TIJUANA, MAYO 25,2026.-Más de 30 trabajadores de la empresa TIMS, ubicada sobre la calle Nueve Sur número 1510, en la zona de Ciudad Industrial de Otay, denunciaron haber sido despedidos presuntamente sin recibir una liquidación conforme a la ley, situación que ha generado incertidumbre entre las familias afectadas.

De acuerdo con testimonios de los ex empleados, la empresa dedicada a la fabricación de partes automotrices argumentó una supuesta disminución de trabajo para justificar los despidos. Posteriormente, señalaron que les solicitaron firmar su renuncia bajo el compromiso de pagarles su liquidación en 12 pagos semanales.

Sin embargo, los trabajadores expresaron temor de que dichos acuerdos no se cumplan, debido a que aseguran que actualmente permanece poco personal laborando dentro de la planta y que incluso se ha observado el retiro de maquinaria, presuntamente para su venta.

Los afectados señalaron que la empresa les estaría ofreciendo únicamente el 50 por ciento de la liquidación que legalmente les corresponde, pese a que varios de ellos cuentan con antigüedades de entre cinco, diez y hasta más de 20 años dentro de la compañía.

Deysi Leticia Romero, quien trabajó durante 12 años en la empresa, manifestó su preocupación por la situación que enfrentan decenas de trabajadores tras quedarse sin empleo y sin certeza sobre el pago de sus prestaciones.

Ante este panorama, algunos de los ex empleados informaron que ya interpusieron denuncias y demandas laborales formales para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Asimismo, hicieron un llamado a la Secretaría del Trabajo para que intervenga en el caso y supervise el proceso, con el objetivo de garantizar que las liquidaciones se realicen conforme a lo establecido por la ley.

“Lo único que pedimos es que se nos pague lo que nos corresponde”, expresaron los trabajadores afectados, quienes señalaron que la situación ha dejado en incertidumbre económica a numerosas familias.

Fotos Carlos Alegría / Border Zoom

Integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana cuestionaron el proceso de discusión de la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa, al considerar que el Congreso del Estado desestimó las observaciones presentadas durante una reunión con la Comisión de Transparencia.

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que existe preocupación por la intención de homologar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, debido a los efectos que tendría sobre el acceso a la información pública.

Además, criticó que la reunión careciera de un orden del día y aseguró que una de las principales inconformidades surgió cuando el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez adelantó que no habría cambios a la propuesta enviada por Rubén Rocha Moya.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, reprochó que las organizaciones fueran convocadas con poco tiempo para revisar un dictamen que consideró de gran relevancia para la ciudadanía.

“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.

Las organizaciones advirtieron que la iniciativa permitiría reservar información relacionada con el gasto público, incluyendo documentos sobre el uso de recursos públicos.

Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que otro de los cambios planteados es ampliar los plazos de respuesta a solicitudes de información, que actualmente son de 10 días y podrían extenderse hasta 20 o incluso 30 días con prórroga.

También señalaron que la propuesta eliminaría obligaciones de transparencia relacionadas con arrendamientos y excluiría como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.

Gustavo Rojo explicó que la iniciativa contempla que cada ente gubernamental atienda los asuntos de transparencia mediante órganos internos de control, en lugar de mantener un organismo garante independiente.

“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.

“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la redacción propuesta limitaría el acceso a información vinculada con corrupción, al establecer el concepto de “casos de corrupción acreditados”, dejando a criterio de la autoridad cuáles denuncias serían consideradas válidas.

Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se plantea eliminar obligaciones de transparencia sobre bitácoras de vuelo y registros de vehículos oficiales, además de retirar disposiciones específicas en materia ambiental.

Explicó además que la iniciativa permitiría reservar información por cinco años cuando se considere que puede generar un problema social, con posibilidad de ampliar el periodo otros cinco años más.

Marlene León reiteró que las organizaciones civiles mantienen disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de una legislación que fortalezca la transparencia en Sinaloa.

Fuente: Expreso Palabras clave: Club Rotario Nogales, donación mesabancos Nogales, primaria Hermanos Curiel, apoyo educativo Nogales, Rotarios Green Valley