MEXICALI, FEBRERO 17, 2026 .- La diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo presentó una iniciativa para armonizar y actualizar la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, con las modificaciones derivadas de la reforma al Poder Judicial.

La ley que se busca reformar fue diseñada bajo una estructura orgánica del Poder Judicial que contemplaba la existencia del Consejo de la Judicatura de Baja California, al cual se le atribuían facultades relevantes en materia de administración, vigilancia y disciplina judicial.

No obstante, derivado de las recientes reformas constitucionales y legales en materia de organización del Poder Judicial del Estado, el citado Consejo ha dejado de existir, dando lugar a una nueva composición y distribución de atribuciones dentro de los órganos de gobierno judicial.

Esta transformación institucional hace indispensable la actualización y armonización del marco normativo secundario, a fin de evitar vacíos legales, contradicciones normativas o disposiciones que ya no correspondan a la realidad orgánica vigente.

Ante ello, la legisladora propuso que el Consejo de Administración esté facultado por la ley para administrar los bienes recabados por los distintos ingresos, que también pueden obtenerse por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

La reforma a diversos artículos de la citada ley contempla, entre otras disposiciones, una enmienda a su artículo 2, garantizando que la gestión, supervisión y toma de decisiones respecto del Fondo Auxiliar se realicen conforme a la estructura actualmente vigente y bajo principios de legalidad, certeza jurídica, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la adecuación normativa permitirá fortalecer el uso adecuado de los recursos del Fondo Auxiliar, asegurando que continúen destinándose al mejoramiento de la infraestructura judicial, la capacitación del personal jurisdiccional y administrativo, la modernización tecnológica y, en general, a la consolidación de un sistema de justicia más accesible, eficaz y cercano a la ciudadanía.

Otra de las observaciones a la ley es la carencia de lenguaje inclusivo, con el objetivo de evitar el uso del masculino genérico e incluir a todas las personas independientemente de su género, promoviendo una comunicación más equitativa y respetuosa.

Por ello, se propone la sustitución del vocablo “Magistrados” por “Magistraturas”, agregando la palabra Juezas, así como la expresión “las y los integrantes del Consejo”, eliminando así la posible discriminación normativa mediante la inclusión de un lenguaje que haga referencia a ambos géneros.