A más de un mes de que el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa mantiene vigente la figura de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, al tratarse de una ausencia que rebasa los 30 días y cuya conclusión no tiene una fecha determinada.
Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo de 2026, en medio de las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos en su contra y contra otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.
Un día después, el 2 de mayo, el Congreso del Estado aprobó la separación temporal del Mandatario y designó a Bonilla Valverde como Gobernadora interina.
Desde entonces, el Mandatario permanece separado del cargo y el pasado 2 de junio se cumplió un mes desde que el Congreso formalizó la licencia y nombró a la titular del Poder Ejecutivo estatal.
La Constitución de Sinaloa establece en su artículo 58 que las faltas temporales del Gobernador de hasta 30 días serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de encargado del despacho.
Sin embargo, cuando la ausencia excede ese periodo, corresponde al Congreso designar a un Gobernador interino.
“Las faltas temporales del Gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del Despacho; las que excedan de tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría absoluta de votos de los Diputados presentes”, señala el texto constitucional.
La disposición explica por qué el Congreso optó por nombrar una Gobernadora interina desde el momento en que autorizó la licencia de Rocha Moya, pues la solicitud presentada fue expresamente por un periodo superior a 30 días.
La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, precisó posteriormente que la licencia aprobada no establece una fecha límite para su conclusión.
De acuerdo con la Legisladora, el permiso concedido fue por un periodo mayor a 30 días y de duración indefinida, por lo que el estatus jurídico del Poder Ejecutivo estatal permanece sin cambios aun cuando ya se cumplió un mes desde la salida del mandatario.
Guerra Ochoa explicó que la situación solo cambiaría en caso de que Rocha Moya notificara formalmente su reincorporación al cargo o presentara una renuncia, escenario que implicaría un procedimiento distinto previsto por la Constitución.
El artículo 59 constitucional regula los casos de falta absoluta del Gobernador y establece mecanismos para la designación de gobernadores interinos, provisionales o sustitutos, dependiendo del momento en que ocurra la vacante durante el sexenio.
Por su parte, el artículo 64 señala que el Gobernador, aunque no establece si electo o interino, no puede ausentarse del territorio estatal por más de 30 días sin autorización del Congreso o de la Diputación Permanente.
La licencia de Rocha Moya se produjo después de que el 29 de abril fuera señalado junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de autoridades estadounidenses.
Tras varios días rechazando las acusaciones, el 1 de mayo difundió un mensaje en video en el que anunció su decisión de separarse temporalmente del cargo para atender cualquier investigación derivada de esos señalamientos.
Durante la sesión extraordinaria del 2 de mayo, el Congreso aprobó la licencia y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.
En su primer mensaje al frente del Poder Ejecutivo estatal, Bonilla Valverde afirmó que mantendría la continuidad de las políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación y expresó su respaldo político a Rocha Moya.
“Lo digo claramente y con contundencia, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, citó la Gobernadora interina del documento enviado por Rocha Moya al Congreso.
Más recientemente, el 26 de mayo, el Mandatario con licencia acudió a la Fiscalía General de la República para comparecer en relación con las investigaciones derivadas de la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hasta este 4 de junio no se ha informado oficialmente sobre una solicitud de reincorporación al cargo, por lo que conforme a los términos de la licencia aprobada por el Congreso y a lo establecido en la Constitución de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde continúa ejerciendo funciones como Gobernadora interina del Estado.
Que haga su trabajo y se haga cumplir el fallo donde se ordena la restitución de 200 hectáreas de terreno a 6 comuneros de la Presa Picachos y sus familias o el Gobierno del Estado pague los daños y perjuicios que de hace 20 años a la fecha ascienden a más de mil millones de pesos, exigió la abogada Alma Angélica Barraza Gómez al Juzgado Décimo de Distrito, en este puerto.
“Le exijo, enderezar el presente Incidente de Ejecución de Sentencia, Ordenar al Perito Valuador Integrar al Avalúo el Pago de los Perjuicios Ocasionados y a lo largo de 20 años, mismo pago que es procedente en los términos tanto del Recurso de Revisión 575/2022 y el Incidente de Inejecución de Sentencia 1/2024”, añadió la también defensora de derechos humanos, Barraza Gómez.
En entrevista con personal de medios de comunicación la mañana de este martes, momentos antes de entregar por escrito dicha solicitud ante el Juzgado en mención, manifestó que cuando los funcionarios públicos correspondientes se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial, a hacer su trabajo incurren en los delitos de abuso de autoridad, cohecho, coalición entre servidores públicos y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función.
Entre otros puntos, dijo que ante el incumplimiento de la sentencia de restitución de 200 hectáreas de terreno a sus 6 representados y sus familias, el Gobierno del Estado tiene que pagar los más de mil millones de pesos en mención en daños y perjuicios y en este caso ya solicitó el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas y este caso ya está en la Oficina de Representación del Alto Comisionado de la ONU en México.
“A como están ellos lo que quieren provocar y lo que quieren hacer es traernos como pelota de ping pong rebotando de aquí al Tribunal (Colegiado), del Tribunal para acá (al Juzgado Décimo de Distrito), porque por ejemplo con esta negativa donde yo le solicito ya en reposición de sentencia, (pero se da) la evasión del pago”, añadió la abogada.
Precisó que la responsabilidad de evasión del pago se da por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, si bien la Presidenta de la República le quitó las sanciones en la Ley de Amparo a los servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones, sin embargo, en el artículo 107 de la Constitución Federal está contemplada todavía la destitución e inhabilitación de los funcionarios públicos si se niegan a dar cumplimiento a la ejecutoria.
“Pero obviamente ya no sería Rubén Rocha Moya el que se destituya y se inhabilite, sería la señora Yeraldine Bonilla, flamante Gobernadora interina que tenemos en Sinaloa y ahorita lo que voy a decirle al Juez es que si él sigue con esa conducta, con esa omisión, con esa parcialidad, con esa oscuridad para rechazar y desechar todas las promociones que yo hago, de manera burda, de manera absurda, de manera torpe, porque no hay justificación legal para ello, si él continúa así me voy a ver en la imperiosa necesidad de presentar las denuncias correspondientes en contra de usted por los delitos que arriba le menciono”, añadió.
“En cuanto regrese a México lo primero que voy a hacer es buscar a los senadores de la bancada del PRI y del PAN para que me acompañen a la Fiscalía General de la República, ya ve que la Presidenta dice que no hay pruebas en contra de Enrique Inzunza Cázarez (ex secretario general de Gobierno de Sinaloa) para presentar la denuncia correspondiente”.
Entre otros puntos, dio a conocer que para no pagarles, el Gobierno estatal de Rocha Moya utilizó a grupos delictivos que operan en la sierra de Concordia para presionar a los comuneros de las Iguanas y Casas Viejas aceptaran el pago de 1.80 pesos el metro de terreno y quienes no aceptaron se tuvieron que desplazar de sus comunidades.
También recordó que en el 2023 fue citada por el subsecretario general de Gobierno del Estado de Sinaloa, Rodolfo Jiménez, para acudir a una comida en la que también estaba el en ese entonces secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Díaz Vega, ahora detenido en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa al llevar las finanzas públicas y de una facción de dicho grupo delictivo.
“Las finanzas que llevaron al triunfo a la Presidenta Claudia Sheinbaum él fue el que manejó esas finanzas, esos recursos que se le hicieron llegar a través del Cártel de Sinaloa”, continuó Barraza Sánchez.
“Pasó que en esa reunión, en esa comida que tuvimos, ...ellos me llamaron para ofrecerme 15 millones de pesos a cambio de abandonar a mis representados, obviamente yo no acepté, dije: espérate, yo tengo muchísimos años defendiéndolos, me he gastado más de esa cantidad simplemente en mantenerme viva, defenderme, en todo lo que me han hecho yo me he gastado más de esa cantidad, por tanto me parece injusto que tú me quieras pagar 15 millones de pesos para no pagar a mis representados, lo cual sería en suma una traición, deshonestidad de mi parte, falta de ética, no me interesa”.
Precisó que no aceptó ese ofrecimiento y se retiró del lugar porque no va a traicionar a la gente por la que ha arriesgado tantas veces su vida y menos por una cantidad ínfima.
“Le dije: páguenos aunque sea lo que está en el avalúo y yo acepto y aquí terminamos, pague lo que está en el avalúo, págueles con justicia, con respeto a mis representados aunque sea aquí en esta etapa, págueselos y aquí terminamos, hasta ese momento estaba el avalúo en más de 300 millones de pesos, dijeron que yo estaba loca, pero yo no estoy loca, son 20 años, ellos le apostaron a eso y ellos van a tener que pagar con eso”, recalcó Barraza Sánchez, entre otros puntos al dar a conocer su exigencia.
A un mes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, el caso ha derivado en renuncias temporales, investigaciones abiertas en México y la entrega voluntaria de algunos implicados ante autoridades estadounidenses.
El expediente, radicado en Nueva York, señala presuntos acuerdos entre integrantes del Gobierno sinaloense y la facción criminal de Los Chapitos, a quienes supuestamente se habría brindado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos.
El 29 de abril de este 2026 el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción Los Chapitos.
Los delitos de los que se señala van desde conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas, y en uno de los casos asesinato.
Rocha: el primer Gobernador en funciones acusado por Estados Unidos
El 29 de abril, el Gobernador Rubén Rocha Moya se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones en ser señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos.
El Gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo, luego de que su nombre apareciera dentro de la acusación estadounidense. El Gobernador fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde, quien era Secretaria General de Gobierno.
La investigación lo señala de presuntamente haber comprometido posiciones dentro de su administración a favor de perfiles ligados al grupo criminal y de facilitar condiciones de impunidad para sus operaciones.
Desde su separación del cargo no ha sido visto en público y su paradero ha sido cuestionado por medios de comunicación y la oposición.
Paralela a la investigación de Estados Unidos, el Gobierno mexicano inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado para el pasado 26 de mayo a comparecer a la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.
El Gobernador publicó vía X que había acudido a la cita con las autoridades federales, sin embargo no fue visto al entrar o al salir de las instalaciones de la FGR en Culiacán.
Enrique Inzunza Cázarez: el operador político señalado
El Senador de Morena y ex secretario general de Gobierno permaneció varias semanas ausente de sus actividades legislativas, pero publicando contenido afirmando que se encontraba en Sinaloa.
El 26 de mayo acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán y evadió declarar públicamente ante medios de comunicación.
Después, el 28 de mayo, solicitó licencia al Senado durante un periodo de 22 horas.
En redes sociales han circulado fotografías y videos de su presencia en Culiacán en las últimas semanas.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como un supuesto vínculo entre el gobierno estatal y Los Chapitos, además de atribuirle presuntos acuerdos políticos con integrantes del cártel.
Dámaso Castro Zaavedra: el Vicefiscal acusado de filtrar operativos
El Vicefiscal de Sinaloa dejó temporalmente el cargo días después de hacerse pública la acusación.
Según el expediente, habría alertado al grupo criminal sobre cateos y acciones contra laboratorios clandestinos para permitir el retiro de evidencias. Antes de comparecer ante la FGR aseguró, ante medios de comunicación, ser inocente.
“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, expresó el 26 de mayo.
Marco Antonio Almanza Avilés: el ex jefe de la PDI
El ex director de la Policía de Investigación acudió también a declarar ante autoridades federales en Culiacán el pasado 26 de mayo y rechazó colaborar como testigo protegido.
La acusación sostiene que habría recibido pagos periódicos a cambio de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y ordenar liberaciones de integrantes detenidos.
Juan de Dios Gámez Mendívil: el Alcalde que evitó declarar
El Presidente Municipal de Culiacán solicitó licencia a su cargo tras la publicación del expediente, el 1 de mayo el Cabildo votó el nombramiento de Ana Miriam Ramos Villareal como Alcaldesa sustituta en una sesión extraordinaria nocturna.
La acusación estadounidense lo relaciona con presuntos pagos mensuales para permitir operaciones criminales sin intervención gubernamental.
A Gámez Mendívil no se le ha visto desde las acusaciones en su contra y ha omitido posicionamientos ante la prensa.
El 26 de mayo trascendió que compareció ante la FGR pero sin posicionamientos al respecto.
Gerardo Mérida Sánchez: el primero en quedar detenido
El ex secretario de Seguridad Pública estatal se convirtió en el primer implicado bajo custodia estadounidense luego de entregarse voluntariamente en la frontera de Sonora. Su entrega ocurrió a mediados de mayo.
Actualmente permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Este 1 de junio acudió a su primera audiencia para ser presentado como parte del proceso que enfrenta tras ser acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos.
Sobre su caso la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, detalló que existe abundante evidencia en su contra, por lo que dio un plazo de 60 días para que sea procesada y se entregue a la defensa.
Enrique Díaz Vega: el ex funcionario y empresario
El ex titular de Administración y Finanzas fue reportado en Europa tras la publicación de la acusación. Aunque medios nacionales informaron que se encontraba bajo resguardo de autoridades, hasta el momento no existe confirmación pública de una detención formal en Estados Unidos. Tampoco acudió a la comparecencia de la FGR ni se ha registrado su presencia en México.
De acuerdo con la acusación, entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y domicilios de los candidatos rivales de Rocha Moya por la gubernatura.
Los cargos son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Alberto Jorge Contreras Núñez: el mando desaparecido del radar
Conocido como “El Cholo”, el ex director de la Policía de Investigación no ha reaparecido públicamente desde que se reveló el caso.
La acusación lo relaciona con presuntos pagos mensuales para proteger actividades del grupo criminal y facilitar liberaciones de detenidos.
José Antonio Dionisio Hipólito: el ex subdirector acusado de favorecer al grupo criminal
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, el ex subdirector de la Policía Estatal es señalado de presuntamente colocar agentes afines al grupo delictivo y facilitar municiones.
Hasta ahora se desconoce oficialmente su ubicación.
Juan Valenzuela Millán: acusado de homicidio
El ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, identificado como “Juanito”, permanece sin paradero conocido.
Además de cargos relacionados con narcotráfico y armas, la acusación lo vincula con el presunto secuestro y asesinato de un informante de la DEA.
El bloqueo de cuentas
Mientras avanzan las investigaciones en México y Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene el bloqueo preventivo de cuentas bancarias vinculadas con varios de los señalados y sus familiares.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, compareció hoy formalmente ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York tras entregarse a las autoridades de Estados Unidos, donde una jueza federal calificó la evidencia presentada como “abundante”.
La comparecencia marca un punto crítico en las investigaciones internacionales que vinculan a los más altos niveles del gobierno de Sinaloa con el Cartel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, en particular al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Los medios internacionales que cubrieron la audiencia han señalado que Gerardo Mérida Sánchez acudió ante la corte de Estados Unidos encadenado de pies, manos y cintura, con el uniforme penitenciario color kaki. Mientras que su semblante lucía cavisbajo. Asimismo, se asignó una nueva audiencia a quien fuera el encargado de seguridad en Sinaloa para el próximo martes 4 de agosto de 2026.
Durante la audiencia judicial celebrada este lunes, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron los primeros paquetes de pruebas que vinculan de manera directa las operaciones de seguridad pública estatales con la protección de las redes de narcotráfico de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La valoración de la jueza encargada del caso, Katherine Polk, ha dejado claro que el proceso penal cuenta con un robusto sustento de grabaciones, testimonios y registros financieros que complican la situación legal del militar mexicano en retiro. Asimismo, sobre los diez funsionarios señalados de haber facilitado las operaciones del Cartel de Sinaloa y “Los Chapitos” la jueza dijo: “vendrán olas de acusados” en referencia a posible entrega de más funcionarios, mismos que podrían fungir como testigos protegidos.
La entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez ocurrió tras semanas de negociaciones discretas entre su equipo de defensa y las agencias federales, buscando presuntamente lagunas de cooperación que aminoren una condena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Este acontecimiento fractura la narrativa oficial en el estado de Sinaloa y añade una presión sin precedentes sobre la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, cuya licencia al cargo coincide con el endurecimiento de las acusaciones en el extranjero.
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A propósito de aspirantes a aparecer en la boleta electoral del 6 de junio del próximo año y que se apresuran a hacer deslindes en su relación con el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quizá la única que no pertenece al grupo político con el rótulo del “rochismo” es la Senadora Imelda Castro Castro quien ha llevado una trayectoria con rumbo propio en la izquierda sinaloense. Sin embargo llama la atención el hecho de que las demarcaciones que ella omite, las implementan otros morenistas que al pintar raya ponen a la vista ingratitudes muy cercanas a la traición.
En los casos de la Legisladora nacida en Agua Caliente de Cebada, Municipio de Sinaloa, y del Mandatario estatal oriundo de Batequitas, Badiraguato, ambos tienen razón en decir “no soy rochista” la primera y “no soy imeldista” el segundo sin averiar ninguno la convergencia en ciertos episodios de la actividad política o la amistad que los une al margen de puestos otorgados mediante la voluntad popular.
Imelda Castro inició su trayectoria en la izquierda desde que en 1989 decidió militar en el Partido de la Revolución Democrática que dirigió en Sinaloa de 2005 a 2008 y en 2000 fue candidata a Senadora sin lograr los votos suficientes, en 2001 y 2013 fue Diputada del Congreso del Estado. Hasta agosto de 2017 dejó el perredismo para afiliarse a Morena. Realmente la coincidencia política con Rocha Moya es a partir de que en 2018 Andrés Manuel López Obrador los postuló a ambos como fórmula de Sinaloa al Senado, escaños que obtuvieron por mayoría de votos.
Por su parte, la carrera política de Rocha Moya empezó en 1968 como Secretario General de la Federación Estudiantes Campesinos Socialistas de México, luego como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección académicos a partir de 1980; fue Diputado local en 1983 por el Partido Socialista Unificado de México, así como candidato a Gobernador en 1986 por el Movimiento Popular Sinaloense, en 1998 por el PRD que dirigía en el País Andrés Manuel López Obrador, y en 2021 ganó ese cargo como abanderado de Morena.
Es decir, han ido separados cíclica y programáticamente pues cada cual ha ascendido en la política por esfuerzo y méritos propios. Inclusive “sin querer queriendo”, esta frase que inmortalizó Chespirito con uno de sus personajes para validar lo que se dice sin mediar la prudencia, Rocha Moya declaró en marzo que Imelda Castro no es su candidata a la titularidad del Ejecutivo estatal, y enseguida enmendó que ni ella ni cualquier otro pretenso lo son.
En la víspera, una ex integrante del Gabinete del Gobernador, que es María Inés Pérez Corral quien se desempeñó como Secretaria del Bienestar, manifestó en sus redes sociales el aviso de “a todos los que hemos declarado que estamos con Imelda Castro, nos han estado difamando, espero que no haya muertes por ello. Somos gente de paz”, lo que tal vez significó un primer intento por romper el binomio Rocha-Castro en la política sinaloense.
Si bien es cierto que Imelda Castro se ha abstenido de hacer su propio deslinde respecto al estatus de su relación con Rocha, todo indica que lo hace cuidando no caer en la tentación de moda que en privado o en público ha motivado a otros a desvincularse del rochismo. Es una mujer sensata que difícilmente hará coro con aquellos que creen que el árbol está caído y proceden a hacer leña.
Al contrario, en lo referente a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador y nueve funcionarios en activo o ex, la sinaloíta se ha ceñido a la estrategia de defensa de la soberanía que ayer refrendó la Presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar dos años desde que fue electa para ocupar el cargo, exigiendo las pruebas que sustenten las imputaciones y rechazo a la injerencia extranjera en asuntos que sólo competen resolver a los mexicanos.
En el lado opuesto está la posición que clarificó la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, quien al inicio del sexenio de Rocha se desempeñó como Secretaria de Educación Pública y Cultura pero el reciente 23 de mayo determinó utilizar el guinda de Morena para difuminar la marca rochista. Manifestó que “yo me sigo considerando morenista, integrante de la izquierda por muchos años. Yo me autodenomino de izquierda, siempre no de hoy sino desde que yo decidí en 1998 participar, siempre lo hice en esta ruta de la izquierda”.
Lo mismo sucede con otros integrantes de la administración pública estatal que una vez que RRM salió por unos días de su despacho del tercer piso de Palacio de Gobierno se apresuran a declararse ajenos al rochismo y adoptan el “inzunzismo” como coartada, pasando por alto que Enrique Inzunza Cázarez y Rubén Rocha representan el mismo proyecto cuatroteísta en Sinaloa. Tal digresión interfiere en la compactación que tendría que presentar el equipo que Yeraldine Bonilla Valverde preside de manera interina, unidad que no admite la desbandada, simulación o transfiguración de quienes hace unas semanas se juraban leales al Gobernador.
En su enésima transformación,
y por apetitos obsoletos,
rochistas hacen la acotación.
de ir juntos pero no revueltos.
Igual que en todo el País, en Sinaloa la Cuarta Transformación mostró ayer la unidad que contra viento y marea prevalece en torno al proyecto de Nación que en 2018 inició Andrés Manuel López Obrador y hoy continúa la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dígase lo que se diga, en Culiacán respaldada en la muchedumbre concentrada en la explanada de Palacio de Gobierno, la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se mostró firme en el timón sinaloense al parafrasear a la Mandataria federal: “La soberanía nacional no se negocia ni se regatea, porque emana del pueblo y sólo al pueblo le pertenece”.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un exhorto dirigido a las autoridades integrantes del Comité Coordinador para que inicien investigaciones de oficio ante presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante una conferencia de prensa, integrantes del CPC señalaron que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.
El exhorto fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y está dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.
“Hay señalamientos públicos documentados que ameritan investigaciones oficiales expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción”, señalaron los integrantes del CPC.
Entre los casos mencionados se encuentran presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.
El CPC también hizo referencia a investigaciones realizadas por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, donde se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.
Durante la conferencia, los integrantes del comité señalaron que este es el segundo exhorto emitido por el organismo; el primero estuvo relacionado con el caso de los viajes de la ex Secretaria de Transparencia.
Además, criticaron la propuesta de reforma conocida públicamente como “Ley Rocha”, a la que calificaron como una “ley tapadera” debido a los vacíos legales que, aseguran, contiene la iniciativa.
Informaron que los trabajos legislativos para su aprobación fueron pausados temporalmente y buscarán abrir mesas técnicas y un parlamento ciudadano junto con organizaciones civiles, academia y especialistas.
Como parte de sus propuestas preventivas, el CPC también impulsa reformas a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, así como la migración del sistema CompraNet hacia Compras MX, con el objetivo de digitalizar completamente los procesos de licitación y transparentar la información de contratos y obras públicas.
Indicaron que la intención es eliminar procesos físicos y estandarizar digitalmente todas las etapas de contratación pública para reducir riesgos de corrupción en un sector donde se manejan miles de millones de pesos anualmente.
Cinco funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado acudieron este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rendir entrevistas ministeriales dentro de una investigación abierta en México.
Entre quienes confirmaron públicamente su comparecencia se encuentran el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, que renunció a su fuero, Enrique Inzunza Cazárez; el vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra; y el ex jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza.
Además, durante la jornada también trascendió la presunta presentación del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aunque el político no fue visto por la prensa apostada afuera de las instalaciones federales ni ha emitido algún posicionamiento público al respecto.
Las comparecencias ocurren luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado. De manera paralela, la FGR mantiene una investigación propia en México, la cual, de acuerdo con los propios comparecientes, no está coordinada con la investigación estadounidense, aunque deriva de los mismos señalamientos.
El primero en declarar públicamente fue Dámaso Castro Saavedra, ofreciendo atención presencial a la prensa en la que negó cualquier relación con “Los Chapitos”.
“Estamos atendiendo. Nos citaron y estamos atendiendo”, señaló.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.
El ex vicefiscal sostuvo además que mantiene confianza en las instituciones encargadas de las investigaciones.
“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, declaró.
Minutos después, Rubén Rocha Moya informó mediante redes sociales que ya había comparecido ante una agente del Ministerio Público Federal y posteriormente se retiró de las instalaciones.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.
El mandatario estatal aseguró que acudirá a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora y afirmó confiar en el sistema judicial mexicano y en las instituciones de justicia del país.
Además, manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional. Cabe destacar que Rocha Moya no fue visto a las afueras de las instalaciones de la FGR.
Por su parte, Marco Antonio Almanza rechazó cualquier posibilidad de acogerse a la figura de testigo protegido y afirmó que está dispuesto a responder ante cualquier autoridad.
“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró al arribar a la FGR.
El ex jefe de la Policía de Investigación confirmó que acudió en calidad de testigo dentro de la investigación que desarrolla la autoridad federal mexicana y reiteró que colaborará tanto con autoridades nacionales como estadounidenses.
“Le doy la cara al que sea”, insistió.
El último en pronunciarse públicamente fue Enrique Inzunza Cazárez, quien informó a través de redes sociales que acudió de manera puntual al citatorio formulado el pasado 23 de mayo.
“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación”, publicó.
El legislador aseguró que compareció sin representación legal y como abogado de sí mismo.
“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, expresó.
Inzunza también sostuvo que mantendrá disposición permanente para atender cualquier requerimiento de las autoridades sin recurrir a las excepciones contempladas para legisladores federales.
“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, añadió.
El Senador llegó a las instalaciones federales en un vehículo particular conducido por un chofer y evitó a la prensa a su ingreso. Posteriormente abandonó el inmueble por una puerta alterna, en una salida facilitada por personal de la propia Fiscalía, sin ofrecer declaraciones a medios de comunicación.
Durante gran parte de la jornada, medios de comunicación permanecieron apostados en las inmediaciones de la delegación de la FGR en espera de la llegada o salida de los funcionarios señalados.
Aunque trascendió que Juan de Dios Gámez Mendívil también habría acudido a comparecer, el alcalde con licencia no fue captado por reporteros ni fotógrafos presentes en el lugar y hasta el cierre de esta edición no había confirmado públicamente su asistencia.
Desde finales de abril diez funcionarios y ex funcionarios sinaloenses enfrentan acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos por presuntamente operar una red política que favoreció al crimen organizado.
Los funcionarios señalados por Estados Unidos y que acudieron para atender el citatorio de la FGR son Rocha Moya, Gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cazarez, Senador por Morena y ex secretario general de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, ex vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la policía de Investigación de Sinaloa; y Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán.
Por su parte Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se encuentran en Estados Unidos pues se entregaron a las autoridades a mediados de mayo.
Cabe destacar que respecto al resto de los señalados por Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’, ex jefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, ex subdirector de la policía municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, se desconoce si recibieron citatorios por parte de la FGR ya que no lo han hecho público y no acudieron este martes a las instalaciones federales.
El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán y posteriormente se retiró tras rendir su comparecencia ante una agente del Ministerio Público Federal, informó en sus redes sociales.
A través de un mensaje, informó que respondió a las preguntas formuladas por la autoridad investigadora y aseguró que mantendrá disposición para acudir a cualquier nuevo llamado.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, publicó.
Rocha Moya señaló que tiene la firme determinación de atender todos los requerimientos de la autoridad cuando así lo considere necesario.
Además, expresó que confía en el sistema judicial mexicano, en el Estado de Derecho y en las instituciones de justicia del País.
El Gobernador también afirmó que continuará defendiendo “la verdad” y manifestó respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su defensa de la soberanía nacional.
La finca permanece como dormida en el tiempo. Al final de la larga calle empedrada que conduce hasta el portón del inmueble impera un silencio profundo, pesado. Solo se escuchan algunos pájaros. Una enorme y gorda iguana es la única que sale al encuentro de los periodistas antes de desaparecer entre los árboles.
Detrás del alto muro color arena de la fachada —de unos 25 metros de largo— apenas se alcanzan a distinguir, a través de una rendija del portón, varias palmeras inmóviles, maleza esparcida sobre el suelo y un patio vacío. A un costado del acceso yacen algunos costales apilados que todavía parecen formar parte de una vieja barricada improvisada. Quizá el presagio de la guerra que vendría después.
No hay cintas amarillas prohibiendo el paso, ni soldados vigilando el acceso. Solo una discreta patrulla de la Guardia Nacional estacionada a unas cuadras, bajo el sol infernal de Culiacán. Eso y un raído letrero de la Fiscalía General de la República pegado sobre la madera carcomida del portón con la leyenda “inmueble asegurado”, son las únicas pistas de que aquí, en esta finca del lujoso fraccionamiento Huertos del Pedregal, ocurrió algo grave el 25 de julio de 2024.
Hoy, casi dos años después, la propiedad luce abandonada. Como si ahí nunca hubiera ocurrido nada. Como si el sitio no cargara el peso de una traición histórica dentro del Cártel de Sinaloa que terminó por incendiar el estado y alterar la vida de cientos de miles de personas que más de 600 días después aún no logran recuperar la tranquilidad, a pesar del envío de miles de soldados.
Pero fue justo aquí, en este punto exacto a las afueras de Culiacán, donde —según la versión del capo Ismael “El Mayo” Zambada—, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo citó para una reunión que era una trampa para secuestrarlo y entregarlo a Estados Unidos. Y fue también aquí donde asesinaron a Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y adversario político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien también habría sido convocado al encuentro donde supuestamente se resolverían diferencias políticas, aunque el mandatario asegura que nunca estuvo presente. Fue aquí, en definitiva, donde comenzó la guerra.
Desde entonces, Sinaloa se hundió en un enfrentamiento interno entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos” que ha dejado, hasta mayo de 2026, al menos 1,828 asesinatos y 2,390 desapariciones. Una guerra que además colocó bajo la mira del gobierno estadounidense a una decena de altos funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rocha Moya y sus exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, quienes ya se entregaron a autoridades de aquel país. Y que, lejos de apaciguar el ambiente en Sinaloa, ha vuelto a disparar el miedo y la incertidumbre entre una población que teme que la violencia no solo continúe, sino que todavía pueda empeorar.
Ahora, casi dos años después del suceso, la finca permanece quieta, muda, envuelta en un extraño halo fantasmal bajo un sol de 40 grados y el roce del viento con las palmeras. Como si la hacienda intentara esconder entre sus muros el origen de una de las guerras criminales más violentas de los últimos años en México.
El miedo de todos los días
—¡Hijoesuchingada madre!
El chofer de Uber, un tipo cincuentón, moreno, con una gorra roja de los Tomateros de Culiacán, da un brinco sobre el asiento. El coche, uno de los pequeños autos eléctricos chinos que proliferan por la capital sinaloense, da un leve bandazo luego de que el conductor moviera el volante por el susto.
—¡Su pinche madre! —suelta una carcajada nerviosa—. ¡Casi me trago el chicle!
Segundos antes, una motocicleta pasó junto al taxi y, al acelerar la marcha, el escape emitió un pistonazo seco y ruidoso que por unas fracciones de segundo se confundió con un balazo.
—Es que ya uno no sabe qué rollo en esta ciudad —dice el taxista, sin perder la sonrisa nerviosa mientras sigue observando la moto por el rabillo del ojo, hasta que se pierde entre el denso tráfico de la tarde.
Las páginas del diario Noroeste de ese día —y de tantísimos otros— explican a la perfección el susto del chofer: a lo largo y ancho de dos enormes sábanas de papel se distribuyen fotos de escenas del crimen y titulares: ‘Asesinan a hombre en tienda de abarrotes’, ‘Hieren a balazos a un hombre en Culiacán’, ‘Hombres armados atacan vehículo y le prenden fuego’, ‘Ataque a balazos deja 2 muertos y 2 heridos’, ‘Balean vivienda y la queman’, ‘Incautan mil 715 litros de sustancias para elaboración de metanfetaminas en Culiacán’. Todo, en apenas 24 horas.
El coche avanza por la Avenida Álvaro Obregón, la calle principal de Culiacán por donde transcurren las marchas y desfiles. Son las 19:08 horas. En un crucero el auto se detiene. En lo alto del semáforo se observa un gancho y un par de cables colgando. Ahí había una cámara de seguridad, explica el chofer. Pero un día llegó un vehículo y balaceó la cámara. Esa, dice apuntando con la barbilla, y las de todos los semáforos de la larga avenida.
—Una por una, pum, pum. Y pues como nadie se mete con ellos... pues hacen lo que quieren.
El periodista, que va en el asiento de atrás, asiente observando que, en efecto, muchos semáforos solo tienen el gancho sin cámara, y le comenta con ingenuidad algo fingida que pensaba que la situación en Culiacán se había calmado un poco, ya a camino de los dos años de la guerra. Sobre todo, le explica, porque las autoridades estatales y federales han presumido en varias ocasiones que ha habido una reducción de los homicidios e incluso ‘días sin homicidios’ en la capital.
—N’hombre, cuál tranquilo, oiga —se carcajea de nuevo el chofer, mirando por el espejo retrovisor al periodista.
—Es un desmadre esto —niega con la cabeza mientras sigue masticando chicle—. Nomás no se quiere componer. O no dejan que se componga, pues. Y ahora, con todo el desmadre de Estados Unidos y el góber, pues menos se va a componer.
Por la ventanilla, pintas en las paredes y anuncios en espectaculares rezan frases como ‘Culiacán quiere vivir en paz’, aunque no parece que tengan efecto alguno en la ciudad. Uno de esos espectaculares —paradojas de la ciudad y la guerra— está a unos metros de una tienda de “ropa blindada”.
—Yo, a las 19:40, programo mi teléfono para que ya solo tome viajes que me vayan llevando para mi casa. A las ocho u ocho y media, como mucho, ya estoy encerrado, como la gran mayoría aquí. Y pues mire —dice apuntando de nuevo discretamente con la barbilla a un convoy del Ejército apostado en la esquina de una calle, formando un cuello de botella de vehículos que avanzan a vuelta de rueda mientras los soldados iluminan el interior de los autos con linternas—.
—¿Ya vio? Hay mucho gobierno por todos lados. Dicen que son más de 6 mil soldados —asegura, citando un dato correcto—. ¡Mucho gobierno, pues! ¿Pero de qué sirve eso? —encoge los hombros—. Hay muchos militares —insiste—, pero los pinches malandros... pues son más, o yo no sé qué rollo, porque esta guerra nomás no se termina.
El Uber circula lentamente por las calles del centro histórico de Culiacán. Aún no dan las 20 horas, pero ya parece noche cerrada: la inmensa mayoría de pequeños negocios hace rato que bajaron la cortina. Algunos, porque ya cerraron de manera definitiva a 21 meses de la guerra y de la caída continua de ingresos —por toda la zona abundan los letreros de ‘Se renta’ o ‘Se traspasa’—. Otros, porquea eso de las seis de la tarde, se autoimponen un toque de queda. Y otros más porque, como en el caso de Sara, una comerciante de 30 años, terminan circunstancialmente convertidos en escenas del crimen.
La mujer estaba ya por cerrar su estética canina el pasado 27 de abril cuando, alrededor de las 19 horas, un hombre llegó y, casi sin mediar palabra, le descargó un balazo mortal en la frente. Luego disparó también contra la mujer con la que platicaba y contra otras dos mujeres —madre e hija— que estaban arriba de una camioneta estacionada frente al local. Así, sin más. Después, el agresor siguió caminando como si nada entre calles repletas de soldados y policías federales, los llamados “harfuch”.
Precisamente, el taxi pasa frente a la estética canina, que está muy cerca de uno de los principales mercados de la ciudad, muy concurrido, aunque se vacía temprano. Debajo de la lona que anuncia el nombre del comercio hay un enorme moño negro en señal de duelo por Sara y las otras tres mujeres, del que cuelga el peluche de un perrito. En el suelo titilan, solitarias, una docena de velas junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe.
A unas cuadras de distancia de la estética canina, bajo la luz tenue de una farola, hay estacionada una Humvee del Ejército con cuatro soldados a bordo. Es el punto acordado para el encuentro con Fernanda, una fotógrafa de 44 años que pide modificar su nombre por temor: Fernanda era amiga de Sara.
—Aún sigo impactada. El asesinato fue un lunes y yo apenas había estado con ella el sábado. Me dolió muchísimo —cuenta la mujer sentada ahora en un bar; uno de los pocos negocios que han ido estirando el horario de cierre hasta las diez u once de la noche.
—Me dolió por mi amiga y por las otras tres mujeres —continúa—, pero también me impresionó pensar que yo pude haber estado ahí esa noche, porque yo iba mucho a verla y a platicar. Eso me hizo entrar en shock. Pensé: “yo podría haber sido una de las muertas”. Y entonces pensé en mi hijo y dije: “gracias a Dios no estuve ahí”. Pero es vivir con un miedo total. Desde que estalló esta guerra, en Culiacán todo el tiempo se vive con miedo.
Fernanda habla apenas un par de semanas después de que estallara la bomba informativa a miles de kilómetros de distancia: en una corte de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 29 de abril al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —incluidos los secretarios de Seguridad y Finanzas, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil— de tener vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Una acusación que provocó que el gobernador pidiera licencia para separarse del cargo y no obstaculizar las investigaciones. Después, ante la presión, los titulares de Seguridad y Finanzas se entregaron en Estados Unidos. Del alcalde de Culiacán, en cambio, nadie sabe dónde está varias semanas después. Tampoco hay certeza de la ubicación exacta de Rocha Moya. Si bien desde el gobierno federal se asegura que permanece en Sinaloa, nadie lo ha visto públicamente. Aunque este viernes tanto Rocha como el alcalde Juan de Dios Gámez reaparecieron mediante mensajes en X para asegurar que acudirán al llamado de la Fiscalía General de la República.
Crece la incertidumbre
La acusación de Estados Unidos no ha provocado que la población de Sinaloa —ni la de Culiacán en particular— duerma más tranquila. Fernanda asegura que, al contrario, el ambiente en la ciudad se volvió todavía más incierto.
—Ahora, con todo lo del gobernador, tenemos todavía más incertidumbre, muchas dudas. No quisiera señalar directamente a nadie, pero aquí todos sabemos que es evidente que algo pasa entre nuestras autoridades y el narco. Y por eso mismo, yo, en lo personal, siento que todo este desmadre con Estados Unidos puede empeorar todavía más las cosas.
Cuando se le pregunta cómo ve el futuro inmediato, la fotógrafa mira su tarro de cerveza y reflexiona durante unos segundos.
—Es difícil responder eso —da un sorbo mientras, de reojo, observa por el ventanal del bar cómo pasa otra patrulla de militares encapuchados—.
—Creo que, como la gran mayoría de culichis, ya trato de no pensar demasiado en el futuro. Prefiero enfocarme en salir adelante hoy, en estar tranquila, pues. Lo hago por salud mental. Porque cuando empezó la guerra yo ya estaba al borde de la locura. Literal. Amanecía y lo primero que hacía era meterme a las páginas de noticias y a los grupos de WhatsApp para ver la balacera en tal sitio, o el asesinato en tal otro, o el retén aquí y allá.
Da otro sorbo de cerveza. Son poco más de las diez de la noche y el bar ya está prácticamente vacío, con los meseros recogiendo apresuradamente las sillas.
—Ahorita trato de soltar un poco, aunque sigo alerta, claro —continúa—. Porque tampoco podemos hundirnos en la tristeza y el miedo. Por eso ves a la gente en la calle durante el día: salen a trabajar, a llevar a los niños a la escuela, al mandado, a tomar café. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos bajar la guardia.
Fernanda apura la cerveza, mira su reloj —algo que los meseros llevan haciendo varios minutos— y hace un gesto con la mano para pedir la cuenta.
—Yo creo que es un equilibrio —encoge los hombros—. Aunque, claro, lo difícil es conseguir ese equilibrio sin que el miedo termine por dominarnos.
El Culiacanazo eterno
La fachada del Tropicana es bastante simple y discreta para ser un casino: un par de muros pintados de rojo oscuro, una palmera de luces de neón anunciando el nombre del local, otra palmera —esta sí, real— lánguida y abrasada por la falta de agua en el pequeño estacionamiento, y un escueto letrero de “bienvenidos” que contrasta con las bandas amarillas de plástico que prohíben el paso.
El 4 de mayo —luego de que una semana antes su fachada fuera baleada— hombres armados incendiaron el Tropicana. Una trabajadora murió y otras personas resultaron heridas. Aunque para la Fiscalía estatal la muerte de la mujer no puede catalogarse como homicidio, pues sostiene que falleció por asfixia, lo que generó polémica entre la ciudadanía, que duda del conteo oficial de víctimas y de las reducciones de violencia que presumen las autoridades.
De hecho, el diario Noroeste ha documentado durante meses que la Fiscalía estatal está subregistrando asesinatos y maquillando las cifras reales de la violencia. En uno de sus reportajes más recientes, el periódico detectó que, mientras la Fiscalía reportó oficialmente 128 homicidios en diciembre de 2025, el conteo periodístico encontró al menos 166 personas asesinadas, además de restos localizados en fosas clandestinas.
El ataque al casino ocurrió apenas cuatro días después del anuncio desde Estados Unidos de la acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios. En ese corto lapso de tiempo, el 30 de abril, fue asesinado a tiros Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, junto con su escolta. El 1 de mayo, Rocha Moya pidió sorpresivamente licencia. El 3 de mayo, muy cerca del Tropicana, en la plaza comercial del sector Tres Ríos —una de las zonas más vigiladas y exclusivas de Culiacán—, se registraron dos balaceras. El saldo: tres hombres asesinados y una mujer herida en el estacionamiento de la plaza. Y el 4 de mayo, el incendio del casino.
Quizá por todos estos sucesos, el hombre vestido de negro que se acerca a los periodistas de Animal Político y Noroeste, que realizan un reporte en video con la fachada del casino de fondo, se muestra nervioso y desconfiado.
—Oigan, ocupo reportar quiénes son —se presenta con un radio en la mano.
—¿Reportar a quién, oiga? —responde de inmediato uno de los periodistas, alarmado.
Por unos segundos nadie dice nada y todos temen que el otro pueda ser uno de los muchos “punteros” que reportan movimientos al crimen organizado. Un ejemplo más de la paranoia y la tensión que atraviesan la ciudad.
—No, pos al corporativo —dice ahora con una sonrisa tenue—. Trabajo para la empresa —se identifica ahora sí— y pos estamos aquí vigilando quién se acerca.
Los periodistas también sonríen, aliviados, y muestran sus credenciales.
—¿Y si es otra gente la que llega, qué sucede? —pregunta curioso el reportero de Animal Político. Una Humvee repleta de soldados pasa lentamente por segunda vez en menos de cinco minutos frente al casino.
El vigilante encoge los hombros y se lleva la mano a la nuca.
—No, pos si ya es otro tipo de gente la que llega... mejor nos metemos pá dentro. Pá qué jugarle, oiga.
Cuando se le comenta la anécdota a Miriam —que pide no publicar su nombre completo ni a qué se dedica, también por temor—, esboza una ligera sonrisa mientras, sentada en la terraza de un restaurante del centro, le da vueltas con la cucharilla a un café.
—La gente sigue teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo —se corrige—. Seguimos temerosos de salir a la calle y restringiendo horarios. Quizá es cierto que el toque de queda ya no es tan marcado como al inicio de la guerra, pero todavía existe la idea de que, a partir de las 11 de la noche, ya no es una hora segura.
—Pero los hechos de alto impacto siguen ocurriendo —se le plantea—. Y, sin embargo, la gente sigue saliendo a la calle, hay tráfico por las avenidas. ¿Esto a qué crees que se debe? ¿A una normalización de esta guerra? ¿A un agotamiento?
—Sí, sin duda. Aunque más que una normalización, yo lo llamaría resistencia. Una resistencia que empuja a querer recuperar la vida que se tenía antes de este “Culiacanazo eterno” en el que vivimos —dice Miriam, haciendo referencia a dos sucesos clave en la ciudad: el primero, en octubre de 2019, cuando tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, Culiacán ardió en balaceras y enfrentamientos hasta que las autoridades terminaron liberándolo; y el segundo, en enero de 2023, cuando Ovidio fue nuevamente detenido, aunque esta vez sí fue extraditado a Estados Unidos.
—¿Esperaban algo como la acusación de Estados Unidos contra el gobernador?
—Fue algo inesperado —responde rápidamente, aunque enseguida matiza—. Pero, al mismo tiempo, era un secreto a voces. Porque no es algo exclusivo de los gobiernos de Morena en el estado. En Sinaloa esto se vive desde hace décadas, incluso desde los gobiernos del PRI. Siempre ha existido ese conocimiento no oficial de pactos entre gobierno y grupos criminales. Aunque lo que marcó al gobierno de Rocha Moya fue que prácticamente se disolvió esa línea entre autoridad y narco. Había muchas señales.
—¿Ese miedo que mencionabas antes —se le insiste a continuación, para finalizar— es por la incertidumbre de qué puede pasar con la acusación en Estados Unidos?
—Sí, claro —responde tras unos segundos de reflexión—. Hay miedo a que se genere una ola de violencia aún más fuerte de la que ya vivimos.
La dirigencia de Morena en Sinaloa manifestó su respaldo en las investigaciones y los procesos llevados a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Morena no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”, sentenció la organización política a través de un comunicado al señalar que confían en las instituciones de investigación y procuración de justicia del país.
El pronunciamiento de Morena Sinaloa ocurre luego de que la FGR informó el sábado que Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios están siendo citados para ser entrevistados. En un comunicado, la dependencia mencionó que el objetivo es avanzar en las investigaciones.
“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.
Más tarde, el Gobernador con licencia confirmó que fue citado por la FGR; aseguró que atenderá el requerimiento y que no tiene nada que temer.
“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, dijo en mensaje publicado en sus redes sociales.
A la par de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez y el senador de Morena, Enrique Inzunza, también confirmaron que se presentarán ante la dependencia.
Cabe recordar que el 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra diez funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentran, además de Rubén Rocha Moya, sus ex secretarios de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Ambos se entregaron a las autoridades estadounidenses en días pasados.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
Dirigencia estatal lanza críticas contra el PRI
En su comunicado, Morena Sinaloa también lanzó críticas contra la oposición al señalar particularmente al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.
En el documento, la dirigencia estatal del partido guinda acusó a Moreno Cárdenas de “rogar por la injerencia extranjera” y calificó al PRI como “el partido más repudiado de México”.
Respecto a los procesos judiciales, Morena Sinaloa criticó que la oposición quiere ver “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos”.
Tras manifestar que confía en que se proceda conforme a la ley en la cita de la Fiscalía General de la República al Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, a funcionarios y ex funcionarios en la entidad presuntamente ligados al narcotráfico, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán manifestó que ese es un camino que se está siguiendo, pero posteriormente podría darse la extradición.
“Confiamos en que se proceda conforme a la ley, conforme al derecho y que los que administran la justicia la administren con rectitud, siempre de acuerdo a la legalidad porque es una situación muy delicada porque afecta la vida, la conducta y la fama de las personas”, añadió Monseñor Mario Espinosa Contreras en entrevista este domingo.
“Y los que son jueces es una labor, o los que son fiscales o ministerios públicos deben ser muy precisos, muy objetivos, muy equilibrados y eso es lo que se desea, que no se le ponga a las cosas ni más ni menos, sino lo que es y que se busque lo que sea la realidad”.
A finales de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al Gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el crimen organizado, así como delitos relacionados con armas de fuego, por lo que el 1 de mayo Rocha Moya pidió licencia a su cargo.
Hasta el momento de los 10 acusados se han entregado a las autoridades estadounidenses el ex Secretario de Seguridad Pública en la entidad, el general Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega.
Ante el citatorio como testigos por parte de la FGR a los ocho restantes, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, expresó que hay distintos caminos siempre para abordar las situaciones, pero después pueden seguir otros pasos.
“Hay distintos caminos siempre de abordar las situaciones y pues es un camino que están siguiendo ahorita, no significa tal vez que sea el único, pero ya se presentó ese sendero”.
A pregunta de si después de esta cita pudiera seguir la extradición de dichas personas a Estados Unidos, que es donde se les acusa, agregó que “eso pudiera ser”.
También expresó que es un peligro real que el Gobierno Mexicano proteja a dichas personas, pero se debe proceder rectamente, conforme a la ley.
“Pues es un peligro real, pero por eso de parte nuestra siempre invitamos a las autoridades de todos los niveles y de todos los ámbitos a que procedan de acuerdo a la legalidad, pero es el reto de siempre para todos los humanos, de estar procediendo rectamente y siempre de acuerdo a lo que marcan la ley y la justicia. Nosotros nunca dejaremos de estar invitando a que todos así procedamos y siempre está el peligro de que no se proceda así”.
La deuda pública estatal registró un incremento de 15.36 por ciento en términos reales durante el último año, al pasar de 4 mil 610.95 millones de pesos en marzo de 2025 a 5 mil 563.26 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026.
De acuerdo con el informe financiero correspondiente al saldo de la deuda pública estatal registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento absoluto fue de 952.31 millones de pesos.
El reporte detalla que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la deuda directa contratada con instituciones de banca comercial.
Mientras en marzo de 2025 la deuda directa ascendía a 3 mil 352.75 millones de pesos, para marzo de 2026 el saldo llegó a 4 mil 689.08 millones, lo que representó un aumento de mil 336.33 millones de pesos y un crecimiento real de 33.72 por ciento.
Dentro de este rubro, la deuda con banca comercial pasó de 3 mil 59.14 millones a 4 mil 419.92 millones de pesos en un año, mientras que la deuda con banca de desarrollo disminuyó ligeramente al pasar de 293.62 millones a 269.17 millones.
El documento señala que la deuda directa se integra por 11 contratos de crédito simple, de los cuales nueve corresponden a banca comercial y dos a banca de desarrollo mediante Banobras.
El importe total contratado asciende a 8 mil 98.08 millones de pesos, con un saldo pendiente de 4 mil 689.08 millones al 31 de marzo de 2026.
Entre las instituciones financieras con mayor participación en la deuda estatal se encuentran Banorte, BBVA México, Santander y Banamex.
El mayor saldo individual corresponde a un crédito con vencimiento en 2045, cuyo monto pendiente asciende a mil 625.02 millones de pesos, equivalente al 34.66 por ciento del saldo total de la deuda directa.
Otro de los principales compromisos financieros vence en 2036 y mantiene un saldo de mil 398.30 millones de pesos, equivalente al 29.82 por ciento.
En contraste con el aumento de la deuda directa, otros componentes de la deuda estatal mostraron reducciones.
La deuda contingente, correspondiente a obligaciones avaladas por el Estado, disminuyó de 512.94 millones de pesos en marzo de 2025 a 301.28 millones en 2026, lo que representó una reducción real de 43.84 por ciento.
Asimismo, la deuda no contingente pasó de 745.25 millones de pesos a 572.90 millones, una disminución de 26.50 por ciento en términos reales.
El informe también indica que algunos créditos fueron liquidados durante el periodo, entre ellos dos contratos identificados con Banorte que en 2025 todavía registraban saldos pendientes y que para marzo de 2026 aparecen en ceros.
En el caso de los créditos contratados con Banobras bajo el esquema Profise, conocido como “Cupón Cero”, el documento explica que únicamente se pagan intereses durante la vigencia del financiamiento, mientras el capital es respaldado mediante bonos que adquieren valor con el tiempo hasta liquidarse al vencimiento del contrato.
Cabe destacar que en 2025 el Gobierno de Sinaloa adquirió créditos avalados por el Congreso estatal para atender el plan de obras públicas promovido por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
El préstamo se solicitó pues el Gobierno de Sinaloa agotó su capacidad financiera al tener que pagar multas impuestas por Hacienda, derivado de gestiones irregulares registradas durante la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel.
El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer ante la dependencia federal y aseguró que no tiene nada que temer ante las investigaciones en curso.
A través de una publicación en redes sociales, Rocha Moya informó que el citatorio le fue entregado durante la mañana de este sábado y señaló que atenderá el requerimiento formulado por la autoridad federal.
“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió.
El mandatario con licencia sostuvo que es “un hombre probo” y afirmó que su trayectoria personal respalda su actuar.
“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.
Rocha Moya agregó que acudirá ante la FGR “con la frente en alto” y manifestó su confianza en que “la verdad habrá de prevalecer”.
La declaración ocurre horas después de que la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales.
La Fiscalía General de la República informó este sábado que citó a declarar a los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de la investigación abierta tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos.
La FGR indicó que las diligencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso que involucra a 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa.
“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR.
Entre los acusados aparecen el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La lista también incluye al ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; al ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; y al vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra.
Asimismo, fueron señalados el ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés; el ex comisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex mando de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
La acusación que detonó la investigación
La acusación contra los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses fue dada a conocer el pasado 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política e institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Licencias, relevo en el Gobierno y cambios en Culiacán
El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, horas después de que la propia FGR pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos entregar más pruebas sobre las acusaciones formuladas en Nueva York.
Un día después, el 2 de mayo, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.
La noche del mismo 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia temporal a la Presidencia Municipal de Culiacán, argumentando que buscaba agilizar cualquier investigación que tuviera que realizar la FGR.
Tras su salida, el Cabildo designó como Alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.
Posteriormente, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra también solicitó licencia temporal a su cargo como vicefiscal estatal.
El caso Gerardo Mérida y la entrega de Enrique Díaz Vega
Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.
El ex Secretario se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses.
Según el reporte, el ex funcionario habría cruzado hacia Estados Unidos dos semanas después de ser incluido por el Departamento de Justicia en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Mérida Sánchez, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En esta misma información difundida por la FGR dio a conocer que también fueron citadas a comparecer, en calidad de testigos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el ex Fiscal General de esa entidad, César Jáuregui Moreno, como parte de la indagatoria por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
La dependencia explicó que las entrevistas ministeriales derivan de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo, sobre el cual ya se habían informado previamente algunas diligencias.
La FGR aseguró que en ambos asuntos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de mantener apego al debido proceso.
La diputada federal Graciela Domínguez acusó que los partidos de derecha están buscando una desaparición de poderes en Sinaloa al aprovecharse del conflicto político que se generó tras la acusación de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Morena, pues opina que están felices por dicha crisis.
Señaló que partidos como el PRI y el PAN están promoviendo una intervención de Estados Unidos para desestabilizar el movimiento, acusando a Morena de ser un grupo criminal solo para tratar de recuperar algunos poderes estatales o municipales a cualquier costo.
“La derecha le apuesta a que nuestro estado viva una crisis. ¿Por qué lo digo? Desde el momento en que ellos plantean desaparición de poderes, no es otra cosa más que una irresponsabilidad con los sinaloenses, porque una cosa es que haya una investigación anunciada por el gobierno de Estados Unidos en contra de 10 funcionarios, entre ellos algunos ex funcionarios, y otra cosa es que no funcionan los poderes”, dijo Domínguez Nava.
“Cuando el PAN y el PRI van y le dicen al gobierno de Estados Unidos que intervenga en nuestro país declarando que Morena es una organización criminal o terrorista, no están pensando en los sinaloenses, están pensando en sus apetitos de poder, en colgarse de este tipo de estrategias para querer recuperar por vías no democráticas la conducción de este país, de algún estado o algún municipio”.
La diputada federal confió en que estos alegatos y denuncias no lleguen a lo que busca la oposición, pues afirma que a pesar del conflicto político en Sinaloa todas las instancias funcionan y siguen funcionando con la nueva Gobernadora, Yeraldine Bonilla. Además, calificó de politiqueros a otros diputados que no buscan la paz en el estado.
“Evidentemente que son estrategias mediáticas, no hay elementos. En Sinaloa, por ejemplo, el Poder Legislativo funciona, el Poder Ejecutivo funciona. El doctor Rubén Rocha Moya pidió licencia, pero el Poder Ejecutivo sigue funcionando. Entonces no hay indicios más que una campaña mediática, politiquería, solamente.
“El diputado Mario Zamora ha hecho declaraciones y lo ha presumido que ellos fueron los que estuvieron interviniendo con el gobierno de Estados Unidos para que a Morena se le declare como una organización terrorista. ¿Eso qué nos dice? Que no es cierto que les interese que en México se restablezca la paz, sino más bien que haya una conflictiva política electoral”.
RESPALDA DECISIÓN DE ROCHA MOYA, PERO NO ENTIENDE A ENRIQUE INZUNZA
Por otro lado, Graciela Domínguez respaldó la decisión de Rubén Rocha Moya de pedir un periodo de licencia para no entorpecer las investigaciones que hace el Gobierno de México. Sin embargo, también señaló que no entiende la postura del Senador Enrique Inzunza por mantenerse en el cargo; aunque respeta la decisión de su compañero.
“Lo que yo puedo decirles en ese sentido es que, en principio, me parece que lo que hizo el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez, habla de una actitud positiva en medio de esta conflictiva de responsabilidad para no obstruir posibles investigaciones, tanto del Gobierno de México como otros gobiernos.
“Yo desconozco cuáles fueron los criterios del senador Enrique Inzunza para él no solicitar licencia. Yo creo que sería lo correcto, lo más adecuado. Creo yo que las investigaciones deben de darse y todos tienen derecho a la presunción de inocencia, tal como dice la Presidenta. Y si hay que aclararlo, pues que continúen con sus investigaciones”.
Tras ser cuestionada sobre si se consideraba “rochista”, Domínguez Nava declaró que antes que todo se considera una persona de izquierda y muy ligada al partido Morena y a la Cuarta Transformación. No obstante, no negó que en su momento apoyó en la campaña de Rubén Rocha Moya y de otros candidatos.
“Yo me sigo considerando morenista, integrante de la izquierda por muchos años. Promovimos que en Sinaloa Rocha Moya fuera nuestro gobernador, pero no solo él. Promovimos a muchos compañeros a alcaldías, a diputaciones, porque somos un movimiento de la Cuarta Transformación, y en ese sentido yo me autodenomino de izquierda, siempre, no de hoy, sino desde que yo decidí en 1998 participar en la política”.
CULIACÁN._ El diputado federal y vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que en el caso de funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados en Estados Unidos por presuntamente favorecer al crimen organizado, debe prevalecer la aplicación de la ley y el combate a la impunidad.
Durante su visita a Culiacán este domingo, el legislador fue cuestionado sobre las acusaciones que pesan en territorio estadounidense contra el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y ex integrantes de su administración, así como el Presidente Municipal con licencia en Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes presuntamente habrían formado parte de una red de protección al crimen organizado.
Ramírez Cuéllar evitó expresar un respaldo directo hacia el mandatario estatal y señaló que será la Fiscalía la que determine las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.
“Bueno, él tiene licencia, se supone que se nos ha dicho, la fiscalía está abriendo una carpeta de investigación. Vamos a esperar los tiempos, vamos a garantizar que todo se lleve conforme a la ley. Morena no cubre absolutamente a nadie”, declaró.
El legislador insistió en que cualquier persona que haya cometido actos ilícitos debe responder ante las autoridades mexicanas sin importar el cargo que haya ocupado o su militancia política.
“Si hay una persona que la hizo, es una persona que la tiene que pagar. Si hay una persona que cometió alguna actividad ilícita, tiene que ser castigada conforme a las leyes mexicanas”, expresó.
Las declaraciones del morenista se dan en medio de la crisis política que atraviesa Sinaloa tras las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos contra Rocha Moya y ex funcionarios de su gabinete, quienes son señalados de presuntamente haber facilitado operaciones vinculadas al crimen organizado.
Por lo anterior, desde el inicio de mayo Rocha Moya se separó de su cargo al pedir licencia para que se realicen las investigaciones pertinentes, de igual forma que el Alcalde de Culiacán Gámez Mendívil.
Por el caso el ex Secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex Secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega se entregaron hace unos días a la justicia estadounidense.
En su visita a la capital sinaloense, Ramírez Cuéllar también participó en mesas de trabajo y encuentros ciudadanos relacionados con la construcción del programa de gobierno 2027-2033 de Morena, ejercicio que el partido realiza en distintas entidades del país donde habrá renovación de gubernaturas el próximo año.
En ese contexto, sostuvo que Sinaloa necesita un proceso de reconstrucción económica y social que vaya más allá de las disputas partidistas y permita atender los problemas de inseguridad, deterioro social y afectaciones económicas que enfrenta la entidad.
“Yo creo que ahora se requiere un gobierno de una gran unidad sinaloense. Se trata de reconstruir la grandeza de Sinaloa, más que ver posiciones o partidos”, señaló.
Añadió que uno de los principales retos será recuperar el tejido social y generar condiciones para proteger a jóvenes y comunidades afectadas por la violencia.
“Creo que la unidad de todos los sinaloenses urge porque necesitamos poner en marcha un programa de emergencia que reconstruya la economía, que garantice el cuidado de nuestros jóvenes y que al mismo tiempo pudiera lograr la reconstrucción del tejido social y también la protección de muchas colonias y comunidades”, comentó.
El diputado federal adelantó además que durante el próximo junio se realizará un nuevo encuentro en Sinaloa con el objetivo de fortalecer la estructura territorial de Morena y promover actividades enfocadas en la cohesión social y la participación ciudadana.
La detención de Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública del Estado, en Estados Unidos, no afecta a Sinaloa, afirmó la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde este sábado en Estación Dimas, en San Ignacio, durante un evento de entrega de obras.
Entrevistada luego de que se confirmara que el General en retiro se encuentra recluido en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York, la Mandataria estatal defendió que éste no fue nombrado por decisión del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sino por decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“... hay que aclarar que el General Mérida no fue una decisión del ex Gobernador en licencia (Rubén Rocha Moya), sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública y eso decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada tiene que ver o representa algún daño al estado”, reiteró.
Además, sostuvo que el Gobierno del Estado continúa trabajando e invirtiendo en beneficio de la población.
“Nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo al estado, a los municipios y trabajando con el movimiento que nos representa que es el movimiento de la Cuarta Transformación, como ya lo he dicho siempre, en beneficio de los sinaloenses”, apuntó.
Tras ser cuestionada, Bonilla Valverde aseguró desconocer si otros funcionarios o ex funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado estarían enfrentando un proceso similar.
“No tengo información, a nosotros no nos han comunicado nada, sé lo mismo que ustedes, lo que se ha comunicado en redes sociales”.
De acuerdo con el registro de la Federal Bureau of Prisons, Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, está internado en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
El ex funcionario se declaró no culpable este viernes ante una Corte federal, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.
Mérida Sánchez es acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a cambio de no interferir en sus operaciones, mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
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