TIJUANA, JUNIO 3,2026. – Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre Baja California y su comunidad migrante, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), a través de la Comisión Especial del Voto en el Extranjero, llevó a cabo el foro “Ciudadanía Transnacional y Participación Política de la Comunidad Bajacaliforniana Residente en el Extranjero”, un espacio de análisis y reflexión orientado a promover el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas bajacalifornianas que viven fuera del país.

Durante la inauguración, el consejero presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, señaló que el Estado mexicano tiene la obligación no solo de garantizar el ejercicio de los derechos, sino también de adoptar medidas que faciliten su acceso y ejercicio efectivo. Destacó que el estudio presentado por la Comisión en el marco de este foro contribuirá de manera significativa a la discusión sobre el alcance de estos derechos, tanto en Baja California como en los ámbitos nacional e internacional, donde se analizan los derechos político-electorales ejercidos fuera del territorio nacional.

En el primer bloque del foro se presentaron los avances del diagnóstico sobre la cultura política de las personas bajacalifornianas residentes en el extranjero, así como las perspectivas de trabajo de la Comisión Especial del Voto en el Extranjero.

La exposición estuvo a cargo de la consejera electoral Vera Juárez Figueroa, presidenta de la Comisión, y de las vocales Guadalupe Flores Meza y Paola Ximena Beltrán Prado, quienes compartieron información relacionada con el diagnóstico en desarrollo y los proyectos orientados a fortalecer la vinculación institucional con la diáspora bajacaliforniana.

Posteriormente, en el segundo bloque, denominado “Diáspora bajacaliforniana: identidad, participación y vida pública”, se desarrolló un panel de discusión moderado por la consejera electoral Vera Juárez Figueroa, en el que participaron Daylín García Ruvalcaba, diputada vocal de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Congreso del Estado; Maribel Solache González, diputada federal migrante e integrante de la LXVI Legislatura; Dora Sandoval, presidenta de la Mesa Directiva de la Fundación Mujeres Extraordinarias; y Frida Denisse Gómez Puga, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrante de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos en el Extranjero.

Durante sus intervenciones, las panelistas coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de participación política de la comunidad migrante y de generar espacios permanentes de diálogo que permitan incorporar sus experiencias, necesidades y aportaciones en la construcción de políticas públicas y acciones institucionales que contribuyan al fortalecimiento de la vida democrática de Baja California.

En el evento también estuvieron presentes la consejera electoral María Concepción Castillo Rodríguez y los consejeros electorales Javier Bielma Sánchez y Héctor Ricardo Haro Solorio.

Asimismo, se contó con la participación del presidente de El Colegio de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinoza Valle; del consejero electoral del INE y presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Jorge Montaño Ventura; de la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ixchelt Guadalupe Barboza Romero; del secretario general de Fuerza Migrante A. C., Avelino Meza; y del subsecretario de la Zona Metropolitana, Luis Moreno Hernández.

Tras el paro de labores y la movilización realizada el lunes por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura manifestó su respeto a la libre manifestación de las y los docentes.

De acuerdo con la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, se estima que en la jornada de protesta participaron aproximadamente 300 maestras y maestros.

“En Sinaloa hubo una expresión que nosotros respetamos en la libre manifestación de maestras y maestros que pertenecen a la Coordinadora. Nosotros hemos reiterado el llamado al diálogo”, indicó Félix Niebla.

Subrayó que, en sintonía con la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y las secretarías federales de Educación y Gobernación, el llamado institucional sigue siendo hacia el diálogo.

La principal exigencia de los manifestantes es la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007, una situación que, según precisó la SEPyC, corresponde resolver de manera inminente a la Federación.

“Sin embargo, nosotros como Secretaría recepcionamos la preocupación de las maestras y maestros”, señaló.

No obstante, aseguró que se mantienen receptivos a las preocupaciones del magisterio sinaloense para darles el seguimiento debido.

Compartió que, referente a los liderazgos de los maestros federalizados de la Sección 27 y los maestros estatales de la Sección 53, la institución no tiene participación en dichos procesos.

Se enfatizó que la emisión de convocatorias y la vida interna del sindicato son competencia exclusiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En este sentido, señalaron que el magisterio deberá esperar a las determinaciones que se tomen desde el liderazgo nacional, encabezado por Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.

“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.

Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

Luego del altercado entre el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez y colectivos ciudadanos por la iniciativa de la nueva Ley de Transparencia, el Legislador aseguró que sí existe apertura para recibir y escuchar a los representantes de las organizaciones civiles.

Comentó que podrían realizarse cambios y ajustes a la iniciativa de ley, además de abrir más mesas de trabajo donde los colectivos sean tomados en cuenta.

Señaló que el objetivo de la propuesta es homologar la ley estatal con la legislación federal y que, aunque no se contempla desecharla en su totalidad, sí podrían hacerse modificaciones.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada por completo, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Sobre los señalamientos de algunos colectivos, quienes aseguran que la nueva ley busca blindar a funcionarios acusados por Estados Unidos, especialmente al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Diputado rechazó dichas acusaciones y reiteró que la intención únicamente es homologar la legislación estatal con la federal.

“Yo creo que es parte del posicionamiento político que han hecho y que la ley tenga que estar siendo homologada con una legislación federal. No considero que exista una intención de la particularidad que se menciona. Lo que queremos es darle continuidad legal y estamos cumpliendo con el proceso”, expresó.

Asimismo, declaró que ya revisó los videos difundidos en redes sociales para analizar con detenimiento los argumentos de los colectivos, y afirmó que varios de ellos carecen de fundamentos.

“No hay indicios ocultos, yo invito a las personas interesadas en el tema a que revisen el video de la reunión que tuvimos. Así como estamos hablando de transparencia, ahí quedó todo claro, se le permitió la palabra a todos; incluso algunos participaron directamente y me pareció positivo que varias personas mostraran una postura propositiva y conocimiento del tema, sin embargo, la mayoría llevaba una intención política, tan es así que estuvo presente un Diputado federal que realmente no tiene injerencia sobre este tema”, detalló.

También sostuvo que en el Congreso del Estado sí existe apertura para recibir a las organizaciones y escuchar sus planteamientos.

Sin embargo, integrantes de la sociedad civil han denunciado que estas reuniones solo representan una simulación y no una verdadera disposición para atender las voces ciudadanas.

Organizaciones civiles y representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acusaron una simulación por parte del Congreso de Sinaloa durante la mesa de diálogo convocada este martes para discutir propuestas relacionadas con la nueva Ley de Transparencia del Estado impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Lucía Irene Mimiaga León, titular del Comité de Participación Ciudadana del SEA, señaló que la convocatoria fue realizada apenas con un día de anticipación y sin especificar que el objetivo real era revisar la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal.

“Fue una invitación que nos hicieron solamente con un día de anticipación. La invitación no señalaba directamente que el motivo era reforzar o mejorar la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, simplemente señalaba que era una mesa de diálogo para hablar de propuestas en materia de transparencia”, expuso.

La activista indicó que acudieron al encuentro con la intención de solicitar que la propuesta enviada por Rocha Moya fuera desechada para construir una nueva legislación junto con especialistas, organizaciones y diputados.

“Nosotros queremos avanzar en la construcción de una iniciativa ciudadana junto con los diputados, pero para poder avanzar es importante que ellos desechen de plano la ley de Rubén Rocha Moya”, expresó.

De acuerdo con Mimiaga León, durante cerca de dos horas insistieron a los legisladores sobre los errores, omisiones y retrocesos que, aseguran, contiene la propuesta, sin obtener una respuesta clara respecto a si el Congreso retiraría la iniciativa.

La integrante del SEA relató que fue casi al finalizar la reunión cuando el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, confirmó que el objetivo era escuchar observaciones para mejorar el documento ya presentado por el Ejecutivo y continuar con el proceso legislativo.

“Por eso nos levantamos de la mesa porque esto fue prácticamente una simulación. Ellos quieren simular que hubo participación ciudadana para poder votar la ley de Rubén Rocha Moya”, sostuvo.

Mimiaga León hizo un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, así como al resto de los legisladores, para que desechen la iniciativa y permitan construir una nueva propuesta con participación ciudadana.

“Aquí el llamado es para la diputada Tere Guerra y para todos los diputados y diputadas para que desechen esa iniciativa ya y no traten de seguirla defendiendo”, manifestó.

Advirtió además que, en caso de que la ley avance sin modificaciones de fondo, organizaciones y ciudadanos podrían recurrir a amparos como mecanismo de defensa.

“Si ellos avalan esa iniciativa del gobernador, ellos van a ser cómplices de la opacidad aquí en Sinaloa para los próximos años”, declaró.

La activista recordó que desde hace un año organizaciones civiles presentaron una iniciativa ciudadana en materia de transparencia, misma que, aseguró, fue desechada por el Congreso local.

La iniciativa impulsada por Rocha Moya ha sido cuestionada por organismos y colectivos ciudadanos, quienes consideran que algunos de sus lineamientos representan retrocesos en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

A través de la Intercamaral se busca una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde para entregar una serie de propuestas que permitan generar un impacto económico positivo en Sinaloa y mejorar las condiciones actuales de la entidad.

Desde la Intercamaral, Luis Arturo Gaxiola, presidente de Canacintra Culiacán, informó que ya enviaron un pliego petitorio con diversas solicitudes, entre ellas la búsqueda de alternativas reales para mejorar la seguridad y facilitar el acceso a créditos para el sector empresarial, temas que consideran fundamentales para el desarrollo económico.

“Tenemos que encontrar los mecanismos necesarios para que se puedan cumplir y mantener la operación y los empleos”, expresó.

Indicó que el Gobierno del Estado respondió que estos asuntos serían atendidos por la Secretaría de Economía; sin embargo, destacó que esperarán a ser recibidos directamente por la Gobernadora de Sinaloa.

Luis Arturo Gaxiola señaló que la Intercamaral ya había entregado anteriormente este pliego petitorio cuando el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya estaba al frente del Ejecutivo estatal.

No obstante, ante el cambio en el Gobierno y la situación actual que enfrenta Sinaloa, decidieron reenviar el documento a la Gobernadora Yeraldine Bonilla.

Respecto a la situación que enfrenta actualmente Sinaloa, derivada de los cambios en el Gabinete y las acusaciones realizadas por Estados Unidos contra funcionarios públicos, los líderes de organismos empresariales consideraron que esto podría provocar una afectación a la inversión extranjera, debido a que Sinaloa ha sido señalado en medios nacionales e internacionales por estos casos de presunta corrupción.