciones hacia Estados Unidos

Hamilton Josué Paz Fuentes, conocido como La Osa, fue extraditado el 12 de enero, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, informó el Ministerio de Gobernación. Se trata del primer ciudadano que fue trasladado a Estados Unidos bajo estos delitos en 2026, después de que se agotaron todos los recursos legales en territorio guatemalteco.

Posterior a ello, se concretó la extradición de Wenshen “Alex” Xu, nacional de la República Popular China, requerido por acusaciones de tráfico de drogas, blanqueamiento de capitales y apoyo material a una organización terrorista extranjera, específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. También fueron enviados a Estados Unidos Adelfo “Lico” Valdez, Pedro Pablo Oliva y Kelvin “Catracho” Berón por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En relación con la cooperación binacional, Estados Unidos subrayó los resultados obtenidos mediante la coordinación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), el United States Marshals Service y entidades guatemaltecas. Gracias a estos esfuerzos conjuntos fueron detenidos y extraditados Jorge Trujillo, alias “Gonzalo Paiz Pineda”, y Juan Carlo Pixola Lara para responder ante la justicia estadounidense por cargos de homicidio.

Los operativos recientes, que involucraron a organismos como la DEA y #StateINL,evidencian que quienes representan una amenaza para la región podrán ser procesados penalmente, sin importar el lugar desde el que operen.

avanzan en diálogo sobre extradición y seguridad regional

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, sostuvo un encuentro con Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, centrado en impulsar la cooperación bilateral en extradición de criminales, combate al narcotráfico y seguridad regional.

El Organismo Judicial ratificó la voluntad de ampliar la colaboración institucional entre ambos países, resaltando el interés compartido en fortalecer el Estado de Derecho. Durante la reunión, la agenda abordó el efecto de la política estadounidense America First, que posiciona a Estados Unidos como socio clave para promover la libertad y el desarrollo económico en Guatemala y la región. Según la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la visita reflejó un reconocimiento a la relación bilateral existente.