Los familiares directos de integrantes de instituciones de seguridad pública que fallezcan en el cumplimiento de su deber podrán acceder a una pensión económica temporal otorgada por el Gobierno del Estado, luego de que el Congreso de Baja California Sur aprobara por unanimidad una nueva legislación en la materia.

Se trata de la Ley para el Otorgamiento de Pensión a Deudos de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios de Baja California Sur, iniciativa impulsada por la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, con el objetivo de brindar respaldo económico a las familias de quienes pierdan la vida mientras desempeñan labores de seguridad y atención de emergencias.

La nueva disposición establece una pensión mensual equivalente a 356 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente 41 mil 672 pesos al mes, apoyo que será entregado durante un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha del fallecimiento.

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La promovente de la iniciativa explicó que el beneficio abarcará a distintos cuerpos encargados de la seguridad y protección de la ciudadanía.

“¿En qué consiste esta iniciativa? En otorgarles una pensión a todos los elementos de seguridad pública, bomberos, peritos, policías municipales, policías estatales, elementos de Protección Civil, todos enfocados en seguridad pública caídos en el cumplimiento de su deber van a ser beneficiados con una pensión de 12 meses para sus familiares directos (…) Gracias al ejecutivo, al profesor Víctor Manuel Castro Cosió, que estuvo bien estudiar esta iniciativa en la mesa de seguridad, tanto al capitán Cancino agradecerle a todos los de procuración de justicia que otorgaron una propuesta de pasar de 120 mil pesos aproximadamente durante los 12 meses a ser a un poco más de 500 mil pesos”, expresó la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la XVII Legislatura, el beneficio no se limitará a policías estatales y municipales, sino que también incluirá a personal del sistema penitenciario, procuración e impartición de justicia, Protección Civil y cuerpos de bomberos.

Originalmente, la iniciativa planteaba una pensión equivalente a 90 UMA; sin embargo, tras su análisis en la Mesa de Seguridad, la propuesta fue modificada para elevar el monto a 356 UMA mensuales, lo que representa poco más de 500 mil pesos en total durante un año.

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La ley establece además que esta pensión será independiente de los seguros, indemnizaciones o prestaciones laborales a las que tengan derecho los trabajadores o sus beneficiarios.

Para acceder al apoyo, cada servidor público deberá registrar previamente a sus beneficiarios mediante los formatos que emitirán las áreas de recursos humanos de las dependencias correspondientes. Asimismo, los deudos podrán solicitar formalmente la pensión una vez transcurridos 90 días naturales desde el fallecimiento.

Como parte de las disposiciones transitorias, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y las tesorerías municipales deberán realizar las adecuaciones presupuestales necesarias en un plazo máximo de 30 días naturales tras la entrada en vigor de la ley.

La iniciativa fue respaldada por unanimidad de las y los diputados integrantes de la XVII Legislatura, quienes señalaron que la medida busca brindar mayor certidumbre económica a las familias de quienes arriesgan su vida en labores de seguridad pública y atención de emergencias en Baja California Sur.

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El cargo Familiares de agentes caídos en servicio accederán a pensión estatal en BCS apareció primero en Tribuna de México.

Los recientes hechos de violencia registrados en Los Cabos llegaron a la tribuna del Congreso de Baja California Sur, donde diputados de distintas fuerzas políticas manifestaron su preocupación por la situación de seguridad pública en la entidad y coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante la sesión ordinaria, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Saldaña Cisneros, advirtió sobre el incremento en la percepción de inseguridad entre la población sudcaliforniana, particularmente en los municipios de Los Cabos y La Paz.

“Aunque se pretenda maquillar las cifras, la situación de nuestro estado Baja California Sur no es distinta. La inseguridad es la mayor preocupación de sus habitantes. Lamentablemente, la gente se siente cada día más insegura en la entidad. La reciente encuesta nacional de seguridad pública del INEGI del 24 de abril del 2026 señaló que la percepción de inseguridad pública de los habitantes de Los Cabos en marzo de 2025 era del 24.7%, pero para marzo de 2026 creció a 34.7%, 10 puntos en un año y que en La Paz aumentó en ese lapso del 27.8% al 46.6%, 19 puntos más”, expresó Saldaña Cisneros.

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La legisladora sostuvo que el aumento en estos indicadores refleja la preocupación de la ciudadanía ante los hechos delictivos que se han registrado en distintos puntos del estado y llamó a fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Christian Fabrizio Del Castillo Miranda, lamentó los acontecimientos violentos ocurridos recientemente en el sur de la entidad y señaló que la población sudcaliforniana no debe normalizar este tipo de situaciones.

“Lamentablemente estamos viviendo días oscuros en Baja California Sur, sobre todo en el sur del estado y en otras partes del estado se siguen suscitando hechos que lamentamos. No estamos los sudcalifornianos acostumbrados a estas situaciones y jamás nos debemos de acostumbrar a estas situaciones. Es lamentable que se que sucedan en nuestro orgullo turístico. En el sur del estado, un destino turístico que da para mucho para las familias sudcalifornianas y que se debe de cuidar, pero se debe de cuidar más la seguridad de las familias sudcalifornianas. Y hago un exhorto desde esta tribuna a los tres niveles de gobierno a quien corresponda para que también asuman su responsabilidad cuando alguna persona sale afectada o como se les llama con los daños colaterales, que se les atienda y que se les apoye”, exhortó Del Castillo Miranda.

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Además de insistir en la importancia de preservar la tranquilidad en uno de los principales destinos turísticos del país, el legislador hizo un llamado a las autoridades para brindar atención y acompañamiento a las personas y familias que han resultado afectadas por los recientes hechos de violencia.

Ambos posicionamientos se dieron en el contexto de los sucesos violentos registrados durante las últimas semanas en Los Cabos, entre ellos ataques armados que han dejado personas lesionadas y fallecidas, así como víctimas colaterales, hechos que han generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad.

Los legisladores coincidieron en que es necesario fortalecer las estrategias de seguridad, mejorar la coordinación institucional y redoblar esfuerzos para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias sudcalifornianas.

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El cargo Tras hechos violentos, legisladores demandan reforzar acciones de seguridad en Los Cabos apareció primero en Tribuna de México.

El Congreso de Baja California Sur aprobó este viernes la minuta de reforma constitucional que permitiría declarar la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la equidad de la contienda, la libertad del sufragio o la autenticidad de los resultados electorales.

La reforma fue avalada previamente por el Senado de la República mediante una modificación al artículo 41 de la Constitución Mexicana, incorporando la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad electoral.

Durante la sesión extraordinaria, la diputada local de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, respaldó la reforma al señalar que Baja California Sur es un estado estratégico por su ubicación geográfica y cercanía internacional.

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“Somos un estado estratégico por nuestra ubicación geográfica, por nuestra relación histórica con el Pacifico y por nuestra cercanía internacional, y precisamente por ello debemos ser firmes en la defensa de la independencia y nuestras instituciones. Por todo lo anterior expuesto, diputadas y diputados de MORENA, votaremos a favor de esta minuta enviada por la cámara de Senadores convenidos que se fortalece el estado mexicano, protege nuestra soberanía y honra la memoria histórica de quienes lucharon por un México libre e independiente”, expresó Vázquez Jacinto.

Por su parte, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), María Guadalupe Saldaña Cisneros, votó en contra y criticó que la reforma no contemple la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“El mayor riesgo para las elecciones mexicanas no es la intervención extranjera y ustedes lo saben, es una invención de MORENA el tema, el verdadero riesgo en las elecciones y lo ha dicho el Partido Acción Nacional, es la intervención del crimen organizado que hoy controla territorios y que financió campañas electorales de MORENA. Es el crimen organizado el que va a decidir quién compite y quien no, pero ese riesgo no está contemplado en esta reforma”, informó Saldaña Cisneros.

Con 16 votos a favor y dos en contra, el Congreso de Baja California Sur emitió su voto favorable como parte del Constituyente Permanente. La reforma requerirá el aval de la mayoría de los congresos estatales del país para entrar en vigor.

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El cargo Aprueba BCS reforma sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera apareció primero en Tribuna de México.

La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa de reforma integral para crear el Registro Estatal de Atención Prioritaria en Emergencias. Esta propuesta busca modificar la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Baja California Sur. El objetivo central es que las autoridades ubiquen y auxilien de forma inmediata a personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida durante desastres naturales.

Durante la sesión ordinaria, presidida por el diputado Martínez Cogido Flores, la legisladora por el catorceavo distrito local electoral expuso la urgente necesidad de dejar de ser reactivos ante los fenómenos meteorológicos que impactan la geografía estatal. Baja California Sur se consolida como una de las entidades más expuestas a huracanes y tormentas tropicales en todo el país, albergando una compleja realidad de zonas costeras expuestas, cauces de arroyos peligrosos y comunidades rurales aisladas que quedan incomunicadas recurrentemente.

En su discurso frente a la asamblea del poder legislativo, la legisladora enfatizó la diferencia operativa de realizar una evacuación con datos organizados previamente y de forma estructurada. Sostuvo de forma enérgica que ante la inminencia de un desastre natural, el tiempo de respuesta institucional es el único factor capaz de determinar la supervivencia de los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad extrema dentro del territorio sudcaliforniano.

“No basta con saber dónde está el riesgo; también hay que saber quién necesita ayuda para salir de él. No es burocratizar la emergencia, sino anticiparla; no queremos un padrón ornamental.”

Como antecedente directo en la agenda legislativa de la entidad, Teresita de Jesús Valentín Vázquez recordó que durante la legislatura pasada impulsó un punto de acuerdo que exhortó a la Subsecretaría de Protección Civil y al Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de Personas con Discapacidad a levantar un censo en zonas de alto riesgo. El resultado final de este esfuerzo interinstitucional derivó en un diagnóstico certero y una guía técnica para albergues accesibles elaborada de forma detallada por el maestro Jorge Vale, cuyo trabajo fue ampliamente reconocido en la máxima tribuna del estado.

La propuesta formal detalla que este nuevo mecanismo operativo será alimentado de manera coordinada por la Subsecretaría de Protección Civil, el Sistema Estatal DIF, los sistemas DIF municipales, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos mediante barridos de información casa por casa. El padrón voluntario concentrará datos sobre el uso de tanques de oxígeno, sillas de ruedas, necesidades de comunicación en lengua de señas o la ausencia de redes de apoyo familiar, blindando la confidencialidad absoluta mediante las leyes vigentes de protección de datos personales.

De acuerdo con los artículos transitorios estipulados en el proyecto de decreto, la reforma entrará en vigor formalmente al día siguiente de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. A partir de ese momento, el poder ejecutivo estatal y las corporaciones municipales dispondrán de un plazo improrrogable de 180 días para emitir los lineamientos técnicos, capacitar a las brigadas de rescate y poner en marcha el registro generalizado en los cinco municipios sudcalifornianos.

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El cargo Teresita Valentín propone crear el Registro Estatal de Atención Prioritaria en Emergencias para cuidar a los sectores vulnerables durante huracanes y desastres naturales. apareció primero en Tribuna de México.

El diputado local Eduardo Valentín Van Wormer Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, presentó este 29 de mayo de 2026 ante el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, el dictamen constitucional para armonizar de manera obligatoria la legislación local con las reformas federales de austeridad. La propuesta busca adecuar la Constitución de Baja California Sur a las modificaciones de los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Federal, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril de 2026, cambiando las reglas del gasto público.

Esta reconfiguración legal obligará a un drástico ajuste en la estructura burocrática del estado y sus municipios. El legislador por el bloque de la Cuarta Transformación detalló que, bajo este mandato federal, se reducirá un 27.9% el número de regidurías en los ayuntamientos de la entidad, lo que significa la eliminación de 13 plazas de ediles (ocho de mayoría relativa y cinco de representación proporcional). Con esto, los cabildos de regiones clave como Los Cabos y la capital del estado tendrán un tope máximo de 15 integrantes, buscando eficientar la administración pública y recortar nóminas infladas.

Asimismo, la reforma constitucional local mete en cintura las finanzas de la XVII Legislatura. El presupuesto anual del Congreso del Estado de Baja California Sur no podrá rebasar bajo ninguna circunstancia el 0.70% del presupuesto general de egresos de la entidad. Para asegurar un verdadero combate a los privilegios, el dictamen prohíbe estrictamente el uso de recursos públicos para la contratación de seguros de gastos médicos mayores privados, fondos de ahorro especiales, seguros de vida exclusivos o pensiones privadas para magistrados, consejeros electorales y titulares de dependencias estatales.

“El presente dictamen solo se ocupará de las propuestas asociadas al ejercicio de armonización obligada que debe estar establecido en la legislatura… resulta totalmente procedente dictaminarla en sentido positivo.”

Más allá del reajuste administrativo, la iniciativa impulsada por Eduardo Van Wormer Castro, en conjunto con los integrantes de la comisión, los diputados Fernando Hoyos Aguilar y Sergio Guluarte, eleva a rango constitucional los principios de igualdad sustantiva y paridad de género en sus vertientes vertical y horizontal. Esta medida garantiza de manera estricta que la reducción de espacios en los cabildos no desplace la participación política de las mujeres, obligando a una integración perfectamente equilibrada en los órganos de gobierno conforme a las directrices de la Constitución Federal y las normativas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En cuanto al manejo del dinero liberado, el tercer artículo transitorio del decreto blinda los recursos excedentes que se generen a partir de esta contención del gasto. El capital ahorrado a partir de septiembre de 2027 será transferido de manera íntegra y directa al presupuesto del Gobierno del Estado, quedando etiquetado por ley de forma exclusiva para la ejecución de obras de infraestructura pública. Para dar certidumbre a la base trabajadora, el dictamen asegura que se respetarán por completo los derechos laborales y la estabilidad de los empleados sindicalizados del aparato legislativo.

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