El empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón, presidente de SuKarne, participó este viernes en la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía en el Patio Central de Palacio Nacional, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Vizcarra Calderón fue uno de los oradores en representación del sector privado y ocupó un lugar en el presídium del evento.

Anunció que SuKarne mantendrá durante seis meses un descuento de 5 por ciento en bistec de res, con un precio por debajo de los 150 pesos por kilogramo, a través de una red de 500 tiendas propias y más de 400 unidades de distribución con cobertura nacional.

“Para SuKarne no se trata solo de participar en un acuerdo. Se trata de convertir esta responsabilidad en un beneficio verificable para las familias”, expresó.

El Pacic fue renovado con la participación de representantes de 32 empresas firmantes, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y del Consejo Coordinador Empresarial, quienes refrendaron el compromiso de mantener el precio de la canasta básica de 24 productos en un máximo de 910 pesos.

El presidente del CCE, José Medina Mora, aseguró que el acuerdo ha despertado interés internacional como modelo de colaboración entre Gobierno e iniciativa privada.

“Este acuerdo voluntario entre el Gobierno y el sector empresarial es inédito. Es algo que ya nos comentaba el secretario de Hacienda: han venido otros países a ver qué es lo que estamos haciendo”, expresó.

Sheinbaum Pardo defendió la estrategia antiinflacionaria y advirtió sobre el costo de no haberla implementado.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12 por ciento. No hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación”, afirmó.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, recordó que el mecanismo surgió en 2022 cuando México enfrentaba uno de los episodios inflacionarios más complejos de las últimas décadas.

Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, la canasta actualmente se comercializa en promedio alrededor de 6 por ciento por debajo del tope establecido.

Vizcarra Calderón ha participado de manera recurrente en las renovaciones del Pacic desde que el acuerdo fue puesto en marcha por el Gobierno federal, en mayo de 2022.

Como presidente de SuKarne, una de las principales proveedoras de proteína animal del País, ha formado parte de los grupos empresariales convocados para refrendar los compromisos de estabilidad de precios y abasto.

El Senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, notificó formalmente su reincorporación al cargo el 29 de mayo, mediante un oficio dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, con sello de recibido a las 2:58 horas.

La licencia, solicitada para ausentarse durante la sesión extraordinaria convocada los días 28 y 29 de mayo, tuvo una duración de menos de 24 horas.

El senador había asegurado el jueves, a través de sus redes sociales, que se encontraba en Ciudad de México, en el Senado de la República, desde donde presentó su solicitud de licencia.

Sin embargo, no hubo registro de su ingreso al recinto legislativo ni de que acudiera a sus oficinas durante esa jornada.

Los trabajos del periodo extraordinario se extendieron durante toda la noche y madrugada.

Para cubrir su ausencia en el pleno, tomó protesta como Senador suplente a Omar López Campos, quien solicitó una licencia de dos días a su cargo como Secretario de Bienestar y Desarrollo Social de Sinaloa.

López Campos es considerado un cercano colaborador del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, también señalado por autoridades estadounidenses.

El Senador Inzunza Cázarez fue incluido el 29 de abril en una lista difundida por autoridades de Estados Unidos, junto a Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y siete ex funcionarios de Sinaloa, todos señalados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, Inzunza Cázarez no había realizado apariciones públicas, limitando sus posicionamientos a publicaciones en redes sociales.

Según el Reglamento del Senado de la República, para solicitar una licencia el legislador solo está obligado a presentar un escrito con firma autógrafa, el cual puede ser entregado a la Junta de Coordinación Política por conducto de un auxiliar, sin que sea necesaria la presencia física del Senador en el recinto.

Enrique Inzunza Cazárez, Senador de Morena por Sinaloa y parte de los funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos de favorecer al crimen organizado, desmintió la versión que circula sobre su presunto arresto o entrega.

El legislador señaló que se deslinda de las imputaciones que se le han formulado y asegura que no ha contratado a un abogado.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, publicó vía X.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”

Inzunza Cázarez agregó que atenderá los señalamientos que se le han presentado conforme lo mandaten las autoridades mexicanas.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales”, estableció.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”.

Los rumores alrededor del Senador tomaron fuerza en el contexto de las detenciones previas de otros funcionarios del círculo cercano al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con la recepción de sobornos a cambio de facilitar operaciones criminales y advertir sobre operativos policiales.

Reportes en redes sociales señalaban que Inzunza Cázarez podría ser el siguiente en entregarse a las autoridades estadounidenses en San Diego, California.

El legislador es uno de los 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses acusados el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión bajo el sistema judicial estadounidense.

A diferencia de Rocha Moya y del Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza Cázarez es el único de los tres principales señalados que no ha pedido licencia para separarse de su cargo, por lo que conserva el fuero constitucional.

El Senador también vinculó las acusaciones en su contra con su posicionamiento previo contra el presunto operativo conjunto entre la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la CIA.

La acusación del DOJ describe un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios estatales habrían sido integrados a una “narconómina” operada por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con Inzunza Cázarez como supuesto enlace entre los líderes criminales y el Gobernador Rocha Moya.