Una iniciativa para reformar la legislación estatal busca transformar la manera en que los centros educativos atienden el bullying en la entidad. La diputada María Cristina Contreras Rebollo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó una propuesta formal ante el pleno para modificar de raíz los esquemas de prevención y contención de la violencia que sufren los estudiantes dentro del entorno escolar.

La propuesta legislativa introduce de manera formal el artículo 79 Bis dentro de la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur. El objetivo primordial de esta adición es establecer la obligación legal e inmediata para que los directivos y docentes notifiquen a los padres o tutores sobre cualquier agresión detectada en un lapso de tiempo estricto.

Esta reforma pretende erradicar la opacidad institucional en los casos de violencia física o psicológica que vulneran el desarrollo de la comunidad estudiantil. La representación de MORENA expuso que la falta de canales ágiles de comunicación impide que las familias actúen con prontitud, dejando desprotegidos a los alumnos ante agresiones sistemáticas.

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El documento turnado al Poder Legislativo mandata que los reportes institucionales deben realizarse de forma obligatoria dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento del hecho. Las autoridades de los planteles educativos deberán activar canales institucionales directos para evitar retrasos que pongan en riesgo la integridad de las víctimas.

La iniciativa de la legisladora de MORENA enfatiza que la corresponsabilidad entre los hogares y las instituciones académicas es el único camino viable para pacificar los entornos de desarrollo. El texto normativo obligará a una reestructuración de los reglamentos internos de todas las zonas escolares pertenecientes al sistema público y privado del estado.

La propuesta legislativa continuará su ruta institucional dentro del Congreso, donde las fuerzas políticas evaluarán los mecanismos de financiamiento para capacitar al personal en materia de derechos humanos. Los comités de padres de familia han manifestado la urgencia de que estas modificaciones se aprueben antes del inicio del siguiente ciclo escolar.

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El diputado local Erick Iván Agúndez Cervantes presentó ante el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 388 Bis al Código Penal local, con el objetivo de tipificar de manera formal el delito de zoofilia y abuso sexual animal en la entidad. Durante la sesión ordinaria de este 4 de junio de 2026, el representante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) argumentó que la legislación civil y penal actual mantiene un vacío jurídico histórico que impide castigar con severidad conductas aberrantes de violencia física y explotación hacia los seres sintientes en los cinco municipios del estado.

La propuesta legislativa establece penas base de dos a seis años de prisión y multas de hasta 3 mil días de salario a quien realice cualquier forma de maltrato o agresión sexual contra animales, con o sin acceso carnal. Erick Iván Agúndez Cervantes detalló que el proyecto contempla agravantes severas que incrementarán la sanción hasta los nueve años de cárcel y multas de 5 mil días si la agresión provoca lesiones graves o causa la muerte del ejemplar. Asimismo, la iniciativa penalizará con tres a siete años de prisión la producción, posesión, distribución y comercialización de material audiovisual o digital relacionado con el bestialismo.

El legislador local advirtió en la máxima tribuna del poder legislativo que estas conductas de crueldad extrema representan un foco rojo de salud pública por el riesgo inminente de transmisión de enfermedades zoonóticas. Además, sustentó su propuesta en estudios internacionales que demuestran el vínculo directo entre la violencia hacia los animales y el desarrollo de conductas delictivas interpersonales en el entorno familiar y comunitario. De acuerdo con el procedimiento parlamentario en La Paz, las comisiones unidas de justicia y protección animal recibirán el documento para su análisis técnico y posterior dictaminación.

“La iniciativa establece agravantes en casos donde el animal sufra lesiones graves o pierda la vida, aumentando las sanciones hasta nueve años de prisión y multas de hasta cinco mil días.” — Erick Iván Agúndez Cervantes, diputado local del Partido Verde en Baja California Sur.

La urgencia de actualizar el marco punitivo en la entidad responde a las crecientes demandas ciudadanas documentadas en las tendencias de búsqueda de Google y los reportes de Tribuna de México. Municipios como Comondú, Loreto, Mulegé y las delegaciones de Cabo San Lucas han registrado casos de crueldad que anteriormente solo se sancionaban bajo faltas administrativas o multas menores debido a las lagunas de la ley estatal. La iniciativa del PVEM busca equiparar las sanciones de la media península con los estándares nacionales en materia de bienestar animal y prevención social de la violencia de género y comunitaria.

“Establece que las sanciones podrán duplicarse cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones o cuando exista explotación comercial de estas conductas.” — Erick Iván Agúndez Cervantes, diputado local del Partido Verde en Baja California Sur.

El proyecto de ley estipula además que las penas pecuniarias y de privación de la libertad se duplicarán si los actos de zoofilia son perpetrados por funcionarios del gobierno del estado o si existe un beneficio económico derivado de la difusión en plataformas digitales. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública (SEP) participarán de forma coordinada en el diseño de campañas de concientización comunitaria una vez que la reforma sea aprobada por el pleno de la XVII Legislatura y publicada de manera oficial en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

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El cargo Diputado Erick Agúndez plantea tipificar la zoofilia y el abuso sexual animal como delito en BCS apareció primero en Tribuna de México.

La diputada local Karina Olivas Parra encendió el debate en el Congreso del Estado al presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la cual busca permitir que el apellido materno pueda anteponerse al paterno en las actas de nacimiento. Durante la sesión ordinaria coordinada por el presidente de la mesa directiva, Martín Escogido Flores, la legisladora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) argumentó este 4 de junio de 2026 que el actual orden de prelación responde a una visión tradicional y patriarcal de la organización familiar que ya no coincide con la realidad social de la media península.

La propuesta legislativa contempla que la elección del orden de los apellidos pueda realizarse libremente al momento de acudir ante la oficina del Registro Civil, pero también abre la posibilidad jurídica para que las personas adultas o los menores de edad —a través de sus tutores— soliciten la modificación posterior mediante un procedimiento jurisdiccional. Karina Olivas Parra destacó que en miles de hogares subcalifornianos son las madres quienes asumen de forma exclusiva las responsabilidades de crianza, alimentación y educación, mientras que la figura paterna permanece ausente, por lo que resulta incongruente mantener privilegios automáticos en el nombre e identidad legal de los hijos.

El proyecto de reforma constitucional plantea modificar de fondo los artículos 143, 147 y 149, además de adicionar el artículo 143 bis al marco normativo civil local. La propuesta estipula de forma explícita que la rectificación de los apellidos para ajustarlos a la realidad social de un individuo no alterará su filiación ni eximirá al progenitor ausente de sus obligaciones como acreedor alimentario. Tras concluir la lectura de la exposición de motivos, el documento fue turnado a las comisiones dictaminadoras del poder legislativo para su análisis técnico y posterior votación en el pleno.

“Históricamente nuestro estado jurídico y cultural ha prevalecido la práctica de colocar en primer término el apellido paterno… Sin embargo, dicha costumbre responde a una visión tradicional y patriarcal de la organización familiar que actualmente debe revisarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación.” — Karina Olivas Parra, diputada local del Partido del Trabajo en Baja California Sur.

La justificación técnica expuesta en la alta tribuna por Karina Olivas Parra se encuentra respaldada por el artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los tratados internacionales vigentes de los que el Estado mexicano es parte estipulan que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus progenitores, sin que existan jerarquías o superioridades jurídicas basadas en razones de género, una temática que ha cobrado gran relevancia en los algoritmos de búsqueda de la plataforma Google.

“Permitir que el apellido materno pueda ocupar el primer lugar representa no solamente una medida de justicia simbólica e igualdad histórica para las mujeres, sino también un reconocimiento a las dinámicas familiares reales que vive nuestra sociedad.” — Karina Olivas Parra, diputada local del Partido del Trabajo en Baja California Sur.

Este avance legislativo en el recinto parlamentario de La Paz se suma a las reformas que los diputados locales han impulsado en los últimos meses para actualizar las dinámicas familiares contemporáneas. Anteriormente, la legislación civil local obligaba de forma sistemática el uso del apellido paterno en primer término, invisibilizando el rol de la maternidad en casos de abandono o negligencia parental. De ser aprobada por las comisiones y el pleno, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, consolidando un marco normativo incluyente y garantista para las familias de Baja California Sur.

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