TIJUANA, MAYO 30,2026.– Como parte de los acuerdos establecidos por el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, durante las reuniones sostenidas con familias de personas desaparecidas en distintas regiones del estado, se llevaron a cabo capacitaciones en materia de trato digno y atención con enfoque diferenciado, dirigidas a personal de la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, así como a familiares de personas desaparecidas.

Estas acciones forman parte de la agenda de trabajo impulsada por el secretario general de Gobierno para fortalecer la atención institucional y dar seguimiento a los planteamientos realizados por las familias, quienes han señalado la importancia de contar con procesos más sensibles, cercanos y respetuosos de sus derechos durante las labores de búsqueda y atención.

El comisionado local de Búsqueda, Jorge Aguirre Carbajal, destacó que uno de los principales compromisos asumidos durante estos encuentros fue avanzar en la profesionalización de las instituciones y fortalecer la relación entre autoridades y familias mediante acciones concretas que contribuyan a mejorar la atención y el acompañamiento.

Las capacitaciones fueron impartidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y abordaron temas relacionados con el trato digno y la atención con enfoque diferenciado, principios fundamentales para brindar acompañamiento humano, respetuoso y libre de discriminación, reconociendo que cada familia enfrenta circunstancias, necesidades y afectaciones particulares derivadas de la desaparición de un ser querido.

“El trato digno y la atención con enfoque diferenciado son fundamentales para garantizar un acompañamiento sensible y respetuoso. La búsqueda de personas no se limita a las acciones operativas; también implica la manera en que las instituciones atendemos y acompañamos a las familias durante todo el proceso”, señaló Jorge Aguirre Carbajal.

Asimismo, la capacitación dirigida a familiares de personas desaparecidas tuvo como propósito fortalecer el conocimiento de sus derechos y de los estándares de atención que deben recibir por parte de las instituciones involucradas en los procesos de búsqueda, contribuyendo a una relación más cercana, transparente y basada en el respeto mutuo.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el Gobierno del Estado continúa impulsando acciones que contribuyan a fortalecer la atención a las familias de personas desaparecidas, privilegiando el diálogo, la capacitación y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En Sinaloa hay más de 4 mil familias que se han desplazado por la violencia reciente, según datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en la entidad, la mayoría está en Culiacán, Badiraguato y en el municipio de Concordia, manifestó la coautora del libro “Solo nos dijeron que nos íbamos”, Sibely Cañedo.

“En Sinaloa hay aproximadamente, según cifras de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, más de 4 mil familias que se han desplazado, la mayoría está en Culiacán, Badiraguato y en el municipio de Concordia, es donde se concentra la gran mayoría de los desplazados en este periodo”, añadió.

Agregó que para escribir uno de los capítulos en el libro en mención realizó un estudio en el sur de Sinaloa sobre el desplazamiento forzado y específicamente los impactos sobre las adolescencias y las juventudes y sí fue muy significativo encontrar que en el caso que sucedió en el municipio de Concordia se detectaron dos movimientos esenciales, uno de un grupo de personas que decidieron retornar a los lugares de la sierra, en los altos, y otro que decidió por el no retorno.

Una de las principales razones para no retornar era por el riesgo de cooptación que tenían sus hijos por el crimen organizado, dijo.

“En el periodo que se hizo el estudio, que fue de 2017 a 2022 no se detectó un reclutamiento forzado como tal, pero sí había unas condiciones muy propicias debido a lo que ya se comentaba por este tema de la narcocultura, de la aceptación que existe en estas regiones hacia los grupos armados ilegales que de alguna manera son percibidos como los que ponen cierto orden en la sociedad”, continuó en entrevista previa a la presentación del libro.

“A falta del Estado muchas veces estos grupos son percibidos como algo hasta positivo en ciertos puntos, dicen ellos traen el orden o la paz, entonces en este contexto algo importante que detectamos en el estudio es el papel preponderante de las madres de familia que ellas eran como las que tomaban esta decisión de si retornar o no y gran parte tenía que ver con proteger a sus hijos”.

Enfatizó que desgraciadamente en el actual periodo de violencia entre grupos criminales se pudo ver tanto en la teoría como en la práctica que las madres tenían razón porque ahora sí en la sierra se está viendo el reclutamiento ya forzado, es lo que están reportando algunos pobladores, esto último ya no forma parte del libro, pero sí está habiendo este tipo de prácticas.

“Cuando nosotros hicimos el estudio, las entrevistas, las visitas de campo había un periodo en que no estaban los grupos en esta disputa, sino que había una especie de pax, lo que algunos autores llaman la pax narca, o sea, había un grupo que dominaba ahí el territorio, entonces había un cierto orden y las personas se sometían a ese orden, entonces no digamos que fue un retorno que se dio en condiciones de paz total porque ellas tenían que someterse a las condiciones del grupo armado”, expresó.

“Era como un tipo de violencia aleccionadora donde las personas tenían que seguir ciertas reglas, una de ellas el silencio, el no hablar de esos temas, el limitarse mucho en su vida cotidiana, por ejemplo si antes salían a cazar no hacerlo porque ya hay un contexto donde el grupo armado tiene que tener ese control, entonces los pueblos pudieron retornar, no en las mejores condiciones, pero pudieron retornar”.

Sin embargo, a partir del 2024 otra vez se vieron obligados a desplazarse y ya no fue nada más el tema del desplazamiento o los enfrentamientos armados, sino que cada vez va subiendo el nivel de violencia y ahora se tienen por ejemplo el uso de explosivos lanzados con drones, lo que ha elevado cada vez más el impacto en la población y también el miedo y el pánico, incluso se provocaron incendios forestales por esa situación.

“Sí hemos tenido reportes de algunos pobladores, de personas que mencionan que ya están acudiendo directamente al pueblo a reclutar a los jóvenes, lo que nosotros identificamos antes en el estudio como una práctica más de cooptación, más de como de atraer a los jóvenes, ahora sí está siendo como un reclutamiento mucho más dirigido”, subrayó Sibely Cañedo.

“Incluso hay familias por ejemplo, que en trabajo de campo más reciente nos han comentado que ellos prefieren mandar a sus hijos fuera de la sierra, aunque la familia se queda en el pueblo mandan al hijo fuera de la sierra con algún familiar o donde pueden para que no se arriesguen a eso, entonces estamos viendo también este fenómeno; la separación de familias se está acentuando debido a esa situación y sí el reclutamiento de jóvenes o de menores de edad o incluso es un tema de primer orden que debe ser atendido por las autoridades de manera urgente”.

Recalcó que actualmente no hay una política específicamente para atender a niñas, niños y jóvenes afectados por el desplazamiento forzado.

“No hay una política específicamente para eso, de hecho en Sinaloa existe la Ley de atención al Desplazamiento Forzado desde el 2020, por medio de esta ley existe un Fondo de Atención a Desplazados y existe un programa y un registro supuestamente, pero no hemos detectados acciones dirigidas a este segmento de la población que sea adolescentes, niños, no lo hemos detectado aquí en Sinaloa, no lo hemos detectado por el momento”, enfatizó la coautora.

MEXICALI, MAYO 18,2026.- Por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, dio seguimiento a las mesa de trabajo con familias de personas desaparecidas en el municipio de Mexicali, como parte del seguimiento permanente a los acuerdos establecidos con las víctimas indirectas de este delito en Baja California.

Durante el encuentro se revisaron avances en distintos temas planteados por las familias, así como acciones relacionadas con búsqueda en campo, fortalecimiento institucional con organismos de derechos humanos, acompañamiento institucional y atención a casos particulares.

Juan José Pon Méndez reiteró la disposición del Gobierno del Estado de mantener espacios permanentes de diálogo y seguimiento, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas y dar atención a las inquietudes expuestas por las familias.

“Continuamos con las mesas de trabajo que nos comprometimos a llevar a cabo con las familias de personas desaparecidas. Seguimos construyendo rutas de atención y coordinación entre las distintas autoridades para avanzar en los temas que aquí se plantean”, expresó.

Como parte de los acuerdos revisados durante la sesión, la Comisión Local de Búsqueda presentó la agenda de trabajo programadas en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de fortalecer herramientas institucionales y de acompañamiento.

Por su parte, representantes del Poder Judicial del Estado informaron sobre trabajos de diagnóstico y reuniones técnicas relacionadas con procedimientos de declaraciones especiales de ausencia, así como acciones de fortalecimiento institucional y acompañamiento con organismos autónomos y autoridades vinculadas al tema.

En ese sentido, el secretario general de Gobierno informó que se continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía Especializada y demás autoridades competentes para agilizar la atención de estos procedimientos.

Asimismo, destacó que se mantiene coordinación con la Guardia Nacional para reforzar el acompañamiento en acciones de búsqueda en campo, además de señalar que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda confirmó la contratación de diez nuevas personas dedicadas exclusivamente a labores de búsqueda.

Durante la reunión también participaron la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez; el comisionado local de Búsqueda, Jorge Aguirre Carbajal; representantes del Poder Judicial del Estado; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas; la Defensoría Pública; la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada; así como familiares de personas desaparecidas.