Por Andrés de la Peña / Quinto Elemento Lab

Dos meses antes del silbatazo que dará inicio al Mundial de futbol, Airbnb puso en marcha su nueva jugada: incentivos de 750 dólares para convencer a personas que viven en alguna de las 16 ciudades sede en México, Canadá y Estados Unidos para que transformen su vivienda en un alojamiento temporal para goce y disfrute de los miles de aficionados que asistirán al torneo.

Aunque Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son visibles como grandes destinos, este reportaje revela que la plataforma digital de hospedaje se ha expandido para dominar sitios turísticos de playa en el Caribe y el Pacífico, así como ciudades coloniales y pequeños municipios. Mientras se discute la regulación de Airbnb en las grandes metrópolis, el gigante turístico ha conquistado el resto del país.

Los datos inéditos sobre la plataforma de alojamientos en México fueron obtenidos por Inside Airbnb, un proyecto activista de datos abiertos que busca visibilizar el impacto que tiene el gigante turístico en el mundo, mediante la técnica de web scraping, al sistematizar de forma masiva los anuncios de Airbnb visibles en la plataforma entre junio y septiembre de 2025. La base de datos fue compartida en exclusiva con Quinto Elemento Lab.

“Airbnb se ha convertido en una herramienta económica para incentivar la conversión de viviendas en alojamiento turístico”, aseguró el fundador de Inside Airbnb, Murray Cox.

La expansión de la empresa de alojamientos ya abarca mil 455 municipios de México, que equivalen al 59 por ciento de los que hay en el País. En esos lugares existen más de 254 mil viviendas que operan completa o parcialmente como Airbnb, además de 40 mil alojamientos anunciados en la plataforma que en realidad son cuartos de hotel.

La propagación del negocio ha encendido las alarmas entre las autoridades. En la Ciudad de México se ha intentado limitar a Airbnb más allá del cobro de impuestos: la Ley de Turismo local ordena crear un registro de anfitriones y hospedajes obligatorio, establece un máximo de tres alojamientos en posesión de cada persona física o moral, e impone un límite al número de noches por año que pueden ser usados como hospedaje temporal.

Esta regulación se pondrá a prueba en las siguientes semanas: tras ser frenada por un caudal de amparos promovidos por anfitriones —e incluso uno presentado por Airbnb— el 22 de mayo pasado el gobierno de la Ciudad de México inició la operación del padrón, avisando que los anfitriones tendrán solo 30 días para registrarse.

El Mundial, cuyas sedes nacionales serán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, va a disparar todavía más este crecimiento. La empresa estima que uno de cada seis huéspedes en México, Canadá y Estados Unidos reservará con Airbnb por primera vez durante el torneo. Para fomentar la conversión de viviendas en hospedaje temporal durante la justa deportiva, Airbnb ofreció incentivos de 750 dólares y una calculadora de ingresos estimados con atractivos pronósticos expresados en frases como: “Tu casa puede darte 7 mil 478 dólares durante la Copa del Mundo”.

Airbnb ofrece más de ocho millones de hospedajes en el mundo, de los que el 62 por ciento pertenece a personas con, al menos, dos propiedades anunciadas. Para Inside Airbnb estos son “anfitriones comerciales”, pues al contar con más de un alojamiento no son dueños que compartan un hogar propio, el objetivo que dio origen a la empresa.

En México, los anfitriones con solo uno o dos anuncios, aunque representan el 81 por ciento del total de los propietarios, administran el 44 por ciento de los alojamientos disponibles. El 33 por ciento de los alojamientos pertenece a anfitriones con entre tres y nueve anuncios en la plataforma. El 23 por ciento restante de las unidades de hospedaje es administrado por anfitriones con al menos 10 alojamientos cada uno, y ellos representan apenas el 2.5 por ciento del total de anfitriones.

Muchas de estas personas físicas y morales no son dueñas de los inmuebles; sirven como intermediarios y administradores de los hospedajes para que cualquier inversionista pueda comprar propiedades y ganar dinero rentándolas sin preocuparse por su limpieza, mantenimiento, o incluso sin haberlas visitado nunca.

Existe también un reducido grupo de 30 grandes anfitriones comerciales con más de 110 alojamientos, entre los que figuran empresas trasnacionales, empresarios con negocios de bienes raíces y hoteles. A mediados de 2025, estos propietarios controlaban en total 6 mil 164 casas, departamentos y cuartos de hotel.

Un ejemplo de la dominancia de grandes anfitriones comerciales es Homirent, una empresa que registra en la plataforma 839 alojamientos en 28 complejos distribuidos en Ciudad de México, Querétaro, Mérida, Tulum y Cancún. También hay casos como el de Inmuebles Bamboo, que cuenta con 146 alojamientos distribuidos en 12 municipios.

Además de empresas nacionales, existen compañías trasnacionales en este negocio. Vacasa, por ejemplo, es una firma estadounidense que cuenta con 382 alojamientos y tiene presencia en estados como Baja California, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Airbnb es solo una parte del negocio de esta compañía, pues la firma de bienes raíces controla más de 40 mil inmuebles en Estados Unidos, Canadá, México, Belice y Costa Rica.

Un ejemplo de la dominancia de grandes anfitriones comerciales es Homirent, una empresa que registra en la plataforma 839 alojamientos en 28 complejos distribuidos en Ciudad de México, Querétaro, Mérida, Tulum y Cancún. También hay casos como el de Inmuebles Bamboo, que cuenta con 146 alojamientos distribuidos en 12 municipios.

Además de empresas nacionales, existen compañías trasnacionales en este negocio. Vacasa, por ejemplo, es una firma estadounidense que cuenta con 382 alojamientos y tiene presencia en estados como Baja California, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Airbnb es solo una parte del negocio de esta compañía, pues la firma de bienes raíces controla más de 40 mil inmuebles en Estados Unidos, Canadá, México, Belice y Costa Rica.

El gigante del turismo pronto podría ser obligado a cumplir nuevas regulaciones en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el 5 de marzo pasado analizar un recurso legal para determinar si la Ciudad de México puede limitar el número de días que las personas rentan sus propiedades y cuántas pueden tener en la plataforma. El resultado de ese proceso tendrá un impacto a nivel nacional, pues marcará la pauta sobre cómo se puede regular a plataformas como Airbnb.

“En Playa del Carmen creemos en el turismo y en la inversión, pero también creemos en el derecho de las familias a vivir en comunidades ordenadas, seguras y con calidad de vida. La regulación de las rentas vacacionales busca precisamente equilibrar ambos intereses”, aseguró la Alcaldesa de Playa, Estefanía Mercado.

Desde diciembre pasado, todos los alojamientos de corta estancia en ese municipio de la Riviera Maya deben solicitar una licencia para operar. La reforma a la Ley de Hacienda Municipal establece la obligación del trámite, pero según las declaraciones de la Alcaldesa, las viviendas en zonas de uso habitacional exclusivo no podrán ser utilizadas como Airbnb y, después de un periodo de regularización voluntario, quienes operen estos alojamientos fuera de norma serán acreedores a clausuras y multas.

El centro de Playa del Carmen es la zona del País con mayor concentración de Airbnb por vivienda: prácticamente hay la misma cantidad de alojamientos de corta estancia que de espacios habitacionales registrados en el censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el dato más actual. En otras colonias de Playa del Carmen, Tulum, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la empresa opera en la mitad o más del número de viviendas que había en 2020.

En algunos lugares de México, la expansión de la multinacional ha sido tan grande que ahora se cuentan más anuncios en su plataforma que viviendas registradas en el censo de 2020; esto sucede en 138 colonias del País, como Zona Dorada en Mazatlán o el barrio Centro en Los Cabos.

El gigante del turismo pronto podría ser obligado a cumplir nuevas regulaciones en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó el 5 de marzo pasado analizar un recurso legal para determinar si la Ciudad de México puede limitar el número de días que las personas rentan sus propiedades y cuántas pueden tener en la plataforma. El resultado de ese proceso tendrá un impacto a nivel nacional, pues marcará la pauta sobre cómo se puede regular a plataformas como Airbnb.

“En Playa del Carmen creemos en el turismo y en la inversión, pero también creemos en el derecho de las familias a vivir en comunidades ordenadas, seguras y con calidad de vida. La regulación de las rentas vacacionales busca precisamente equilibrar ambos intereses”, aseguró la Alcaldesa de Playa, Estefanía Mercado.

Desde diciembre pasado, todos los alojamientos de corta estancia en ese municipio de la Riviera Maya deben solicitar una licencia para operar. La reforma a la Ley de Hacienda Municipal establece la obligación del trámite, pero según las declaraciones de la Alcaldesa, las viviendas en zonas de uso habitacional exclusivo no podrán ser utilizadas como Airbnb y, después de un periodo de regularización voluntario, quienes operen estos alojamientos fuera de norma serán acreedores a clausuras y multas.

El centro de Playa del Carmen es la zona del País con mayor concentración de Airbnb por vivienda: prácticamente hay la misma cantidad de alojamientos de corta estancia que de espacios habitacionales registrados en el censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el dato más actual. En otras colonias de Playa del Carmen, Tulum, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la empresa opera en la mitad o más del número de viviendas que había en 2020.

En algunos lugares de México, la expansión de la multinacional ha sido tan grande que ahora se cuentan más anuncios en su plataforma que viviendas registradas en el censo de 2020; esto sucede en 138 colonias del País, como Zona Dorada en Mazatlán o el barrio Centro en Los Cabos.

La concentración de los alojamientos de corta estancia ocasiona el encarecimiento de la vivienda porque los habitantes de las colonias más atractivas para el turismo no pueden adquirir o rentar propiedades en estas zonas; tampoco pueden cubrir los costos de los servicios y productos cada vez más caros.

“Esta cadena inicia con la elevación del precio del suelo, eso sube los impuestos de catastro, lo cual aumenta el precio de los alquileres. Los propios residentes deciden vender o alquilar. La demanda de agua y alimentos es muy elevada. Las tiendas que distribuyen alimentos los encarecen cada vez más. La vida dentro de estos sitios se encarece muchísimo y eso genera desplazamientos”, explica Patricia Olivera Martínez, investigadora del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El caso más dramático es Tulum: el último censo del INEGI contó casi 22 mil viviendas en 2020, mientras que el pequeño municipio caribeño albergaba 12 mil alojamientos de corta estancia en 2025. Hoy en día, sin contar los anuncios que pueden ser hoteles, el 45 por ciento de las viviendas de este municipio se oferta en Airbnb.

Esta expansión de la empresa turística no solo está ocurriendo en los destinos de playa: en Mazamitla, un pueblo mágico en la sierra de Jalisco con 14 mil habitantes y 7 mil 270 viviendas, hay mil 874 Airbnb. Otros casos de municipios con una alta presencia de hospedajes temporales son León con 2 mil 387, Aguascalientes con 2 mil 174, y Hermosillo con mil 937.

En la colonia Roma Norte en la Alcaldía Cuauhtémoc de la capital del País hay un Airbnb por cada cinco viviendas. En total hay 2 mil 797, el mayor número para un solo barrio. Otras 14 colonias, ubicadas en ocho municipios del País, también superan el millar de viviendas convertidas en espacios de corta estancia para el turismo; cuatro de ellas están también en la misma Alcaldía: Hipódromo, Juárez, Cuauhtémoc y el Centro. Los centros históricos de Playa del Carmen, Bahía de Banderas, Oaxaca, Monterrey y Mérida también forman parte de este grupo de colonias con alta concentración de Airbnb.

La concentración de los alojamientos de corta estancia ocasiona el encarecimiento de la vivienda porque los habitantes de las colonias más atractivas para el turismo no pueden adquirir o rentar propiedades en estas zonas; tampoco pueden cubrir los costos de los servicios y productos cada vez más caros.

“Esta cadena inicia con la elevación del precio del suelo, eso sube los impuestos de catastro, lo cual aumenta el precio de los alquileres. Los propios residentes deciden vender o alquilar. La demanda de agua y alimentos es muy elevada. Las tiendas que distribuyen alimentos los encarecen cada vez más. La vida dentro de estos sitios se encarece muchísimo y eso genera desplazamientos”, explica Patricia Olivera Martínez, investigadora del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El caso más dramático es Tulum: el último censo del INEGI contó casi 22 mil viviendas en 2020, mientras que el pequeño municipio caribeño albergaba 12 mil alojamientos de corta estancia en 2025. Hoy en día, sin contar los anuncios que pueden ser hoteles, el 45 por ciento de las viviendas de este municipio se oferta en Airbnb.

Esta expansión de la empresa turística no solo está ocurriendo en los destinos de playa: en Mazamitla, un pueblo mágico en la sierra de Jalisco con 14 mil habitantes y 7 mil 270 viviendas, hay mil 874 Airbnb. Otros casos de municipios con una alta presencia de hospedajes temporales son León con 2 mil 387, Aguascalientes con 2 mil 174, y Hermosillo con mil 937.

En la colonia Roma Norte en la Alcaldía Cuauhtémoc de la capital del País hay un Airbnb por cada cinco viviendas. En total hay 2 mil 797, el mayor número para un solo barrio. Otras 14 colonias, ubicadas en ocho municipios del País, también superan el millar de viviendas convertidas en espacios de corta estancia para el turismo; cuatro de ellas están también en la misma Alcaldía: Hipódromo, Juárez, Cuauhtémoc y el Centro. Los centros históricos de Playa del Carmen, Bahía de Banderas, Oaxaca, Monterrey y Mérida también forman parte de este grupo de colonias con alta concentración de Airbnb.

La concentración de Airbnb es parte de un fenómeno que académicos y activistas han llamado “turistificación”: el arribo masivo de turistas y migrantes de Norteamérica y Europa, acompañado de desarrollos inmobiliarios exclusivos, complejos turísticos, viviendas de uso temporal, y un mercado de bienes y servicios para esta población con mayor poder adquisitivo.

La turistificación ha afectado a ciudades coloniales como Mérida, San Miguel de Allende y Oaxaca. Ahí, los gobiernos han invertido intensivamente para renovar sus centros históricos y hacerlos ideales para los visitantes extranjeros.

Vanessa Castillo Romero, investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recuerda cómo este fenómeno empezó a ocurrir en Mazatlán: “El Centro Histórico se empezó a turistificar desde hace décadas. A finales de 2016 y 2017 fueron las obras de demolición y ampliación de banquetas, y reducción de calles solamente en la zona que se tenía perfilada para ser turística”.

En el Centro Histórico y en el malecón de Mazatlán —que recorre unos 20 kilómetros de playa— hay más de mil 800 Airbnb. La renovación llegó, pero solo para los turistas, según Castillo.

Tulum, el exclusivo resort en el Caribe mexicano, tiene algunos de los alojamientos más caros de todo el País. Por ejemplo, uno de los hospedajes en el complejo Azulik ─un hotel boutique con casi cincuenta villas, donde se han hospedado personalidades como Paris Hilton y Leonardo DiCaprio─ ofrece una estadía mínima obligatoria de cinco noches por 1 millón 150 mil pesos.

Azulik es un laberinto de casas ondulantes y orgánicas, construidas como nidos de pájaro con ventanas irregulares y separadas por caminos serpenteantes. El sitio web del hotel promociona “experiencias de alta cocina sobre la jungla” y ceremonias casi religiosas para degustación de mezcal. Sin embargo, es sólo uno de 300 puntos anunciados en Airbnb en la franja más exclusiva de la costa caribeña, donde el precio promedio por noche es de 10 mil 200 pesos.

La concentración de Airbnb es parte de un fenómeno que académicos y activistas han llamado “turistificación”: el arribo masivo de turistas y migrantes de Norteamérica y Europa, acompañado de desarrollos inmobiliarios exclusivos, complejos turísticos, viviendas de uso temporal, y un mercado de bienes y servicios para esta población con mayor poder adquisitivo.

La turistificación ha afectado a ciudades coloniales como Mérida, San Miguel de Allende y Oaxaca. Ahí, los gobiernos han invertido intensivamente para renovar sus centros históricos y hacerlos ideales para los visitantes extranjeros.

Vanessa Castillo Romero, investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recuerda cómo este fenómeno empezó a ocurrir en Mazatlán: “El Centro Histórico se empezó a turistificar desde hace décadas. A finales de 2016 y 2017 fueron las obras de demolición y ampliación de banquetas, y reducción de calles solamente en la zona que se tenía perfilada para ser turística”.

En el Centro Histórico y en el malecón de Mazatlán —que recorre unos 20 kilómetros de playa— hay más de mil 800 Airbnb. La renovación llegó, pero solo para los turistas, según Castillo.

Tulum, el exclusivo resort en el Caribe mexicano, tiene algunos de los alojamientos más caros de todo el País. Por ejemplo, uno de los hospedajes en el complejo Azulik ─un hotel boutique con casi cincuenta villas, donde se han hospedado personalidades como Paris Hilton y Leonardo DiCaprio─ ofrece una estadía mínima obligatoria de cinco noches por 1 millón 150 mil pesos.

Azulik es un laberinto de casas ondulantes y orgánicas, construidas como nidos de pájaro con ventanas irregulares y separadas por caminos serpenteantes. El sitio web del hotel promociona “experiencias de alta cocina sobre la jungla” y ceremonias casi religiosas para degustación de mezcal. Sin embargo, es sólo uno de 300 puntos anunciados en Airbnb en la franja más exclusiva de la costa caribeña, donde el precio promedio por noche es de 10 mil 200 pesos.

Las playas ofrecen los alojamientos más caros. El fraccionamiento El Pedregal en Cabo San Lucas, Baja California Sur, es un desarrollo lujoso con casas espaciosas de hasta seis y nueve recámaras, que se venden en sitios de bienes raíces por montos que van desde los 8 hasta los 225 millones de pesos. El precio promedio por una noche en un alojamiento temporal supera los 25 mil pesos. Excluyendo los hoteles, la playa de Cabo San Lucas cuenta con 2 mil 200 alojamientos, algunos de ellos entre los más caros del país.

Sin embargo, diversos barrios del interior de las ciudades también están bajo asedio. La colonia Hipódromo de la Ciudad de México es un buen ejemplo: hay mil 659 Airbnb en sus 7 mil 643 casas y departamentos. Con un precio promedio por noche de 2 mil 340 pesos, un inquilino tendría que pagar 70 mil pesos mensuales para competir con los ingresos que ofrece un Airbnb ocupado a diario. Este es uno de los motivos por los que muchos dueños convierten sus propiedades en alojamientos turísticos.

Esta conversión de viviendas en alojamientos ha detonado una carrera mundial por diseñar políticas públicas que puedan controlar los impactos negativos de la plataforma. Por ejemplo, el Congreso de Jalisco está por discutir iniciativas relacionadas con el límite del número de noches que puede usarse un Airbnb anualmente, como un eco a la regulación aprobada en la Ciudad de México.

Igualmente, las regulaciones de Playa del Carmen se inspiran en políticas como las aplicadas en Nueva York y Barcelona, donde se ha determinado prohibir la existencia de alojamientos de corta estancia en algunas zonas residenciales. Cada ciudad del mundo está pensando en cómo ponerle un portero a Airbnb, aunque, al menos hasta la fecha, la trasnacional turística le ha metido gol a México en todas las canchas.

Las playas ofrecen los alojamientos más caros. El fraccionamiento El Pedregal en Cabo San Lucas, Baja California Sur, es un desarrollo lujoso con casas espaciosas de hasta seis y nueve recámaras, que se venden en sitios de bienes raíces por montos que van desde los 8 hasta los 225 millones de pesos. El precio promedio por una noche en un alojamiento temporal supera los 25 mil pesos. Excluyendo los hoteles, la playa de Cabo San Lucas cuenta con 2 mil 200 alojamientos, algunos de ellos entre los más caros del país.

Sin embargo, diversos barrios del interior de las ciudades también están bajo asedio. La colonia Hipódromo de la Ciudad de México es un buen ejemplo: hay mil 659 Airbnb en sus 7 mil 643 casas y departamentos. Con un precio promedio por noche de 2 mil 340 pesos, un inquilino tendría que pagar 70 mil pesos mensuales para competir con los ingresos que ofrece un Airbnb ocupado a diario. Este es uno de los motivos por los que muchos dueños convierten sus propiedades en alojamientos turísticos.

Esta conversión de viviendas en alojamientos ha detonado una carrera mundial por diseñar políticas públicas que puedan controlar los impactos negativos de la plataforma. Por ejemplo, el Congreso de Jalisco está por discutir iniciativas relacionadas con el límite del número de noches que puede usarse un Airbnb anualmente, como un eco a la regulación aprobada en la Ciudad de México.

Igualmente, las regulaciones de Playa del Carmen se inspiran en políticas como las aplicadas en Nueva York y Barcelona, donde se ha determinado prohibir la existencia de alojamientos de corta estancia en algunas zonas residenciales. Cada ciudad del mundo está pensando en cómo ponerle un portero a Airbnb, aunque, al menos hasta la fecha, la trasnacional turística le ha metido gol a México en todas las canchas.

Créditos de las gráficas: Eduardo Mota / alkimiko Labs

El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que la Senadora Imelda Castro Castro incurrió en promoción personalizada, luego de analizar una queja presentada por el Partido Acción Nacional en abril de este año, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y posicionamiento electoral adelantado.

Durante una sesión especial virtual, resolvió el procedimiento sancionador ordinario identificado con el expediente SE-PSO-002/2026, derivado de la denuncia interpuesta por el PAN el 7 de abril de 2026.

Como parte de la investigación, la Secretaría Ejecutiva del IEES revisó publicaciones en redes sociales, videos, bardas, lonas y notas periodísticas relacionadas con la legisladora.

Además, verificó información sobre publicidad pagada en Facebook y realizó diligencias para constatar los hechos denunciados.

El instituto informó que de los 67 eventos señalados por el partido denunciante, 41 ya habían sido objeto de procedimientos previos promovidos por el mismo quejoso y que incluso ya habían sido resueltos.

Tras el análisis de las pruebas, el Consejo General concluyó que sí se acreditan los elementos establecidos por la jurisprudencia electoral para configurar promoción personalizada.

Según la resolución, se comprobó el elemento personal debido a que en las publicaciones difundidas en Facebook aparecían el nombre, imagen y cargo de la Senadora.

Asimismo, durante las diligencias se localizaron bardas y lonas con referencias a Castro Castro, incluyendo materiales con una silueta femenina que, según la propia legisladora, aludían a su persona, aunque aseguró desconocer quién ordenó su colocación.

El IEES también consideró acreditado el elemento temporal, al señalar que la mayoría de los mensajes fueron difundidos entre enero y mayo de 2026, es decir, a pocos meses del arranque formal del proceso electoral local 2026-2027.

Respecto al elemento objetivo, el órgano electoral sostuvo que algunas publicaciones evidenciaban una intención de posicionamiento ante la ciudadanía, lo que actualiza la figura de promoción personalizada prohibida por el artículo 134 de la Constitución federal.

No obstante, el instituto descartó que existieran actos anticipados de precampaña o campaña.

En la resolución se establece que ni en las publicaciones, videos, bardas o lonas analizadas se encontraron llamados expresos al voto, solicitudes de apoyo electoral, referencias a plataformas de gobierno o promesas de campaña.

De igual forma, el Consejo General concluyó que no existen elementos para acreditar el uso indebido de recursos públicos.

Aunque se comprobó la contratación de publicidad en Facebook entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, la investigación determinó que la responsable de la cuenta y de la inversión económica era la propia titular del perfil, sin evidencia de que los recursos provinieran de alguna institución pública.

Como consecuencia de la resolución, el IEES determinó existente la infracción por promoción personalizada atribuida a la Senadora y ordenó a la Secretaría Ejecutiva integrar un expediente con copias certificadas de todas las actuaciones para remitirlo a la Cámara de Senadores.

Será esa instancia la que deberá proceder conforme a sus atribuciones legales respecto de la conducta acreditada por la autoridad electoral sinaloense.

El ex mando policial Alberto Jorge Contreras Núñez solicitó un amparo para evitar que las autoridades bloqueen, cancelen o revoquen sus cuentas bancarias por alguna investigación en los próximos días.

El amparo fue presentado el pasado 27 de mayo y recibido el día 28 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Contra la “Orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del aquí quejoso”, señala el texto.

Contreras Núñez fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y está en la lista de los señalados por autoridades de los Estados Unidos de tener presuntamente vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Además de este ex mando policial la lista incluye a su colega Marco Antonio Almanza, el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Senador Enrique Inzunza Cázarez, y el vicefiscal general con licencia, Dámaso Castro Zaavedra.

También el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el ex Secretario de Seguridad Pública estatal, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó en los Estados Unidos, y otros tres ex mandos policiacos más.

Contreras Núñez tendrá audiencia incidental el próximo día 9 y el 2 de julio tendrá la constitucional.

Al “Cholo”, como se le conoce a este ex mando policiaco, se le señala de haber recibido 300 mil pesos mensuales de parte de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, para permitirles realizar sus operaciones.

Aún no se conoce la identidad de los restos humanos femeninos hallados entre el 16 y 17 de mayo pasado en inmediaciones de El Castillo, al sur de Mazatlán, por la calidad del resto localizado en las osamentas, manifestó la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“Sí se está trabajando en la parte de la identificación a través del área de Genética, el tema ha tardado un poco por la calidad del resto localizado en las osamentas, es por eso que nos ha dado un poquito más de tardanza en cuanto al resultado”, añadió Sánchez Kondo este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación tras asistir a la celebración del 84 aniversario del Día de la Marina Nacional.

“Sí se ha estado requiriendo un poco más de tiempo por el tema de la calidad del resto, es la parte que me han informado de ahí del área de Genética”.

A pregunta de si hay indicios de que pudieran ser dos personas del sexo femenino privadas de la libertad la noche del 19 de noviembre del 2025 en un centro comercial en este puerto, reiteró que lo que tiene la Fiscalía a su cargo es la localización de las dos osamentas.

“Así como indicio necesitaríamos esperarnos a la parte de lo que arroje el resultado, también hay que recordar que esa carpeta la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, nosotros desde la parte de que tengamos algún resultado estaríamos dando la vista, de hecho FGR ya nos solicitó información respecto a esa localización de dos osamentas, estamos tardando un poquito más por el tema de la calidad del resto”, reiteró la Fiscal.

NO HAY INFORMACIÓN SOBRE COMPARECENCIA DE GENERAL MÉRIDA SÁNCHEZ EN NUEVA YORK

La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo no tener información sobre la comparecencia este lunes ante una juez en Nueva York del ex Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, general en retiro Gerardo Mérida Sánchez.

También manifestó que el Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zavedra, está dentro de un periodo de licencia que él mismo solicitó a la institución.

“El Vicefiscal está ahorita dentro de un periodo de licencia, licencia que él mismo solicitó a la institución y respecto al tema del general Mérida no tengo información al respecto”, dijo Sánchez Kondo en entrevista este lunes con personal de medios de comunicación.

Como se informó en su momento, tanto el general Mérida como el Vicefiscal General del Estado son parte de un grupo de 10 funcionarios y ex funcionarios, mandos y ex mandos de instituciones del Gobierno de Sinaloa, entre ellos el ahora Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que son acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de estar presuntamente coludidos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Luego de la riña registrada el pasado domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, el Gobierno de Sinaloa ya estableció contacto con los familiares de los siete internos que perdieron la vida durante el hecho; así lo informó el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya.

Mencionó que tras el incidente ocurrido en el penal, donde además una persona resultó herida, las autoridades estatales mantienen coordinación con las instancias de seguridad correspondientes y continúan atendiendo a las familias de las víctimas.

“Sí, lo que siempre se hace es estar trabajando conjuntamente con todos los mandos, con los tres poderes. Y sí, el Secretario de Seguridad Pública Estatal ya lo informó. Y por supuesto que se está en contacto con las familias de dichas personas”, dijo Bedoya Bañuelos.

Bedoya Bañuelos indicó que para prevenir situaciones similares se continuará trabajando de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno y los poderes del Estado. Señaló que esos operativos forman parte de las acciones permanentes encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Sobre la situación de violencia que persiste en el municipio de Escuinapa, el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno aseguró que el tema se atiende diariamente en las mesas de seguridad donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“El Gobierno del Estado, como ya se ha informado, en coordinación con los tres órdenes, todos los días en una mesa de seguridad se abordan temas de ese tipo. Como lo comentaba hace rato, el Secretario de Seguridad Pública de cada entidad es quien trae esos datos, y se estarán informando por medio de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Sobre la posibilidad de reforzar la presencia de elementos de seguridad en esa zona del sur del estado, indicó que esa determinación corresponde a los mandos federales; aunque consideró que el trabajo coordinado ha permitido avanzar en materia de seguridad.

“Serán los mandos federales quienes decidan eso. Nosotros creemos que ellos lo están haciendo muy bien, creemos que están trabajando de manera coordinada y con su apoyo se ha logrado avanzar mucho en ese tema”.

CONTINÚA GESTIÓN PARA APOYAR A LOS EMPRESARIOS

En otro tema, Bedoya Bañuelos respondió a los señalamientos de organismos empresariales como Coparmex sobre las dificultades económicas que enfrentan las empresas sinaloenses debido al contexto de inseguridad que se vive en el Estado.

“Hemos estado abiertos siempre a apoyar a los empresarios y a las cámaras. Se están haciendo las gestiones por parte de las secretarías del Estado para apoyar y se está trabajando conjuntamente con los municipios”.

Tras manifestar que se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó que el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fallecieron siete internos y un lesionado, todos por heridas de arma punzocortante y ya está identificado el presunto responsable.

“Se confirma siete personas fallecidas y un lesionado, todos por arma punzocortante, todos hombres”, añadió Sánchez Kondo en entrevista este lunes en Mazatlán tras asistir a la celebración del Día de la Marina Nacional.

Agregó que el domingo 31 de mayo esa dependencia tuvo el reporte de la localización de personas sin vida en un módulo en el interior de dicho Centro Penitenciario y se trabajó toda la parte de la inspección del lugar y levantamiento de cuerpos.

“Son siete personas sin vida y una persona lesionada, todas por armas punzocortante... estamos haciendo todo lo relacionado de acuerdo a la investigación, principalmente los objetos punzocortantes que se aseguraron como indicios son ‘hechizos’, son objetos ahí que estamos investigando la parte del probable ingreso, pero eso va resultar de lo que derive de la investigación”, señaló.

¿Ya están identificados quiénes son los autores?, se le preguntó.

“Sí, ya está identificado el presunto responsable”, contestó la Fiscal sobre esos hechos del domingo en el penal de Culiacán.

Ante la pregunta de si pertenecen a alguna facción del crimen organizado dijo que se está trabajando en eso, lo que arroje la investigación y ya en su momento se informará al respecto.

“Lo estamos investigando, está la parte ahorita de lo que es las entrevistas en lo que es el interior del penal y todo para hilar a como fue la realización del hecho, todo eso va dentro de lo que son los actos de investigación (investigación a personal de seguridad y directivos del penal) para dar con el tema de la materialización del hecho, de cómo sucedió el hecho”.

Tras manifestar que se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó que el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fallecieron siete internos y un lesionado, todos por heridas de arma punzocortante y ya está identificado el presunto responsable.

“Se confirma siete personas fallecidas y un lesionado, todos por arma punzocortante, todos hombres”, añadió Sánchez Kondo en entrevista este lunes en Mazatlán tras asistir a la celebración del Día de la Marina Nacional.

Agregó que el domingo 31 de mayo esa dependencia tuvo el reporte de la localización de personas sin vida en un módulo en el interior de dicho Centro Penitenciario y se trabajó toda la parte de la inspección del lugar y levantamiento de cuerpos.

“Son siete personas sin vida y una persona lesionada, todas por armas punzocortante... estamos haciendo todo lo relacionado de acuerdo a la investigación, principalmente los objetos punzocortantes que se aseguraron como indicios son ‘hechizos’, son objetos ahí que estamos investigando la parte del probable ingreso, pero eso va resultar de lo que derive de la investigación”, señaló.

¿Ya están identificados quiénes son los autores?, se le preguntó.

“Sí, ya está identificado el presunto responsable”, contestó la Fiscal sobre esos hechos del domingo en el penal de Culiacán.

Ante la pregunta de si pertenecen a alguna facción del crimen organizado dijo que se está trabajando en eso, lo que arroje la investigación y ya en su momento se informará al respecto.

“Lo estamos investigando, está la parte ahorita de lo que es las entrevistas en lo que es el interior del penal y todo para hilar a como fue la realización del hecho, todo eso va dentro de lo que son los actos de investigación (investigación a personal de seguridad y directivos del penal) para dar con el tema de la materialización del hecho, de cómo sucedió el hecho”.

Desde hace un par de años, los quirófanos han sido testigos de una verdadera revolución médica que busca cambiar radicalmente la experiencia del paciente con el protocolo ERAS, que por sus siglas en inglés significa Recuperación Mejorada Después de la Cirugía.

Este método permite que las personas vuelvan a su hogar en tiempo récord, minimizando el impacto físico de una intervención mayor.

Ricela Guadalupe Atondo Valenzuela, anestesióloga del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que entrar a cirugía tradicionalmente significaba pasar días en cama, alimentado por suero y enfrentando una recuperación lenta y dolorosa.

“Son directrices, lineamientos y protocolos que se diseñan a partir del estudio sobre el trauma quirúrgico. El trauma va a depender totalmente del tipo de intervención; una vez establecido, se realiza un protocolo o se aplican conocimientos fisiológicos en el pre, trans y posoperatorio para acelerar la recuperación, mejorar la calidad de vida del paciente, regresar a una nutrición en un tiempo adecuado y, obviamente, disminuir el dolor”, apuntó Atondo Valenzuela.

Según la anestesióloga, el éxito de ERAS radica en preparar y tratar al cuerpo de forma óptima para mitigar el estrés metabólico durante la operación.

Compartieron que el plan médico reduce el estrés del cuerpo antes, durante y después de la cirugía, permitiendo que las personas caminen y coman a las pocas horas de salir del hospital.

Aunque este proceso se aplica formalmente desde el año 2001 bajo lineamientos específicos, su implementación en la región busca que más profesionales del sector salud adopten estas prácticas.

El protocolo se divide en tres fases que incluyen menos tiempo de ayuno, al romper con la tradición de largos periodos sin alimento antes de entrar al quirófano.

También incentiva al paciente a levantarse y caminar poco después de la intervención y genera estrategias específicas para que el cuerpo no resienta el trauma quirúrgico de manera severa.

“Está escrito que genera mejorías evidentes para el paciente y que incluso disminuye los costos en la salud pública al reducir la estancia hospitalaria. Casi por lo regular, la aplicación de estos protocolos se da en cirugías programadas; por ello, actualmente hay un hincapié muy importante en las investigaciones para adaptarlo a cirugías de urgencia, que son las que generan un mayor estrés metabólico en los pacientes”, comentó.

Con la implementación de este esquema, el Centro de Investigación busca no solo mejorar la salud de los sinaloenses, sino también reducir la estancia hospitalaria, optimizando los recursos del sector salud y garantizando un pronto restablecimiento para quienes deben someterse a un procedimiento quirúrgico.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un exhorto dirigido a las autoridades integrantes del Comité Coordinador para que inicien investigaciones de oficio ante presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del CPC señalaron que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.

El exhorto fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y está dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.

“Hay señalamientos públicos documentados que ameritan investigaciones oficiales expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción”, señalaron los integrantes del CPC.

Entre los casos mencionados se encuentran presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.

El CPC también hizo referencia a investigaciones realizadas por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, donde se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.

Durante la conferencia, los integrantes del comité señalaron que este es el segundo exhorto emitido por el organismo; el primero estuvo relacionado con el caso de los viajes de la ex Secretaria de Transparencia.

Además, criticaron la propuesta de reforma conocida públicamente como “Ley Rocha”, a la que calificaron como una “ley tapadera” debido a los vacíos legales que, aseguran, contiene la iniciativa.

Informaron que los trabajos legislativos para su aprobación fueron pausados temporalmente y buscarán abrir mesas técnicas y un parlamento ciudadano junto con organizaciones civiles, academia y especialistas.

Como parte de sus propuestas preventivas, el CPC también impulsa reformas a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, así como la migración del sistema CompraNet hacia Compras MX, con el objetivo de digitalizar completamente los procesos de licitación y transparentar la información de contratos y obras públicas.

Indicaron que la intención es eliminar procesos físicos y estandarizar digitalmente todas las etapas de contratación pública para reducir riesgos de corrupción en un sector donde se manejan miles de millones de pesos anualmente.

TIJUANA, MAYO 27, 2026.- Un hombre perdió la vida este miércoles tras ser atacado con un arma de fuego en la colonia Infonavit Capistrano, en la delegación Cerro Colorado.

De acuerdo con información preliminar, el hecho fue reportado alrededor del mediodía sobre la calle Camino Vecinal, cerca del área cercana al Estadio de los Toros.

El ataque habría ocurrido cuando la víctima, quien viajaba junto a su hija a bordo de una camioneta Honda Pilot color café, fue interceptada por un hombre que aparentemente conocía al hoy occiso.

El agresor se acercó para saludar al hombre y posteriormente lo lesionó en la cabeza. Tras la agresión, la mujer logró retirarse del lugar y pedir ayuda a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron los hechos, localizando al hombre lesionado dentro del vehículo.

Minutos más tarde, personal de la Agencia Estatal de Investigación arribó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recabar mayores datos sobre el caso.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Fotos Border Zoom

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, al acudir este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Almanza fue señalado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado; sin embargo, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.

El ex mando policial confirmó que acudió a rendir declaración en calidad de testigo dentro de una investigación que realiza la FGR en México, la cual es paralela, pero no coordinada con la investigación abierta por autoridades estadounidenses.

A su llegada a las instalaciones federales evitó profundizar sobre las acusaciones en su contra, aunque insistió en que no tiene inconveniente en colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, reiteró ante medios de comunicación.

La comparecencia ocurre luego de que distintas autoridades y ex funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos fueran citados por la FGR para rendir entrevistas ministeriales en calidad de testigos.

En Sinaloa hay más de 4 mil familias que se han desplazado por la violencia reciente, según datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en la entidad, la mayoría está en Culiacán, Badiraguato y en el municipio de Concordia, manifestó la coautora del libro “Solo nos dijeron que nos íbamos”, Sibely Cañedo.

“En Sinaloa hay aproximadamente, según cifras de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, más de 4 mil familias que se han desplazado, la mayoría está en Culiacán, Badiraguato y en el municipio de Concordia, es donde se concentra la gran mayoría de los desplazados en este periodo”, añadió.

Agregó que para escribir uno de los capítulos en el libro en mención realizó un estudio en el sur de Sinaloa sobre el desplazamiento forzado y específicamente los impactos sobre las adolescencias y las juventudes y sí fue muy significativo encontrar que en el caso que sucedió en el municipio de Concordia se detectaron dos movimientos esenciales, uno de un grupo de personas que decidieron retornar a los lugares de la sierra, en los altos, y otro que decidió por el no retorno.

Una de las principales razones para no retornar era por el riesgo de cooptación que tenían sus hijos por el crimen organizado, dijo.

“En el periodo que se hizo el estudio, que fue de 2017 a 2022 no se detectó un reclutamiento forzado como tal, pero sí había unas condiciones muy propicias debido a lo que ya se comentaba por este tema de la narcocultura, de la aceptación que existe en estas regiones hacia los grupos armados ilegales que de alguna manera son percibidos como los que ponen cierto orden en la sociedad”, continuó en entrevista previa a la presentación del libro.

“A falta del Estado muchas veces estos grupos son percibidos como algo hasta positivo en ciertos puntos, dicen ellos traen el orden o la paz, entonces en este contexto algo importante que detectamos en el estudio es el papel preponderante de las madres de familia que ellas eran como las que tomaban esta decisión de si retornar o no y gran parte tenía que ver con proteger a sus hijos”.

Enfatizó que desgraciadamente en el actual periodo de violencia entre grupos criminales se pudo ver tanto en la teoría como en la práctica que las madres tenían razón porque ahora sí en la sierra se está viendo el reclutamiento ya forzado, es lo que están reportando algunos pobladores, esto último ya no forma parte del libro, pero sí está habiendo este tipo de prácticas.

“Cuando nosotros hicimos el estudio, las entrevistas, las visitas de campo había un periodo en que no estaban los grupos en esta disputa, sino que había una especie de pax, lo que algunos autores llaman la pax narca, o sea, había un grupo que dominaba ahí el territorio, entonces había un cierto orden y las personas se sometían a ese orden, entonces no digamos que fue un retorno que se dio en condiciones de paz total porque ellas tenían que someterse a las condiciones del grupo armado”, expresó.

“Era como un tipo de violencia aleccionadora donde las personas tenían que seguir ciertas reglas, una de ellas el silencio, el no hablar de esos temas, el limitarse mucho en su vida cotidiana, por ejemplo si antes salían a cazar no hacerlo porque ya hay un contexto donde el grupo armado tiene que tener ese control, entonces los pueblos pudieron retornar, no en las mejores condiciones, pero pudieron retornar”.

Sin embargo, a partir del 2024 otra vez se vieron obligados a desplazarse y ya no fue nada más el tema del desplazamiento o los enfrentamientos armados, sino que cada vez va subiendo el nivel de violencia y ahora se tienen por ejemplo el uso de explosivos lanzados con drones, lo que ha elevado cada vez más el impacto en la población y también el miedo y el pánico, incluso se provocaron incendios forestales por esa situación.

“Sí hemos tenido reportes de algunos pobladores, de personas que mencionan que ya están acudiendo directamente al pueblo a reclutar a los jóvenes, lo que nosotros identificamos antes en el estudio como una práctica más de cooptación, más de como de atraer a los jóvenes, ahora sí está siendo como un reclutamiento mucho más dirigido”, subrayó Sibely Cañedo.

“Incluso hay familias por ejemplo, que en trabajo de campo más reciente nos han comentado que ellos prefieren mandar a sus hijos fuera de la sierra, aunque la familia se queda en el pueblo mandan al hijo fuera de la sierra con algún familiar o donde pueden para que no se arriesguen a eso, entonces estamos viendo también este fenómeno; la separación de familias se está acentuando debido a esa situación y sí el reclutamiento de jóvenes o de menores de edad o incluso es un tema de primer orden que debe ser atendido por las autoridades de manera urgente”.

Recalcó que actualmente no hay una política específicamente para atender a niñas, niños y jóvenes afectados por el desplazamiento forzado.

“No hay una política específicamente para eso, de hecho en Sinaloa existe la Ley de atención al Desplazamiento Forzado desde el 2020, por medio de esta ley existe un Fondo de Atención a Desplazados y existe un programa y un registro supuestamente, pero no hemos detectados acciones dirigidas a este segmento de la población que sea adolescentes, niños, no lo hemos detectado aquí en Sinaloa, no lo hemos detectado por el momento”, enfatizó la coautora.

La dirigencia de Morena en Sinaloa manifestó su respaldo en las investigaciones y los procesos llevados a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Morena no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”, sentenció la organización política a través de un comunicado al señalar que confían en las instituciones de investigación y procuración de justicia del país.

El pronunciamiento de Morena Sinaloa ocurre luego de que la FGR informó el sábado que Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios están siendo citados para ser entrevistados. En un comunicado, la dependencia mencionó que el objetivo es avanzar en las investigaciones.

“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Más tarde, el Gobernador con licencia confirmó que fue citado por la FGR; aseguró que atenderá el requerimiento y que no tiene nada que temer.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, dijo en mensaje publicado en sus redes sociales.

A la par de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez y el senador de Morena, Enrique Inzunza, también confirmaron que se presentarán ante la dependencia.

Cabe recordar que el 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra diez funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentran, además de Rubén Rocha Moya, sus ex secretarios de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Ambos se entregaron a las autoridades estadounidenses en días pasados.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.

Dirigencia estatal lanza críticas contra el PRI

En su comunicado, Morena Sinaloa también lanzó críticas contra la oposición al señalar particularmente al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En el documento, la dirigencia estatal del partido guinda acusó a Moreno Cárdenas de “rogar por la injerencia extranjera” y calificó al PRI como “el partido más repudiado de México”.

Respecto a los procesos judiciales, Morena Sinaloa criticó que la oposición quiere ver “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos”.

Tras manifestar que confía en que se proceda conforme a la ley en la cita de la Fiscalía General de la República al Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a funcionarios y ex funcionarios en la entidad presuntamente ligados al narcotráfico, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán manifestó que ese es un camino que se está siguiendo, pero posteriormente podría darse la extradición.

“Confiamos en que se proceda conforme a la ley, conforme al derecho y que los que administran la justicia la administren con rectitud, siempre de acuerdo a la legalidad porque es una situación muy delicada porque afecta la vida, la conducta y la fama de las personas”, añadió Monseñor Mario Espinosa Contreras en entrevista este domingo.

“Y los que son jueces es una labor, o los que son fiscales o ministerios públicos deben ser muy precisos, muy objetivos, muy equilibrados y eso es lo que se desea, que no se le ponga a las cosas ni más ni menos, sino lo que es y que se busque lo que sea la realidad”.

A finales de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al Gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el crimen organizado, así como delitos relacionados con armas de fuego, por lo que el 1 de mayo Rocha Moya pidió licencia a su cargo.

Hasta el momento de los 10 acusados se han entregado a las autoridades estadounidenses el ex Secretario de Seguridad Pública en la entidad, el general Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega.

Ante el citatorio como testigos por parte de la FGR a los ocho restantes, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, expresó que hay distintos caminos siempre para abordar las situaciones, pero después pueden seguir otros pasos.

“Hay distintos caminos siempre de abordar las situaciones y pues es un camino que están siguiendo ahorita, no significa tal vez que sea el único, pero ya se presentó ese sendero”.

A pregunta de si después de esta cita pudiera seguir la extradición de dichas personas a Estados Unidos, que es donde se les acusa, agregó que “eso pudiera ser”.

También expresó que es un peligro real que el Gobierno Mexicano proteja a dichas personas, pero se debe proceder rectamente, conforme a la ley.

“Pues es un peligro real, pero por eso de parte nuestra siempre invitamos a las autoridades de todos los niveles y de todos los ámbitos a que procedan de acuerdo a la legalidad, pero es el reto de siempre para todos los humanos, de estar procediendo rectamente y siempre de acuerdo a lo que marcan la ley y la justicia. Nosotros nunca dejaremos de estar invitando a que todos así procedamos y siempre está el peligro de que no se proceda así”.

Las acusaciones contra el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, deben enfrentarse con transparencia y mediante los procesos legales correspondientes, consideró el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo.

El representante del organismo señaló que, aunque existen señalamientos públicos, no corresponde adelantar juicios hasta que las investigaciones sean concluidas por las autoridades competentes.

“Nos parece que es una gran oportunidad en esta coyuntura histórica en la que las acusaciones se deben de enfrentar, en el que las acusaciones se deben, en defensa de quienes son acusados, pues aclarar e indudablemente lo que corresponda”, expresó.

Calderón Quevedo enfatizó que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia mientras no existan resoluciones derivadas de los procesos legales.

“Nosotros no podemos hablar de presunción de culpabilidad en tanto no se deriven los procesos que en cada caso se complementen”, indicó.

Añadió que, como ocurre en distintos sectores profesionales, dentro de cualquier institución pueden existir perfiles con distintos desempeños, al referirse a la discusión pública en la que se señala que el caso de Mérida Sánchez puede comprometer a las instituciones militares.

“Indiscutiblemente en cualquier gremio, en el gremio médico, en el gremio de los arquitectos, en el de los abogados, siempre habrá quien tiene un buen comportamiento, un buen desempeño y siempre habrá quien no lo tiene”, comentó.

El titular del CESP sostuvo que, debido al papel que desempeñó el militar durante la crisis de seguridad en Sinaloa, resulta importante que cualquier acusación sea esclarecida.

“Nos parece que es importante que un miembro destacado del Ejército que tuvo un rol determinante en el caso de Sinaloa, hoy aclare cualquier señalamiento que tiene para entonces tener una base y señalar alguna mejora y demás”, dijo.

Asimismo, señaló que hasta el momento el organismo mantiene confianza en la labor de las fuerzas armadas destacadas en la entidad.

“Al día de hoy con quienes nos hemos reunido de los miembros del Ejército, nos han transmitido amplia confianza en la labor que en este momento están realizando”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que el desarrollo del caso mantiene la expectativa pública debido a la relevancia del ex funcionario.

“La coyuntura que representa una figura tan importante como el General Mérida, pues nos pone a la expectativa. ¿Qué sucederá? Pues dependerá de los procesos”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que, hasta donde tienen conocimiento, los procedimientos relacionados con el caso estarían focalizados en autoridades de Estados Unidos.

“No nos hemos enterado que una autoridad en México tenga algún proceso con eso y si lo tiene, pues ojalá que sea lo suficientemente transparente”, indicó.

También cuestionó la opacidad que suele existir en investigaciones ministeriales.

“Mucho de lo que sucede en las fiscalías son temas reservados, mucho de lo que sucede en las carpetas de investigación, en estas denuncias en particular, pues rara vez son dadas a conocer al público. Esperemos que en este tipo de casos podamos tener algún mayor nivel de transparencia”, añadió.

Durante la entrevista, el coordinador del CESP también se refirió al relevo en la Novena Zona Militar y dio la bienvenida al nuevo comandante, el General Julio César Islas Sánchez.

“Bienvenido a Sinaloa, en particular a la Novena Zona Militar. Tenemos muy buenas referencias del General Islas”, expresó.

Detalló que organismos civiles con presencia nacional y regional, particularmente en Tamaulipas, han compartido referencias positivas sobre su desempeño previo.

“Hemos platicado con algunos organismos de la sociedad civil que tienen alcance nacional y algunos muy focalizados en algunas regiones, en particular Tamaulipas, que es donde estuvo anteriormente, y nos dan una muy buena referencia de lo que él realizó y alcanzó allá”, comentó.

Finalmente, señaló que esperan que la experiencia del mando militar pueda traducirse en resultados concretos en Sinaloa en el corto plazo.

“Esperemos que esa experiencia y que esos factores positivos aterricen acá también con resultados tangibles en el corto plazo”, puntualizó.

Cabe destacar que Mérida Sánchez fue secretario de seguridad en Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, y se encuentra dentro de la lista de funcionarios estatales acusados por el Gobierno de los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

Mérida Sánchez se encuentra en una prisión estadounidense después de entregarse a las autoridades.

El Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá al llamado con la confianza de haber actuado con legalidad.

A través de una publicación en redes sociales, señaló que fue notificado la mañana de este sábado para comparecer ante el Ministerio Público Federal.

Gámez Mendívil afirmó que atenderá el requerimiento “con la absoluta certeza” de haber actuado siempre con responsabilidad como servidor público.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta @Claudiashein”, escribió.

El Alcalde con licencia también expresó confianza en las instituciones mexicanas.

“Tengo confianza en que imperarán la verdad y la justicia”, afirmó.

Horas antes, la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a autoridades de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos.

Gámez Mendívil fue incluido en la acusación presentada el pasado 29 de abril en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer ante la dependencia federal y aseguró que no tiene nada que temer ante las investigaciones en curso.

A través de una publicación en redes sociales, Rocha Moya informó que el citatorio le fue entregado durante la mañana de este sábado y señaló que atenderá el requerimiento formulado por la autoridad federal.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió.

El mandatario con licencia sostuvo que es “un hombre probo” y afirmó que su trayectoria personal respalda su actuar.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.

Rocha Moya agregó que acudirá ante la FGR “con la frente en alto” y manifestó su confianza en que “la verdad habrá de prevalecer”.

La declaración ocurre horas después de que la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales.

La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos; y Chihuahua, corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales en curso.

Mediante el comunicado difundido este sábado, la dependencia federal señaló que las citaciones forman parte de procedimientos ministeriales y no implican acusaciones formales.

“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.

El posicionamiento fue difundido horas después de que la FGR informó que citaría a declarar a personas relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez son dos de los citados.

La Segob añadió que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y sostuvo que sus actuaciones se realizan “con fundamento en la ley y no tiene interés político”.

CULIACÁN._ El Senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez informó este sábado que recibió una citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá personalmente a atender el llamado de la autoridad.

A través de redes sociales, el legislador de Morena señaló que desde el primer momento manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y sostuvo que enfrentará el proceso por cuenta propia.

“He recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, expresó.

Inzunza Cázarez afirmó que no recurrirá a las protecciones legales derivadas de su cargo como Senador, pese a que la Constitución contempla inmunidad procesal para ciertos servidores públicos.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicó.

El Senador sostuvo que confía en las instituciones del País y destacó su trayectoria en el servicio público.

“Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, manifestó.

En su mensaje, concluyó reiterando su confianza en las instituciones democráticas.

La citación de Inzunza Cázarez ocurre en medio de las investigaciones abiertas en México tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros funcionarios y ex funcionarios estatales, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Este sábado, la Fiscalía General de la República informó que citó a declarar a los señalados, entre ellos el mismo Rocha Moya, quien en días pasado solicitó licencia al cargo.

La Fiscalía General de la República informó este sábado que citó a declarar a los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de la investigación abierta tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La FGR indicó que las diligencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso que involucra a 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR.

Entre los acusados aparecen el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La lista también incluye al ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; al ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; y al vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra.

Asimismo, fueron señalados el ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés; el ex comisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex mando de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

La acusación que detonó la investigación

La acusación contra los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses fue dada a conocer el pasado 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política e institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Licencias, relevo en el Gobierno y cambios en Culiacán

El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, horas después de que la propia FGR pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos entregar más pruebas sobre las acusaciones formuladas en Nueva York.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.

La noche del mismo 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia temporal a la Presidencia Municipal de Culiacán, argumentando que buscaba agilizar cualquier investigación que tuviera que realizar la FGR.

Tras su salida, el Cabildo designó como Alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

Posteriormente, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra también solicitó licencia temporal a su cargo como vicefiscal estatal.

El caso Gerardo Mérida y la entrega de Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex Secretario se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses.

Según el reporte, el ex funcionario habría cruzado hacia Estados Unidos dos semanas después de ser incluido por el Departamento de Justicia en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Mérida Sánchez, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esta misma información difundida por la FGR dio a conocer que también fueron citadas a comparecer, en calidad de testigos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el ex Fiscal General de esa entidad, César Jáuregui Moreno, como parte de la indagatoria por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La dependencia explicó que las entrevistas ministeriales derivan de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo, sobre el cual ya se habían informado previamente algunas diligencias.

La FGR aseguró que en ambos asuntos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de mantener apego al debido proceso.