El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación
Por Rigo Gutiérrez E.
El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.
El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.
Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución.
En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.
Comités acusan política de simulación
El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca
El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.
Diagnóstico alarmante
A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.
A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).
El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.
Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.
Agua: derecho ausente
El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles.
La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.
En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre.
Cuatro promesas incumplidas:
-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.
-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.
-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.
-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.
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