Texto: Manu Ureste

Los balazos se cuentan por decenas, cientos: enormes boquetes de grueso calibre repartidos a lo largo de una fachada blanca de dos niveles y unos 14 metros de ancho. Muchos de los impactos se concentran alrededor de las ventanas superiores, donde el yeso desprendido deja manchas grises y heridas abiertas sobre el muro. Nada extraordinario en la ciudad de Culiacán, que lleva casi dos años inmersa en la guerra que ‘mayitos’ y ‘chapitos’ desataron en el Cártel de Sinaloa, salvo por un detalle importante: la casa baleada con saña es propiedad del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Es miércoles, 13 de mayo, a las 12:20 de la tarde. El termómetro alcanza los 38 grados en la capital de Sinaloa. Quizá por eso el cruce de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna del Carmen, en el exclusivo fraccionamiento de Las Quintas, está desierto, en silencio y sin apenas movimiento de coches. Tan solo una camioneta con los cristales polarizados permanece estacionada bajo la sombra de un árbol junto a la casa baleada, lo que hace que los reporteros de Animal Político y Noroeste se la piensen varias veces antes de bajar a grabar el inmueble.

Apenas cuatro días antes, la mañana del 9, otra camioneta llegó al cruce y se detuvo frente a la casa donde el Gobernador vivió durante tres décadas cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo varios hombres ataviados con chalecos antibalas y tocados por sombreros de ala ancha lanzan varias ráfagas de plomo contra el inmueble deshabitado, mientras de fondo se escucha un narcocorrido a todo volumen.

“Traigo el equipo listo pá pelear, bien artillado como guerrero...”.

En cuestión de segundos, los balazos sobre la pared blanca y el portón de madera levantan una polvareda de polvo y dejan cientos de cicatrices sobre el inmueble, que días después no está acordonado ni vigilado por autoridad alguna.

Luego, los criminales se marchan dejando tras de sí un velo de incertidumbre entre una ciudadanía que se pregunta si el ataque era un mensaje directo contra el mandatario -que el 1 de mayo pidió licencia para no entorpecer las investigaciones emanadas desde Estados Unidos en su contra y contra otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa-, o si se trata de un mensaje a la propia ciudadanía que, temerosa y preocupada, se pregunta qué podría sucederles a ellos y a sus hogares si una de las casas de la máxima autoridad estatal puede ser atacada con impunidad.

Finalmente, los reporteros bajan del coche para grabar la fachada agujereada y hacer un reporte en video. Pero no permanecen ahí ni cinco minutos. El paso lento de un par de motocicletas y de varias camionetas que doblan hacia la calle -quizá por casualidad, quizá no- basta para acelerar la grabación y volver rápido al coche y salir de la zona.

Poco después, la calle vuelve a quedar con las cicatrices abiertas y a la vista: vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido ahí.

El regreso del encierro

—A casi dos años de la guerra, seguimos teniendo violencia en las calles; cadáveres que aparecen en las mañanas, a veces también en las noches. Durante un tiempo, los hechos de alto impacto dejaron de ocurrir. Pero ahora, coincidiendo con la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, estamos ante una nueva “sacudida” entre las dos facciones del cártel, ante un reavivamiento de la violencia.

José Abraham Sanz, jefe de información de Noroeste, habla mientras conduce despacio por las calles del centro de la ciudad. En el asiento trasero acompaña durante toda la jornada Jesús Verdugo, reportero y camarógrafo del diario.

Apenas son las 18:50 y los últimos rayos del sol todavía se filtran entre las nubes, tiñendo el atardecer de tonos anaranjados y violetas. Pero la ciudad ya parece dormida. La inmensa mayoría de los comercios del primer cuadro de la capital, alrededor de la Catedral, bajaron la persiana hace rato. Los autobuses avanzan casi vacíos por la calle Benito Juárez, a unos metros del Palacio Municipal. Y los pocos comerciantes que aún permanecen en los alrededores del Mercadito Juárez barren deprisa las banquetas, recogen bolsas de basura y apresuran el cierre de los locales: nadie quiere permanecer en la calle después de las siete de la tarde.

El auto se detiene ante un semáforo en rojo. Arriba, donde antes había una cámara de videovigilancia, sólo queda un gancho vacío: el crimen organizado la arrancó a balazos meses atrás. Sanz explica que, aunque desde el inicio de “la guerra”, en septiembre de 2024, la situación nunca mejoró realmente -ni siquiera con el despliegue de más de 6 mil soldados enviados por la Federación-, durante los primeros meses de 2026 sí se había percibido una especie de tregua informal, al menos en cuanto a balaceras y hechos de alto impacto. Una calma precaria que permitió estirar un poco más los horarios de restaurantes y comercios.

—Ya no había balaceras simultáneas por toda la ciudad —explica un elemento de seguridad consultado poco antes del recorrido, un escolta que pidió anonimato—. Como que se veía que iban más por alguien en particular y ya. “Pero ahora, con esto del Gobernador y el Alcalde, pues no sabemos cómo se van a acomodar otra vez las cosas. Hay mucho temor porque, poco después de que balearon la casa del Gobernador, volvió otra vez mucha violencia. No sabemos si es por la falta de gobernabilidad, porque ya lo tenían planeado, o por qué. Esa gente siempre es una incógnita y nunca sabes cuándo ni por qué se van a descontrolar”.

Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, coincide con ese diagnóstico. La población “ya había empezado a salir un poco más” a las calles antes de que, nuevamente, hechos de alto impacto -como la quema de un casino en el sector financiero de la capital- empujaran otra vez a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda.

—Había mayor movilidad social, no solamente durante el día, también en horarios nocturnos. La gente ha aprendido a vivir entre las balas, arriesgando la vida —comentó el líder comerciante, apoyado en el mostrador de un negocio de aguas frías. Afuera, el bullicio de los camiones del transporte público es ensordecedor.

—Y eso es lo que hacemos quienes nos levantamos a primera hora para abrir nuestros negocios: despedirnos de nuestros hijos, de nuestras familias, y salir a trabajar. Así lo está haciendo toda la población de Culiacán.

—Porque vemos —añadió— que en cualquier lugar, en cualquier crucero, en cualquier calle, se genera una balacera y hay personas heridas y muertas. Ese ya es nuestro pan de cada día.

Como resultado, Sánchez asegura que, desde el inicio de la guerra, alrededor de 3 mil locales han cerrado sus persianas o reducido drásticamente sus horarios, especialmente por las noches. Lo cual, añade, ha provocado pérdidas económicas cercanas a los 75 mil millones de pesos en Sinaloa, “tomando en cuenta que la reactivación empresarial ha sido muy lenta”.

—Venimos de un cierre prácticamente total, de una afectación casi absoluta —subraya el dirigente comerciante—. Y aunque gradualmente algunos negocios se han ido reincorporando, y eso ha permitido disminuir un poco las pérdidas este año, lo cierto es que siguen siendo enormes.

Cuestionado sobre la presencia de miles de soldados y elementos federales de seguridad, Sánchez lamenta que el despliegue tampoco se haya traducido en una mejora tangible para comerciantes y ciudadanos.

—Creemos que se sigue una política equivocada. Porque para nosotros no es un avance que maten a un poquito menos de personas. Un buen resultado sería que dejaran de matar gente todos los días. Eso permitiría recuperar la calma, la confianza para vivir y para invertir. Nos permitiría recuperar la dinámica que teníamos antes de esta guerra.

La guerra contada a través de sus ruinas

El vehículo con los periodistas a bordo pasa por varios de esos lugares marcados por la violencia cotidiana de los que habla el líder comerciante Óscar Sánchez. Aunque, en realidad -comentan resignados los periodistas del Noroeste-, es difícil transitar por algún punto de la ciudad en el que no haya habido una balacera, un asesinato o un intento de asesinato, una persecución de película, una casa quemada, o un negocio baleado o “reventado”, como se dice en la urbe.

A las 12:43, luego de tomar imágenes de la casa baleada de Rocha Moya, los reporteros se dirigen a la zona nororiente de la capital, a la pensión de vehículos asegurados por la Fiscalía estatal de Sinaloa.

El escenario recuerda más a un deshuesadero de guerra que a una pensión vehicular: tierra y montañas de autos polvorientos y apilados unos sobre otros los reciben. Casi todos presentan las mismas cicatrices: agujeros de bala en lunas delanteras, ventanas y por toda la carrocería.

Aquí, entre camiones de carga baleados -uno de ellos, de color blanco, presenta un orificio grueso justo a la altura del conductor- y automóviles de lujo que ya son chatarra, permaneció asegurada una camioneta tipo van que se hizo tristemente célebre en la ciudad y en todo el país: es la camioneta en la que el 28 de septiembre de 2024, luego de una visita a la capital del entonces Presidente López Obrador, una de las facciones del cártel dejó seis cadáveres en su interior y un mensaje macabro: “Bienvenidos a Culiacán”. Era el inicio de la guerra.

A las 13:40, los periodistas pasan por una gasolinera abandonada y con la fachada de su oficina quemada y repleta de balazos, ubicada en el concurrido boulevard Emiliano Zapata. Luego se dirigen a una escena del crimen. De camino, pasan por un panteón. Desde la carretera se alcanza a ver una enorme estructura de varios pisos de altura: una tumba que es una réplica ostentosa del Taj Mahal.

—No te dejan entrar si no tienes enterrado a algún familiar. Hay más seguridad ahí que en toda la ciudad —ríe amargo el fotoperiodista Jesús Verdugo.

De camino al sector Campo Argentina II, donde en una tienda de abarrotes ubicada en contraesquina de una escuela primaria tuvo lugar una de las seis escenas del crimen de la jornada, el coche transita lentamente por un campo baldío con numerosos reportes de fosas clandestinas en una ciudad con, al menos, 2 mil 390 denuncias por desaparición en menos de dos años, aunque los colectivos de búsqueda elevan la cifra por arriba de los 3 mil casos.

—En la guerra de 2008 aquí era un tiradero de cuerpos. Y aún hoy se encuentran osamentas —dice José Abraham Sanz, que destaca que en el lugar hay muchos “cenotafios” recordando a personas cuyos restos fueron hallados ahí. Y, en efecto, en el trayecto se contabilizan cinco en menos de cinco minutos de camino hasta la remota tiendita donde un hombre de unos 40 años fue asesinado a tiros cuando jugaba a unas maquinitas.

Luego, a las 17:51 horas, el pequeño convoy de periodistas asiste a otra escena del crimen, esta vez sobre la calzada que lleva al aeropuerto, muy cerca del penal de Aguaruto, del tutelar de menores, y para más inri, de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR): sobre el arcén, nueve casquillos de bala yacen esparcidos unos junto a otros. Los primeros reportes indican que un sujeto le descargó una ráfaga de plomo a otro hombre de unos 30 años de edad y huyó del lugar. A unos pocos metros del lugar, en las inmediaciones del penal, hay un retén de soldados.

La ciudad de los retenes y el miedo nocturno

A las 19:50, la noche cae por completo sobre Culiacán. El coche de Noroeste transita ahora por la calle Miguel Hidalgo. Apostados a un costado de la escasamente iluminada calzada hay dos Humvees repletos de soldados, que observan a los pocos vehículos que todavía circulan por la zona.

Sin embargo, la noche del 27 de abril no estaban presentes cuando un hombre se acercó caminando a la estética canina que seguía abierta sobre esta misma calle. Sentada sobre la banqueta, descansando, estaba Sara, la dueña del local. Platicaba con otra mujer alrededor de las siete de la tarde cuando el individuo se aproximó, sacó una pistola y, con total calma, les disparó en la cabeza. Luego, quizá para no dejar testigos -aunque una cámara de vigilancia lo grabó-, el hombre abrió fuego contra otras dos mujeres -madre e hija- que permanecían dentro de una camioneta estacionada frente a la estética. Esperaban a un técnico de lavadoras que trabajaba en un negocio cercano. Era el esposo de una de las víctimas y el padre de la otra. El multihomicidio ocurrió a apenas cuatro cuadras de la Catedral y de la Plazuela Obregón.

Ahora, el coche se dirige por la avenida de Los Insurgentes hacia el sector Tres Ríos, el corazón financiero de Culiacán. Primero pasa frente al enorme edificio del Gobierno de Sinaloa -donde despachó Rocha Moya hasta que pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo- y luego toma la carretera Niños Héroes, bordeando el Estadio Universitario de la Autónoma de Sinaloa, hasta llegar al Casino Tropicana, baleado y quemado el pasado 4 de mayo.

Antes de llegar al casino, un aparatoso retén militar ocupa uno de los carriles de la avenida y detiene aleatoriamente vehículos y motociclistas para revisar que no transporten armas ni drogas.

—Los retenes están por toda la ciudad, ya es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir —dice en una entrevista previa a este recorrido un productor agrícola que, como la gran mayoría de los entrevistados para esta crónica, pide anonimato por temor a represalias del crimen organizado—.

—Trayectos de apenas 10 minutos acabas haciéndolos en 50 o en una hora. Cierran todo y hazle como quieras —lamenta el hombre—. Y pues, para mí, solo sirven de presencia. Para que veas que hay gobierno por todas partes, pero no sirven de mucho. Llegan ya para levantar los cuerpos o precintar la escena del crimen.

—Hay mucha seguridad por todas partes —corrobora el agente de seguridad citado anteriormente—. Pero muchas veces no se dan cuenta de cuál es la gente que va armada. Yo mismo he pasado muchas veces armado por esos retenes y nunca me han revisado.

—Y de todas formas —reflexiona a colación—, aunque haya muchos puntos de revisión, sigue habiendo mucho desmadre por toda la ciudad. Es muy difícil parar esto; lo dejaron crecer demasiado. Culiacán quiere continuar, salir adelante de esta pesadilla, de esta guerra. Pero no puede. No la dejan.

Miriam, una ciudadana que pide no publicar su nombre completo ni su ocupación, también por temor, considera desde la terraza de un café del centro que la opinión respecto a los militares “está dividida”.

—Aunque los resultados no han sido los prometidos, sí ha habido retenes donde han detenido a personas involucradas con la delincuencia. Por eso creo que la opinión está dividida: a mucha gente le molestan, porque es cierto que se forman filas muy grandes de coches, pero también muchos los vemos como un mal necesario en la ciudad.

Mientras conduce ahora sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso -más conocido como el malecón que corre paralelo al río Humaya-, José Abraham Sanz coincide en señalar que existe una marcada división de opiniones sobre la presencia de soldados y fuerzas federales. Aunque también cuestiona la efectividad real de los retenes y su aparente nulo efecto disuasorio frente a otra de las estadísticas escalofriantes que ha dejado la guerra en estos 21 meses: las más de 8 mil denuncias por robo de vehículo registradas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

—Hemos levantado numerosos testimonios de robos de autos a tan solo unos metros de controles militares, incluso frente a instalaciones de la Fiscalía. El porcentaje de robo de vehículo con violencia y armas de fuego es altísimo. Y pues la gente se pregunta: “si hacen eso delante de la autoridad, que está armada, ¿qué será de quienes viajamos para trabajar en los pueblos de alrededor o por carreteras alejadas de la ciudad?”.

A las 20:43 horas, la noche es tan solitaria en el centro de Culiacán que parece madrugada profunda. Por las calles laberínticas y mal iluminadas solo se alcanzan a distinguir los rostros cubiertos por pasamontañas de los soldados y las luces azuladas de las sirenas oficiales.

Mientras la ciudad duerme en medio de un silencio autoimpuesto y forzado por las balas, sobre una pared blanca de unos tres metros de altura alguien pintó un grafiti con enormes letras negras: “QUIERO GRITAR”.

Texto: Manu Ureste

La finca permanece como dormida en el tiempo. Al final de la larga calle empedrada que conduce hasta el portón del inmueble impera un silencio profundo, pesado. Solo se escuchan algunos pájaros. Una enorme y gorda iguana es la única que sale al encuentro de los periodistas antes de desaparecer entre los árboles.

Detrás del alto muro color arena de la fachada —de unos 25 metros de largo— apenas se alcanzan a distinguir, a través de una rendija del portón, varias palmeras inmóviles, maleza esparcida sobre el suelo y un patio vacío. A un costado del acceso yacen algunos costales apilados que todavía parecen formar parte de una vieja barricada improvisada. Quizá el presagio de la guerra que vendría después.

No hay cintas amarillas prohibiendo el paso, ni soldados vigilando el acceso. Solo una discreta patrulla de la Guardia Nacional estacionada a unas cuadras, bajo el sol infernal de Culiacán. Eso y un raído letrero de la Fiscalía General de la República pegado sobre la madera carcomida del portón con la leyenda “inmueble asegurado”, son las únicas pistas de que aquí, en esta finca del lujoso fraccionamiento Huertos del Pedregal, ocurrió algo grave el 25 de julio de 2024.

Hoy, casi dos años después, la propiedad luce abandonada. Como si ahí nunca hubiera ocurrido nada. Como si el sitio no cargara el peso de una traición histórica dentro del Cártel de Sinaloa que terminó por incendiar el estado y alterar la vida de cientos de miles de personas que más de 600 días después aún no logran recuperar la tranquilidad, a pesar del envío de miles de soldados.

Pero fue justo aquí, en este punto exacto a las afueras de Culiacán, donde —según la versión del capo Ismael “El Mayo” Zambada—, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo citó para una reunión que era una trampa para secuestrarlo y entregarlo a Estados Unidos. Y fue también aquí donde asesinaron a Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y adversario político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien también habría sido convocado al encuentro donde supuestamente se resolverían diferencias políticas, aunque el mandatario asegura que nunca estuvo presente. Fue aquí, en definitiva, donde comenzó la guerra.

Desde entonces, Sinaloa se hundió en un enfrentamiento interno entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos” que ha dejado, hasta mayo de 2026, al menos 1,828 asesinatos y 2,390 desapariciones. Una guerra que además colocó bajo la mira del gobierno estadounidense a una decena de altos funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rocha Moya y sus exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, quienes ya se entregaron a autoridades de aquel país. Y que, lejos de apaciguar el ambiente en Sinaloa, ha vuelto a disparar el miedo y la incertidumbre entre una población que teme que la violencia no solo continúe, sino que todavía pueda empeorar.

Ahora, casi dos años después del suceso, la finca permanece quieta, muda, envuelta en un extraño halo fantasmal bajo un sol de 40 grados y el roce del viento con las palmeras. Como si la hacienda intentara esconder entre sus muros el origen de una de las guerras criminales más violentas de los últimos años en México.

El miedo de todos los días

—¡Hijoesuchingada madre!

El chofer de Uber, un tipo cincuentón, moreno, con una gorra roja de los Tomateros de Culiacán, da un brinco sobre el asiento. El coche, uno de los pequeños autos eléctricos chinos que proliferan por la capital sinaloense, da un leve bandazo luego de que el conductor moviera el volante por el susto.

—¡Su pinche madre! —suelta una carcajada nerviosa—. ¡Casi me trago el chicle!

Segundos antes, una motocicleta pasó junto al taxi y, al acelerar la marcha, el escape emitió un pistonazo seco y ruidoso que por unas fracciones de segundo se confundió con un balazo.

—Es que ya uno no sabe qué rollo en esta ciudad —dice el taxista, sin perder la sonrisa nerviosa mientras sigue observando la moto por el rabillo del ojo, hasta que se pierde entre el denso tráfico de la tarde.

Las páginas del diario Noroeste de ese día —y de tantísimos otros— explican a la perfección el susto del chofer: a lo largo y ancho de dos enormes sábanas de papel se distribuyen fotos de escenas del crimen y titulares: ‘Asesinan a hombre en tienda de abarrotes’, ‘Hieren a balazos a un hombre en Culiacán’, ‘Hombres armados atacan vehículo y le prenden fuego’, ‘Ataque a balazos deja 2 muertos y 2 heridos’, ‘Balean vivienda y la queman’, ‘Incautan mil 715 litros de sustancias para elaboración de metanfetaminas en Culiacán’. Todo, en apenas 24 horas.

El coche avanza por la Avenida Álvaro Obregón, la calle principal de Culiacán por donde transcurren las marchas y desfiles. Son las 19:08 horas. En un crucero el auto se detiene. En lo alto del semáforo se observa un gancho y un par de cables colgando. Ahí había una cámara de seguridad, explica el chofer. Pero un día llegó un vehículo y balaceó la cámara. Esa, dice apuntando con la barbilla, y las de todos los semáforos de la larga avenida.

—Una por una, pum, pum. Y pues como nadie se mete con ellos... pues hacen lo que quieren.

El periodista, que va en el asiento de atrás, asiente observando que, en efecto, muchos semáforos solo tienen el gancho sin cámara, y le comenta con ingenuidad algo fingida que pensaba que la situación en Culiacán se había calmado un poco, ya a camino de los dos años de la guerra. Sobre todo, le explica, porque las autoridades estatales y federales han presumido en varias ocasiones que ha habido una reducción de los homicidios e incluso ‘días sin homicidios’ en la capital.

—N’hombre, cuál tranquilo, oiga —se carcajea de nuevo el chofer, mirando por el espejo retrovisor al periodista.

—Es un desmadre esto —niega con la cabeza mientras sigue masticando chicle—. Nomás no se quiere componer. O no dejan que se componga, pues. Y ahora, con todo el desmadre de Estados Unidos y el góber, pues menos se va a componer.

Por la ventanilla, pintas en las paredes y anuncios en espectaculares rezan frases como ‘Culiacán quiere vivir en paz’, aunque no parece que tengan efecto alguno en la ciudad. Uno de esos espectaculares —paradojas de la ciudad y la guerra— está a unos metros de una tienda de “ropa blindada”.

—Yo, a las 19:40, programo mi teléfono para que ya solo tome viajes que me vayan llevando para mi casa. A las ocho u ocho y media, como mucho, ya estoy encerrado, como la gran mayoría aquí. Y pues mire —dice apuntando de nuevo discretamente con la barbilla a un convoy del Ejército apostado en la esquina de una calle, formando un cuello de botella de vehículos que avanzan a vuelta de rueda mientras los soldados iluminan el interior de los autos con linternas—.

—¿Ya vio? Hay mucho gobierno por todos lados. Dicen que son más de 6 mil soldados —asegura, citando un dato correcto—. ¡Mucho gobierno, pues! ¿Pero de qué sirve eso? —encoge los hombros—. Hay muchos militares —insiste—, pero los pinches malandros... pues son más, o yo no sé qué rollo, porque esta guerra nomás no se termina.

El Uber circula lentamente por las calles del centro histórico de Culiacán. Aún no dan las 20 horas, pero ya parece noche cerrada: la inmensa mayoría de pequeños negocios hace rato que bajaron la cortina. Algunos, porque ya cerraron de manera definitiva a 21 meses de la guerra y de la caída continua de ingresos —por toda la zona abundan los letreros de ‘Se renta’ o ‘Se traspasa’—. Otros, porquea eso de las seis de la tarde, se autoimponen un toque de queda. Y otros más porque, como en el caso de Sara, una comerciante de 30 años, terminan circunstancialmente convertidos en escenas del crimen.

La mujer estaba ya por cerrar su estética canina el pasado 27 de abril cuando, alrededor de las 19 horas, un hombre llegó y, casi sin mediar palabra, le descargó un balazo mortal en la frente. Luego disparó también contra la mujer con la que platicaba y contra otras dos mujeres —madre e hija— que estaban arriba de una camioneta estacionada frente al local. Así, sin más. Después, el agresor siguió caminando como si nada entre calles repletas de soldados y policías federales, los llamados “harfuch”.

Precisamente, el taxi pasa frente a la estética canina, que está muy cerca de uno de los principales mercados de la ciudad, muy concurrido, aunque se vacía temprano. Debajo de la lona que anuncia el nombre del comercio hay un enorme moño negro en señal de duelo por Sara y las otras tres mujeres, del que cuelga el peluche de un perrito. En el suelo titilan, solitarias, una docena de velas junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe.

A unas cuadras de distancia de la estética canina, bajo la luz tenue de una farola, hay estacionada una Humvee del Ejército con cuatro soldados a bordo. Es el punto acordado para el encuentro con Fernanda, una fotógrafa de 44 años que pide modificar su nombre por temor: Fernanda era amiga de Sara.

—Aún sigo impactada. El asesinato fue un lunes y yo apenas había estado con ella el sábado. Me dolió muchísimo —cuenta la mujer sentada ahora en un bar; uno de los pocos negocios que han ido estirando el horario de cierre hasta las diez u once de la noche.

—Me dolió por mi amiga y por las otras tres mujeres —continúa—, pero también me impresionó pensar que yo pude haber estado ahí esa noche, porque yo iba mucho a verla y a platicar. Eso me hizo entrar en shock. Pensé: “yo podría haber sido una de las muertas”. Y entonces pensé en mi hijo y dije: “gracias a Dios no estuve ahí”. Pero es vivir con un miedo total. Desde que estalló esta guerra, en Culiacán todo el tiempo se vive con miedo.

Fernanda habla apenas un par de semanas después de que estallara la bomba informativa a miles de kilómetros de distancia: en una corte de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 29 de abril al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —incluidos los secretarios de Seguridad y Finanzas, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil— de tener vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Una acusación que provocó que el gobernador pidiera licencia para separarse del cargo y no obstaculizar las investigaciones. Después, ante la presión, los titulares de Seguridad y Finanzas se entregaron en Estados Unidos. Del alcalde de Culiacán, en cambio, nadie sabe dónde está varias semanas después. Tampoco hay certeza de la ubicación exacta de Rocha Moya. Si bien desde el gobierno federal se asegura que permanece en Sinaloa, nadie lo ha visto públicamente. Aunque este viernes tanto Rocha como el alcalde Juan de Dios Gámez reaparecieron mediante mensajes en X para asegurar que acudirán al llamado de la Fiscalía General de la República.

Crece la incertidumbre

La acusación de Estados Unidos no ha provocado que la población de Sinaloa —ni la de Culiacán en particular— duerma más tranquila. Fernanda asegura que, al contrario, el ambiente en la ciudad se volvió todavía más incierto.

—Ahora, con todo lo del gobernador, tenemos todavía más incertidumbre, muchas dudas. No quisiera señalar directamente a nadie, pero aquí todos sabemos que es evidente que algo pasa entre nuestras autoridades y el narco. Y por eso mismo, yo, en lo personal, siento que todo este desmadre con Estados Unidos puede empeorar todavía más las cosas.

Cuando se le pregunta cómo ve el futuro inmediato, la fotógrafa mira su tarro de cerveza y reflexiona durante unos segundos.

—Es difícil responder eso —da un sorbo mientras, de reojo, observa por el ventanal del bar cómo pasa otra patrulla de militares encapuchados—.

—Creo que, como la gran mayoría de culichis, ya trato de no pensar demasiado en el futuro. Prefiero enfocarme en salir adelante hoy, en estar tranquila, pues. Lo hago por salud mental. Porque cuando empezó la guerra yo ya estaba al borde de la locura. Literal. Amanecía y lo primero que hacía era meterme a las páginas de noticias y a los grupos de WhatsApp para ver la balacera en tal sitio, o el asesinato en tal otro, o el retén aquí y allá.

Da otro sorbo de cerveza. Son poco más de las diez de la noche y el bar ya está prácticamente vacío, con los meseros recogiendo apresuradamente las sillas.

—Ahorita trato de soltar un poco, aunque sigo alerta, claro —continúa—. Porque tampoco podemos hundirnos en la tristeza y el miedo. Por eso ves a la gente en la calle durante el día: salen a trabajar, a llevar a los niños a la escuela, al mandado, a tomar café. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos bajar la guardia.

Fernanda apura la cerveza, mira su reloj —algo que los meseros llevan haciendo varios minutos— y hace un gesto con la mano para pedir la cuenta.

—Yo creo que es un equilibrio —encoge los hombros—. Aunque, claro, lo difícil es conseguir ese equilibrio sin que el miedo termine por dominarnos.

El Culiacanazo eterno

La fachada del Tropicana es bastante simple y discreta para ser un casino: un par de muros pintados de rojo oscuro, una palmera de luces de neón anunciando el nombre del local, otra palmera —esta sí, real— lánguida y abrasada por la falta de agua en el pequeño estacionamiento, y un escueto letrero de “bienvenidos” que contrasta con las bandas amarillas de plástico que prohíben el paso.

El 4 de mayo —luego de que una semana antes su fachada fuera baleada— hombres armados incendiaron el Tropicana. Una trabajadora murió y otras personas resultaron heridas. Aunque para la Fiscalía estatal la muerte de la mujer no puede catalogarse como homicidio, pues sostiene que falleció por asfixia, lo que generó polémica entre la ciudadanía, que duda del conteo oficial de víctimas y de las reducciones de violencia que presumen las autoridades.

De hecho, el diario Noroeste ha documentado durante meses que la Fiscalía estatal está subregistrando asesinatos y maquillando las cifras reales de la violencia. En uno de sus reportajes más recientes, el periódico detectó que, mientras la Fiscalía reportó oficialmente 128 homicidios en diciembre de 2025, el conteo periodístico encontró al menos 166 personas asesinadas, además de restos localizados en fosas clandestinas.

El ataque al casino ocurrió apenas cuatro días después del anuncio desde Estados Unidos de la acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios. En ese corto lapso de tiempo, el 30 de abril, fue asesinado a tiros Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, junto con su escolta. El 1 de mayo, Rocha Moya pidió sorpresivamente licencia. El 3 de mayo, muy cerca del Tropicana, en la plaza comercial del sector Tres Ríos —una de las zonas más vigiladas y exclusivas de Culiacán—, se registraron dos balaceras. El saldo: tres hombres asesinados y una mujer herida en el estacionamiento de la plaza. Y el 4 de mayo, el incendio del casino.

Quizá por todos estos sucesos, el hombre vestido de negro que se acerca a los periodistas de Animal Político y Noroeste, que realizan un reporte en video con la fachada del casino de fondo, se muestra nervioso y desconfiado.

—Oigan, ocupo reportar quiénes son —se presenta con un radio en la mano.

—¿Reportar a quién, oiga? —responde de inmediato uno de los periodistas, alarmado.

Por unos segundos nadie dice nada y todos temen que el otro pueda ser uno de los muchos “punteros” que reportan movimientos al crimen organizado. Un ejemplo más de la paranoia y la tensión que atraviesan la ciudad.

—No, pos al corporativo —dice ahora con una sonrisa tenue—. Trabajo para la empresa —se identifica ahora sí— y pos estamos aquí vigilando quién se acerca.

Los periodistas también sonríen, aliviados, y muestran sus credenciales.

—¿Y si es otra gente la que llega, qué sucede? —pregunta curioso el reportero de Animal Político. Una Humvee repleta de soldados pasa lentamente por segunda vez en menos de cinco minutos frente al casino.

El vigilante encoge los hombros y se lleva la mano a la nuca.

—No, pos si ya es otro tipo de gente la que llega... mejor nos metemos pá dentro. Pá qué jugarle, oiga.

Cuando se le comenta la anécdota a Miriam —que pide no publicar su nombre completo ni a qué se dedica, también por temor—, esboza una ligera sonrisa mientras, sentada en la terraza de un restaurante del centro, le da vueltas con la cucharilla a un café.

—La gente sigue teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo —se corrige—. Seguimos temerosos de salir a la calle y restringiendo horarios. Quizá es cierto que el toque de queda ya no es tan marcado como al inicio de la guerra, pero todavía existe la idea de que, a partir de las 11 de la noche, ya no es una hora segura.

—Pero los hechos de alto impacto siguen ocurriendo —se le plantea—. Y, sin embargo, la gente sigue saliendo a la calle, hay tráfico por las avenidas. ¿Esto a qué crees que se debe? ¿A una normalización de esta guerra? ¿A un agotamiento?

—Sí, sin duda. Aunque más que una normalización, yo lo llamaría resistencia. Una resistencia que empuja a querer recuperar la vida que se tenía antes de este “Culiacanazo eterno” en el que vivimos —dice Miriam, haciendo referencia a dos sucesos clave en la ciudad: el primero, en octubre de 2019, cuando tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, Culiacán ardió en balaceras y enfrentamientos hasta que las autoridades terminaron liberándolo; y el segundo, en enero de 2023, cuando Ovidio fue nuevamente detenido, aunque esta vez sí fue extraditado a Estados Unidos.

—¿Esperaban algo como la acusación de Estados Unidos contra el gobernador?

—Fue algo inesperado —responde rápidamente, aunque enseguida matiza—. Pero, al mismo tiempo, era un secreto a voces. Porque no es algo exclusivo de los gobiernos de Morena en el estado. En Sinaloa esto se vive desde hace décadas, incluso desde los gobiernos del PRI. Siempre ha existido ese conocimiento no oficial de pactos entre gobierno y grupos criminales. Aunque lo que marcó al gobierno de Rocha Moya fue que prácticamente se disolvió esa línea entre autoridad y narco. Había muchas señales.

—¿Ese miedo que mencionabas antes —se le insiste a continuación, para finalizar— es por la incertidumbre de qué puede pasar con la acusación en Estados Unidos?

—Sí, claro —responde tras unos segundos de reflexión—. Hay miedo a que se genere una ola de violencia aún más fuerte de la que ya vivimos.

La dirigencia de Morena en Sinaloa manifestó su respaldo en las investigaciones y los procesos llevados a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Morena no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”, sentenció la organización política a través de un comunicado al señalar que confían en las instituciones de investigación y procuración de justicia del país.

El pronunciamiento de Morena Sinaloa ocurre luego de que la FGR informó el sábado que Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios están siendo citados para ser entrevistados. En un comunicado, la dependencia mencionó que el objetivo es avanzar en las investigaciones.

“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Más tarde, el Gobernador con licencia confirmó que fue citado por la FGR; aseguró que atenderá el requerimiento y que no tiene nada que temer.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, dijo en mensaje publicado en sus redes sociales.

A la par de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez y el senador de Morena, Enrique Inzunza, también confirmaron que se presentarán ante la dependencia.

Cabe recordar que el 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra diez funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentran, además de Rubén Rocha Moya, sus ex secretarios de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Ambos se entregaron a las autoridades estadounidenses en días pasados.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.

Dirigencia estatal lanza críticas contra el PRI

En su comunicado, Morena Sinaloa también lanzó críticas contra la oposición al señalar particularmente al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En el documento, la dirigencia estatal del partido guinda acusó a Moreno Cárdenas de “rogar por la injerencia extranjera” y calificó al PRI como “el partido más repudiado de México”.

Respecto a los procesos judiciales, Morena Sinaloa criticó que la oposición quiere ver “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos”.