De no abrogarse la Ley de pensiones del 2007, maestros jubilados de Sinaloa advierten un “estallido social”, sumándose así a las protestas realizadas por personal del CNTE en Ciudad de México.

Carlos Ramón López Torres representante en Sinaloa de la Coalición de Pensionados y Jubilados “Profesor Elpidio Domínguez Castro”, que existe en 22 estados de la República Mexicana, expuso que les preocupa el tema del mecanismo de las jubilaciones y pensiones para los maestros que aún están dando clases y a quienes se les aplicará un sistema heredado por Felipe Calderón, diferente a la del 73 y que les señala que se podrán retirar hasta los 55 años a través de una Afore que cobra y resulta inmoral que un empresario maneje sus ahorros de toda la vida de los trabajadores de la educación.

“Nos preocupa el tema de las pensiones, pero no tanto como a los que están en las escuelas y que hoy se va. A retirar con un sistema penitenciario de un ahorro manejado por una Afore y que resultan cifras raquíticas de apenas 4 mil pesos mensuales”.

Este señalamiento es la misma molestia que tiene a miles de maestros que se manifiestan en la Ciudad de México para que la Presidenta Claudia Sheinbaum eche abajo esa Ley y cree una nueva para las pensiones futuras y que puedan irse a descansar con una vida plena y digna.

El profesor lamentó que por falta de voluntad de la actual mandataria federal no modifica la Ley de pensiones y jubilaciones calderonista, cuando en tiempos de campaña se los prometió.

En respaldo a este rechazo, dijo que están movilizándose por todo el país y Sinaloa se sumó haciendo público su solidaridad, a través de los medios de comunicación, agregó.

“Aquí en los años que vienen puede empezar a haber estallidos sociales. Ahorita la gente todavía se manifiesta con bloqueos, pero esto vendría siendo como una enfermedad. Si tú no te la atiendes bien, la enfermedad se va agravando y ya está”.

“Y no quisiéramos ver un ya con lo que tenemos se nos hace mucho. Ahora imagínate ya una cuestión política inestable donde ya no pasáramos del plano de la violencia de los narcos, de los grupos de narcos, pasáramos a otra etapa, a una violencia política. Una inestabilidad social, lo cual a nadie nos conviene que llegue la cosa hasta allá”.

Aclaró que la Presidenta ha dicho: “Bueno, está la pensión del bienestar”, expuso que lo cierto es que no es una pensión, sino un programa social que uno lo adquiere hasta que tiene 65 años de edad. “El profe, por ejemplo, que se jubila a los 55 años todavía tiene que esperar 10 años más para obtener derecho a ese programa social”, criticó.

“Hay un rechazo a esta situación y en México ahorita están miles de maestros, principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca presionando para que la Presidenta cambie y eche abajo esa Ley”.

López Torres destacó que la palanca del desarrollo del país está en la educación y el Gobierno federal debe apoyarlo.

Pero a los jubilados, indicó que también les han quitado derechos a los comprometidos por la Ley, desde el sexenio obradorista.

“Nos han quitado derechos. Derechos ya adquiridos. Por ejemplo. Nuestra pensión se tiene que incrementar cada año, porque el costo de la vida va aumentando. Es obvio. La ley con la que nos jubilamos decía que ese incremento que tenemos cada año debía de hacerse en salarios mínimos. Pero el Gobierno, López Obrador, se empezó a elevar mucho el salario mínimo”.

Recordó lo dicho por Felipe Calderón: “Si a los pensionados les sigo calculando en salarios mínimos, no va a haber dinero que alcance para pagarles a ellos” y creó un mecanismo nuevo que se llama la Unidad de Medida y Actualización y Actualización (UMA) que consiste en que el valor del salario mínimo es uno y el de la UMA es más bajo.

“Con eso nos calculan, con ese porcentaje menor, perdemos salario, violando la ley porque mi documento con los cuales yo me jubilé especifican que mi incremento va a ser en salario mínimo. Me están violando al cambiarme la fórmula”, citó.

Mientras que ahora un profesor que se está jubilando con la mayor categoría, explicó que está perdiendo más de la mitad de su incremento.

“Ahorita por decirte, están ganando los que se están jubilando ahorita con el tope de los 10 salarios mínimos debían de devengar de 54 a 56 mil pesos y les vienen llegando 30 o 32 mil pesos. Entonces, los trabajadores nuevos se están dando cuenta de eso y están luchando para que esa fórmula la echen abajo”.

El profesor jubilado comentó se quiere que toda la ley del 2007 creada por Calderón de las Afores la echen abajo y se cree un sistema solidario donde cada trabajador aporte para un fondo y eliminar las Afores.

“Pero, la Presidenta no quiere enfrentar a los dueños de las Afores. Son como 10 Afores las que hay en el país, pero son grandes millonarios y es un perjuicio. Y la Presidenta lo sabe. Tan lo sabe que en su campaña prometió que esa ley la iba a echar abajo. Usted lo prometió. No sé en qué parte declaró, “vamos a echar abajo la ley de Calderón del 2007”.

Así que el magisterio no va a echar en marcha atrás con las movilizaciones y cada vez la gente puede extremar en la presión ante el desespero de lo que les espera con pensiones que no garantizan una vida plena, una vida digna, recalcó.

Además, reclamó que esa pensión es usada mayormente en medicamentos porque no hay en el ISSSTE o porque tardan en entregarlos y vas a la farmacia y los compras.

La gran demanda es la abrogación que quiere decir, echar abajo al 100 por ciento la ley calderonista del 2007. Que señala que de ahí en adelante los trabajadores van a ser manejados sus recursos por una Afore, sus ahorros y al final de lo que acumules te van a dar una parte y la Afore te va a cobrar por manejarte tu dinero. Además que es inmoral. Es inmoral que un empresario te maneje tus recursos cuando él está bien a gusto administrándolos. Y ganando a costa de su dinero.

Consideró que es más cuestión de falta de voluntad que la Presidenta actual esté alargando ese tema, por intereses con los grandes empresarios que manejan las Afores y aportando para el Mundial, porque está proponiendo reformas como la judicial.

Opinó, a como están las cosas debe ponerse del lado del millón de maestros que de los empresarios.

“A perjudicar a la gente que la tiene metida en un zapato, sobre todo ahorita con lo del Mundial de Fútbol. Hay la amenaza de la SNTE, de la Coordinadora, de bloquear los estadios, interrumpir los juegos. Fíjate qué grave es eso”.

“También ayer los agricultores anunciaron lo mismo. Creo que andan haciendo bloqueos para ir a juntar dinero e irse a México. Ayer también pues aquí los restauradores dijeron que si no los atiende antes del Mundial, pues se van a hacerle vaya, no. Es otro Esos se le va a hacer un problemón. Y si lo reprime, imagínate las imágenes a nivel internacional”.

Un grupo de trabajadores jubilados del Gobierno del estado se manifestó en las instalaciones del Congreso para solicitar una reunión con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa.

Los inconformes exigen un incremento en el pago del aguinaldo, específicamente 16 días adicionales, al señalar que fueron jubilados bajo la nueva Ley de Pensiones, lo que les representa una percepción económica menor.

Florentino Munguía Gaspar, presidente del Consejo de Pensionados y Jubilados recordó que hace cuatro años presentaron una iniciativa relacionada con esta demanda y señalaron que ya recibió una segunda lectura en el Congreso; sin embargo, aseguraron que no ha registrado avances desde entonces.

“Queremos mejorar la situación, porque las pensiones son muy bajas, prácticamente raquíticas. Esto incluye a todos: pensionados y jubilados, hombres y mujeres. Ya logramos, mediante una nueva iniciativa que presentamos, que se aumentara un poco el aguinaldo, logramos 15 días; sin embargo, queremos llegar al tope establecido, que es de 66 días”.

El dirigente del grupo comentó que esta iniciativa beneficiaría aproximadamente a 3 mil jubilados en caso de aprobarse.

Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa destacó que serán atendidos nuevamente para escuchar sus planteamientos y gestionar una reunión con la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, ya que previamente existía el compromiso de sostener un encuentro con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

No obstante, indicó que debido a la situación actual, ahora se gestionará una reunión entre la Gobernadora y el grupo de jubilados.

“Si no hubiéramos apoyado el crédito para la obra pública y transferido mil 200 millones de pesos para que el IPES tuviera certeza en el pago de pensiones, su condición sería aún más difícil, les dije: Les voy a gestionar una cita con el gobernador”.

El Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS fijó una postura ante el reciente llamado de la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar apoyos financieros extraordinarios.

Los integrantes del frente condicionaron la entrega de cualquier recurso adicional a la realización previa de una auditoría forense que aclare el destino del presupuesto universitario.

Heriberto Arias Suárez, coordinador del Frente, señaló que la Universidad ya recibe presupuestos aprobados tanto por el Gobierno federal como por el estatal y que la institución no carece de recursos.

“Hacemos tres razonamientos del por qué debe aplicarse una auditoría forense antes de otorgar cualquier recurso extraordinario”, planteó Arias Suárez.

El Frente calificó de ilegítimo el posible llamado a un paro de labores por parte de la administración y el sindicato en caso de no recibir los fondos solicitados.

Criticaron que sea el patrón quien promueva la suspensión de actividades, afectando el derecho a la educación de los estudiantes, cuando el recurso para el pago de nómina ya está etiquetado en el presupuesto ordinario.

“Dicen que no tienen dinero para pagar, entonces, ¿dónde está el dinero que está etiquetado como concepto de nómina del presupuesto?”, cuestionó.

La organización también denunció una serie de irregularidades en la gestión interna de la UAS, como cuotas por servicios que no existen, como laboratorios, transporte y aire acondicionado en las aulas.

También compartieron que mientras se alega crisis, la universidad adquirió 10 camionetas para movilización de personas.

Acusaron que se utiliza el presupuesto para promociones de tiempo completo y para ejercer control político en las elecciones de directores de escuelas.

Otro punto que compartieron es el descuento aplicado a los jubilados bajo el concepto de jubilación dinámica.

Los afectados denuncian que las autoridades universitarias no han mostrado la documentación legal completa del supuesto fideicomiso al que se destinan estos fondos.

Temen que el dinero retenido a los trabajadores activos y jubilados esté siendo utilizado para otros fines, como la compra de vehículos, sin ninguna transparencia ni rentabilidad.

El abogado del Frente, Rubén Darío Rivera Montoya, reafirmó que mantendrán la defensa legal y la exigencia de que no se realicen descuentos salariales hasta que una auditoría ordene el manejo de los recursos propios y federales de la UAS.

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunciaron que demandarán a la institución para exigir la devolución de millones de pesos descontados de sus pensiones desde enero de 2026 tras la implementación de la reingeniería financiera.

Integrantes de la Asociación de Jubilados de la UAS denunciaron que desde el inicio de este año se aplican descuentos de entre el 5 y el 20 por ciento a las pensiones de trabajadores retirados, pese a que sus jubilaciones constituyen derechos adquiridos que no pueden ser modificados de manera unilateral.

Florina García, presidenta de la asociación, señaló que alrededor de mil 100 jubilados acudieron el pasado sábado al Centro de Conciliación Laboral para recoger las constancias necesarias para integrar los expedientes que presentarán ante tribunales laborales.

“Queremos que nos en esa demanda que nos es para que nos devuelvan lo que nos han descontado de enero a la fecha de ese descuento ilegal que están haciendo con nosotros, pero que es necesario demandar para que lo devuelvan, si no, pues hasta que nos muramos van a seguir seguir descontando y eso no se nos hace justo”, dijo.

Aseguraron que, en conjunto, la UAS estaría reteniendo cerca de 18 millones de pesos mensuales a este sector, recursos que se destinan a cubrir gasto corriente.

Indicó que actualmente agrupan a alrededor de mil 800 jubilados en todo el estado, aunque estimó que más de ocho mil ex trabajadores de la universidad podrían estar siendo afectados por esta medida.

De acuerdo con los inconformes, las retenciones representan descuentos que van desde mil hasta 11 mil pesos por quincena, dependiendo del monto que percibe cada jubilado.

“... están afectando nuestros derechos laborales, están. desafiando el contrato colectivo del trabajo, la ley federal del trabajo, porque se supone que una persona que ya está jubilada no le deben de descontar de su salario nada”, insistió Florina García.

Olga Olivia Quintero, secretaria general de la asociación, afirmó que los trabajadores jubilados cuentan con derechos adquiridos tras décadas de servicio y consideró injusto que, después de más de 25 años de trabajo, se les reduzcan sus ingresos en una etapa vulnerable de su vida.

“¿Cómo es posible que que hay jubilados ahorita que ya tienen más de 25 años ya jubilados... y cuando están en una situación bien precaria de tanto de salud como de economía, les llegue este descuento?”, resaltó.

También denunciaron presunta opacidad en el manejo administrativo de la universidad y señalaron un crecimiento excesivo de personal de confianza dentro de la institución.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa recibe un presupuesto tanto del Gobierno estatal como federal, pero aunado a eso recibe de este recursos propios, que es un dineral que ese dinero nadie sabe nadie en su supo a dónde los destinan”.

Insistieron en que continuarán con las acciones legales hasta lograr que se les restituyan los recursos descontados y se respete su contrato colectivo de trabajo.