MEXICALI, JUNIO 5, 2026.- Para cerrar los vacíos legales que durante años han permitido la impunidad en los delitos sexuales y crear el nuevo tipo penal denominado “Exhibicionismo Corporal”, el Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal del Estado, para fortalecer la protección a víctimas de abuso sexual.

El Pleno del Congreso avaló el dictamen número 14 de la Comisión de Igualdad de Género respecto de las iniciativas de reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, presentadas por las diputadas Liliana Michel Sánchez Allende y Dunnia Montserrat Murillo López.

Esta reforma se retoma del modelo nacional y transforma la manera en que la ley entiende el abuso sexual estableciendo que la ausencia de un “no” nunca significa consentimiento. A partir de ahora, el silencio, el miedo o la inmovilidad de la víctima ya no podrán utilizarse para justificar una agresión sexual.

Con este cambio, el consentimiento libre y expresado se convierte en el eje central de las relaciones sexuales, reconociendo que, si existe violencia, amenazas, intimidación, engaños, abuso de poder o una situación de vulnerabilidad, se trata de abuso sexual.

Uno de los cambios más importantes de esta reforma es el fortalecimiento de la protección para niñas, niños y adolescentes, al establecer que ninguna persona menor de 18 años puede otorgar consentimiento para este tipo de actos, por lo que cualquier agresión sexual contra menores será castigada con penas de 8 a 13 años de prisión. Para el caso donde la víctima sea mayor de edad, las penas irán de 3 a 10 años de cárcel.

El decreto también amplía como se entiende legalmente el abuso sexual, para incluir tocamientos, roces corporales y la exhibición forzada del cuerpo con fines sexuales, evitando interpretaciones confusas que anteriormente permitían evadir responsabilidades.

Otro de los cambios centrales es que el delito de abuso sexual ahora será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades deberán investigar de inmediato, aunque la víctima no presente una denuncia formal. La reforma también garantiza atención psicológica especializada y reparación integral del daño para las víctimas.

Como parte de las medidas contra el abuso de poder en el abuso sexual, las penas aumentarán cuando el delito sea cometido por varias personas, contra mujeres embarazadas, personas en contextos de vulnerabilidad o por motivos relacionados con identidad de género. Además, servidores públicos, profesionistas o ministros de culto que utilicen su posición para cometer este delito podrán ser inhabilitados de manera inmediata, además de enfrentar penas de prisión.

«No podemos permitir que los vacíos legales sigan protegiendo a los agresores. Esta reforma le cierra la puerta a la impunidad, homologa nuestra justicia con los estándares nacionales y les manda un mensaje innegociable a las víctimas: el Estado tiene la obligación de perseguir este delito de oficio, no de justificarlo», destacó Sánchez Allende.

Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó un dictamen para exentar del pago de derechos, contribuciones, servicios e infracciones a las personas que recuperen sus vehículos después de haber sido víctimas de robo.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia a partir de diversas iniciativas tanto ciudadanas como de los grupos parlamentarios.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, señaló que esta medida representará un apoyo importante para la economía de las personas afectadas por este delito.

La legisladora destacó que la ciudadanía no debería asumir los costos derivados de la recuperación de unidades robadas.

Actualmente, las víctimas de robo de vehículo deben cubrir pagos que oscilan entre los 5 mil y 7 mil pesos por conceptos como estancia en pensiones o corralones y servicios de grúa para el traslado de las unidades recuperadas.

La Diputada comentó que con la aprobación de este dictamen, dichos gastos serán tomados mediante convenios entre la Fiscalía y los Ayuntamientos.

Explicó que se llevaron a cabo reuniones con distintas autoridades para concretar estos acuerdos, incluyendo a la Secretaría de Hacienda.

“Quiero decirles que este caminar, porque fue mucho andar tanto con las oficinas recaudadoras, pedir opinión de los ayuntamientos y Sates para ver cómo iba a quedar distribuida la carga financiera”, expresó.

“Establecimos que, para que hubiese un convenio con la Fiscalía, primero debe hacerse el reporte de reconocimiento de víctima; tratar de hacer convenios con los ayuntamientos para los corralones y también establecer convenios con los ayuntamientos para que sean las grúas de Tránsito las que puedan brindar el servicio” señaló la Diputada.

Por su parte, y tras aprobarse el dictamen, el Presidente de la Comisión de Justicia, el Diputado Hólincer Castro Marañón, destacó que una de las principales áreas que tomaron en cuenta para elaborar el dictamen fueron las necesidades de la ciudadanía, pues comentó que, mientras las víctimas de robo de vehículo no podían cumplir con el pago correspondiente, no se les entregaba la unidad.

Asimismo, señaló que este tema cobra especial relevancia debido al incremento de los hechos de violencia en la entidad desde septiembre de 2024, periodo desde que el delito de robo de vehículos ha mostrado una tendencia al alza.

“En nuestro posicionamiento y como grupo parlamentario estamos conscientes de eso. Nosotros vemos los daños que estamos viviendo; eso no se ha negado. Estamos conscientes de ello y una de las afectaciones más grandes es el incremento de los robos. Hemos tenido meses en los que estos delitos encabezan las estadísticas donde puntean y también meses como mayo en los que se observa una disminución; sin embargo, no estamos ciegos, estamos conscientes de que es un área de oportunidad muy grande, el área de robo de vehículos” enfatizó.

Además, destacó que esta medida abona a la economía familiar en Sinaloa al no revictimizar a las personas afectadas, pues señaló que ya existe una afectación desde el momento en que ocurre el robo de la unidad y que ahora ya no será necesario que cubran esos costos para recuperarla.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se registraron en Sinaloa 3 mil 598 carpetas de investigación por robo de vehículo, lo que representa una tasa de 104 casos por cada 100 mil habitantes.

En ese año, Sinaloa ocupó el lugar 22 a nivel nacional en incidencia de este delito.

Sin embargo, tras más de un año de la ola de violencia que afecta a la entidad, el robo de vehículos se ha incrementado de manera significativa, registrando un aumento del 170 por ciento durante el último año.

El colectivo Sabuesos Guerreras interpuso una queja formal ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por los comentarios que calificaron como revictimizantes por parte de una servidora pública hacia madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el colectivo informó que la denuncia fue presentada para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y adelantó que también acudirán a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para continuar con el proceso.

“Como todo proceso debe ser formal el día de ayer pusimos la queja en el Órgano interno de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, expresaron.

Sabuesos Guerreras reclamó particularmente expresiones como “eduquen a sus hijos”, al considerar que ese tipo de declaraciones estigmatizan y responsabilizan indirectamente a las víctimas de desaparición.

“A todos los que tienen una lucha genuina como la nuestra les abrazamos el alma y hasta encontrarlos”, señalaron.

El colectivo sostuvo que ninguna persona desaparecida pierde sus derechos o dignidad independientemente de su historia de vida y exigió que las instituciones actúen con sensibilidad humana y apego a los derechos humanos.

Además, agradecieron a las personas que difundieron su denuncia y mostraron solidaridad con las familias buscadoras, al tiempo que lamentaron los comentarios de juicio y descalificación recibidos en redes sociales.

Sabuesos Guerreras reiteró su exigencia de trato digno y garantías de no repetición para las víctimas y colectivos de búsqueda.

TIJUANA, MAYO 19, 2026.-Miembros y líderes de la comunidad islámica se reunieron este martes para conmemorar y honrar a las tres víctimas mortales del tiroteo registrado en el Centro Islámico de San Diego, el lunes 18 de mayo.

Amin Abdullah (Brian Climax) de 51 años, Mansour Kaziha (AbulEzz) de 78 años, y Nadir Awad de 57 años, fueron los tres hombres que perdieron la vida tras ser atacados a tiros por dos jóvenes de San Diego identificados como Caleb Liam Vazquez de 18 años, y Cain Lee Clark de 17 años.

“Hoy nuestra comunidad está de duelo con una tragedia inimaginable, lo que sucedió en el Centro Islámico ha sacudido nuestra comunidad hasta su núcleo”, dijo Tazheen Nizam, directora ejecutiva del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés).

La líder comunitaria señaló que la mezquita atacada es “un lugar que siempre ha representado la paz, oración, aprendizaje, y pertenencia”, la cual se convirtió en un lugar de violencia.

“El Centro Islámico de San Diego es nuestro latido, es donde rezamos, curamos, criamos a nuestros hijos, educamos a nuestra juventud, y damos la bienvenida a nuestra comunidad”, recalcó la directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de los Nuevos Americanos (PANA, por sus siglas en inglés), Ramla Sahid.

Entre los presentes estuvieron los hijos y familiares de Amin Abdullah (Brian Climax), el guardia de seguridad que perdió la vida al defender las instalaciones y al alertar a las autoridades sobre la llegada de los sospechosos.

“Mi papá fue el principal defensor de la seguridad, y mantener segura a nuestra comunidad, se oponía a cualquier forma de odio, se tomó su trabajo muy enserio para proteger a todos aquí”, dijo Hawaa Abdullah, sobre su padre, Amin Abdullah, mientras estaba rodeada de sus hermanos.

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