MAZATLÁN._ La creciente carga de trabajo que enfrenta el Juzgado Primero Familiar de Mazatlán empezó a generar preocupación al Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Cambero”, el cual advierte sobre el rezago y los retrasos que actualmente afectan la impartición de justicia en materia de lo familiar.

Así lo informaron a través de un posicionamiento público, mediante el cual señalan que el Juzgado Primero Familiar ha acumulado 961 asuntos iniciados en apenas cuatro meses, de acuerdo con estadísticas oficiales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, correspondientes del 1 de enero al 30 de abril de 2026.

Según lo señalado en el comunicado por parte del presidente del colegio, Jesús Enrique Alcaraz Rendón, esta situación refleja una saturación procesal considerable, así como esta elevada carga laboral impacta directamente en procedimientos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, guarda y custodia, convivencias familiares y adopciones.

“Los datos oficiales hablan por sí solos. Es evidente que bajo estas condiciones resulta sumamente complicado que los asuntos avancen con la rapidez que la ciudadanía exige y merece. La justicia debe ser pronta y expedita, tal y como lo establece nuestra Constitución; sin embargo, la saturación que actualmente enfrenta este juzgado está generando retrasos considerables en acuerdos, audiencias y resoluciones”, expuso Alcaraz Rendón.

En este sentido, el colegio indicó que, aunque la especialización del Juzgado Primero Familiar en determinados asuntos pudo representar inicialmente una medida positiva, actualmente el esquema concentra prácticamente todos los asuntos familiares especializados en un solo órgano jurisdiccional.

Alcaraz Rendón agregó que dicho juzgado es además uno de los más antiguos del distrito judicial de Mazatlán, por lo que también arrastra una carga histórica de expedientes que contribuye al rezago.

“El Juzgado Primero Familiar de Mazatlán es además uno de los órganos jurisdiccionales más antiguos del distrito judicial, por lo que la carga histórica de expedientes también influye directamente en el rezago que hoy enfrentan abogados y ciudadanos”, señaló.

Ante este panorama, el Colegio de Abogados solicitó la intervención del Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para que se implementen medidas urgentes que permitan fortalecer la impartición de justicia familiar en Mazatlán.

Entre estas acciones propuestas por el colegio, destaca una posible redistribución de competencias, el incremento de personal, la creación de nuevos órganos de apoyo y el ajuste del actual esquema de especialización.

Finalmente, el dirigente del organismo sostuvo que detrás de cada expediente existe una situación familiar que requiere atención oportuna, por lo que pide una pronta solución a esta situación, para garantizar justicia pronta, completa y expedita.

“Detrás de cada expediente familiar existe una familia esperando justicia, alimentos, convivencia o estabilidad para sus hijos; por eso el rezago no puede normalizarse”, puntualizó.

El sistema de transporte público en Culiacán atraviesa uno de sus momentos más críticos a diferencia de otras zonas urbanas de México que han consolidado sistemas de transporte masivo.

Culiacán presenta el panorama más complejo y deficiente, caracterizado por una alta insatisfacción de sus usuarios y una crisis de seguridad que ha obligado a la intervención policial encubierta en las unidades.

De acuerdo con un análisis comparativo realizado por la organización Mapasin, el cual contrastó la movilidad de Culiacán con León, Chihuahua y Hermosillo, el servicio local es calificado de regular a muy malo por el 76 por ciento de las mujeres, quienes representan el grueso de los usuarios.

Las quejas principales no son nuevas, pero sí persistentes: falta de puntualidad, unidades en condiciones precarias y un trato deficiente por parte de los choferes.

El estudio destaca una contradicción dolorosa para el bolsillo de los ciudadanos: en abril de 2026, la tarifa general en Sinaloa subió de 12.50 a 15.00 pesos.

Este incremento posiciona al transporte de Culiacán como uno de los más caros de la región en proporción a la calidad que ofrece.

En contraste, ciudades como Hermosillo han logrado niveles de satisfacción del 67.8 por ciento mediante una estrategia de subsidios gubernamentales que absorben más del 50 por ciento del costo real del pasaje, manteniendo una tarifa social de 9 pesos.

Mientras tanto, en Culiacán, el 31.5 por ciento de los pasajeros califica el trato de los conductores como malo o pésimo, generando un clima de tensión constante.

La seguridad es el rubro donde la capital sinaloense sale peor evaluada con el 22.5 por ciento de los usuarios manifiesta sentirse seguro al abordar un camión.

La situación ha escalado a tal grado que las autoridades han tenido que desplegar agentes de seguridad encubiertos en las rutas más conflictivas para combatir los asaltos y la violencia.

El comparativo de Mapasin subraya que, a diferencia de Culiacán, León, Guanajuato, cuenta con el sistema Optibús que concentra el 85 por ciento de los viajes de la ciudad mediante una red integrada que permite transbordos gratuitos.

Hermosillo ya ha iniciado la transición hacia la electromovilidad con la incorporación de unidades eléctricas que reducen las emisiones de CO2.

Culiacán carece de un sistema tipo Autobús de Tránsito Rápido y sigue dependiendo de una red de rutas convencionales operadas por concesionarios.

El 83.8 por ciento de los usuarios en la capital sinaloense está dispuesto a adoptar aplicaciones y métodos de pago digitales para modernizar el servicio.

Mapasin, concluye que la modernización en Culiacán no puede limitarse solo a meter camiones nuevos.

Se requiere de una reingeniería operativa que ponga al usuario en el centro, mejore la frecuencia de las rutas y garantice que el transporte deje de ser una opción de última instancia para convertirse en un motor de equidad y seguridad.