La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que capacitó a 108 servidores públicos estatales y municipales en materia de derechos humanos y servicio público con el objetivo de fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna por parte de las instituciones públicas.

La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como parte de los trabajos de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios, integrada por la dependencia estatal y las sindicaturas de procuración de los ayuntamientos.

La capacitación estuvo a cargo de la visitadora general de la CEDH, Reyna Isabel Mendoza Osuna, quien ofreció una sensibilización dirigida a las y los funcionarios convocados con el propósito de reforzar el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Durante la jornada denominada “Derechos humanos en el ejercicio del servicio público”, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, señaló que este tipo de acciones buscan garantizar el respeto, la igualdad y el bienestar colectivo, además de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos hacia la sociedad.

En la capacitación participaron representantes de órganos internos de control de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el Sistema DIF Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad de la Policía y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, entre otras.

También asistieron síndicos procuradores, personal de órganos internos de control y funcionarios municipales de Choix, El Fuerte, Guasave, Juan José Ríos, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Angostura, Culiacán, Navolato, Eldorado, Salvador Alvarado, Elota, Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio.

De acuerdo con la CEDH, estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y mejorar la atención que reciben las y los ciudadanos en las distintas dependencias gubernamentales.

En lo que va del año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido un total de 11 recomendaciones dirigidas a diversas instituciones y ayuntamientos del estado, siendo la Fiscalía General del Estado la autoridad que encabeza la lista con el mayor número de señalamientos.

De acuerdo con el Presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, de estas 11 determinaciones, seis ya han sido aceptadas formalmente por las autoridades correspondientes, mientras que las cinco restantes se encuentran todavía dentro del término legal para ser notificadas sobre su aceptación.

“Son 11 recomendaciones, de esas nos acertaron seis y cinco están todavía en el término”, informó Loza Ochoa.

La tendencia de años anteriores se mantiene, situando a la Fiscalía General del Estado como la institución con más expedientes en su contra, acumulando seis recomendaciones en este periodo.

La Visitadora General de la CEDH, Reina Isabel Mendoza Osuna, explicó que entre los hechos violatorios que motivaron estas resoluciones destacan la omisión o dilación en la investigación de casos de personas desaparecidas o no localizadas y la negligencia en la identificación forense de personas localizadas sin vida.

También la negativa de proporcionar copias certificadas de carpetas de investigación y la prestación indebida del servicio público y dilación en la integración de expedientes.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la CEDH destacó que ha existido disponibilidad por parte de la Fiscalía para aceptar las recomendaciones y sumarse a los señalamientos realizados por el organismo.

Ante la persistencia de estas quejas, la CEDH hizo un llamado enérgico a los servidores públicos para generar una verdadera conciencia sobre el servicio que prestan. El organismo subrayó que la emisión de una recomendación es la prueba de que el actuar de la autoridad no ha sido el adecuado.

“Se insta para que reflexionen en lo que es el servicio público y se lleve a cabo con respeto y, ante todo, el respeto a la ciudadanía”, manifestó Mendoza Osuna.

Además de la Fiscalía, la Comisión dirigió recomendaciones a diversos municipios y dependencias estatales que fueron:

- Ayuntamiento de Culiacán.

- Ayuntamiento de Mazatlán.

- Ayuntamiento de Escuinapa.

- Ayuntamiento de Cosalá.

- Sistema DIF Sinaloa.

La tragedia ocurrida el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto evidenció fallas en la custodia del Estado, señaló la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, advirtió que estos hechos demuestran que la crisis en los penales sigue vigente, especialmente bajo la custodia del Estado.

“Creo que la jornada de ayer es muy lamentable, hablar de siete vidas que se pierden es un golpe no solamente a las familias, para la misma sociedad y más que mueran en una institución donde se supone que el custodio de ellos es el Estado”, señaló Loza Ochoa.

De acuerdo con datos de la institución, en lo que va de 2026 se han registrado 27 fallecimientos de internos en los centros penitenciarios de Sinaloa.

De este total, 14 han ocurrido en el penal de Culiacán, lo que arroja un promedio de casi tres muertes por mes en la zona centro durante los cinco meses transcurridos del año.

También se compartió que esta situación contrasta drásticamente con la calificación de pase que alcanzó el año pasado, tras años de reprobación.

“Incluso el año pasado me llamó la atención porque los penales en Sinaloa alcanzaron una calificación de pase, fue el 6.1 o 6.2. Me acuerdo que no pasaba el 5.6 y el año pasado alcanzó esa calificación”, compartió.

Tras los hechos, el organismo inició un expediente de queja y emitió medidas precautorias.

Personal de la visitaduría penitenciaria acudió al lugar para supervisar la identificación de los cuerpos, confirmando que hasta el momento se ha logrado comunicación con cinco de las siete familias afectadas.

El ambiente al interior del centro se reporta bajo “cierta tensión”, lo que obligó al personal de derechos humanos a extremar precauciones durante sus labores de campo.

La crisis no se limita a la violencia entre internos.

La CEDH ha documentado quejas persistentes sobre irregularidades administrativas y abusos de autoridad, ya que los familiares denuncian que se les retiene hasta un 16 por ciento de los alimentos o artículos que ingresan para el consumo personal de los internos.

De igual forma compartieron que existen denuncias de presuntos actos de tortura cometidos durante operativos de revisión por parte de autoridades que auxilian en el control del penal y el organismo señaló que, aunque se han turnado casos a la Fiscalía, las investigaciones no han avanzado, dejando un mal precedente.

Loza Ochoa calificó a las cárceles como un espejo de la violencia que se vive en el exterior y subrayó que el Penal de Aguaruto cuenta con una infraestructura obsoleta de entre 55 y 56 años de antigüedad, lo que hace imperativa la construcción de un nuevo recinto.

La propuesta del organismo no es solo de espacio, sino de fondo con un modelo de rehabilitación basado en el trabajo, con fábricas o talleres grandes que permitan a los internos sostener a sus familias y aportar al sistema penitenciario.

“Tenemos una situación difícil. Creo que merece hacer una nueva propuesta de cambio completo en los penales”, indicó.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha recibido por lo menos 20 quejas de ciudadanos que denuncian altos cobros en los recibos de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, informó el presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa.

Señaló que el organismo ha acompañado a varios ciudadanos a las oficinas de la CFE en Culiacán para buscar una solución a sus casos; sin embargo, lamentó que hasta el momento las autoridades federales no hayan dado una respuesta concreta.

Loza Ochoa explicó que, debido a que la CFE es una instancia federal, sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que tendría facultades para realizar un pronunciamiento formal o intervenir directamente en el tema.

Aun así, aseguró que la CEDH continuará respaldando a la población en la medida de lo posible.

También criticó la falta de empatía de las autoridades estatales y federales, especialmente ante las altas temperaturas que se han registrado en la entidad y que obligan a las familias a incrementar el uso de aparatos eléctricos para mitigar el calor.

“Lo que no me ha gustado es que cuando han invitado a que vengan inspectores federales a ver el problema, pues los traen en carros con aire acondicionado y los ven en oficina y lo que deben de hacer es cargarlos por las banquetas ahí en el Centro, para que sientan lo que es amar a dios en tierra de indios, o sea, el que sientan lo que los ciudadanos de a pie están sintiendo al transitar por las calles céntricas”, expresó.

Además, recordó que el año pasado se intentó concretar una reunión con diputados federales y autoridades de la CFE para abordar esta problemática, pero no fue posible.

Indicó que este año la situación sigue siendo compleja debido a que la intervención directa corresponde a autoridades federales.

“El año pasado nosotros intentamos que diputados federales nos consiguieran una entrevista con funcionarios de la Ciudad de México de la Comisión Federal de Electricidad, pues para que escucharan que hay un clamor acá en esos tiempos con respecto a las tarifas y no se logró, o sea que no ha sido sensible la administración de la Comisión Federal de Electricidad para escuchar esto, menos para resolver el problema de manera positiva y yo creo que ya es tiempo que haya una respuesta adecuada al respecto, porque ni los cambios de Gobierno nos han traído una buena noticia de considerar esta zona como una zona pues altamente calurosa y que debe tener un trato diferente”, señaló.

Como una de las acciones inmediatas, Loza Ochoa adelantó que la CEDH podría emitir un llamado a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que atienda la situación que enfrentan cientos de usuarios sinaloenses.

“Podemos pedirle a Rosario Piedra que al escucharnos también presente ante la Comisión Federal de Electricidad la queja de la ciudadanía Sinaloense y la nuestra para que volteen a ver a Sinaloa”, enfatizó.

Hizo un llamado al Gobierno del Estado para intervenir y apoyar a las personas afectadas, algunas de las cuales incluso enfrentan cortes en el suministro eléctrico pese a haber promovido amparos.

Durante más de dos años, una madre buscó a su hijo desaparecido mientras su cuerpo permanecía bajo resguardo del Servicio Médico Forense en Culiacán.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones, dilaciones y negligencia que impidieron identificar oportunamente a la víctima y notificar a su familia.

La historia quedó plasmada en la Recomendación 5/2026 emitida por la CEDH contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de analizar el expediente derivado de la queja presentada por la madre de la víctima.

De acuerdo con el documento, la desaparición fue denunciada en septiembre de 2022 ante la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Región Centro.

La madre relató que, tras interponer la denuncia, proporcionó muestras de ADN para realizar confrontas genéticas con cuerpos sin identificar resguardados por el Semefo. Sin embargo, aunque la solicitud para realizar el estudio genético fue emitida desde octubre de 2022, la prueba no fue procesada sino hasta febrero de 2024.

La investigación de la CEDH acreditó que el cuerpo de la víctima había ingresado al Servicio Médico Forense de Culiacán el 8 de septiembre de 2022 y que ese mismo día se tomaron muestras para obtener el perfil genético. Pese a ello, la identificación formal ocurrió hasta septiembre de 2024, prácticamente dos años después.

En su resolución, la Comisión señaló que la Fiscalía incurrió en una “deficiente investigación” al no dar seguimiento a solicitudes periciales, omitir el cruce de información entre áreas y desaprovechar datos que estaban disponibles incluso en plataformas institucionales de cuerpos no identificados.

La CEDH también advirtió que personal ministerial ignoró elementos relevantes para la búsqueda, como la coincidencia entre las prendas descritas en la denuncia de desaparición y las fotografías publicadas por la propia Fiscalía sobre cuerpos no identificados.

“... todo ese tiempo estuvo en poder de la institución investigadora”, señala la recomendación.

Además, sostiene que la falta de coordinación y las omisiones provocaron que la familia no pudiera localizar ni recuperar el cuerpo de la víctima durante más de dos años.

El organismo concluyó que se vulneró el derecho humano a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como el derecho a la identificación de personas fallecidas. Además, citó estándares internacionales que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en casos de desaparición.

La recomendación fue dirigida a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y forma parte de las resoluciones emitidas por la CEDH durante el primer trimestre de 2026.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha recibido diariamente entre dos y tres llamadas telefónicas de ciudadanos que se quejan por los retenes instalados en distintos puntos, principalmente en la ciudad de Culiacán.

Así lo informó el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, quien señaló que las principales inconformidades están relacionadas con el tráfico lento y las afectaciones que generan estas revisiones en la movilidad de la ciudadanía.

“Causa molestia sin que haya por otro lado los resultados y la gente ha tenido paciencia y entiende que ese tipo de molestias tienen que darse; pero si en cambio, continúan ese tipo de problemas, pues desespera” expresó.

Loza Ochoa consideró que aunque los retenes pueden tener cierta importancia dentro de las estrategias de seguridad, no deben convertirse en la principal medida para combatir la violencia en la entidad.

Argumentó que, pese a la presencia de retenes en diferentes sectores de la ciudad, no se ha observado una disminución en hechos violentos como homicidios o ataques a viviendas.

“Yo no digo que no se realicen, pero priorizar esto como el elemento central en la estrategia, yo creo que no; ahí están los resultados, que no son los mejores”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si estas acciones podrían estar generando resultados positivos, reiteró que la seguridad requiere estrategias más amplias y efectivas, ya que los retenes por sí solos no han logrado reducir los índices de violencia en Sinaloa.

Con el objetivo de fortalecer el respeto a las garantías individuales dentro del sistema de seguridad pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa impartió una jornada de capacitación a personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

La instrucción, titulada “Técnicas para una Sana Convivencia”, estuvo dirigida específicamente a los integrantes de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Provisional del Proceso.

Esta área es considerada clave, ya que sus servidores públicos mantienen un contacto directo y constante tanto con personas imputadas como con víctimas.

De acuerdo con los Promotores Ejecutivos de la CEDH, estos cursos buscan dotar a los funcionarios de herramientas para convivir armónicamente en diversos entornos, desde el laboral hasta el familiar y social, siempre bajo un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Se destacó que este tipo de formación no solo beneficia el ambiente interno y la productividad de la unidad, sino que impacta directamente en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos involucrados en procesos legales.

Por su parte, Teresita de Jesús Sepúlveda Rodríguez, directora de la UMECA, informó que en esta ocasión fueron 25 las personas capacitadas.

La funcionaria subrayó la relevancia de que el personal se mantenga en actualización constante, asegurando que el trato hacia imputados y víctimas se realice siempre con apego a la ley y a la dignidad humana.