MAZATLÁN._ Una gran variedad de residuos sólidos forman parte del actual panorama que presentan varios tramos del Arroyo Jabalines y distintos canales pluviales de Mazatlán, donde la acumulación de desechos representa un problema ambiental y de salud pública.

Durante un recorrido realizado por Noroeste en diferentes puntos de estos cuerpos de agua, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, se pudo constatar la presencia de una gran cantidad de basura tanto en los márgenes como dentro de los cauces.

Además, ante la falta de circulación de agua por la escasez de este recurso, se pudo apreciar en distintas zonas agua estancada y aparente contaminación, situación que genera preocupación debido a la importancia ecológica que estos espacios tienen para el municipio.

Los residuos acumulados no solo afectan la imagen urbana de la ciudad, sino que también representan una amenaza para los ecosistemas que dependen de estos humedales y corredores naturales, donde habitan diversas especies de flora y fauna.

Entre los principales contaminantes observados destacan neumáticos, bolsas plásticas, botellas, restos de muebles, juguetes descompuestos y otros desechos domésticos, los cuales aparentemente fueron arrojados de manera irregular por los habitantes de cada una de las zonas.

Uno de los espacios que merece especial atención son los manglares cercanos al Arroyo Jabalines, ecosistema fundamental para el equilibrio ambiental del puerto, los cuales funcionan como barreras naturales ante fenómenos meteorológicos, ayudan a filtrar contaminantes, capturan carbono y sirven de refugio para aves, peces, crustáceos y otras especies.

Sin embargo, la acumulación constante de residuos sólidos y la contaminación del agua pueden afectar el desarrollo de estos ecosistemas, alterando las condiciones naturales necesarias para su conservación.

De manera adicional, la presencia de basura en los canales y arroyos puede generar problemas durante la temporada de lluvias, ya que los residuos obstruyen el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones en colonias cercanas, como se ha visto en años anteriores.

La contaminación también representa una amenaza directa para la fauna que habita o utiliza estos espacios como zona de alimentación, refugio y reproducción, como aves, peces, crustáceos, reptiles y pequeños mamíferos, que se pueden ver afectados por la presencia de residuos sólidos, ya sea al ingerir fragmentos de plástico, quedar atrapados entre desechos o sufrir alteraciones en su hábitat natural.

La degradación de la calidad del agua y la acumulación de basura reducen además la disponibilidad de alimento y las condiciones necesarias para la supervivencia de numerosas especies que forman parte de la biodiversidad característica de estos ecosistemas urbanos.

La situación también puede favorecer la proliferación de fauna nociva y la generación de malos olores, especialmente en zonas donde el agua permanece estancada por largos periodos.

Ante este panorama, especialistas y organizaciones ambientalistas han señalado en diversas ocasiones la necesidad de fortalecer las acciones de limpieza, vigilancia y educación ambiental, así como fomentar una mayor participación ciudadana para evitar que estos espacios continúen siendo utilizados como tiraderos clandestinos.

Finalmente, el Aarroyo Jabalines y los canales de Mazatlán forman parte de una red de cuerpos de agua que desempeñan un papel clave en el equilibrio ecológico de la ciudad y funcionalidad, por lo que su conservación representa un reto permanente para autoridades y sociedad.

El unicel es un derivado del petróleo contaminante que su degradación puede tardar cientos de años por sus componentes químicos generando gran daño al ecosistema marino, y es uno de los materiales que más está sacando actualmente la marejada en las playas de Mazatlán, señaló Ángel García Contreras.

“El unicel es un derivado del petróleo, sumamente contaminante. Es uno de los residuos más contaminantes y su proceso de degradación se puede tardar cientos de años. Por su degradación y sus componentes químicos pueden generar mucha contaminación al agua y a la flora y a la fauna”.

El director de la Administradora y Operadora de Playas municipal, dijo que en temporada normal están sacando a diario 200 kilos de basura, pero en el verano se dispara hasta mil 500 kilos, mientras que en semana santa el promedio sube hasta las 2 toneladas, y la gran mayoría son residuos de plásticos, que no son pesados, pero sí riesgosos, como las colillas de cigarro, tapitas, microplásticos y los contenedores de alimentos.

“Ahorita con la marejada lo que nos está saliendo es mucho unicel sumamente degradado, nos dejan al retirarse la marea, nos deja toda una capa de unicel. Sobre todo en playas de Olas Altas y en Avenida del mar”.

Aunque no descartó que provenga de las construcciones de torres actuales por la Avenida del mar, dijo que ha observado un material que puede venir de cualquier parte con la basura que sale hasta el océano y las marejadas lo están sacando a la bahía.

“No parece de las construcciones, como que es un material sumamente muy frágil y que puede venir de cualquier parte y como ahorita hay marejada lo saca y está sumamente desintegrado. Puede venir de cualquier parte, puede venir de la basura que llega a la Isla Basura a través de la marejada y es una gran contaminación”.

Sobre este material altamente dañino, llamó a los desarrolladores a tomar conciencia sobre el manejo de este tipo de residuos que dañan el principal atractivo turístico de Mazatlán y que utilizan para poder comercializar sus propiedades.

“Hablamos de corresponsabilidad, el sector inmobiliario debe entender que su mercado potencial tiene que ver con su principal atractivo que son las playas. Entre mayor contaminación en las playas les va a afectar directo o indirectamente a la compra y se convierte en una forma de marketing para ellos si se publicitan como empresas socialmente responsables con el manejo de residuos accede a mejores segmentos de mercado de gran poder adquisitivo”, finalizó la entrevista.

También habló de las algas que salieron en playas de la Zona Dorada, en las Tres Islas y en Cerritos y que ya fueron retirados.

La idea de “progreso” se ha vendido durante siglos como un elíxir que cura los males de todos por igual. Bajo este cuento, la industrialización, la explotación de recursos, y la atracción de capitales extranjeros son presentadas como sinónimos de bienestar social y avance civilizatorio. Sin embargo, cuando se examinan los datos con rigor científico, la realidad es otra.

El modelo de progreso tradicional funciona como un mecanismo de transferencia de costos ambientales y humanos desde los centros de poder hacia las periferias, beneficiando a una minoría global a expensas de las mayorías locales. Los economistas ecológicos llaman a este fenómeno “intercambio ecológicamente desigual”. Estudios publicados en revistas como Global Environmental Change demuestran que las naciones de altos ingresos consumen recursos biofísicos (energía, materiales, tierra, y mano de obra) que provienen mayoritariamente del Sur Global. Esta dinámica permite a los “países desarrollados” mantener un alto nivel de vida y una aparente “limpieza” ambiental en sus territorios, externalizando la degradación ecológica y los sumideros de carbono a regiones en vías de desarrollo. De esta manera, el progreso de unos pocos se subsidia directamente con el patrimonio natural y la salud de los muchos.

A nivel internacional y nacional, la minería a cielo abierto y la extracción de hidrocarburos son los ejemplos más evidentes de esta desigualdad. La extracción de minerales esenciales para la transición tecnológica y energética occidental se promociona en los países de origen como una fuente de empleo y desarrollo. No obstante, la literatura científica en ecología política y economía de los recursos naturales revela un panorama opuesto, a menudo llamado “la paradoja de la abundancia” o la “maldición de los recursos”.

Las comunidades cercanas a los megaproyectos mineros, manufactureros, etc. raramente experimentan una mejora sostenida en su calidad de vida; en vez de eso, enfrentan la destrucción irreversible de sus ecosistemas, la contaminación de acuíferos con metales pesados y el despojo de sus territorios ancestrales. Las ganancias se evaporan hacia corporaciones transnacionales y mercados financieros, dejando pasivos ambientales que persistirán por generaciones.

Naciones como la República Democrática del Congo (cobalto, oro y diamantes), Nigeria (petróleo), Angola (petróleo y diamantes) o Zambia (cobre), entre otras, han sido históricamente grandes proveedoras de recursos materiales. A pesar de esta inmensa riqueza natural, más de la mitad de su población vive por debajo de la línea de pobreza.

Esta misma lógica opera cuando el “desarrollo” no llega en forma de mina, sino como inversión para infraestructura y manufactura global. En la literatura de salud pública de la última década se acuñó formalmente el término “Aldeas del Cáncer” (Cancer Villages). Son asentamientos humanos ubicados típicamente a las orillas de los ríos más industrializados (como el río Yangtsé o el río Amarillo). Las plantas manufactureras de textiles, químicos, y componentes electrónicos vierten metales pesados (como cadmio, plomo y cromo hexavalente) directamente a los cuerpos de agua que la población usa para beber y regar sus cultivos.

Estudios de epidemiología ambiental muestran tasas de cáncer digestivo, hepático, y de estómago que duplican o triplican la media nacional en estas zonas. Al final, el mundo consume iPhones y ropa barata (fast fashion), mientras las provincias rurales de los países maquiladores absorben los tumores y la degradación biológica.

Esta misma lógica sigue aplicándose en México, y en el caso de Sinaloa, un territorio históricamente agrícola, actualmente se encuentra en la mira de la reconversión industrial energética. El caso del proyecto Mexinol y los planes de instalación de plantas de metanol y amoníaco en la región de Topolobampo y sus alrededores muestran perfectamente cómo la narrativa del progreso local choca con la viabilidad ecológica y la justicia social.

Desde la perspectiva del discurso corporativo, estas plantas representan inversiones multimillonarias, transiciones hacia energías “más limpias” y la creación de empleos técnicos. Sin embargo, los análisis de impacto ambiental y las advertencias de la comunidad científica local e internacional encienden alarmas. La producción de metanol y amoníaco a gran escala requiere volúmenes descomunales de agua y energía, además de implicar riesgos severos de contaminación química en ecosistemas altamente vulnerables, como las lagunas costeras y los humedales catalogados por el Convenio de Ramsar. Si estos proyectos realmente traen tantos beneficios, ¿por qué no los hacen en sus comunidades gringas o europeas?

El humedal de Santa María-Topolobampo-Ohuira es el sustento de familias de pescadores y un eslabón clave en la biodiversidad marina del Golfo de California. Introducir industrias de alto riesgo petroquímico en estas zonas altera el metabolismo social de la región. El agua y los recursos que antes sostenían la soberanía alimentaria local y los ciclos ecológicos se redirigen para alimentar procesos industriales orientados a la exportación.

Los empleos generados suelen ser temporales o altamente especializados, lo que significa que la mano de obra local rara vez accede a los puestos de toma de decisiones o de alta remuneración, quedando relegada a asumir los riesgos ambientales cotidianos.

El progreso, tal como se implementa bajo este diseño de explotación, no es uno de bienestar universal, sino uno de concentración de riqueza. Mientras los centros urbanos y corporativos celebran el aumento del PIB y la transición hacia vectores energéticos globales, las comunidades locales en Sinaloa, al igual que las comunidades afectadas por la minería o las maquilas en el resto del mundo, se quedan con la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de su tejido social.

La ciencia de la sustentabilidad y la economía ecológica nos obligan a deconstruir la narrativa del progreso. No se puede hablar de desarrollo cuando los beneficios se privatizan y globalizan, mientras que los daños colaterales se socializan y localizan. El futuro habitable y justo no radica en aceptar ciegamente cualquier megaproyecto bajo la promesa del crecimiento económico, sino en democratizar las decisiones sobre el territorio, respetando los límites biofísicos de la naturaleza y priorizando la vida y el bienestar de las comunidades locales (así como de nuestros ecosistemas y toda la vida que albergan, no solo la humana).