Familiares de agentes caídos en servicio accederán a pensión estatal en BCS
Los familiares directos de integrantes de instituciones de seguridad pública que fallezcan en el cumplimiento de su deber podrán acceder a una pensión económica temporal otorgada por el Gobierno del Estado, luego de que el Congreso de Baja California Sur aprobara por unanimidad una nueva legislación en la materia.
Se trata de la Ley para el Otorgamiento de Pensión a Deudos de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios de Baja California Sur, iniciativa impulsada por la diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, con el objetivo de brindar respaldo económico a las familias de quienes pierdan la vida mientras desempeñan labores de seguridad y atención de emergencias.
La nueva disposición establece una pensión mensual equivalente a 356 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente 41 mil 672 pesos al mes, apoyo que será entregado durante un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha del fallecimiento.
La promovente de la iniciativa explicó que el beneficio abarcará a distintos cuerpos encargados de la seguridad y protección de la ciudadanía.
“¿En qué consiste esta iniciativa? En otorgarles una pensión a todos los elementos de seguridad pública, bomberos, peritos, policías municipales, policías estatales, elementos de Protección Civil, todos enfocados en seguridad pública caídos en el cumplimiento de su deber van a ser beneficiados con una pensión de 12 meses para sus familiares directos (…) Gracias al ejecutivo, al profesor Víctor Manuel Castro Cosió, que estuvo bien estudiar esta iniciativa en la mesa de seguridad, tanto al capitán Cancino agradecerle a todos los de procuración de justicia que otorgaron una propuesta de pasar de 120 mil pesos aproximadamente durante los 12 meses a ser a un poco más de 500 mil pesos”, expresó la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la XVII Legislatura, el beneficio no se limitará a policías estatales y municipales, sino que también incluirá a personal del sistema penitenciario, procuración e impartición de justicia, Protección Civil y cuerpos de bomberos.
Originalmente, la iniciativa planteaba una pensión equivalente a 90 UMA; sin embargo, tras su análisis en la Mesa de Seguridad, la propuesta fue modificada para elevar el monto a 356 UMA mensuales, lo que representa poco más de 500 mil pesos en total durante un año.
La ley establece además que esta pensión será independiente de los seguros, indemnizaciones o prestaciones laborales a las que tengan derecho los trabajadores o sus beneficiarios.
Para acceder al apoyo, cada servidor público deberá registrar previamente a sus beneficiarios mediante los formatos que emitirán las áreas de recursos humanos de las dependencias correspondientes. Asimismo, los deudos podrán solicitar formalmente la pensión una vez transcurridos 90 días naturales desde el fallecimiento.
Como parte de las disposiciones transitorias, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y las tesorerías municipales deberán realizar las adecuaciones presupuestales necesarias en un plazo máximo de 30 días naturales tras la entrada en vigor de la ley.
La iniciativa fue respaldada por unanimidad de las y los diputados integrantes de la XVII Legislatura, quienes señalaron que la medida busca brindar mayor certidumbre económica a las familias de quienes arriesgan su vida en labores de seguridad pública y atención de emergencias en Baja California Sur.
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