BCS impulsa ley para inclusión y atención integral de personas con trastorno del espectro autista
La Paz, Baja California Sur (BCS). Este 3 de marzo fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, una propuesta que busca actualizar el marco legal vigente y establecer mecanismos institucionales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población. La iniciativa surge como parte de los esfuerzos legislativos para promover una sociedad más incluyente y con mayores herramientas de apoyo para niñas, niños, jóvenes y personas adultas con esta condición.
El diputado Martín Escogido Flores, en representación de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, y Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, destacó que la inclusión es un deber respaldado por la Constitución. Señaló que el reto no está en quienes viven con autismo, sino en las limitaciones estructurales creadas por la sociedad. “Si no reconocemos que formamos parte de una diversidad, será difícil comprender por qué la inclusión es indispensable”, afirmó desde tribuna.
La propuesta incorpora principios rectores como la dignidad humana, el enfoque de derechos, la progresividad, la accesibilidad, los ajustes razonables y la no discriminación. De acuerdo con el documento, la finalidad es asegurar la integración social de las personas con Trastorno del Espectro Autista a través de acciones gubernamentales coordinadas, alineadas con la Constitución federal, los tratados internacionales y la Ley General correspondiente.
Uno de los planteamientos centrales es la creación de una Comisión Intersecretarial presidida por la Secretaría de Salud, encargada de coordinar diagnósticos oportunos, terapias y procesos de rehabilitación. Este órgano incluiría a diversas dependencias estatales, al Sistema DIF, al Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a cinco organizaciones civiles, una por cada municipio, dedicadas a la defensa de los derechos de personas con autismo.
La iniciativa también contempla fortalecer las unidades básicas de rehabilitación, integrando equipos multidisciplinarios certificados que trabajarán con el sector salud y fundaciones especializadas. Los servicios médicos serían proporcionados por el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. De aprobarse esta nueva ley, quedaría sin efecto el Decreto 3010, vigente desde marzo de 2024.
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